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De la violencia a la paz: ¿una firma y nada más?
OPINIÓN | 7/21/2016 12:00:00 AM
De la violencia a la paz: ¿una firma y nada más?
La paz se siembra con una verdadera presencia del Estado, particularmente en los territorios más lejanos y vulnerables. Esto jamás va a ocurrir bajo las reglas actuales.
por JUAN RICARDO ORTEGA
Turbo, San Bernardo del viento, San Onofre, Moñitos, Caucasia, Cartago, Pitalito, Uribia y Tumaco son apenas unos de los cientos de municipios de Colombia que se debaten entre el paraíso y el infierno. Tierras mágicas de belleza exuberante, de gentes bondadosas que han aprendido a vivir bajo el aplastante yugo del silencio forzado.
La logística del tráfico de drogas y el terror que la acompaña ensombrece la vida de cientos de miles de colombianos. Los grandes centro de producción de hoja de coca como Catatumbo, Putumayo, el Nudo de Paramillo, las serranías de Abibe y de San Lucas, Tumaco y zonas de los departamentos Caquetá, Meta y Guainía; las rutas de la droga hacia el Atlántico, el Pacífico y Venezuela; las zonas en el piedemonte llanero donde arman los laboratorios de droga y algunos de los puertos donde la embarcan son territorios donde impera la ley del más fuerte.
El miedo, los cuadros de informantes a todo lo largo de los perímetros para un efectivo control del movimiento de personas y vehículos; el dominio de las instituciones públicas locales, especialmente el acceso a los servicios de salud; el control sobre las principales fuentes de empleo local y la propiedad o control de los servicios de transporte de carga y personas son solo algunos de los múltiples medios con los que cuentan estas estructuras para dominar la población, influir en la política local, disponer de la contratación pública y garantizar la seguridad y amparo “institucional” de corredores de droga, armas, contrabando y lavado.
La política local y su financiamiento están profundamente influenciados por el dinero de la droga y el control físico del territorio. La justicia realiza esporádicamente unas capturas, pero reina la impunidad. Por ejemplo, en agosto de 2014, cuatro meses después de haber sido absuelto en segunda instancia de la condena por contratación sin cumplimiento de requisitos de ley, el alcalde de Turbo, William Palacio Valencia, es recapturado por vínculos con las AUC, bloque Elmer Cárdenas. En ese mismo día se realizan otras 26 capturas de políticos de Urabá, el exalcalde del municipio de Necoclí, Édinson Yánez, y el excandidato a la alcaldía de Apartadó, Phidalgo Banguero. Estos, entre otros, son unos de los cientos de líderes locales que pueden ser sindicados por estar al servicio de la mafia. Hacen parte de la maquinaria que controla la vida de estas poblaciones y los sistemas de seguridad, logística y financiamiento (lavado de dinero) del narcotráfico.
Las autoridades nacionales difícilmente podrán ejercer control sobre estas zonas. El posconflicto en Centroamérica ilustra claramente este punto. Se firmó la desmovilización de un grupo armado, pero la violencia se agudizó. El control del territorio y el sufrimiento de sus pobladores cambia de tirano, pero no de realidad.
La inversión en infraestructura, los sistemas de información e inteligencia de los entes de control a todo lo largo de estas zonas, la presencia efectiva y cuidadosa selección del personal de la policía, la Fiscalía, el Instituto Agustín Codazzi, notarios, Dian, Aerocivil, Contraloría, Procuraduría, Migración Colombia, Cárceles, ICA e Invima son acciones urgentes y el listado mínimo de entidades que requieren cirugías drásticas en estas regiones. Todo ello precedido por cambios completos en el personal de las fuerzas del orden, renovándolo con ciudadanos de garantizada idoneidad y ética, con competencias para asegurar efectivos esquemas de protección a la ciudadanía, sus líderes y a los funcionarios públicos en estos territorios. De estos últimos dependerá forjar las nuevas reglas de juego. Estas son condiciones necesarias para poder transformar el ciclo actual de violencia.
Lo mismo debe ocurrir con el sistema electoral. El financiamiento de las campañas políticas y los mecanismos que lo controlan fallan sistemáticamente en todos estos territorios. Solo el Estado debería poder financiar las campañas políticas, tal vez con una mínima contribución al partido por parte de quienes aspiran a ser elegidos, pero nada más. Los poderosos barones que financian campañas a lo largo del país son parte del cáncer de la corrupción. El negocio de cambiar plata por votos y financiar campañas por contratos o, más grave aún, el control de instituciones por parte de intereses privados y, en algunos casos, de intereses criminales, no va a terminar.
La paz se siembra con una verdadera presencia del Estado, particularmente en los territorios más lejanos y vulnerables. Esto jamás va a ocurrir bajo las reglas actuales.
Vamos adelante con el acuerdo con las Farc, un logro encomiable y muy meritorio, un Sí! contundente para el plebiscito.
Pero no perdamos de vista su verdadero objetivo, un país en paz. Y la tradicional feria de puestos y contratos por votos o nombramientos en cargos de poder continúa y nada por el momento parece modificar este vicio. Esta es la verdadera cruz sobre nuestra esperanza, no las Farc.
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