domingo, febrero 18, 2018

El sueño americano: inalcanzable para algunos estadounidenses


(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Sueño Americano.

Francisco ThoumiEl “sueño americano” implica ascender en una sociedad que considera la pobreza como fruto de la negligencia individual y exige la presencia permanente de una ‘clase inferior’- como decir los actuales “indocumentados”- ¿Cuáles son las causas – y los efectos- de esta visión del mundo?                

Francisco E. Thoumi*

El comienzo

La versión más común de la historia de Estados Unidos explica el éxito de ese país como resultado de una inmigración de europeos que pudieron construir una sociedad liberada de las estructuras sociales atávicas que prevalecían en Europa. En la sociedad europea estratificada y controlada por la religión, las monarquías y las aristocracias que no permitían la movilidad social, mientras que en Norteamérica las oportunidades para los inmigrantes eran enormes.
Allí las sociedades indígenas eran tecnológicamente atrasadas y el territorio era extraordinariamente rico en recursos naturales, lo que permitió que, una vez desplazados o eliminados los indígenas, los colonos pudieran tener acceso a esos recursos. En ese entorno, quienes tuvieran disciplina y trabajaran manualmente con esfuerzo podrían obtener un nivel de ingreso mucho mayor que el que hubieran logrado en Europa.
Esto sin duda era un don de Dios que los hacía sentir bendecidos. La ética protestante confirmaba esos sentimientos, y reforzó el valor de la disciplina, la importancia de la familia, el ahorro y la acumulación de riqueza como demostración de haber sido escogidos por Dios.
Así, esa sociedad que no creía en la igualdad de los seres humanos permitió la introducción de la esclavitud y formas de servidumbre temporal como la servidumbre por contrato como formas de obtener mano de obra barata. La esclavitud se concentró en las regiones agrícolas sureñas con grandes plantaciones, pero también fue aceptada en otras regiones. La cultura validaba diferencias muy grandes en los derechos y libertades de los habitantes.
La ilustración y el desarrollo de la educación provocaron contradicciones profundas entre la realidad vivida y las teorías que se estaban generalizando entre la élite con  acceso a la educación moderna. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que a pesar de que el acta de independencia preveía la igualdad de los hombres, muchos de sus signatarios eran dueños de esclavos.

El sueño americano

Bandera de Estados Unidos.
Bandera de Estados Unidos.  
Foto: Nydia M. Velázquez
Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”
Esta famosa declaración refleja certeramente el ethos o el ‘chip mental’ del estadounidense:
  • Primero, reconoce una igualdad intrínseca entre los humanos en cuanto a su derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero no a las oportunidades que la sociedad debe ofrecerles para alcanzar esas metas. 
  • Segundo, se acepta implícitamente que estas oportunidades están determinadas por la posición social de la familia, la inteligencia, disciplina, esfuerzo y otras destrezas personales. 
  • Tercero, presenta la felicidad como el ideal que debe lograrse en la vida.
La Constitución estadounidense es consistente con esa visión de la vida y del mundo y por eso no garantiza derechos positivos a la educación, alimentación, vivienda, salud, voto, transporte, etc., los cuales quedan al albedrio de cada uno de los 50 Estados.
Grupos importantes de la sociedad consideran que la pobreza es resultado de la negligencia de los pobres y de su deseo de vivir del erario.
La “carta de derechos” (las primeras diez enmiendas a la Constitución) garantiza libertades, a las que llama derechos. Todas estas enmiendas protegen a la ciudadanía de la injerencia del Gobierno Federal en la vida de los ciudadanos y tienen que ver con la libertad de religión y de expresión, el derecho a la privacidad y a tener armas, la protección de la propiedad, los juicios imparciales, etc. La “carta de derechos” establece límites a lo que el Estado puede hacer, pero no lo obliga a satisfacer las necesidades físicas o económicas de la ciudadanía.
El sueño americano es la voluntad de tener éxito en ese entorno. Para muchos inmigrantes blancos que llegaron entre 1880 y 1920 ese sueño era sencillo: lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos, servicios de salud y transporte.
Para muchos afroamericanos el sueño a partir del final de la guerra civil (1861-1865) era no ser segregados y discriminados. El crecimiento del sector industrial facilitó esos sueños proporcionando empleos que permitían que el padre de familia recibiera un salario suficiente para mantener a su esposa e hijos. Además, el desarrollo tecnológico aumentó la productividad y creó la expectativa de que cada generación debería tener un mayor nivel de ingreso y de consumo que la de sus padres.

