En la medida en que la justicia escarba el poder económico del excongresista Otto Bula, detenido por el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, no sólo ratifica que en pocos años llegó a acumular un patrimonio superior a los $50.000 millones, sino que ha tenido relaciones con personajes asociados al paramilitarismo y el narcotráfico. En especial, las pesquisas apuntan a extraños vínculos económicos con individuos allegados a la tenebrosa Oficina de Envigado.
La decisión de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio de embargar sus bienes en Bogotá, Cartagena, Sahagún, Lorica, Cereté, San Jacinto, Montería y la región de los Montes de María entre Sucre y Bolívar, comienza a demostrar que se trata de un hábil hombre de negocios, bien relacionado con el mundo político y en contacto con gente vinculada a la mafia. Un personaje que, al margen del tema Odebrecht, ya estaba en el radar de la justicia colombiana desde 2011, y ahora también en el de la justicia estadounidense.
El primero que sacó a relucir el nombre de Otto Bula fue el extraditado jefe narcoparamilitar de Antioquia Juan Carlos El Tuso Sierra. Desde una cárcel del estado de Virginia, en Estados Unidos, en junio de 2010 Sierra aseguró que Bula era el socio y testaferro del excongresista Mario Uribe Escobar, quien un año después fue condenado en el llamado escándalo de la parapolítica. Entonces se abrió un expediente que nunca tuvo avances significativos. Por esa misma época, la DIAN recibió varias alertas sobre su excesivo incremento patrimonial.
Según se conoce ahora, entre 2004 y 2010 Otto Bula pasó de un patrimonio bruto de $1.962 millones a ostentar uno de más de $21.000 millones. Sin embargo, estos hallazgos tampoco motivaron a la justicia a agilizar sus investigaciones. En 2011, a la Corte Suprema de Justicia fue remitido un anónimo, según el cual una oficina de abogados y una fundación habían cumplido funciones de testaferrato para lavar activos en Antioquia. La Corte hizo la pesquisa y de nuevo el nombre de Otto Bula apareció relacionado con oscuras transacciones.
La Corte remitió sus hallazgos a la Fiscalía sin que el asunto tuviera desarrollo. En esencia, era información relacionada con la compraventa de tierras en Córdoba y la región de los Montes de María, como un predio que terminó en manos del exjefe paramilitar Hebert Veloza García, alias H.H., extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009; otro que negoció con el fallecido exgobernador de Córdoba Jorge Ramón Elías Náder, procesado en el escándalo del 8.000, y también los múltiples negocios de tierras con Mario Uribe.
Sobre este último nexo, en un allanamiento practicado a la Fundación Bertha Arias de Botero, la justicia encontró abundante documentación para demostrar negocios de tierras entre Bula y Uribe por más de $14.000 millones. Cabe recordar que Bula fue suplente del exsenador Mario Uribe entre 2000 y 2002. Ante este y otros detalles encontrados por la justicia, Bula dio una versión libre en la Fiscalía en agosto de 2012, que hoy constituye un aporte clave para entender los alcances del protagonista principal del caso Odebrecht.
Otto Bula aseguró que antes de ser mayor de edad ya estaba dedicado a los negocios y que hasta los años 90 fue un exitoso productor de carne y leche, en la actividad ganadera. Luego se asoció con John Moisés Besaile, hermano del actual congresista Musa Besaile, para un negocio de abarrotes. Tuvo además relaciones económicas con Miguel Bernardo Elías, padre del congresista Bernardo Ñoño Elías, y después se dedicó a comprar tierras improductivas para reactivarlas o bienes urbanos para apostar al negocio inmobiliario.
En esas vueltas, igualmente, Bula terminó concretando negocios con la empresa que utilizaron los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff para lavar dinero. Ignacio Álvarez fue capturado en Argentina en abril de 2011 y extraditado a Estados Unidos. Su hermano, Juan Fernando, se entregó a la DEA en abril de 2013. Hoy, ambos están procesados por una corte de Nueva York por delitos asociados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos. Algunas de estas transacciones también pasaron por las cuentas de Mario Uribe.
Por la misma época, en el interior de la Oficina de Envigado se libraba una guerra a muerte por el poder. Tras el asesinato de Gustavo Upegui López en julio de 2006, en San Jerónimo (Antioquia), y la extradición a Estados Unidos de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, en mayo de 2008, se desató la pugna. Sucesivamente tomaron el mando y fueron cayendo presos Leonardo Muñoz alias Douglas, hasta abril de 2009; Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, capturado en 2011, y Eric Vargas, alias Sebastián, detenido en 2012.
Al final se abrió paso Jorge Pérez Marín, alias Morro, quien se desmovilizó como autodefensa con el bloque Héroes de Granada en agosto de 2005 y, en medio de las venganzas, intentó ser el capo de la Oficina de Envigado. El 31 de diciembre de 2012 cayó abatido a tiros en una masacre en Envigado en la que murieron nueve personas, entre ellas cuatro mujeres. Una de las víctimas fue la modelo Carolina Arango. La justicia estadounidense documentó después que Otto Bula quedó en la encrucijada por la compra de bienes a nombre de alias Morro.
