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viernes, agosto 12, 2022

En Las Delicias piden que oponerse a la coca no les cueste la vida

En este resguardo indígena de Buenos Aires (Cauca) hay 312 hectáreas de coca sembradas. Autoridades indígenas intentan prevenir que más jóvenes se vayan a trabajar a los cultivos ilícitos.

Eliana Güetio*


Panorámica de cultivos de coca en Buenos Aires, Cauca.
Foto: Harold Rodríguez


Las montañas siempre se han visto verdes, pero es que ahora ese verde es más claro, se ve desde lejos y se ve cada vez más extendido. En el municipio de Buenos Aires (Cauca) está el resguardo indígena Nasa Las Delicias que desde hace unos años se ha empezado a cubrir de coca. Los pequeños arbustos representan grandes extensiones de terrenos y son monocultivos. En el mismo lugar, en lo profundo, hay laboratorios clandestinos que procesan la hoja con derivados del petróleo y otros insumos químicos hasta convertirla en base de cocaína.


Hay muchos espacios desde donde se puede contar el proceso de producción de la cocaína, sin embargo, el enfoque durante mucho tiempo se ha dado desde los cultivos. No es para menos, allí en las raíces parece que naciera un problema estructural. Colombia habla de extensiones de coca, aunque no hable de los puestos políticos y las campañas que se financian con plata del narcotráfico, de lo fuerte que es la cocaína para la economía del país y de que realmente el cultivador es un pequeño eslabón de una cadena chirriante de alta tensión.

“Yo no le hago mal a nadie”, dice una mujer de sombrero y buzo azul a quien llamaremos Andrea*. Es indígena nasa, tiene 46 años y tres hijos de 24, 21 y 15 años. Vive en el resguardo y tiene un cultivo de coca de unas 700 matas. Trabaja en esto hace dos años en compañía de sus hijos, que le ayudan a raspar cada tres o cuatro meses que se da la cosecha.

Le puede interesar: La fuerza y dignidad que no han podido desplazar de Buenos Aires (Cauca)

- ¿Por qué coca y no otro producto?

- Yo siembro comida para la familia, pero eso no da plata, hay que sacarla y muchas veces compran muy barato. Por la hoja vienen a comprarla acá a la casa. Al menos mantiene un precio fijo, a veces se baja o se sube, pero se mantiene un precio casi siempre.

- ¿Y sus hijos estudian?

- No, a ellos eso no les gustó y ¿quién puede con ellos? El mayor ya tiene mujer y unos hijos y los otros dos me ayudan acá en la casa con todo.

- ¿Y los grupos armados o la gente que maneja esa economía?

- La vacuna acá se la cobran al que viene a comprar y uno allí no tiene nada que ver. Yo nunca he tratado con esa gente, aunque a algunos los conozco de vista porque a veces hasta han sido del mismo territorio.

Andrea, como varios cultivadores, recalca que ella siembra y después raspa, pero que “no se queda con plata en cantidad”. Dice que eso es para quienes pueden procesar la hoja para convertirla en pasta base de coca, y que no es su caso. Ella encabeza una de las más de 950 familias que viven de esta economía ilícita, según cuenta la autoridad Henry Chocué.

De las 1.676 hectáreas que tiene el resguardo, 312 están tupidas de cultivos de coca. Desde la cima del cabildo indígena, cuando no ha bajado la neblina, se puede ver a lo lejos varios techos negros que, según las autoridades, son laboratorios de procesamiento.

Este resguardo lleva al menos una década intentando hacerle frente a los cultivos de coca, pero los costos de las economías lícitas, según Henry Chocué, siguen disminuyendo a medida que pasa el tiempo. “Antes una persona que trabajara en una finca de cultivos de pancoger podía ganarse $30.000 el día, pero ahora lo máximo que pagan son $25.000, mientras que un raspachín se gana entre $40.000 y $45.000 el día”. Por eso, la lucha contra los cultivos de uso ilícito ha costado tantas vidas, como la de Breiner Cucuñame, el niño ambientalista de 14 años que fue asesinado el 14 de enero de este año. Pero esta también es la tierra que vio crecer a Albeiro Camayo, ex coordinador de la guardia indígena, a quien asesinaron 14 días después por oponerse al uso ilícito de la coca.Campesinos que sustituyeron coca en Guaviare pasan hambre por incumplimientos del Estado

Su legado es imborrable. Los indígenas dicen que heredaron esa lucha, pero también la tatuaron sobre las paredes del cabildo, donde se observan ambos rostros pintados en una pared. El proceso indígena ha tratado de acompañar más de cerca a grupos como el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, con el fin de proteger a la nueva generación de líderes que se está formando en Las Delicias y alejarlos de la posibilidad de caer en cultivos de uso ilícito y de integrar grupos armados. Para hacerlo, programan jornadas de pedagogía juvenil como la del 13 de mayo pasado en Las Delicias a la que asistieron 45 muchachos de cinco municipios del norte del departamento.