Consumismo y desigualdad

Inmigrantes a principios del siglo XX.
Inmigrantes a principios del siglo XX. 
Foto: Archives
La generación que padeció la depresión de los años 30 fue muy frugal en su gasto, pero la depresión demostró la necesidad de que el Gobierno Federal creciera y promoviera políticas que mantuvieran el gasto total en la economía.
Las generaciones siguientes han vivido un gran aumento del ingreso, una gran innovación y cambio tecnológico que aumentaron las necesidades de consumo de la gente. Estos factores generaron un imaginario que justifica el consumismo como un deber social cuasi patriótico para mantener el gasto y evitar depresiones económicas y que identifica la felicidad con la capacidad de consumir.
Esto ha hecho que el sueño americano que en principio era tener lo suficiente para vivir tranquilo y seguro, se haya convertido en un sueño de ascender en la escala de una sociedad que valora el ascenso y reconoce que las diferencias en el ingreso y la riqueza son permanentes o se pueden agravar.
De aquí que sueño americano signifique “estar arriba en una sociedad desigual”,  y no “estar satisfecho en una sociedad igualitaria”. Esto explica por qué alguien como Donald Trump es admirado, especialmente por personas blancas con poca educación, para quienes él es un ejemplo que despierta esperanza y que se debe imitar.
Por lo tanto, el sueño americano ha implicado la exclusión de otros. El carácter estadounidense ha sobrevalorado el éxito económico, y ha validado la inferioridad de algunos grupos sociales como:
  • los descendientes de los esclavos
  • los indígenas cuya ciudadanía fue negada hasta junio de 1924
  • los chicanos mestizos y descendientes de españoles que habían habitado los territorios conquistados en la guerra México-Americana (1846-1948)
  • los chinos (amarillos) que fueron traídos a la costa oeste para construir el ferrocarril que unió las dos costas y cuya inmigración fue prohibida posteriormente por el Acta de Exclusión China de 1882.
Además, el núcleo anglosajón asociado con los colonos protestantes discriminó a los blancos judíos y católicos. La gran inmigración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy selectiva y dio prioridad a los blancos europeos considerados étnicamente superiores.
Aunque la legislación de derechos civiles de los años 60 fue un gran empeño por disminuir las desigualdades, los esfuerzos del Gobierno Federal han tenido que enfrentar una realidad: grupos importantes de la sociedad consideran que la pobreza es resultado de la negligencia de los pobres y de su deseo de vivir del erario, y no han permitido que se establezca un sistema de seguridad social que garantice un nivel mínimo de ingreso a cada ciudadano.
De hecho, la sociedad estadounidense siempre ha tenido una clase de habitantes inferiores o ‘de segunda’, que garantice los servicios necesarios para que el resto compita por el sueño americano.
Los esclavos y luego los afroamericanos libres y otras etnias “inferiores” han jugado ese papel. En décadas recientes algunos grupos han sido incorporados a los beneficiarios del sueño americano: una proporción importante de los afroamericanos y de algunos inmigrantes especialmente: asiáticos, latinoamericanos y europeos con vocación empresarial, y/o con altos niveles de educación.
Pero el caldero social estadounidense no ha logrado mezclar a todos sus componentes para producir una crema en la que todos sus componentes se diluyan y a la gente no se la juzgue “por el color de su piel sino por el contenido de su carácter” como soñaba Martin Luther King Jr. Por el contrario, se ha cocinado un sancocho cuyos componentes permanecen separados e identificables.
El mito consumista del sueño americano ha reforzado la necesidad de una clase inferior. Por ejemplo, las grandes expectativas generadas por el aumento en el número y tipos de bienes y servicios “necesarios” ha requerido que para tener una vida “decente” en los hogares de parejas de clase media ambos trabajen y que el trabajo de casa lo haga un miembro de la clase inferior.
La necesidad de tener alimentos vegetales buenos y baratos se satisface con empleados agrícolas de esa misma clase. Lo cierto es que los inmigrantes indocumentados, que en las últimas décadas han proporcionado una parte importante de esos servicios, han jugado un papel de apoyo clave al sueño americano de los demás.

¿Sueño americano para los americanos?

