martes, enero 21, 2020

Colombia... al iniciar 2020 ... el reto de cambiar una cultura organizacional


Por: Patricia Lara Salive

Demasiadas manzanas podridas

Son tantas las manzanas podridas que ya parece como si el podrido fuera un buen pedazo del Ejército, una institución tan importante para el país.
Como lo anotó un editorial de El Espectador, refiriéndose a las revelaciones de la revista Semana, “miembros del Ejército Nacional le han mentido al país, han interceptado ilegalmente las comunicaciones de magistrados, políticos y periodistas, han hecho trampas para cubrir sus rastros frente a las investigaciones de los entes de control y han enviado amenazas para que no fueran puestos en descubierto”.
Y añado otros descubrimientos de Semana: han interceptado a quien ha llevado la investigación en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe; le han pasado la información obtenida ilegalmente a un miembro del partido de gobierno; se han lucrado con recursos públicos; han asesinado a excombatientes como Dimar Torres; han establecido directrices que podían conducir al regreso de los falsos positivos y que gracias a la denuncia de The New York Times echaron para atrás; han ofrecido dinero y realizado pruebas de polígrafo con el fin de ubicar a las manzanas no podridas que le informan a la prensa los horrores que pasan; han desviado recursos para sufragar gastos personales; han recibido plata a cambio de entregar salvoconductos para porte de armas; han desviado combustible, etc. ¿Y qué ha pasado? Que en muchos casos, como lo estableció La Silla Vacía, algunos de los responsables han sido ascendidos por el presidente Duque.
Pero todavía siguen sucediendo cosas: el sábado, una hora antes de que Duque llegara a Bojayá, el coronel Darío Fernando Cardona, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, le envió al líder social Leyner Palacios, quien denunció que en el Atrato hay connivencia entre ciertos militares y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un derecho de petición en el que le plantea, entre otros temas, que le dé los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que hayan practicado la connivencia y el lugar donde hayan ocurrido los ilícitos. Y añade que indique las comunidades que, según Leyner, se encuentran en confinamiento por la presencia de grupos ilegales en la zona.
Para interponer ese derecho, el coronel invoca la Constitución, que dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades”. Pero ¿cómo puede hacerlo? Eso lo que significa es que quien podría interponerlo sería Leyner, para preguntarle al coronel por qué su unidad no es eficaz en la lucha contra las Agc. No él.
Ese derecho de petición del coronel Cardona es ilegal e intimidatorio, pues en el futuro la población va a tener miedo de denunciar. Y es preocupante porque él parece sentirse muy sobradito y respaldado por sus superiores…
¿Qué hará Duque con ese coronel ineficaz que intimidó así a un líder social a quien él quiere proteger de manera especial? ¿Y qué va a hacer con los demás militares implicados en los delitos destapados por Semana?
Para salvar a su querido paciente, un buen médico extirparía el cáncer de inmediato, sin dejarle una sola célula mala. El presidente no puede esperar a que las autoridades tarden años en condenar a los culpables. Al menor indicio de corrupción o criminalidad, Duque debe destituir a los sospechosos. Porque si se sienten apoyados, o si el presidente ignora la gravedad de los hechos y no practica ya la delicada cirugía que se requiere, el cáncer hará metástasis y el querido Ejército y el país colapsarán.

Colombia ... al iniciar 2020... la lucha por consolidar la paz...


LA POBLACIÓN CIVIL SIGUE CON MIEDO

“El 50 % de Bojayá está vedado para el Ejército”: alcalde

Edilfredo Machado dijo que le preocupa la llegada de las Agc, el reclutamiento de menores y los desplazamientos masivos. Amenazaron al líder social Leyner Palacios. Mininterior asegura que la Fuerza Pública tiene la zona bajo control.

