lunes, septiembre 12, 2016

los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años

en http://www.las2orillas.co/los-281-municipios-donde-las-farc-el-eln-estan-presentes-hace-30-anos/#  basado en http://www.pares.com.co/categoria/documentos-e-informes/   (subrayados del blogger) 

Este es el mapa de los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años

El departamento del Cauca donde las Farc atacaron la guarnición militar es uno de los epicentros de la guerrilla. Informe de la fundación Paz y Reconciliación
Por:  febrero 28, 2015
Este es el mapa de los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años
¿Cuáles son las zonas dónde hace treinta años mandan las FARC y el ELN? ¿Por qué estos lugares y no otros? ¿Qué habría que hacer allí, en caso de que se firme la paz en La Habana? Estas son algunas de las preguntas que responde el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación. 
El postconflicto es una etapa que va desde el momento en que finaliza el conflicto armado interno y se avanza –si evoluciona favorablemente- hacia una etapa de “normalización” que es medible a través de las transformaciones institucionales, desarrollo social, inclusión, garantía para el ejercicio de los derechos, reconciliación y una nueva cultura política democrática. Este es el camino que tendrá que recorrer Colombia en caso de que se firme el acuerdo de paz en La Habana.
Pero para poder asumir dicho proceso es importante reconocer el tiempo que tomará restablecer el país pero sobretodo prestar atención especial a los territorios que sufrieron las olas de violencia más intensas.
El postconflicto se puede dividir en cuatro líneas de tiempo que son; el alistamiento que consiste en una estrategia del Estado para evitar la reaparición de nuevas olas de violencia; la segunda, que busca ganar la confianza de la población para que con su ayuda se puedan aplicar los acuerdos de paz; el “plan de choque” llamado por la Fundación Paz y Reconciliación como las victorias tempranas para la paz y no se tratan de transformaciones estructurales a mediano y largo plazo sino de la creación de condiciones que las prefiguren y contribuyan a la indispensable construcción de un clima de confianza nacional e internacional sobre el proceso. En otras palabras, es una acción comunicativa en la que, aún no habiéndose desarrollado las transformaciones estructurales de fondo, la población logra percibir que algo ha cambiado; y la última línea de tiempo que va desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 10 años y busca la normalización del país.
Un proceso de paz para un conflicto armado de más de 50 años debería tener dos objetivos. El primero es solucionar aquello que denominan las causas estructurales que llevaron a un segmento de la población a empuñar las armas con temas de participación política, acceso a la tierra, entre otras; y el segundo, es buscar el retorno al punto de partida, es decir, volver al punto donde arrancó la guerra para poder restaurar todo aquello que ocasionó el conflicto.

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Statitas Kalivas[1], uno de los importantes estudiosos de las guerras civiles y de los conflictos armados, concluye que generalmente las guerras civiles, los grandes movimientos sociales y las olas de violencia que invaden un país, tienen que ver con causas locales o situaciones regionales.
En Colombia la violencia no se desarrolló homogéneamente en el territorio, y los factores estructurales no son similares en todo el país. En este sentido uno de los retos territoriales deben estar enfocado a eliminar la economía que generó la guerra desarrollada en los territorios excluidos y marginados donde se establecieron grupos ilegales a costillas de los cultivos de coca, la minería criminal y las redes de extorsión.
La falta de interconexión al mercado nacional es decir la ausencia de vías, la inexistencia de sistemas de integración política y la falta de infraestructura social ha constituido en una sociedad segregada y apartada. Por eso allí, no sólo se deben construir carreteras y acueductos sino también reconstruir la organización social para que se creen lazos de confianza que permitam integrar la población de estos territorios a la vida nacional.
Los hombres y mujeres que saldrán de los grupos guerrilleros no se irían a las ciudades a inventarse una nueva vida. Los guerrilleros se quedarán y realizarán su reinserción en las zonas donde operaban. Esto significa que inicialmente las dinámicas de postconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sino en municipios con vulnerabilidad alta de recaer en la violencia como los son Puerto Asís, La Macarena en el Meta o San Vicente del Cagüán.
Después de una década, el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación ha logrado establecer cuáles son estos lugares en donde se vivirán los retos territoriales del postconflicto. Son 281 los municipios en donde las guerrillas de las FARC y el ELN han hecho presencia en los últimos 30 años, pero además hay otros 300 que han tienen presencia de economías ilegales. Si bien, los segundos, no son un foco fundamental del postconflicto, deberá pensarse en un tratamiento para ellos, para lograr construir una sociedad pacífica y democrática a futuro.
Las FARC está presente en 242 municipios agrupados en 14 regiones donde vive más del 12% de la población colombiana. Por su parte, el ELN opera en 99 municipios ubicados en 7 regiones del país, que al unirlos da un total de 281 donde se han establecido ambas guerrillas.
De las catorce regiones de las FARC, once tienen una presencia importante de económicas ilegales, mientras el ELN lo ha hecho en seis. Economías que se han sostenido de cultivos ilícitos, minería ilegal o rentas ilegales urbanas comunmente llamadas “vacunas”. Por tal motivo, la Fundación Paz y Reconciliación creó tres indicadores que clasifican estos municipios de acuerdo a su probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados ilegales en estos territorios; de que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de las guerrillas; y de la capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana.
Para evitarlo entonces habría que tener en cuenta unos componentes que son: 
la presencia institucional que estaría dada por la implementación de hospitales, oficinas bancarias y juzgados, entre otros; 
los factores de violencia que tienen que ver con la presencia de minería ilegal y áreas de cultivos y procesamiento de coca; 
un componente geográfico que sería el índice de ruralidad y cobertura de vías terciarias; 
y el social que tiene que ver con el cubrimiento de las necesidad básicas insatisfechas.
A continuación se presentan cuatro mapas con cada uno de los componentes de Estado, violencia, geografía y sociedad.
Como se ve en los mapas, los 281 municipios están distribuidos en tres colores (rojo, amarillo y naranja). El rojo significa vulnerabilidad Extrema, el naranja vulnerabilidad Alta y el amarillo vulnerabilidad Media.




























