Sin embargo la globalización, la apertura económica y la desindustrialización de algunas regiones han impulsado cambios que han frustrado a grupos importantes que aspiraban o creían haber logrado el sueño americano.
Para estos grupos, principalmente blancos con poca educación, su sueño americano y la expectativa de lograrlo se han evaporado. Esto a su vez ha provocado un temor en muchos otros que se sienten inseguros en sus empleos y temen perder estatus económico. Para todos estos, los inmigrantes son un chivo expiatorio ideal, ampliamente explotado por Trump.
El sueño americano significa “estar arriba en una sociedad desigual” y no “estar satisfecho en una sociedad igualitaria”.
En los últimos años Estados Unidos ha padecido una epidemia de muertes por sobredosis y de adicción a los opiáceos. No es una coincidencia que en los grupos blancos empobrecidos por la desindustrialización la prevalencia de la adicción y las sobredosis sea mucho más alta que en los grupos afroamericanos e hispanos pobres. 
La pérdida de estatus social acompañada por la perdida de ingreso y la incapacidad de recuperarse ha sido devastadora para ellos. Para un blanco con poca educación que haya vivido en un entorno que legitima la segregación étnica y racial es devastador aceptar que su condición es semejante a la de un afroamericano o a la de un hispano.
Infortunadamente, el sistema político no está diseñado para buscar los factores que hacen que la sociedad estadounidense sea vulnerable a los males sociales que padece. Por lo tanto, las políticas simplistas como las guerras contra la pobreza, las drogas, la obesidad y el sobrepeso, no resuelven ni resolverán esos problemas sociales.
* Cofundador de Razón Pública.
en https://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/10771-el-sue%C3%B1o-americano-inalcanzable-para-algunos-estadounidenses.html 

"El país está diseñado para robar": Gilberto Tobón Sanín, Abogado (juli...

#Colombia #PostConflicto inclusión política garantiza que no se repita la violencia



La inclusión política garantiza que no se repita la violencia

Esto fue lo que realmente cambió en la renegociación de los acuerdos de paz con las Farc. 
 
14 de enero 2018 , 08:15 a.m.
El mes pasado, los hombres y mujeres del nuevo partido político de las Farc inscribieron sus nombres como candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que un día íbamos a ver a las Farc cambiando sus fusiles por la oportunidad de participar en política? Si algo marca el fin de la guerra, es eso.
Sin embargo, sigue la controversia. Este es un buen momento para reflexionar sobre la participación en política de las Farc, y también sobre las conversaciones con el No luego del plebiscito, que encontraron su límite en este mismo punto, en la relación entre democracia y paz.
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Sobre la paz y la democracia habría muchas cosas que decir. La enorme dificultad, por ejemplo, de lograr una visión compartida entre los poderes públicos de una paz incluyente, como quedó en evidencia tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional. O el hecho igualmente cierto de que, en democracia, necesariamente habrá diferencias entre esos poderes: las Farc tienen que aceptar que esos son los límites y las reglas de juego.

Demos primero un paso atrás y comencemos por un hecho probado: las estadísticas demuestran que la vieja teoría de la ‘paz democrática’ (las democracias no se van a la guerra con otras democracias) es cierta. Y que lo mismo ocurre en el interior de los países, como debería ser si entendemos la democracia como un sistema de prevención y regulación pacífica de conflictos: cuanto más consolidada esté la democracia, menor será la probabilidad de que ocurra un conflicto armado (y viceversa). 

Las estadísticas también demuestran que la ‘paz democrática’ opera igualmente a la hora de salir de un conflicto armado interno. Mientras más incluyente sea un acuerdo de paz y mientras más participen en el proceso democrático quienes antes estaban en armas, más posibilidades tiene la paz de ser “estable y duradera”. 

Estas son las cifras, según un estudio de Charles Call de 25 conflictos internos que terminaron en los últimos 30 años. De ese universo, los países que adoptaron medidas de inclusión política de los excombatientes (15) lograron que la paz echara raíz, con excepción de dos. Por el contrario, todos los que no las adoptaron (los diez restantes) y optaron por la exclusión cayeron en un nuevo ciclo de violencia. 

Concluye Call: “Medidas de inclusión para los antiguos enemigos son el camino más seguro a la no repetición; medidas de exclusión son el camino a un nuevo conflicto armado”. 

La moraleja es sencilla: la principal garantía de no repetición se llama inclusión política.
Las bases de la controversia
Si eso es así, ¿por qué tanta controversia, cuando aquí ya habíamos aprendido esa lección? Parte de la explicación está en que las Farc dejaron muchas más víctimas, sembraron un resentimiento mucho más hondo y han sido hasta ahora incapaces –con dos o tres excepciones notables, como Bojayá y Cali– de bajar la cabeza y pedirles perdón a sus víctimas y a la sociedad en su conjunto por el enorme daño que causaron. Por el contrario, siguen cometiendo el gravísimo error de dejar sueltas a sus voces más ásperas, dedicadas como están a la burla y la provocación.

Pero esa no es toda la explicación. Es bien sabido que en las democracias con conflictos internos (las que los estudios llaman democracias ‘conflictuadas’), el uso de los términos ‘conflicto’ y ‘paz’, lejos de ser objeto de un consenso, es parte del juego político, por no decir objeto de una evidente instrumentalización. 