El pasado 11 de noviembre fueron sepultados los restos de víctimas de la masacre de Bojayá en 2002. / AFP
Después de la denuncia comunitaria sobre la toma del territorio de Pogue, en Bojayá (Chocó), por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), asociadas al llamado Clan del Golfo, el pasado 31 de diciembre, el alcalde del municipio de Bojayá, Edilfredo Machado, aseguró que de los 13.000 habitantes que hay en el casco urbano y los corregimientos, unas 7.000 personas estarían afectadas por la presencia de las Agc.
Daniel Palacios, ministro del Interior (e), expresó que la Fuerza Pública hizo presencia en la zona el 2 de enero y que a la fecha “no existe una fuerza mayoritaria de 300 hombres” de esos grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo insistió en que desde octubre del 2019 advirtió por medio de alertas tempranas del alto riesgo que corre la población por la presencia de las Agc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
El coronel Darío Fernando Cardona, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que estará al frente de las tropas en el corregimiento de Pogue “hasta que sea necesario”. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el alcalde de Bojayá aseguró que “el Estado solo aparece cuando hay una emergencia o masacre” y que llevan años pidiendo asistencia integral por parte del Gobierno. Hablamos con él antes de que se conocieran las amenazas de muerte contra el líder social Leyner Palacios
Además de Pogue, ¿qué comunidades están confinadas?
La última comunidad que se han tomado las autodefensas fue Pogue, pero desde noviembre del 2019 veníamos alertando de la llegada de las Agc a las comunidades de La Loma de Bojayá, Boca, Opogadó y Cuía. Sabemos que están avanzando hacia las comunidades indígenas, hacia la ribera de los ríos Napipí, Opogadó, Bojayá y Cuía.
¿Cuáles son sus labores al respecto? ¿Qué se está haciendo?
En este momento tenemos confinadas alrededor de 7.000 personas que no pueden salir a realizar sus actividades diarias de pancoger. Esa población en su mayoría es indígena y está hacia la ribera de los ríos Cuía, Bojayá, Opogadó y Napipí.
¿Han podido hablar con alguien de la comunidad de Pogue? ¿Qué han dicho?
Lo que ellos nos han dicho es que desde el 2 de enero en la mañana, cuando llegó el Ejército Nacional a la zona, los grupos armados se fueron. En el casco urbano no están, pero sí en la zona rural alrededor.
Ustedes, desde la Alcaldía, ¿qué medidas han tomado frente al tema?
Es un tema muy complejo porque no está en manos del alcalde, pero hemos hecho la denuncia ante el Gobierno Nacional. Las alertas tempranas las hemos tenido desde hace más de un año, pero no se ha hecho absolutamente nada. El Estado solo aparece cuando ocurre algo, cuando hay una catástrofe, no hay asistencia integral.
¿Qué otras problemáticas sociales tiene la población?
En este momento nos tienen muy preocupados unos brotes en la piel de algunas personas de la población. Hay 7.000 personas afectadas directamente por los confinamientos, pero prácticamente somos todos, los 13.000, los que estamos confinados y no podemos salir a nuestros cultivos de pancoger, entonces tenemos mucha desnutrición. También hay niños que han venido presentando brotes en la piel que no hemos podido identificar.
La respuesta que han dado las autoridades fue reforzar la Fuerza Pública en la zona. ¿Usted cree que esa es la solución?
En Bojayá, en 2016, casi todos votamos a favor del Acuerdo de Paz porque creemos que la verdadera solución son el diálogo y la reconciliación. En este momento necesitamos intervención integral, no solo del Gobierno, sino de la comunidad internacional, pero que no sea solo refuerzo armado sino intervención integral. La confrontación armada no es la solución al problema.
Hay denuncias de algunas personas por la instalación de minas antipersonales en los territorios. ¿Qué lugares están siendo afectados?
Principalmente en Cuía hay sospecha de minas antipersonales y en otras 10 comunidades afros y 21 indígenas.
¿Hay zonas vedadas en Bojayá para el Ejército?
Sí, claro, las zonas donde operan los grupos al margen de la ley han estado vedadas siempre. Estimamos que es un 50 % de Bojayá que está vedado para el Ejército y para la misma población civil.
¿Cuál es la ruta de narcotráfico que ustedes creen que se mueve por Bojayá?
El principal río es el Napipí, porque se comunica con bahía Solano, en cuestión de cuatro horas se pasa del Pacífico al Atlántico. Además, la comunicación del canal interoceánico al Atrato Truandó se hace por Napipí. El territorio de Urabá es una ruta por la que se llega muy fácil a Panamá.
Frente al narcotráfico, ¿es verdad que no ha llegado el programa de sustitución de cultivos ilícitos al departamento del Chocó?
No solo el programa de sustitución de cultivos ilícitos que nos prometieron, sino ninguno de los proyectos del posconflicto ha llegado al Chocó. Ninguno. Necesitamos ayuda del Gobierno Nacional porque no nos ha cumplido.
¿Cuántas comunidades en Bojayá no tienen servicios públicos?
En este momento, las 33 comunidades indígenas que hay en Bojayá: ninguna tiene servicio de alcantarillado, acueducto ni energía eléctrica. Y el 100 % de la población, incluyendo resguardos y comunidades afros, no cuentan con servicio de agua potable, ni siquiera la cabecera municipal.
¿Usted cree que al Gobierno no le importa Bojayá?
El Estado colombiano es reaccionista y sólo responde cuando se presentan situaciones como la que hoy lamentamos en Pogue. Reacciona por la presión de la comunidad internacional y de los medios, pero no hay determinación de resolver los problemas sociales que padecen las comunidades.
¿Y el reclutamiento de menores?
No tenemos registro preciso de reclutamiento de menores en Bojayá, pero hay algo que nos preocupa mucho: el pasado 24 de diciembre, los únicos regalos que recibieron de Navidad muchos de los niños de nuestras comunidades fueron de las Agc. Las autodefensas llegaron a regalarles juguetes y a las familias les llevaron cerdos y reses, pero necesitamos que sea el Estado el que les supla esas necesidades a la comunidad.
¿Qué les ha dicho el presidente Duque sobre el tema?
Lo único que nos ha comunicado el general del Ejército es que él los envió para mejorar la seguridad en la zona, pero el presidente Iván Duque no se ha comunicado con la Alcaldía de Bojayá.
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"En Tumaco nada ha cambiado para bien después del Acuerdo de Paz": alcaldesa