¿Cómo se alcanzan las victorias tempranas para la paz? 
Desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 12 meses se le llama la fase de las Victorias tempranas de la paz. En este periodo se deben realizar un conjunto de actuaciones concretas en territorios puntuales; acciones que se puedan realizar rápidamente y hacerse altamente visibles, y por eso implican un plan de comunicación estratégica que contribuya a la valoración del proceso de paz así como a su legitimación.
Para ellos hay dos puntos que constituyen la columna vertebral del proyecto de victorias tempranas.
  1. Una nueva forma de diálogo social, de intervención anticipada, de explicación contextual a la comunidad y de cumplimiento garantizado.
  1. Obras de infraestructura sencillas, concretas, sentidas como necesidad por la comunidad y seleccionada por ellas en un proceso de diálogo y concertación que puedan hacerse rápidamente. Y aquí se podría hablar de seis tipos de obras.

  • Infraestructura local (vías terciarías y navegabilidad fluvial). Es el sustento de la actividad de comercialización para crear mercados legales y sostenibles.
  • Alumbrado 24 horas y obras de alcantarillado y acueductos.
  • Respuesta inmediata en temas de administración de justicia local y seguridad rural.
  • Proyectos alternativos que permitan el control y mitigación de los efectos de las economías ilegales.
  • Seguridad física y garantía de participación para defensores. de derechos humanos y líderes sociales locales.
  • Acciones adicionales que se enfoquen en las Necesidades Básicas Insatisfechas.

La importancia del informe de la Fundación Paz y Reconciliación es que prende las alarmas sobre unas zonas que serían claves para el eventual proceso de paz en Colombia, sobretodo porque de ellas dependerá que el postconflicto salga triunfante o fracase en su intento. Más allá de los hechos cometidos por ambos grupos guerrilleros, lo importante ahora es empezar a construir un futuro en conjunto con las poblaciones afectadas por la guerra y quienes fueron sus víctimarios pues ambos son hijos del mismo territorio y les pertenece. Hoy el reto es aprender a convivir más allá del odio y el rencor en un país que hace más de cincuenta años ha está dividido entre la ruralidad y la vida de las ciudades pues no se puede pensar en la paz si no estamos dispuestos a imaginar un futuro compartido con quienes alguna vez nos hicieron llorar.  
[1] Kalivas, Stathis. La ontología de la “violencia política”, acción e identidad en las guerras civiles, 2004. Revista de Análisis Político, 2004, no. 52.
Haga click para ver el mapa detallado por regiones:
mapa-
Índice de vulnerabilidad en el postconflicto. Rojo: Zona de vulnerabilidad Extrema; Naranja: vulnerabilidad Alta; Amarillo: vulnerabilidad Media Alta.


sábado, septiembre 03, 2016

El sistema está podrido ...