Colombia, claramente, no es la excepción, sino más bien el ejemplo más acabado. En contra de toda evidencia, de al menos dos décadas de combates y operaciones militares de gran escala –conducidas todas bajo el derecho de la guerra–, de la pérdida año tras año de la vida de cientos de nuestros soldados y policías, de grandes bombardeos en nuestro propio territorio y, sobre todo, de la victimización masiva de la población, el expresidente Álvaro Uribe y su partido insisten en que en Colombia no ha habido un conflicto armado (“en los escritorios de Bogotá podrán decir lo que quieran, pero nosotros estamos en guerra”, decía un comandante del Ejército que pasó su vida militar en las selvas de La Macarena). 

Y si no se reconoce el problema (el conflicto armado), mucho menos la solución (una negociación de paz que permita que quienes estaban en armas transiten a la política). A menos que se tuerza el significado de ‘paz’ para entender simplemente un sometimiento a la justicia en condiciones favorables, que fue lo que ocurrió con los paramilitares. Eso no lo ha aceptado ninguna guerrilla en ninguna parte: si deja las armas, es para participar en política. Por eso, negar la participación es negar la posibilidad de una negociación.
El plebiscito nos partió en dos
Pasemos a la renegociación después del plebiscito. En La Habana logramos mucho más de lo esperado –renegociamos con las Farc casi todos los puntos que interesaban al No–; sin embargo, los representantes del No rechazaron el nuevo acuerdo. 

En la última reunión nos quedó claro que habían cedido a la tentación de convertir el resultado del plebiscito en capital político –prácticamente todos eran o resultaron ser precandidatos presidenciales– y que no iba a haber consenso. Pero también, que la posición del expresidente Uribe de negar la participación cerraba todas las puertas. 

Preguntémonos primero: ¿qué esperaban los opositores del Acuerdo de un triunfo del No? El punto es que nunca entendieron el plebiscito como un instrumento con un resultado binario, un todo o nada como el ‘brexit’ (“nos salimos o nos quedamos”).
Reconocer el resultado, introducir modificaciones al Acuerdo y mantener el cese del fuego. Las Farc, con gran lucidez, aceptaron.
El expresidente Uribe, por ejemplo, dijo en los meses anteriores a la votación: “Si gana el No, pedimos que no se rompa la mesa, que no se rompa el diálogo, que se reoriente el diálogo”. Tres días después del triunfo del No dijo nuevamente: “Presidente, usted como jefe de Estado acepta introducir modificaciones, las lidera, nos puede escuchar a nosotros, nos dice qué nos puede aceptar y entonces lidera eso”. Y eso fue lo que hizo el presidente Santos. 

Primero, aceptar como corresponde la derrota del Sí la misma noche del plebiscito. Segundo, enviarnos inmediatamente a Humberto de la Calle y a mí a La Habana a convencer a las Farc de que había que hacer tres cosas: reconocer el resultado, introducir modificaciones al Acuerdo y mantener el cese del fuego. Las Farc, con gran lucidez, aceptaron.

Y tercero, iniciar un diálogo con todos los sectores. El hecho es que más de la mitad de los colombianos votó por el No, así la diferencia fuera mínima (el 0,3 por ciento) y la participación, baja (el 18 % del electorado decidió el resultado). El Gobierno tenía la obligación de oír las preocupaciones de los representantes del No y hacer modificaciones al Acuerdo, buscando “el mayor consenso posible”. Esa era la respuesta democrática al resultado del plebiscito.

El Presidente se reunió personalmente con los dos expresidentes promotores del No, con los pastores evangélicos, con la Iglesia, con el exprocurador, con las víctimas, con gobernadores, con alcaldes, con los pueblos étnicos, con el sector privado, con líderes estudiantiles. 

En paralelo, miembros del Gobierno recogimos durante varias semanas las propuestas del No, en un proceso que desembocó en una mesa formal en el Ministerio del Interior. En una semana construimos con los representantes del No una matriz con 60 puntos. 

Las reuniones fueron intensas. Sin negar las diferencias, estuvieron marcadas con sorprendente frecuencia por expresiones del No como “hay coincidencias”, “han sido acogidos los argumentos del No”. Ambos sabíamos que el No debía verse reflejado  en el Acuerdo, pero que, como dijo el mismo expresidente Uribe, "es imposible tener un acuerdo que satisfaga a todo el mundo". 
Lo que cambió en la renegociación
Al regreso a La Habana, todo era tensión. Nadie podía creer que estuviéramos sentados otra vez. Finalmente, después de dos semanas de reunirnos día y noche logramos acuerdos en 58 de los 60 puntos de la matriz (que es pública: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/noviembre/Juzgue-usted-estos-fueron-los-cambios-ajustes-y-precisiones-del-NO-incorporados-en-el-Nuevo-Acuerdo-de-paz.aspx ).  [TAMBIEN AQUI, NOTA DEL BLOGGER: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/los-cambios-en-el-acuerdo-de-paz ] [la versión final del acuerdo se puede descargar aca: https://drive.google.com/open?id=1v9YRUCmhQZaPUYqNYs-B-9NAOsFVENke ] [aportes del Bloguer] 

¿Qué cambió? Unas modificaciones las podemos llamar ‘aclaraciones’. La desconfianza obligaba a reiterar que lo acordado estaba sujeto a la Constitución y a la ley. 