Otro contexto en el Cauca: El infierno del reclutamiento forzado que viven los jóvenes de Caldono (Cauca)

Muchos de los que asistieron a la jornada son -o han sido- raspachines. Uno de ellos ahora integra la guardia indígena y lidera procesos juveniles en Las Delicias. Tiene 24 años y pasó 5 años de su vida trabajando en un cultivo y un laboratorio de procesamiento. El cultivo era de su padre, que a sus 48 años comenzó a sembrar en la casa con su familia. Él, que conoce de cerca todo el proceso, cuenta que las ganancias que hacía su padre con ese cultivo ilícito iban para el estudio de él y de sus hermanos. “En ese momento no teníamos otra alternativa, lo único que generaba ganancias suficientes para que pudiéramos estudiar, esa la coca”. Agacha la cabeza.

La coca, al igual que la marihuana y la amapola han permitido la entrada de gente foránea al territorio, que es ahora una de las preocupaciones más latentes de los gobernadores indígenas. Así fue que comenzó todo, cuando en 1994 Incora emitió la resolución de consolidación del resguardo indígena quedó consignado que, además del territorio colectivo, quedaban 312 hectáreas de tierra divididas en varias fincas privadas que en su momento fueron espacios de reserva forestal, pero ahora son extensiones de tierra con cultivos ilícitos.

Para nosotros lo Nasa hay un momento crucial cuando recién llegamos al mundo y empezamos a hacer parte de un territorio, se trata del Cxab We´s, una práctica en la que el cordón umbilical se siembra en la tierra de donde somos y así se crea la conexión con Uma Kiwe (la madre tierra). Nuestros ombligos están directamente pegados a la tierra, somos parte de ella y nuestro arraigo es grande: por eso no nos vamos, daremos la vida por este territorio.

* Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

 original en https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/lideres-indigenas-en-las-delicias-piden-que-oponerse-a-cultivos-ilicitos-no-les-cueste-mas-vidas/

SINTESIS: Informe DE la COMISIÓN DE LA VERDAD

El aporte de la Comisión: Una oportunidad de diálogo de país para parar la guerra (1)

Foto: Comisión de la Verdad. Foto: Camila Acosta Alzate

 

El 28 de junio del 2021,  la Comisión de la Verdad presentó al país sus principales hallazgos y recomendaciones para la no repetición del conflicto armado, tras un trabajo de investigación y amplio proceso de escucha de cerca de 30.000 personas, entre víctimas, responsables, empresarios, fuerza pública, organizaciones sociales, poblaciones étnicas, afros, comunidad LGBTIQ+, academia y adultos que siendo niños fueron afectados por este conflicto.

 

Este día, calificado como uno de los hitos políticos más importantes de 2022, busca abrir el camino hacia un diálogo de país muy necesario y pendiente alrededor no sólo de los factores de persistencia que han impedido a Colombia salir del “modo guerra”, sino sobre la necesidad urgente de pararla desde, primero, el dolor de las víctimas y, segundo, el reconocimiento colectivo y sosegado de las responsabilidades que como sociedad hemos tenido en esta guerra.

 

“Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota”, fueron las palabras con las que el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, inició la declaración Convocatoria a la Paz Grande. El éxito de las comisiones de la verdad en el mundo es, precisamente, lograr un efecto de unión y no división, aunque para llegar a ello sea necesario un debate polémico. Esa es la idea.