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/buen-acuerdo-pero-sin--justicia-no-habra-paz-por-juan-ortega/231408

Juan Ricardo Ortega

 | 9/1/2016 12:00:00 AM

Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz

Como colombiano, mi reconocimiento y gratitud a Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y todo el equipo negociador. Haber logrado un acuerdo con las Farc era casi imposible y ellos lo hicieron posible.

por JUAN RICARDO ORTEGA

El país poco a poco va a reconocer la magnitud y trascendencia del acuerdo. Indistintamente de todas las críticas –muy injustas en su mayoría– el acuerdo es razonable. Yo tuve el honor de ser parte de uno de los equipos negociadores del presidente Pastrana y no tengo la menor duda de que en aquel entonces la magnitud de los temas que se aceptaron negociar –como el modelo económico, entre muchos otros– no hacía factible una negociación equilibrada. Todos los que en el pasado trataron de negociar con las Farc saben que lo pactado es mejor que lo que eran sus aspiraciones más optimistas en aquel entonces.
Leyendo en diagonal el acuerdo no dudo que mi voto y compromiso es con el Sí. Con el fin del conflicto, los políticos se quedan sin excusas para resolver los problemas de fondo que hacen que nuestro Estado esté al servicio de unos pocos y de espalda a la mayoría.
En casi 20 años como servidor público ninguno de nuestros presidentes ha actuado acorde a esos hermosos principios y objetivos visionarios que el acuerdo plantea. Sin pretender juzgar las complejas transacciones que todo líder tiene que hacer para avanzar en lo que juzga trascendental, a mí siempre me ha sorprendido la facilidad con que entidades públicas trascendentales se convierten en vulgares botines electorales. La corrupción en la política es un estado de cosas por el que toda sociedad ha atravesado, pero si no se aplican los correctivos a tiempo, el proyecto de construir una nación moderna fracasa. En Colombia, con la excusa de la ‘gobernabilidad‘, se tajan y reparten como tocino la Dian, el Invima, el ICA, el Igac, la Registraduría Nacional, las notarías, los hospitales públicos, Coldeportes, el ICBF, el Sena, el Invías, consulados y embajadas etc. Cuando el Estado es una piñata no hay futuro ni, mucho menos, paz.
Si el presidente nos habla de paz, su gobierno tiene la responsabilidad histórica de liderar una verdadera reforma a la justicia, en particular a los mecanismos de control y vigilancia del sistema electoral. El acuerdo negociado, para ser exitoso, necesita que la justicia sea capaz de operar de forma efectiva e independiente.
Si la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral investigaran lo que sucede en el país, la mayoría de los caciques electorales estarían indagados por múltiples delitos. La impunidad es el mayor obstáculo del acuerdo presentado, unida a la mala memoria de los colombianos –¿o será que a nadie le importa entender el origen de los $482 millones en efectivo que transportaba Yahir Acuña días antes de las elecciones de octubre de 2015, la junta virtual detrás de las elecciones en Sucre o el renacer del control del chance de ‘la gata‘?–. Y las investigaciones sobre el exmagistrado Villarraga y sus bochornosas fiestas, o los contratos que suscribió la Dian con un eminente político para la construcción y remodelación de sus sedes regionales, por más de $55.000 millones, y sedes como la de San Andrés, que las pagan sin haber hecho casi nada y la funcionaria que firma la recepción a satisfacción se suicida. En Colombia los asuntos de fondo se denuncian pero no se investigan, el tiempo y la bendita prescripción son la fórmula de la impunidad.
Un pilar básico de una democracia es elecciones libres y justas, y las nuestras están lejos de satisfacer este principio. Todo el país fue testigo de la manipulación de los sistemas de la Registraduría en la elección del gobernador del Valle en 2012; más de 12 funcionarios estaban implicados; personal del presidente del CNE estaba involucrado. Los sistemas de la Registraduría seguramente continúan igual de vulnerables. Mucho dinero se mueve en épocas electorales y esos defectos en la infraestructura informática del país son muy convenientes. Los sistemas de la Dian son idénticos, un queso lleno de agujeros que permiten poner al Estado al servicio del mayor postor.
El sistema está podrido, los poderosos tienen colaboradores al interior de la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la justicia. La compra de votos es masiva y la manipulación de actas electorales siempre queda impune. Los grandes contratistas de lo público, los narcos y los grandes lavadores operan complejas coaliciones que les garantizan impunidad y poder. Se opera a través de complejas redes de favores, repartición masiva de dádivas, evidencias sobre secretas perversiones y deudas personales. La falta de justicia –y no las Farc– es el verdadero obstáculo para el progreso del país.
Santos ya hizo historia, y me alegra mucho por él y por todos nosotros. El que esta historia sea memorable o no dependerá de su ejemplo. Él como mínimo debería ceñirse de ahora en adelante a los exigentes principios que plasmó en la visión de la Colombia próspera y en Paz del acuerdo con las Farc.
Por todo esto, el Gobierno debe convocar una constituyente para reformar en su integridad el sistema judicial. El país necesita garantías y contrapesos institucionales para atajar todos esos capitales de lo ilícito que van a buscar el Poder.