En la Reforma Rural Integral, por ejemplo, acordamos que las fuentes del fondo de tierras “se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes”; que nada de lo acordado en la Reforma Rural Integral “debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”; que los procesos de constitución de las zonas de reserva campesina “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente” y que el avalúo catastral “se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley”.

En materia de participación política se precisó, por ejemplo, que el nuevo partido de las Farc no podrá inscribir candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (lo que estaba implícito en el texto anterior) y que las garantías a la protesta se referían a la protesta pacífica. 

En el punto de drogas, que cuando no sea posible la sustitución “el Gobierno (…) no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos ilícitos”.

Y en el punto de fin del conflicto, que las Farc tenían la obligación de incluir a las milicias en los listados que entregaran al Gobierno para su acreditación. 

Estos cambios respondían a lecturas equivocadas o malintencionadas del Acuerdo, que habían servido de caballitos de batalla durante el plebiscito: que el Gobierno había acordado nuevas formas de expropiación de tierras, que estaba en riesgo la propiedad privada, que se había negociado la aspersión en La Habana, que las milicias habían quedado por fuera, etc. 

Otros cambios, más difíciles, tocaron intereses directos de las Farc. Por ejemplo: se redujo significativamente la suma que recibiría anualmente su partido; se condicionaron los beneficios de la reincorporación al compromiso con el cumplimiento de los acuerdos (todos los miembros de las Farc, incluyendo al secretariado, firmaron individualmente un acta de compromiso de no retomar las armas y cumplir con el Acuerdo, antes de ser acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP); se eliminó su derecho a participar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y las 31 emisoras que se les habían asignado pasaron a ser 20, ahora bajo el control de la RTVC, que deberá dividir su programación entre organizaciones de víctimas, comunidades y Ecomún (cooperativa de las Farc).

También se fortaleció la participación de las víctimas, priorizándolas en la Reforma Rural, y en las Circunscripciones Transitorias, apoyando sus organizaciones y garantizando su acceso al Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y se hicieron los ajustes necesarios para precisar el enfoque de género en todo el Acuerdo y garantizar la libertad de culto en la implementación.
Siete ‘premios de montaña’
El Gobierno no aceptó por supuesto cualquier modificación que proponía el No. Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana insistió sin sonrojarse en que se eliminara la progresividad: “Estamos en desacuerdo con el principio de progresividad en el impuesto predial”. La progresividad está desde hace 25 años en la ley y es parte de todo concepto moderno del impuesto predial. No íbamos a regresar a los años 70 por vía del acuerdo de paz.

Pero la inmensa mayoría de las preocupaciones del No encontraron una respuesta adecuada en la renegociación, incluyendo la mayoría de los temas más difíciles, que llamamos ‘los premios de montaña’. Son fundamentalmente siete.

Primero, el ingreso del Acuerdo a la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad. Los principales representantes del No dijeron: “En mi caso particular lo que más me preocupaba era su incorporación al bloque”; o “lo que me parece grave del Acuerdo es elevar el acuerdo a rango constitucional”. 

Es cierto que el Acuerdo contenía un procedimiento excesivamente complejo para su incorporación jurídica y que el texto se refería a su ingreso “en sentido estricto” al bloque de constitucionalidad. 

En respuesta acordamos la eliminación de la referencia al bloque. En su lugar serán parámetros de interpretación del Acuerdo “los contenidos (…) que correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) o derechos fundamentales”. Es decir, las obligaciones que ya estaban en la Constitución, con lo que el Acuerdo claramente no se incorporaba a ella. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos dio la razón: el Acuerdo “no entra al bloque de constitucionalidad, y en consecuencia no se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano”. 

Segundo, la relación de la JEP con la Rama Judicial. El Acuerdo “ancló” la JEP en la rama en materia de conflictos de competencia, causales para la revisión de sentencias, colaboración con la Fiscalía y revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional. La Corte en su fallo aclaró que las reglas para las tutelas serán las ordinarias establecidas en la Constitución y la ley. Y en cuanto a los terceros civiles, la Corte determinó que su comparecencia ante la JEP en adelante es voluntaria.
se acordó que las Farc debían entregar un inventario de sus bienes y activos, cosa que ya ocurrió
Tercero, la conexidad del delito político con conductas relacionadas con la cadena del narcotráfico. El Acuerdo estableció que se seguirá la jurisprudencia de nuestras cortes; que la Sala de Amnistía determinará la conexidad caso por caso; que de las conductas ilícitas no se puede haber derivado un enriquecimiento personal, y que quienes comparezcan ante la JEP y hayan tenido relación con la cadena del narcotráfico tendrán la obligación de “aportar (…) los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades”. 