 

En sus palabras ante el Consejo de las Naciones Unidas, Francisco de Roux afirmó: “somos optimistas. Hay una juventud en Colombia que ha tomado este legado. Una juventud por la paz y por la protección de la vida en todas sus forma. Hay todavía un camino largo por recorrer, pero Colombia lo ha emprendido, al estar aceptando sin miedo la verdad histórica de su propia tragedia, y la determinación de mirar hacia adelante, hacia el futuro que vamos a construir desde el aceptar de nuestras heridas, para enriquecer lo que somos como cultura, como pueblo apasionado por la creatividad y el arte y la libertad y la producción de la vida. Y que ojalá que la lección de Colombia nos aleje de las guerras de todos los lados para siempre y nos lleva a buscar apasionadamente la verdad y la dignificación del ser humano” ¡Bienvenido el diálogo!

Mensajes de la convocatoria

·       “Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género”.

 

·       “Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales”.

 

·       “Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes han sido en combate”.

 

·       “Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca; las piernas destruidas en Mapiripán; la cabeza cortada en El Salado; la vagina vulnerada en Tierralta; las cuencas de los ojos vacías en el Cauca; el estómago reventado en Tumaco; las vértebras trituradas en Guaviare; los hombros despedazados en el Urabá; el cuello degollado en el Catatumbo; el rostro quemado en Machuca; los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés”.

 

·       “Esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada; tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de dos océanos y miles de ríos, montañas y valles; la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y la fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, los afrocolombianos, los raizales, los palenqueros y los rom”.

 

·       “Estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”.

 

·       “Un día quienes estamos aquí nos iremos definitivamente. Que no nos vaya a llegar la partida estando los unos separados de los otros. Que podamos irnos felices, porque dejamos una nación en manos de ustedes jóvenes de la verdad y del futuro; una Colombia apasionada por la vida, donde no habrá más odios ni muerte violenta ni guerras inútiles”

 

·      Las interpelaciones que la Comisión le hace a la sociedad

·       ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral?

·       ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado?

·       ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos?

·       ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación?

·       ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de masacres?

·       ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión?

·       ¿Nunca entendieron que el orden armado sobre los pueblos y las comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares?

·       ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de los pastores y las mujeres de fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros obispos y sacerdotes, y comunidades religiosas y ministros?

·       ¿Qué hicieron los educadores?

·       ¿Qué dicen los jueces y los fiscales que dejaron acumular la impunidad?

·       ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación?

·       ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?

·       ¿Por qué los colombianos y las colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros?

·       ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata?

·       ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de masacres?

·       ¿Por qué la guerrilla, que se presentaba como la salvadora del pueblo, cometió cientos de masacres en la lucha por los territorios?

·       ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros?

Estas son solo algunas de las preguntas que se presentan en la declaración de la Comisión de la Verdad y con las que se busca cuestionar a todos los actores de la sociedad sobre su responsabilidad en la persistencia del conflicto armado. Y es que el éxito de las comisiones de la verdad en el mundo es, precisamente, lograr un efecto de unión y no división, aunque para llegar a ello sea necesario un debate polémico.

Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad

¿Cómo superar el conflicto si no se conocen los hechos que lo anteceden? Volver al pasado y reconstruir la memoria es indispensable para esclarecer y reconocer las causas estructurales que fomentaron los patrones de violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país. Por ello, la Comisión de la Verdad expone estos hallazgos que recogen las principales conclusiones y reflexiones alrededor de 10 temas principales:

La Colombia herida: la guerra ha tenido impactos que han generado un trauma colectivo y una catástrofe social. La dimensión del daño causado por la guerra en las vidas, las familias, las comunidades y la Nación es inmenso.

Democracia: la guerra afectó a la democracia y en general frenó las transformaciones necesarias, mientras que la paz abrió la posibilidad de acuerdos y reformas incluyentes. Paulatinamente, el país ha ido construyendo instituciones y costumbres democráticas, pero aún falta mucho para estar al nivel de una verdadera sociedad libre. A pesar de todos estos problemas, la democracia se construyó en medio de los espacios que dejaba la guerra. Por eso la paz es un requisito para que la democracia sea plena.

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: los actores armados, tanto del Estado como de los grupos guerrilleros y paramilitares cometieron graves crímenes de guerra, tanto violaciones de derechos humanos como infracciones al DIH. Aunque tuvieron objetivos y proyectos políticos diferentes, todos provocaron daños a la población civil. La guerra pasó de ser selectiva a indiscriminada.

Guerrillas: con su actuar, las guerrillas no lograron una apertura del sistema político. La guerra misma, su insistencia en ella y los métodos usados, destruyeron el ideario revolucionario.