Marica corrupción

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/marica-corrupcion-por-juan-ricardo-ortega/228951

Juan Ricardo Ortega

 | 8/18/2016 12:00:00 AM

Marica corrupción

Es interesante que el debate del género y la homosexualidad se erija como el estandarte bajo el cual se alinean las fuerzas en contra de la Ministra y de paso barren bajo la alfombra los asuntos importantes que se estaban destapando.

por JUAN RICARDO ORTEGA

Toda esta avalancha mediática sobre los asuntos de género no tiene la carne suficiente como para tanto escándalo. ¿Qué podría haber detrás de todo esto como para que padres, maestros, redes sociales, adalides de la moral pública y poderosos barones electorales se unan en contra de la Ministra de Educación?
Para mí es evidente que este no es un debate sobre los problemas de fondo. Si hay algo por qué marchar en Colombia son la corrupción en la contratación de los millonarios recursos del sistema educativo o de salud, en particular los fraudes detrás de los almuerzos escolares, la dotación de colegios, construcción de aulas, etc.; o que no se haya implementado totalmente la doble jornada escolar que deja sin oficio ni orientación alguna a cientos de miles de jóvenes, en un entorno donde el embarazo adolescente y las pandillas truncan sus futuros; o un sistema universitario resquebrajado por la mala calidad y escasa formación de muchos de los programas que venden.
Por esto es interesante que el debate del género y la homosexualidad se erija como el estandarte bajo el cual se alinean las fuerzas en contra de la Ministra y de paso barren bajo la alfombra los asuntos importantes que se estaban destapando. El país se está dejando enfrascar en debates ideológicos primarios: la familia como el pilar de la sociedad y los padres como únicos actores con potestad para intervenir en la formación y orientación sexual de los hijos; versus un Estado que protege libertades individuales, particularmente si son minoría, como las transgénero. ¡Brillante! Volvemos a caer en la dualidad decimonónica religión / Estado; volvemos a los lenguajes irreconciliables que enceguecen y que tantas violencias han alimentado.
Por el momento parecería que los Adiel Calderón Vaca o Ivis Rosado, o las Katia Elena Rosado y María Angélicas van a quedar impunes y libres de cualquier presión para revelar qué y quiénes están detrás de los millonarios desfalcos en los contratos de alimentación escolar o de hospitales públicos.
Por Dios, no nos dejemos distraer, lo que pasa en el Ministerio de Educación es grave. El país no puede seguir impávido ante la proliferación de entes sin ánimo de lucro usados como frentes para delinquir. Nada de esto es nuevo, el carrusel de la contratación de Bogotá está plagado de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones de Julio Gómez o las cooperativas con las que complotaba Tapia. La hoy Senadora vociferante era la fiscal que nos dejó sin conocer a donde había ido a parar toda esa platica y cómo la red de corrupción se extendía a lo largo del país, hasta Cúcuta y Sahagún entre otros. Una investigación básica le debería haber mostrado al país cómo son los movimientos financieros de estos grupos criminales y todos los involucrados; en algún momento debería hacerse público a quiénes se les hicieron los pagos. Además, los medios de comunicación fácilmente podrían averiguar a quiénes reconoce la comunidad como los padrinos políticos de estos bienhechores de lo público (¿o malhechores?).
Si el Gobierno, con la colaboración del Fiscal, le ponen un torniquete a este desangre, la reforma tributaria no tendría que gravar tanto a los que sí cumplimos. Ya es hora de que la Fiscalía, que dice que va a investigar en profundidad los hechos detrás del colapso de Saludcoop, aproveche de una vez por todas y desentrañe los vínculos entre las entidades sin ánimo de lucro, los carruseles de contratación en todo el país, la corrupción y el financiamiento de campañas políticas. Lo que está en juego no es solo la calidad y efectividad del gasto público social en educación y salud; entre corporaciones, fundaciones y cooperativas se están gastando –o feriando– $35 billones y $40 billones al año; toditos libres de impuestos.
El otro tema trascendental es la precaria calidad y comercialización de la educación universitaria. La evidencia de la crisis del sistema universitario chileno debería servirnos de ejemplo. En Colombia, al igual que en Chile, abundan las universidades que son negocio (estafa), cuyo objetivo principal es enriquecer a quienes las controlan. Los contratos de arrendamientos de inmuebles, pagos por licencias de supuestos sistemas pedagógicos, o pagos por servicios informáticos, son algunos de los mecanismos típicos usados para ordeñar el centro educativo. Universidades de políticos, como la de Moreno de Caro o la Universidad Cooperativa de César Pérez, abundan en las regiones, al igual que colegios, la devoción por la educación y el conocimiento de sus consejeros deja mucho que desear. La universidad como negocio o como fuente para financiar campañas solo es factible violando la ley. La Fiscalía debería investigar cómo es que operan las ventas en Panamá de los puestos en los consejos directivos de universidades.
¿Será que alguien investigó las denuncias de la Sillavacia sobre posibles vínculos y colaboración política de Néstor Hincapié, rector y probable beneficiario controlante de la Universidad de Medellín? No nos olvidemos que ella es quien selecciona los apetecidos gerentes de hospitales. Sin un sistema universitario bien depurado no hay meritocracia y mucho menos un Servicio Civil.

