Cuando el gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), una guerrilla de inspiración marxista, parecía un milagro poder finalizar el conflicto de medio siglo que mató al menos a 220.000 personas y devastó las zonas rurales.
El expresidente Juan Manuel Santos recibió un Premio Nobel de la Paz por negociar el complejo acuerdo con las Farc. Sin embargo, desde antes de que se firmara muchos ya se oponían al pacto, furiosos ante la perspectiva de que rebeldes o militares fueran a quedar impunes o escépticos de que el gobierno pudiera darle seguimiento a sus promesas de ayuda al campo.
Ahora, casi tres años después, el país es liderado por políticos que se opusieron al acuerdo y la paz pareciera estar en crisis, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia.
Los integrantes de las Farc dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, pero el gobierno ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo: educación universal desde preescolar hasta la secundaria, acceso a agua potable y desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos.
Unos 3000 exguerrilleros se han rearmado. El ejército ha incrementado sus ataques contra ellos y contra otros supuestos criminales o rebeldes, lo que ha causado preocupación entre algunos oficiales ante la posibilidad de que esas tácticas agresivas ocasionen muertes civiles.
Al mismo tiempo, se ha reportado que grupos paramilitares han matado al menos a quinientos activistas y líderes comunitarios desde que se logró el acuerdo de paz. Más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2016 debido a la lucha renovada.
El presidente actual, Iván Duque, y sus aliados en la derecha han saboteado parte del progreso pacífico del pacto, que establecía que el gobierno debía trabajar con los rebeldes para promover la sustitución de cultivos de coca. Ha recortado los fondos para esa iniciativa y el año pasado la tierra usada para el cultivo de coca alcanzó un nuevo récord, mientras que paramilitares y grupos criminales, también atraídos por las ganancias de la cocaína, tomaron el control en regiones que fueron dominadas por las Farc.
Un elemento crucial y más controversial del acuerdo involucraba crear un proceso de reconciliación en donde los rebeldes y los soldados del gobierno —acogidos por una amplia inmunidad— testificaran ante tribunales especiales sobre los horrores de la larga guerra. Se repartirían las culpas sin la posibilidad de condenas de cárcel excepto para ciertos delitos específicos. Duque ahora está presionando para reformar ese sistema transicional de tribunales de tal modo que los antiguos rebeldes enfrenten castigos más duros.
Solo eso podría poner fin al acuerdo. Además, en un acto que aumentó las tensiones para la implementación, dos exlíderes de las Farc —entre ellos el negociador principal de la paz, Iván Márquez— se rehusaron a acudir ante el tribuna especial en abril. El lunes 20 de mayo, Márquez dijo en sus redes sociales que fue un grave error haber entregado las armas.
Estados Unidos ha gastado más de 10.000 millones de dólares en los últimos dieciocho años para capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas en el conflicto, además de participar en la construcción y reforzamiento de instituciones legales y de otros programas para el mantenimiento de la paz.
En este momento clave, Estados Unidos debe comprometerse a ayudar en la consolidación de los acuerdos de paz de Colombia.
Sin embargo, los especialistas ven poca evidencia de que el gobierno de Donald Trump esté siquiera interesado. Desde 2017, el presidente Trump ha amenazado con quitarle la certificación a Colombia con la que se establece la ayuda financiera estadounidense debido al aumento en la producción cocalera. Durante dos años seguidos propuso reducciones importantes en la asistencia financiera a Colombia, las cuales fueron rechazadas por el Congreso.
El momento tan frágil por el que pasa el proceso de paz podría ser idóneo para que Trump haga uso del enfoque empresarial que ha favorecido: puede trabajar con países destacados a nivel regional para asegurarse de que Duque se atenga a los acuerdos, incluyendo el sistema de justicia transicional, lo cual además incentivaría las inversiones internacionales en las áreas rurales marginadas de Colombia. Ese tipo de desarrollo es vital para que pueda pensarse en una paz duradera.
“Hace veinte años, Colombia estaba a punto de convertirse en un Estado fallido, pero Estados Unidos ha sido un actor relevante en ayudar a prevenir eso”, dijo a The New York Times Bernard Aronson, el enviado estadounidense que participó en el proceso de paz. “Si nos retiramos ahora, especialmente con Venezuela haciendo implosión, sería como dispararnos en la cabeza”.
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