El modelo de Seguridad: dicho modelo terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de las élites económicas en la guerra. Se trata de un modelo que está más centrado en el cuidado de la propiedad que de las personas.

Paramilitarismo: la Comisión ha comprendido que el paramilitarismo no ha sido solo un actor armado, entendido como ejércitos privados. Ha sido más un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados a través del uso de la violencia.

Narcotráfico: en Colombia el narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína o marihuana deben verse como protagonistas del propio conflicto armado y como un factor de persistencia del mismo.

Impunidad: el déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a violaciones producidas contra millones de víctimas constituye un factor de persistencia del conflicto armado. La impunidad aumenta la repetición de la violencia y debilita la legitimidad de las instituciones, transmitiendo un mensaje de permisividad de la violencia.

La paz territorial: la guerra transformó los territorios. Esa transformación ha sido el producto de múltiples formas de violencia, en especial el desplazamiento forzado y el despojo, que han modificado la propiedad de la tierra y el uso de los suelos, así como las relaciones comunitarias, las dinámicas familiares, sociales y políticas de los territorios rurales. Esto ha acelerado el proceso de urbanización del país, profundizando las condiciones de pobreza.

Cultura y conflicto armado: uno de los factores que explica la emergencia y persistencia del conflicto armado es la herencia cultural excluyente del otro, de los pueblos étnicos, del campesinado pobre, del disidente y el contrario, justificando así la violencia contra determinadas poblaciones o territorios, y marcando con violencia las relaciones políticas, sociales y económicas.

Las recomendaciones

De igual forma la Comisión a entregado ocho recomendaciones con las que se busca contribuir a definir una agenda de futuro para avanzar en un diálogo en asuntos fundamentales como la reconstrucción de la confianza entre la sociedad y las instituciones, de manera que aporte a la reconciliación y garantice la no repetición del conflicto armado.

La construcción de paz como proyecto nacional: la Comisión de la Verdad hace un llamado al Estado a implementar en su totalidad el Acuerdo Final de Paz. Además, se debe crear un Ministerio de Paz para impulsar todas las políticas y actividades relacionadas con este propósito.

Garantizar la reparación integral de las víctimasreconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias; a la vez, garantizar una reparación integral que atienda los impactos diferenciados en cada una de ellas y que nos permitan avanzar en el proceso de sanación individual y colectivo que debemos emprender como país para lograr la reconciliación

Consolidar una democracia amplia, incluyente y deliberativa: la Comisión le apuesta al diálogo y la participación como mecanismos prioritarios para resolver conflictos y garantizar los derechos fundamentales. Se busca profundizar la democracia para la paz a través de la exclusión definitiva de las armas de la política y la apertura a espacios de participación para los sectores excluidos.

Enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas: es urgente replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos que lleven a debates de fondo, tanto a nivel nacional como internacional, y permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo.

Superar la impunidad y mejorar el acceso a la justicia local: se debe dar un mensaje en contra de la violencia y a favor de los derechos de las víctimas; además, se recomiendan ajustes y medidas en el ámbito de la justicia penal y a la institucionalidad que provee servicios de justicia.

Una nueva visión de seguridad para la paz: es fundamental que se haga una reflexión sobre la visión y el sector de seguridad y defensa, que permita avanzar en las transformaciones institucionales que se requieren para responder a un nuevo propósito: la construcción de paz.

Contribuir a la paz territorial: se deben garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las comunidades y construir una visión compartida de territorio y de futuro, para superar la desigualdad estructural del país que ha sido profundizada por el conflicto.

Lograr una cultura para vivir en paz: como sociedad, es necesario hacer el compromiso de transformar los valores, los principios y las narrativas que hacen parte de nuestra cultura y que han contribuido a la persistencia de la violencia, de manera que podamos construir nuevas formas de vivir en paz.

Decálogo de Reconciliación 

La Comisión propone un Decálogo de Reconciliación que busca evitar la continuidad del conflicto armado y construir la reconciliación necesaria para propender por la no repetición del conflicto.

ü  Aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad.

ü  Tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política.

ü  Aceptar que somos muchos —en diverso grado, por acción o por omisión— los responsables de la tragedia.

ü  Respetar al otro, a la otra, por encima de las herencias culturales y las rabias acumuladas.

ü  Tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses.

ü  Construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas.