Evasión de cuello blanco

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/evasion-de-cuello-blanco-por-juan-ricardo-ortega/226402

 | 8/3/2016 12:00:00 AM

Evasión de cuello blanco

La nueva reforma tributaria debe incorporar normas que permitan combatir toda la corrupción que se da en torno al sistema impositivo. De lo contrario, el nuevo ajuste de impuestos no será estructural.

por JUAN RICARDO ORTEGA

No nos digamos mentiras, con un sistema político donde las leyes pueden ser redactadas a 100 manos, donde los lobistas pueden influir sobre los legisladores y pasar por sobre ellos sin ningún control o rendición de cuentas, y donde el éxito electoral depende, en buena medida, de los costales de billetes que financian las campañas electorales, nadie es capaz de aprobar una verdadera reforma tributaria estructural en el Congreso.
Todos sabemos que los impuestos los pagamos los asalariados, los consumidores, las empresas públicas y algunas empresas grandes. La evasión por parte de personas naturales de altos ingresos es generalizada. Los apartamentos de recreo o fincas están subvaluados, o bien se llevan en la contabilidad de las sociedades como gastos (evitando así pagar el impuesto a la renta sobre ellos), al igual que el leasing del carro, los conductores de la familia, empleadas, celulares familiares, el club, el yate, el avión ejecutivo, etc. Las sociedades contabilizan gastos que no corresponden a los ingresos que generan y a los ingresos en especie que les pagan a sus dueños; nadie tributa sobre ellos. Algunos afortunados viven muy bien y no pagan impuestos. Y para muchos esta es una conducta que se elogia y admira.
Colombia tiene su propia ‘Santísima Trinidad’: informalidad, evasión y lavado de activos son las tres ‘personas’ de un mismo dios verdadero, la evasión de impuestos. Nada hace un negocio más rentable, en el corto plazo, que evadir, robarse el IVA y no pagarle al fisco parte de las retenciones en la fuente. Un ‘buen’ evasor puede duplicar su utilidad neta con todos estos chambones trucos.
Muchos negocios depositan cantidades de dinero en manos de poderosos personajes que dominan el mundo financiero paralelo. En San Victorino existen lugares donde se reciben millones de pesos en efectivo a cambio de dólares en Panamá, Guatemala, Miami, China, o euros en España. Mossack Fonseca incluye múltiples usuarios de este ‘Hawala’ latinoamericano. Fundaciones, en Hong Kong o en Lima, se bautizan con el nombre del insumo del negocio –humor fiscal–, para administrar allí todos los ingresos correspondientes a las ventas no facturadas. El producto de la evasión se acumula por fuera de Colombia en arte, fincas o casas de recreo. Todo con recursos robados al fisco.
Por otra parte, el sistema de apoyo, que debería ser el que educa y facilita el cumplimiento de sus obligaciones al contribuyente, está pervertido. La falta de acreditación de contadores y abogados ha permitido una sobreoferta de profesionales que deprime el sueldo de los buenos y honrados (con la excepción de los muy buenos), a beneficio de los vivos o los mediocres firmones. El sistema que sanciona a contadores y asesores tributarios es tan débil y vulnerable que a las contadoras cómplices en el fraude y lavado de James Arias solo les suspendieron la licencia por un año.
Y están también quienes ni siquiera se preocupan por su contabilidad, como los beneficiarios de los $20 billones que se transan al año en las centrales de abastos del país, los dueños de las cerca de 28 millones de cabezas de ganado, los propietarios de restaurantes, droguerías, bares y tiendas con ventas importantes en efectivo. Están las empresas de aplicaciones informáticas que ofrecen productos que permiten llevar contabilidades dobles y renumerar facturas. Hay firmas de papel que emiten facturas falsas para que otros evadan renta y, finalmente, están los grandes empresarios que se inventan gastos, contratos de empleados ficticios (muertos) y compran facturas falsas para birlar las normas tributarias: ninguno de ellos va a cambiar su comportamiento de evasor, ni a disminuir su ostentoso ritmo de vida fácilmente.
Por esta razón, la reforma que se presente al Congreso debe ir más allá de lo estrictamente tributario para hacer del sistema algo progresivo y equitativo. Se requieren instrumentos contra la corrupción y los potenciales abusos del sistema judicial, así como fortalecer el servicio civil, particularmente el de la Dian, con mecanismos claros y estrictos para destituir personal no idóneo. Es necesario, igualmente, el compromiso de los ministerios de Educación y de Comercio para elevar drásticamente el nivel de las facultades de contabilidad y la depuración de las universidades dedicadas a operar como supermercados de títulos. En todos los países prósperos, la declaración juramentada de activos de empleados y familiares, la declaración de conflictos de interés y los análisis de integridad, incluido el polígrafo, son medios legales para identificar y desvincular a los corruptos.
En cuanto a la criminalización de la evasión y su inclusión como verbo rector del lavado de activos, estamos rezagados. La razón real son los billonarios intereses de quienes evaden y usufructúan todos esos mecanismos que se han creado por años para que los muy ricos no paguen lo que les corresponde. Desde el Instituto Agustín Codazzi, que permite una sistemática subvaloración de las tierras rurales y los lotes de engorde, pasando por la emisión de un innecesario billete de cien mil para aceitar la informalidad y las ventas sin factura, hasta llegar a los abusos del sistema judicial, movido en muchos casos por intereses políticos, demuestran que las fallas son estructurales. Por ejemplo, arbitrariedades como las cometidas contra Alberto Velásquez o Andrés Camargo, o a favor del magistrado Jorge Pretelt demuestran los yerros del sistema judicial: en ningún país del mundo un magistrado olvida declarar cientos de millones de pesos de ingresos y no pasa nada. Mantener tal estado de cosas no puede ser el objetivo de la reforma tributaria si queremos que sea estructural.