La pelea por las propiedades del asesinado heredero de la oficina de Envigado pusieron a Bula en aprietos, especialmente por las presiones de Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo, decidido a quedarse con el mando de la Oficina de Envigado. También desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las autodefensas, Pichi Calvo terminó asesinado en un bar de Medellín en junio de 2014. En la escena del crimen, los investigadores de la Fiscalía encontraron un documento que volvió a incluir el nombre de Otto Bula.
En un papel apareció un escrito en el que se lee: “el señor Guillermo Arango le debe al señor Otto Bula $5.450 millones para pagar en febrero 15 de 2014. Le dará garantía hipotecaria”. La incógnita sobre Guillermo Arango, alias Gurú, terminó aclarándose parcialmente por cuenta de otro capítulo paralelo en la larga historia del narcotráfico en Colombia. La de Iván López Vanegas, extraditado a Estados Unidos en 2003 y absuelto por la justicia de ese país en 2007. Hoy, López libra una pelea judicial que contextualiza pugnas mayores.
Según él, fue extraditado a los Estados Unidos por falsas acusaciones y procesado por narcotráfico. En octubre de 2007 recobró su libertad absuelto por una corte de Atlanta. Entonces se enteró de que, mientras estaba preso, su hijo Sebastián López había sido secuestrado por gente de la Oficina de Envigado liderada por alias Morro. El plagio tuvo como fin obligarlo a firmar un documento en blanco que después terminó en la autorización ilegal para que un costoso bien en el municipio de Envigado pasara a las arcas de la oficina de cobro.
Cuando Iván López se enteró de lo que había sucedido en el tiempo en que estuvo preso en Estados Unidos, decidió recuperar su propiedad. A través de un antiguo intermediario para compra de tierras, se enteró de que su propiedad en la vereda Perico, de Envigado, después de pasar por un tercero utilizado para el negocio, estaba en manos de Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca. Este sujeto comandó el frente Titiribí de las autodefensas, en el suroeste de Antioquia, entre 2003 y 2004, y se desmovilizó en noviembre de 2004.
Luego retornó al narcotráfico y en 2010, en espera de una sentencia en una corte de Nueva York, viajó a Estados Unidos. Dos años después fue sentenciado y permaneció preso en ese país hasta la primera semana de febrero de 2017, cuando fue dejado en libertad y deportado a Colombia. Ahora está preso en el país por temas relacionados con el narcotráfico. Ese fue el personaje que se quedó con el costoso bien de Iván López y por el cual él terminó hablando en Miami con Guillermo Arango, alias Gurú, para tratar de recuperar su propiedad.
Además de la deuda de $5.450 millones con Otto Bula, el referido alias Gurú tiene una historia por explorar. Fue la pareja de la modelo Marcela Posada, fallecida en 2008, y luego de la modelo Tatiana Gil, de quien se separó en 2015. Lo que nunca se ha aclarado es que, a propósito de los reclamos de Iván López, la Superintendencia de Notariado y Registro adelantó una búsqueda de bienes relacionados con los reclamos de López y constató que Tatiana Gil Muñoz poseía 14 predios a nivel nacional conectados con el caso.
En julio de 2016, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio ordenó medidas cautelares para suspender el poder dispositivo de los bienes reclamados por Iván López. La medida incluye el embargo y el secuestro bajo la suposición de que tuvieron que ver con dineros del narcotráfico.
El dilema es que en el predio principal de la vereda Perico, sobre un área de 742.000 metros cuadrados, se levanta uno de los proyectos inmobiliarios mas ambiciosos del departamento de Antioquia: el Meritage, situado a cinco minutos de la variante Las Palmas-Aeropuerto de Rionegro, que pretende construir un complejo urbanístico sobre un terreno de 56 hectáreas y que estima sus ventas en $470.000 millones. La obra es de la empresa Royal Realty Group, que busca demostrar que fueron compradores de buena fe y nada tienen que ver con la Oficina de Envigado. En pocas palabras, por ahora el bien no es de la constructora ni de Iván López. Lo tiene la Fiscalía en espera de poder quedarse con él.
Más allá del proyecto urbanístico Meritage, del enigmático Guillermo Arango o su exesposa Tatiana Gil, de alias
Perra Loca y su regreso a Colombia, donde debe explicar su papel en la Oficina de Envigado, o de los abatidos capos alias
Porro y alias
Pichi Calvo, asesinados en 2013 y 2014, el eslabón que ahora busca aclarar la justicia es Otto Bula. Aunque por estos días lo que se busca es establecer su papel en el escándalo de Odebrecht, nunca es tarde para que se sepa hasta dónde llegaron sus relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Relacionado:
http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/ofensiva-judicial-de-e-u-contra-la-oficina/7361/comment-page-1#comments