ü  Que esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie, y para ir juntos tenemos que cambiar.

ü  Que el actual Estado se transforme en un Estado para la gente, que los políticos paren la corrupción, que los empresarios no excluyan de la participación en la producción a una multitud que reclama el derecho a ser parte, que los que acaparan la tierra la entreguen; que cambien todos los que colaboran con el narcotráfico, con la guerra, con la exclusión, con la destrucción de la naturaleza.

ü  Que no haya más impunidad.

ü  Que los que siguen en la guerra entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola porque no permite la democracia ni la justicia y solo trae sufrimientos. Que tenemos que construir desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva para que seamos posibles hoy y en las generaciones de mañana.

 

El legado de la Comisión de la Verdad para el país

Las voces de las víctimas, el proceso de investigación y de escucha plural ya se pueden consultar en www.comisiondelaverdad.co. La plataforma digital o transmedia apostó por recoger el trabajo de todo el mandato de la Comisión de la Verdad, fuentes y detalles que dieron como resultado un Informe Final con 10 capítulos y una declaración. Al ser una de las primeras comisiones en el mundo que ha desarrollado su mandato en la era digital, esta plataforma es un precedente y una apuesta por entender desde un punto de vista más humano y una postura más emocional lo que nos sucedió en este conflicto, así es como lo dice Olga Lozano, directora de esta novedosa apuesta digital.

Una narrativa multimedial con videos, fotos, audios, líneas de tiempo e incluso con realidad aumentada 360º, permite que los usuarios se acerquen a los impactos del conflicto en municipios, universidades, escuelas y otros espacios, así como a las huellas de la violencia y las historias de superación de quienes experimentaron los hechos.

El sitio web cuenta a la fecha con 15 secciones, pero en la medida que se publiquen nuevos volúmenes irá creciendo. Hay Futuro Si Hay Verdad es la sección que permite descargar los capítulos del Informe y la Declaración de Francisco de Roux, presidente de la Comisión. Cada volumen tendrá una sección que enriquece el relato con material y documentos multimedia complementarios.

El período de socialización del Informe Final irá hasta el 28 de agosto, pero el camino trazado deja un legado que también está conformado por activaciones artísticas, culturales y académicas, manifestadas en obras de teatro, mercadillos por la verdad, tejidos, batucadas, rutas por los ríos y demás acciones que han narrado el proceso de más de tres años y que ahora contribuirán a difundir y apropiar los hallazgos y recomendaciones del Informe Final.

Como parte de su legado, la Comisión deja un Archivo de Derechos Humanos con los documentos, informes y testimonios públicos que podrán ser consultados y referenciados y, a su vez, una serie de publicaciones:

- Novelas gráficas sobre el reconocimiento de responsabilidades, sobre contribuciones de responsables e historias de los impactos del conflicto. Algunas de estas son: Un camino hacia la verdad y Verdades que liberan.

- Cartillas, manuales e infografías sobre los enfoques y el despliegue de la Comisión. Muestra de ello es: el Manual de formación en Enfoque Psicosocial.

- Libros en alianza con otras instituciones, tales como Verdades en convergencia. Al igual que Una maleta colombiana y La fuerza de esta voz como otros ejemplos. También se elaboró la Guía para periodistas con las claves para comunicar el proceso, el Informe Final y el legado de la Comisión de la Verdad.

Para acceder a estos contenidos que se elaboraron desde las diferentes direcciones de la Comisión, en la plataforma digital deben seleccionar la opción ‘Versión anterior del sitio web’ y en el menú deberán dar clic sobre ´Publicaciones´ para así visualizar y descargar diferentes contenidos publicados durante todo el mandato.



[1] Como tal, cualquier parte de este anexo debe ser citado RECONOCIENDO COMO FUENTE a La Comisión de la Verdad, pues fue construido a partir del cruce de varios textos publicados por varios autores en diversos diarios impresos en Colombia, el 31 de Julio de 2022, quienes a su vez partieron de un documento elaborado por la misma Comisión. El autor se limitó a darle un orden para su presentación. 

1.281 personas han sido las dueñas del poder en Colombia

La investigadora Jenny Pearce de la prestigiosa universidad inglesa London School of Economics y el profesor de la Javeriana Juan David Velasco lideraron un gran estudio sobre el perfil de las élites en Colombia desde 1991. El Espectador habló con Pearce sobre los hallazgos de su investigación.