la tradicional feria de puestos y contratos por votos o nombramientos en cargos de poder

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/de-la-violencia-a-la-paz-una-firma-y-nada-mas-juan-ricardo-ortega/225906


De la violencia a la paz: ¿una firma y nada más?

 | 7/21/2016 12:00:00 AM

De la violencia a la paz: ¿una firma y nada más?

La paz se siembra con una verdadera presencia del Estado, particularmente en los territorios más lejanos y vulnerables. Esto jamás va a ocurrir bajo las reglas actuales.



por JUAN RICARDO ORTEGA

Turbo, San Bernardo del viento, San Onofre, Moñitos, Caucasia, Cartago, Pitalito, Uribia y Tumaco son apenas unos de los cientos de municipios de Colombia que se debaten entre el paraíso y el infierno. Tierras mágicas de belleza exuberante, de gentes bondadosas que han aprendido a vivir bajo el aplastante yugo del silencio forzado.
La logística del tráfico de drogas y el terror que la acompaña ensombrece la vida de cientos de miles de colombianos. Los grandes centro de producción de hoja de coca como Catatumbo, Putumayo, el Nudo de Paramillo, las serranías de Abibe y de San Lucas, Tumaco y zonas de los departamentos Caquetá, Meta y Guainía; las rutas de la droga hacia el Atlántico, el Pacífico y Venezuela; las zonas en el piedemonte llanero donde arman los laboratorios de droga y algunos de los puertos donde la embarcan son territorios donde impera la ley del más fuerte.
El miedo, los cuadros de informantes a todo lo largo de los perímetros para un efectivo control del movimiento de personas y vehículos; el dominio de las instituciones públicas locales, especialmente el acceso a los servicios de salud; el control sobre las principales fuentes de empleo local y la propiedad o control de los servicios de transporte de carga y personas son solo algunos de los múltiples medios con los que cuentan estas estructuras para dominar la población, influir en la política local, disponer de la contratación pública y garantizar la seguridad y amparo “institucional” de corredores de droga, armas, contrabando y lavado.
La política local y su financiamiento están profundamente influenciados por el dinero de la droga y el control físico del territorio. La justicia realiza esporádicamente unas capturas, pero reina la impunidad. Por ejemplo, en agosto de 2014, cuatro meses después de haber sido absuelto en segunda instancia de la condena por contratación sin cumplimiento de requisitos de ley, el alcalde de Turbo, William Palacio Valencia, es recapturado por vínculos con las AUC, bloque Elmer Cárdenas. En ese mismo día se realizan otras 26 capturas de políticos de Urabá, el exalcalde del municipio de Necoclí, Édinson Yánez, y el excandidato a la alcaldía de Apartadó, Phidalgo Banguero. Estos, entre otros, son unos de los cientos de líderes locales que pueden ser sindicados por estar al servicio de la mafia. Hacen parte de la maquinaria que controla la vida de estas poblaciones y los sistemas de seguridad, logística y financiamiento (lavado de dinero) del narcotráfico.
Las autoridades nacionales difícilmente podrán ejercer control sobre estas zonas. El posconflicto en Centroamérica ilustra claramente este punto. Se firmó la desmovilización de un grupo armado, pero la violencia se agudizó. El control del territorio y el sufrimiento de sus pobladores cambia de tirano, pero no de realidad.
La inversión en infraestructura, los sistemas de información e inteligencia de los entes de control a todo lo largo de estas zonas, la presencia efectiva y cuidadosa selección del personal de la policía, la Fiscalía, el Instituto Agustín Codazzi, notarios, Dian, Aerocivil, Contraloría, Procuraduría, Migración Colombia, Cárceles, ICA e Invima son acciones urgentes y el listado mínimo de entidades que requieren cirugías drásticas en estas regiones. Todo ello precedido por cambios completos en el personal de las fuerzas del orden, renovándolo con ciudadanos de garantizada idoneidad y ética, con competencias para asegurar efectivos esquemas de protección a la ciudadanía, sus líderes y a los funcionarios públicos en estos territorios. De estos últimos dependerá forjar las nuevas reglas de juego. Estas son condiciones necesarias para poder transformar el ciclo actual de violencia.
Lo mismo debe ocurrir con el sistema electoral. El financiamiento de las campañas políticas y los mecanismos que lo controlan fallan sistemáticamente en todos estos territorios. Solo el Estado debería poder financiar las campañas políticas, tal vez con una mínima contribución al partido por parte de quienes aspiran a ser elegidos, pero nada más. Los poderosos barones que financian campañas a lo largo del país son parte del cáncer de la corrupción. El negocio de cambiar plata por votos y financiar campañas por contratos o, más grave aún, el control de instituciones por parte de intereses privados y, en algunos casos, de intereses criminales, no va a terminar.
La paz se siembra con una verdadera presencia del Estado, particularmente en los territorios más lejanos y vulnerables. Esto jamás va a ocurrir bajo las reglas actuales.
Vamos adelante con el acuerdo con las Farc, un logro encomiable y muy meritorio, un Sí! contundente para el plebiscito.
Pero no perdamos de vista su verdadero objetivo, un país en paz. Y la tradicional feria de puestos y contratos por votos o nombramientos en cargos de poder continúa y nada por el momento parece modificar este vicio. Esta es la verdadera cruz sobre nuestra esperanza, no las Farc.