Cuarto, los bienes de las Farc. Como es bien sabido, se acordó que las Farc debían entregar un inventario de sus bienes y activos, cosa que ya ocurrió, y que con esos bienes y activos se debe proceder a la reparación material de las víctimas.

Quinto, la sostenibilidad fiscal del Acuerdo. Se amplió el tiempo de implementación de la Reforma Rural Integral de 10 a 15 años. Y ante la insistencia del No de que se garantizara la regla fiscal, acordamos que la implementación se hará “en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas”, lo que evidentemente incluye la regla, como reconocieron en ese momento los representantes del No. “Es un parte de tranquilidad”, dijeron. 

Los dos últimos ‘premios’, sanciones e inhabilidades, eran imposibles de escalar en los términos propuestos por el No, por la sencilla razón de que su marco de referencia ya no era una negociación de paz, sino un sometimiento a la justicia. 

Comencemos por las sanciones. “No vamos a ser la primera guerrilla del planeta que firme un acuerdo de paz para irse a la cárcel”, decían las Farc en La Habana. La verdad es que eso no ha ocurrido en ninguna parte. Ni siquiera los paramilitares, que eran todo menos una fuerza insurgente, lo hicieron. El Gobierno de entonces les puso sobre la mesa la llamada ley de alternatividad penal, que no incluía ninguna privación. Y cuando ya no tenían marcha atrás, el Congreso les cambió las condiciones y les impuso cárcel de hasta ocho años. Ahí no hubo negociación ni acuerdo alguno (los paramilitares nunca firmaron que iban a la cárcel), sino un sometimiento forzado por las circunstancias. 

Sin embargo, el Acuerdo con las Farc logra más en materia de justicia que cualquier otro firmado con una guerrilla. Las Farc aceptan que hay unos delitos tan graves que no son amnistiables, aceptan responder por esos delitos ante un tribunal y aceptan pagar unas sanciones que tendrán la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, y un componente de restricción efectiva de la libertad. 

En la renegociación se precisó el régimen de las sanciones. Los magistrados de la JEP deberán fijar los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales. Y un sistema de verificación en el terreno, que se le encargó a Naciones Unidas, deberá corroborar el cumplimiento del régimen impuesto por el juez.

Del cumplimiento de ese régimen y de la contribución efectiva a los diferentes componentes del sistema en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición depende que el sancionado pueda “mantener cualquier tratamiento especial de justicia”, como dicen el Acuerdo y el acto legislativo. No solo en el caso de las Farc, sino de todos los que acudan a la JEP. 

En su reciente fallo, la Corte reafirmó que “el incumplimiento (…) a cualquiera de las condiciones del mencionado sistema o cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz tendrá como efecto (…) la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso”.
Las inhabilidades. De todos los puntos de la matriz, fue el único que las Farc rechazaron de tajo
Por último, las inhabilidades. De todos los puntos de la matriz, fue el único que las Farc rechazaron de tajo, fundamentalmente por dos razones. 

Primero, de nuevo, ninguna guerrilla entra a una negociación de paz para saltar a un precipicio y desaparecer, sino para transformarse en una fuerza política legal. Así ha ocurrido en todas las negociaciones con una guerrilla, en El Salvador, en Mozambique, en Guatemala, en Timor Oriental, en Nepal y, por supuesto, también en Colombia. 

Recuerdo que en las discusiones le dije al expresidente Uribe: “Muéstrenos, expresidente, un ejemplo de una guerrilla que haya firmado la paz y no haya ido a la política. No lo hay, porque esa es la justificación para dejar las armas y dar el paso a la legalidad”. 

Segundo, la transición ordenada a la paz requiere que los comandantes participen en política. En La Habana nos decían: “¿Cómo quieren que nosotros hagamos una transición a la vida civil si nos dejan por fuera del sistema y descabezan a la organización? ¿Qué va a pensar la guerrillerada si ve que sus líderes desaparecen del escenario?”. 

A esto hay que añadir un problema práctico: nadie sabe en cuánto tiempo la JEP va a dictar sus primeras sentencias. Si hace un trabajo medianamente serio, se tomará varios años. Insistir entonces en que los antiguos comandantes de las Farc primero tienen que recibir y pagar su condena antes de participar en política es lo mismo que decir que no pueden participar (la mayoría de los principales comandantes están por los 60 años), además de condenar el proceso de paz a una interinidad insostenible. Un riesgo enorme: por no ponerle atención a la situación de los mandos en la desmovilización paramilitar terminamos con las ‘bacrim’ (que fueron organizadas por esos mandos).
Hora de romper el círculo vicioso
En todo caso, la participación de quienes estaban en armas necesariamente tendrá que ir de la mano de una respuesta adecuada a las víctimas. 