Juan David Laverde Palma





Jenny Pearce investiga a la sociedad colombiana desde hace décadas.

Foto: Cortesía

La investigación asegura que desde 1991 solo el 0,02 % de la población ha direccionado el rumbo de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. Además, documenta que 68 familias han manejado la política y que aún prevalece el patriarcado en la cúpula del poder público. El estudio perfila quiénes y cómo son las élites que han ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, las altas cortes, el Congreso, los gremios económicos y los propietarios de las empresas más grandes del país. El Espectador entrevistó a la profesora Jenny Pearce al respecto.

Usted es investigadora de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como el London School of Economics. ¿Por qué una académica inglesa se interesó en estudiar las élites colombianas?

El enfoque de mis estudios en América Latina ha sido la violencia. Se necesita más participación e inclusión en la sociedad para transformar las condiciones que reproducen las violencias. Soy politóloga, pero me considero también una antropóloga de la paz. La violencia y sus múltiples expresiones impactan más sobre las comunidades pobres, pero son los que tienen más poder y riqueza los que determinan la orientación de la economía y los valores que sustentan las diferenciaciones sociales, económicas y políticas. Aunque llamamos “élite” a los que tienen ese poder, lo hacemos con poca precisión, a pesar de una larga historia de debate intelectual. América Latina tiene un problema de violencia aguda y preocupante. También es la región más desigual del mundo. Colombia es el más desigual de los países de la OCDE y el segundo más desigual entre 18 países de América Latina, según el Banco Mundial. Desigualdad, violencia y élites son temas conectados.

¿Exactamente qué quiso explorar en su investigación?

Desde los años 70 he venido a Colombia para estudiar este país que aprecio muchísimo. De ahí surgió mi interés por estudiar las “élites” de acá, pues es un reto enorme entender por qué en cuatro décadas los niveles de desigualdad social se mantienen casi iguales, a pesar de que las personas más ricas ya no son las mismas. Antes los más adinerados eran Carlos Ardila Lülle y Jaime Michelsen Uribe, y hoy son Luis Carlos Sarmiento y Jaime Gilinski. Algo semejante ocurre con el poder político: los presidentes han tenido diferentes orígenes, algunos pertenecen a familias presidenciales bogotanas (Pastrana y Santos) y otros vienen de la provincia (Gaviria y Uribe). Entonces, vemos un cambio en la composición de las élites, pero no transformaciones reales en la desigualdad y la violencia. Ahora, es necesario entender mejor el concepto de “élite”, no para fomentar odio o rabia contra los poderosos, sino para generar un debate sobre cómo la concentración de poder político, social y económico se relaciona con factores que reproducen violencias e impiden transformaciones necesarias para una sociedad.

 



mapa del poder político en Colombia desde 1991

Foto: Cortesía de Jenny Pearce

A propósito de violencias, Colombia ha intentado muchos procesos de paz. ¿Qué encontró su investigación sobre cómo se comportaron los dueños del poder en estos intentos?

Colombia es el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo. Precisamente, desde los años 80 hasta ahora se han desarrollado 16 negociaciones de paz y se han desmovilizado más de 75 mil excombatientes. Con las Farc ocurrió el Acuerdo de Paz más amplio y sofisticado, pero a pesar de esto el país se encuentra en una nueva fase de conflicto armado, con indicadores que podrían asemejarse a lo que ocurría a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en cuanto al número de masacres, la oleada de desplazamientos forzados masivos de poblaciones, confinamiento, descuartizamientos, etc. Por eso en nuestro estudio planteamos que no sería posible hacer una paz completa y reducir todas las expresiones de violencia si las élites no se comprometen a construir un Estado de derecho equitativo en todos los territorios, acepten una tributación más progresiva y se construya una seguridad pública y humana accesible a todos y todas que trascienda la protección de fincas, empresas y sitios de recreo. La seguridad debería proteger la democracia y la participación de la ciudadanía.

Aproximarse a esos grupos de poder es tarea difícil. ¿Cómo hizo esta investigación que es la primera en Colombia en documentar con nombres y apellidos quiénes han sido los dueños del país en los últimos 30 años?