jueves, agosto 11, 2016

Homofobia en Colombia Siglo XXI (1)

-dado que esto es un documento histórico.... que m.D quiero ver en unos lustros... lo publiqué aquí....y no en ciberplural- http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/cartillas-y-textos-del-ministerio-de-educacion-diversidad-sexual-en-colegios/16669174







Verdades y mentiras en el debate sobre las cartillas en los colegios

Qué es cierto y qué no de esta discusión que involucra al Mineducación y a grupos que lo critican.


Por:  EDUCACIÓN / VIDA | 
 
Para Gina Parody, ministra de Educación, el debate se ha convertido en una persecución.
Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
Para Gina Parody, ministra de Educación, el debate se ha convertido en una persecución.




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Si algo queda claro en medio del debate generado en torno al Ministerio de Educación, y sus esfuerzos por lograr entornos escolares inclusivos y libres de discriminación, es que éste ha estado signado por la desinformación y la polarización.
Tanto la ministra de Educación, Gina Parody, como representantes de organismos de Naciones Unidas, han tratado de aclarar algunas de esas informaciones, con base en las cuales se está convocando a marchas de protesta para este miércoles en distintas ciudades. Pero ¿qué es real y qué no? Las siguientes son respuestas a algunas preguntas que sobre este tema se están formulando los ciudadanos, a raíz de este debate. (Lea también:Ministra Parody denuncia 'máquina de manipulación' en redes sociales)