La Corte aplicó a la participación el mismo régimen de condicionalidades que al tratamiento penal especial, y a la vez abrió el camino para garantizar el equilibrio entre la justicia y la sostenibilidad de la paz: “Se podrán adoptar las medidas que hagan compatible el cumplimiento de tales funciones (reparadoras, restaurativas y retributivas) de las sanciones, en particular de la restricción efectiva de la libertad, con las actividades económicas, sociales y políticas propias del proceso de reincorporación a la vida civil”. Es una solución razonable. 

Además, el proceso no busca simplemente la transición de las Farc de las armas a la política, sino motivar un cambio de costumbres. No ha habido en América Latina una democracia más violenta que la nuestra. 

Recordemos las cifras del Centro de Memoria Histórica: en los últimos 30 años fueron asesinados 175 alcaldes, 543 concejales, 28 diputados y 16 congresistas. Mucha de la responsabilidad de tanta barbarie es sin duda de las Farc, pero de ninguna manera toda. Ahí entran también los paramilitares y sobre todo los políticos que usaron a los unos y a los otros para hacerse con el poder local, como en Sucre y en Caquetá. 

El quiebre histórico que significa el fin del conflicto debe servir para poner en marcha un proceso de reconciliación política que saque la violencia de nuestras costumbres y que promueva el respeto y la tolerancia entre quienes se comprometen a jugar por las reglas del juego democrático. Para eso sirven los procesos de paz, para pasar la página de la violencia y establecer un nuevo consenso.

Comencemos entonces por reconocer que las Farc cumplieron con el desarme y que es el momento de apostarle a la inclusión. 

Los candidatos presidenciales deberían hacer un acuerdo solemne de respetar y proteger el proceso de reincorporación política de las Farc: no puede haber un solo acto de violencia en contra de sus candidatos ni de nadie más que participe en el proceso electoral. 

Pero la inclusión va más allá. El Acuerdo contiene los instrumentos –Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Circunscripciones Transitorias, etc.– para desatar lógicas de integración territorial que llenen de contenido la palabra ‘democracia’ en Magüí, en Nariño; en El Tarra, en Norte de Santander, y en tantas regiones de nuestra geografía que escasamente por televisión participan de la vida nacional.

Eso requiere, por supuesto, inversiones y dedicación. Pero también un acto colectivo de imaginación. 

Mientras nuestra identidad se construya sobre el rechazo del otro y la gasolina de la política sea “el ‘clivage’ (escisión) amigo-enemigo, carente de contenido a largo plazo” –como diagnostica brillantemente en una entrevista reciente Daniel Pécaut–, difícilmente vamos a poder construir una visión compartida que motive la solidaridad y oriente las transformaciones necesarias para la construcción de la paz.

SERGIO JARAMILLO*
Especial para EL TIEMPO 
* Excomisionado de Paz y embajador en Bruselas
en http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-inclusion-politica-de-las-farc-garantiza-que-no-se-repita-la-violencia-en-colombia-170726

#PostConflicto #Colombia VISBILIZACIÓN DE Asesinatos de líderes sociales

Asesinatos de líderes sociales aumentaron un 45 por ciento

Las zonas del país que más muertes registraron en el 2017 fueron Cauca, Nariño y Antioquia.
Colombia cerró el 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En relación con el 2016, cuando se registraron 117 homicidios, las muertes se incrementaron en un 45,29 por ciento el año pasado: fue como si, en promedio, asesinaran a un líder cada 2,1 días.
Cauca (32), Nariño (28), Antioquia (23), Valle (14) y Chocó (12) fueron las zonas del país que más asesinatos registraron.

“El incremento en los homicidios obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz.

En Cauca, Nariño y Chocó son más evidentes los conflictos territoriales, mientras que los relacionados con minería ilegal se registran más en el Bajo Cauca, según González Posso. 

“La mayoría de los asesinatos se consumaron utilizando sicarios, con armas de fuego y en zonas donde, anteriormente, las Farc habían impuesto una regulación desde su poderío”, agregó el directivo. 

Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, afirmó que, en muchos territorios, la salida de las Farc influyó en el aumento de las muertes.

“A esos lugares que dejó la exguerrilla han llegado otros actores, como paramilitares y el Eln, a copar territorios, y lo han hecho desde la fuerza”, manifestó.