En Colombia se han utilizado múltiples apelativos para referirse a las personas que mandan. En ningún otro país he visto esa abundancia de términos como cacaos, delfines, clanes, caciques, notables, barones, etc. Por eso, un primer paso consistió en tener claridad conceptual. Preferimos el concepto de “élites” que significan individuos, familias y redes que tienen la capacidad de dictaminar y reproducir los principios de dominación en una sociedad. Para identificarlos construimos un banco de datos que examinó el período entre 1991 y 2022. Así, buscamos a las personas que habían ocupado los máximos cargos en las diferentes ramas del poder público. En el Ejecutivo se tuvieron en cuenta a presidentes, ministros y gobernadores; en el Legislativo a congresistas con dos o más reelecciones; en la Rama Judicial a los magistrados de las seis altas cortes, el fiscal general, el jefe del Ministerio Público, el contralor y el defensor del Pueblo.

¿Y en el poder económico qué observaron?

Identificamos a los propietarios o accionistas principales de las empresas más grandes de Colombia, según el ranquin que publica Semana y la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, miramos quiénes habían ocupado las dirigencias de los gremios económicos más influyentes en el sector agropecuario, industrial, comercial, de servicios y financiero. Vale la pena destacar que también se midió la tecnocracia, con cargos como el ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional y el Banco de la República (gerente general y miembros de la junta directiva). Toda la información que obtuvimos es verificable, pues la obtuvimos de respuestas a derechos de petición, registro de prensa y datos oficiales publicados en las páginas de las entidades públicas y privadas que estudiamos. Debo agradecer a mi equipo de trabajo en Colombia, que estuvo liderado por el profesor de la Javeriana Juan David Velasco Montoya. También hicimos muchas entrevistas en Bogota, Medellín y Cali.

¿Cómo definiría a los dueños del poder en Colombia? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Y esas características cómo pueden explicar la realidad de Colombia, sus problemas políticos y de corrupción, el manejo clientelista del poder local? Es decir, ¿ese diagnóstico sobre las élites da razones nuevas para explicar por qué Colombia tiene tantos problemas y una democracia tan frágil?

Según el Banco de Datos, aproximadamente el 0,02 % de la población decide la dirección del país y la economía. Encontramos que así sean un número restringido, realmente las élites colombianas son dispersas y fragmentadas. Por eso en el estudio utilizamos el concepto de “constelación” para concluir que en la historia nunca un grupo de poder ha sido completamente hegemónico debido a las fracturas regionales, los orígenes sociales diversos, sus visiones de género distintas, las áreas de controversia permanentes sobre los impuestos, el modelo aperturista o proteccionista de la economía y la forma de construir Estado en los territorios. De manera que las constelaciones de élites pelean entre sí y se disputan frecuentemente quién dicta los principios de dominación. Por ejemplo, la élite judicial fue crucial para evitar que Álvaro Uribe pudiera perpetuarse en el poder, a pesar de que tenía mayorías en el Congreso y una aprobación ciudadana del 80 % al finalizar su mandato. Esta misma élite judicial fue clave para el desarrollo del Acuerdo de Paz con las Farc, al cual diversos sectores ligados al uribismo se opusieron por distintas razones.

Además de esas diferencias, ¿encontraron ustedes puntos en común entre esas élites?

A pesar de la fragmentación hay diversos temas sobre los cuales las élites han construido acuerdos básicos. Por ejemplo, la sacralización de la propiedad privada, el apego a las reglas de juego de la democracia representativa, la orientación de la política exterior hacia Estados Unidos y la primacía social y cultural de los hombres blancos que nacieron en la región Andina y se educaron en universidades privadas de Bogotá. Es relevante apuntar que cada constelación tiene rasgos particulares: la élite económica y tecnocrática es más cerrada, pues se trata de hombres blancos que estudiaron en la Universidad de los Andes y en el extranjero; la élite judicial ha permitido una mayor movilidad social, pues los magistrados han incluido a más mujeres, indígenas, negros y personas de la región Caribe. La investigación nos mostró que las personas que mandan aquí siguen educándose en las universidades privadas de Bogotá: Los Andes predominan en la tecnocracia y las dirigencias gremiales; la Javeriana en ciertos ministerios, y el Externado en la mayoría de las altas cortes.

¿Qué tan diferentes son nuestras élites con respecto a las del Reino Unido, por ejemplo? En otros términos, ¿hay diferencias notorias entre las personas más poderosas de Colombia y las de los países europeos?