¿Por qué el Ministerio de Educación decidió abordar la revisión de los manuales de convivencia?
Para dar cumplimiento a la sentencia T478 del 2015, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Nacional implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y revisar de manera “extensiva e integral todos los manuales de convivencia en el país, para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar”.
Este fallo se produjo en respuesta a una acción de tutela interpuesta contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca, por la mamá de Sergio Urrego. En agosto del 2014, este joven de 16 años se quitó la vida, al parecer, cansado de la discriminación y las presiones a las que habría sido sometido en su entorno escolar, en razón de su orientación sexual.
¿Los facsímiles de cartillas pornográficas homosexuales que circularon por redes sociales, corresponden a materiales distribuidos por el Ministerio de Educación?
No. La ministra Gina Parody fue enfática en señalar que éstas fueron puestas a circular en redes por particulares completamente ajenos al Ministerio, y, según la funcionaria, con el ánimo de generar confusión y miedo entre los padres de familia.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) está trabajando en una cartilla que brinda orientaciones para prevenir la discriminación en colegios. ¿Este material, que ha generado polémica, es oficial? ¿Está siendo distribuido por el Ministerio? (Lea: 'A Colombia aún le falta mucha tolerancia con la comunidad gay')
La cartilla ‘Ambientes escolares libres de discriminación’ surgió en el marco de un convenio establecido entre el Ministerio de Educación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unfpa y Unicef. Con ella se busca generar conciencia sobre la educación de género en las aulas del país; sin embargo la Ministra aclaró que se trata de un borrador que no es oficial, en tanto no ha sido avalado ni publicado por el Ministerio.
El documento tiene 97 páginas y explica de manera detallada temas relacionados con identidad de género y orientaciones sexuales (qué son, cómo comprenderlas y por qué hablar de ellas); muestra a la escuela como defensora de derechos, cómo es una familia homoparental (es decir, de dos padres o dos madres) y aspectos cruciales para la revisión de los manuales de convivencia en el país, en los que haya una ruta de atención a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Jorge Parra, representante de Unfpa en Colombia, insistió en que se trata de un documento técnico de trabajo que se divulgó a través de su página web, en aras de la transparencia.
Hay otro documento de preguntas para los rectores de colegios, que se elaboró para ajustar los manuales de convivencia y que también ha sido criticado. ¿Por qué? ¿De qué se trata?
A raíz del fallo que ganó la mamá de Sergio Urrego, y de las órdenes de la Corte Constitucional, el Ministerio de Educación emprendió la revisión de los manuales de convivencia de los colegios en el país con el objetivo de determinar si de algún modo podrían estar incurriendo o promoviendo la discriminación por raza, género y orientación o identidad sexual, entre otras causas. El manual fue construido por el Ministerio de Educación con la asesoría de la ONG Colombia Diversa (defensora de los derechos de la comunidad Lgtbi), Unicef, Unfpa y Pnud.
Consta de 34 preguntas que permiten confrontar el contenido de los manuales con temas como “la diversidad sexual y de género, enfoque de género, convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias”, según señala en su página web Colombia Diversa. (Además: El trino que indignó y puso a pensar al país qué tan tolerantes somos)
De acuerdo con la Ministra de Educación, éste no busca imponer nada a los colegios, sino que sus directivos revisen los manuales de convivencia a la luz de estas temáticas e incluyan rutas que permitan brindar respuestas y atender debidamente a aquellos estudiantes que puedan ser discriminados.
¿El Ministerio de Educación envió este manual de preguntas a los profesores y rectores de colegios?
Sí. Las 34 preguntas fueron enviadas a través de las secretarías de Educación; mediante ellas se indaga, por ejemplo, si los manuales de convivencia certifican el debido proceso a los estudiantes, si son coherentes con la Constitución Política, si hay expresiones que descalifican o condenan la orientación sexual, de género, étnica, credo o discapacidad, y si restringe las demostraciones de afecto entre parejas heterosexuales o entre parejas del mismo sexo.
Estas preguntas han generado críticas entre los sectores más conservadores y religiosos del país, pues para algunos ciudadanos esto representa la imposición de una ideología de género por parte del Ministerio.
¿Están recibiendo los estudiantes las preguntas?
No. Según el Ministerio de Educación este es un material de uso exclusivo para directivos y docentes.
¿Cuál es la diferencia entre el documento de Unfpa y el manual de preguntas orientadoras?
La cartilla del Fondo de Población de las Naciones Unidas es un documento técnico que busca divulgar los conceptos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, y la forma en que deberían abordarse desde la escuela; no es oficial y no tiene el aval del Ministerio. El manual, por otro lado, sí es un documento oficial, ha sido enviado a colegios y es de carácter orientador, con miras a ajustar los manuales de convivencia y lograr que sean más incluyentes; el Ministerio aclara que con él no se obliga a nada a los planteles.
¿Quiénes están convocando las marchas de este miércoles contra la Ministra de Educación y lo que sus detractores llaman la “ideología de género”?
Ángela Hernández, diputada de Santander, es una de las principales promotoras. Hace un par de semanas, y con el manual de preguntas orientadoras en la mano (cuyo contenido rechaza), Hernández encendió el debate tras afirmar que la Ministra quiere llevar a cabo una “colonización homosexual en los colegios”. Inicialmente convocó a los ciudadanos de Bucaramanga para protestar en contra de las iniciativas del Ministerio, que buscan lograr espacios escolares más inclusivos. (También: 'Gina Parody trata de imponer sus creencias en la educación': diputada)
Con los días se le han sumado grupos de ciudadanos, padres de familia, religiosos y políticos afines a sus críticas, en ciudades como Cartagena, Duitama, Valledupar y Barranquilla. Este martes la Iglesia católica se sumó a la convocatoria.
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