González dijo que los líderes están en alerta máxima, ya que al trabajo que hacen en defensa de los territorios deben sumarle una defensa de sus vidas.
Estamos teniendo una transición de un estado de guerra, de muchos años, a un momento de paz, y ahora es cuando más hay que tener cuidado para no volver a una nueva guerra
“Estamos teniendo una transición de un estado de guerra, de muchos años, a un momento de paz, y ahora es cuando más hay que tener cuidado para no volver a una nueva guerra. Hay que fortalecer la democracia”, puntualizó.

Tanto el director como el coordinador coincidieron en que lo necesario para lograr una normalización en los territorios es una alianza con las comunidades.


Creen que brindar seguridad individual a los líderes no funciona, porque “los han matado con chalecos y hasta con escoltas”, y que lo que realmente le hace falta al Gobierno Nacional es escuchar las luchas de los colectivos para tenderles una mano.

En cuanto a los cultivos ilícitos, Ancízar Barrios, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), manifestó que el riesgo en el que viven es evidente y que al Gobierno le ha faltado atender a los líderes.

El dirigente señaló que la estrategia de erradicación forzada de cultivos ha sido violenta, por el “afán de entregar resultados”
, y que la política de sustitución no muestra muchos avances. 

“Queremos una transformación real. Los líderes que estamos a favor del proceso de paz y que queremos sustitución de cultivos de forma concertada y participativa somos quienes nos hemos apoderado de esos trabajos, muy por encima del Gobierno”, aseveró Barrios.
¿Qué dicen las autoridades?
Antes de finalizar el 2017, el Gobierno emitió el decreto 2252, en el cual dice que los “primeros respondientes” de líderes y defensores serán las gobernaciones y las alcaldías.

Las administraciones deberán crear mecanismos para “evitar consumación de situaciones de riesgo que afecten” a los líderes y defensores
. Además, tendrán que promover el desarme voluntario y el rechazo del uso de armas.

Frente a esto, Édgar Insandará, secretario de Gobierno de Nariño, dijo que el Estado es el que debe garantizar la vida de las personas y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene muchas falencias “que deben fortalecerse en esta época de posconflicto, en la que hay muchos líderes amenazados”.

“Nosotros seguimos la ruta y hacemos las denuncias, pero no hemos encontrado una respuesta efectiva del Estado,
 y así es muy difícil decir que las personas están protegidas”, declaró Insandará, al tiempo que dejó claro que hay que establecer unos parámetros para identificar quiénes son realmente los líderes sociales.

“Hay que identificar quién es y quién no es un líder. Con eso se podrían agilizar las ayudas para todo aquel que lo necesite”, añadió.

En el caso del Cauca, para el 2018, la Gobernación del departamento, a través de la Secretaría de Gobierno y Participación, impulsará una estrategia de protección y garantía de derechos basada en dos componentes: la coordinación interinstitucional y el diálogo permanente con los líderes sociales.

Según Maribel Perafán, la secretaria de Gobierno, la idea es prevenir más muertes de líderes y esclarecer los crímenes.

La funcionaria agregó que todos los casos reportados por las organizaciones sociales entre el 2016 y el 2017 se encuentran priorizados para ser investigados, con seguimiento de las mismas organizaciones, la Defensoría del Pueblo y las autoridades departamentales.

“Es necesario mencionar que la protección de los líderes sociales y las comunidades debe estar acompañada de una serie de medidas con las que la institucionalidad debe comprometerse para darles seguridad. La situación es preocupante y se hace necesario trazar medidas de protección policial y política”, indicó la secretaria Perafán.

Mientras que Modesto Serna, asesor de Paz de la Gobernación de Chocó, manifestó que los líderes y defensores no tienen garantías, dado que a los sitios de donde salieron las Farc no ha llegado la Fuerza Pública sino el Eln y las bandas criminales. “No podemos autoengañarnos”.
Gobierno insiste en que no hay sistematicidad
Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las autoridades han establecido que al menos el 35 por ciento de los homicidios de líderes sociales se han perpetrado por asuntos personales.

En el mismo sentido, Villegas ha señalado que no existe sistematicidad detrás de los asesinatos, pero insiste en que esas muertes son “absolutamente inaceptables”, por lo que se han priorizado las investigaciones en esos casos.
Ocho zonas sin homicidios
Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada fueron las ocho zonas del país en las que no se registraron muertesde líderes durante el 2017. Para Jhon Jairo Salinas, coordinador en Quindío de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), denunciar oportunamente es clave.
ONU alerta sobre la situación
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó al Consejo de Seguridad del organismo sobre la inseguridad en algunas zonas de Colombia afectadas por el conflicto y dejó en evidencia la preocupación por el incremento en el número de líderes sociales asesinados.

NACIÓN
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