Cuando empecé a trabajar en Colombia en los años 70 vi similitudes en lo que se podría llamar el “clasismo inglés y colombiano”. Sin embargo, las historias son muy diferentes. En Inglaterra la élite aristócrata latifundista fue derrotada políticamente -aunque no socialmente- en la guerra civil del siglo XVII. Los principios de dominación allí han incluido un fuerte poder cultural y social que logró construir un sentido de Nación bajo la hegemonía de la coalición de comerciantes e industriales, que buscaron dominar “las olas del mar”. En Colombia se ha hecho muy difícil construir una nación, porque las coaliciones entre élites tienden a ser muy inestables. También por la subrepresentación de la sociedad en los cargos directivos del Estado y la economía. Por eso, cuando se logran consensos como en el Frente Nacional, se excluyen -y con violencia del Estado- a enormes sectores de la población, generando así espacios para las contestaciones violentas e insurreccionales.

Gustavo Petro ganó la Presidencia con promesas de cambio profundo en el modelo agrario. Según su estudio, ¿ve posible que el gobierno que llega pueda sacar una agenda reformista tan ambiciosa?

Petro tiene la oportunidad histórica de unir a dos países diferentes. Si se analiza el patrón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 se observa que ha logrado consolidar mayorías electorales en el Pacífico y el Caribe, dos regiones donde se ha concentrado la violencia y la desigualdad. Pero también ha enganchado en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cali. En ese sentido, puede impulsar una amplia coalición de sectores urbanos y rurales. Sin embargo, el peso de la historia es fuerte, pues en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pasando por los mandatos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, hasta el punto uno del Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se presentaron frenos e incluso retrocesos en los planes de redistribución de la tierra. Entonces surge la pregunta: ¿será sostenible el plan de reforma agraria teniendo en cuenta esos vetos históricos por parte de ciertas élites regionales? La clave estará en la celeridad con la que hagan la reforma, la solidez del catastro multipropósito, la fijación de altos impuestos a los latifundios improductivos, la eficacia administrativa de las diferentes agencias estatales y asegurar que haya alternativas a la violencia para resolver los conflictos agrarios.

También hay mucha expectativa sobre los cambios que vendrán en el modelo extractivista, de pensiones y de salud. ¿Cómo lo analiza usted?

Si se analiza el ranquin que publica la Superintendencia de Sociedades sobre las empresas con mayores ingresos operacionales, veremos que en la cima de la lista están aquellos holdings financieros, compañías petroleras y EPS que se perjudicarían directamente con estas iniciativas presidenciales. En términos estadísticos, podemos estimar que llegaría a afectar a las personas jurídicas que controlan más del 40 % del PIB, si lo relacionamos con el tamaño de los activos y los ingresos operacionales de estos en 2021. Es decir, si Petro cumple a cabalidad con lo que se comprometió en campaña sobre descarbonización de la economía, pensiones y EPS, se echaría encima a los poderes económicos más fuertes. La gran incógnita es cómo reaccionaría lo que llamamos la élite oligárquica por la importancia que dan a la defensa de su riqueza, pues nunca en la historia de Colombia un presidente llegó a la Casa de Nariño con unas propuestas de reforma tan ambiciosas en diferentes frentes a la vez.

Finalmente, quisiera preguntarle por el rol de las mujeres en las cúpulas del Estado y la economía. ¿Cuáles son los hallazgos en esa materia que más le llaman la atención en su investigación?

Las mujeres siguen estando ampliamente subrepresentadas en cargos de dirección públicos y privados. El estudio mostró que de 1.281 personas que integran las élites colombianas en las últimas tres décadas, solo 178 eran mujeres, es decir, el 14 %. En el Ministerio de Hacienda, la gerencia general del Banco de la República y la Defensoría del Pueblo nunca se han elegido a mujeres en la historia. En gremios tan importantes como la Andi, Fasecolda, Fenalco, Fedepalma y Fedegán, por citar algunos ejemplos, tampoco ninguna mujer ha sido elegida presidenta. Un contraste se da en la JEP, donde casi la mitad de la magistratura está conformada por mujeres. En eso el estudio arrojó que la élite judicial ha sido la más incluyente en temas de género.


Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9

jdlaverde@caracoltv.com.co

ORIGINAL DE https://www.elespectador.com/politica/1281-personas-han-sido-las-duenas-del-poder-en-colombia/