De las 29 veredas en el río Chagüí, 26 tienen alertas de conflicto por la guerra entre los grupos armados ilegales. Desde el 11 de enero más de 4.000 personas han sido desplazadas desde veredas hacia zonas rurales de Tumaco.

Según estima la alcaldesa Angulo, actualmente la tasa de desempleo en Tumaco asciende el 70 %. Iván Muñoz
Tumaco es uno de los municipios colombianos con mayores índices de violencia y las cifras de desplazados son muestra de ello. Desde el 20 de diciembre, cerca de mil familias han sido confinadas y desplazadas a raíz de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. A pesar de que su tasa de homicidios se redujo un 20 % durante el tercer trimestre de 2019, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en la zona confluyen por lo menos 12 estructuras armadas que se mueven en zonas rurales y en el casco urbano del puerto.
En materia de elecciones regionales, este puerto del Pacífico nariñense ha contado por años con figuras omnipresentes de barones electorales. Uno de los ejemplos es el liberal Neftalí Correa Díaz, quien en 2016, cuando fungía como representante a la Cámara, fue destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos, pues la Procuraduría lo halló responsable de celebrar de manera irregular un contrato de dotación de internet, cuando fue alcalde de Tumaco.
Correa es el padrino político de María Emilsen Angulo (Partido Conservador), única mujer en llegar al cargo de alcaldesa en Tumaco. En diciembre de 2016 -durante su primer mandato como alcaldesa-, fue destituida por el Consejo de Estado, por tener una relación marital con el entonces subgerente del hospital San Andrés de Tumaco, Jairo Guagua; circunstancia que la inhabilitaba para aspirar al cargo. Sumado a esto, su figura fue fuertemente cuestionada por varios sectores políticos a nivel nacional luego de que Neftalí Correa fuera acusado por corrupción.
En diálogo con El Espectador, la alcaldesa habla de la situación de Tumaco, los desafíos que se deben cumplir y de los fantasmas políticos que la rodean.
¿Cuál es la radiografía de la situación de orden público en el municipio?
El fin de semana pasado hubo un episodio de desplazamiento de más de 1.000 familias, que con el paso de los días se está agravando. En este momento los grupos armados ilegales tienen control más que todo en la zona rural del distrito y la población, que sin lugar a dudas es la primera afectada. El sábado 11 de enero tuve que realizar un consejo de seguridad de emergencia a raíz de esto, en el cual participaron miembros de la Fuerza de Tarea Poseidón del Ejército. Sobre las cifras de cuántos grupos armados hay no contamos puntualmente con esos números, pero sabemos que nunca ha habido en la historia de Tumaco un desplazamiento de tal magnitud como el que se vive hoy.
¿A qué le atribuye la escalada de la violencia?
Las situaciones de violencia no son algo que se presentan como un fenómeno reciente en el territorio. El conflicto en Tumaco data de hace tres o cuatro décadas, debido a que llegaron los cultivos de uso ilícito, y como es de conocimiento general, los grupos al margen de la ley se alimentan del narcotráfico. Si eso se suma al hecho de que hay un índice de necesidades básicas insatisfechas muy alto -uno de los más altos del país-, con que las condiciones de vida son lamentables, no hay empresa, educación, salud y los cultivos lícitos no tienen mercado, pues al final hay un escenario en el que el cultivo de coca es una alternativa.
¿Cuáles dinámicas en el municipio han cambiado desde la desmovilización de las Farc?
Después de la firma del Acuerdo de Paz, lo que en su momento se llamó la guerrilla de las Farc no se fue nunca del territorio. Ahora se presentan con nombres diferentes, pero siguen en Tumaco, y además tenemos conocimiento de que nuevos grupos han llegado a nuestro territorio. Esto quiere decir que la situación no mejoró, sino que los problemas se acrecentaron. Sobre los cultivos ilícitos, vemos que estos crecen y decrecen (Un informe de Pares reporta que para 2018, Tumaco era el segundo municipio con más cultivos de coca en el país (16.046), detrás de Tibú), porque hubo un momento hacia 2017 cuando el gobierno Santos firmó un acuerdo de sustitución voluntaria con más de 17.000 familias de diferentes consejos comunitarios de Tumaco, pero desafortunadamente hoy, más de dos años después, los resultados son inaceptables porque no se cumplieron los compromisos de seguimiento para los proyectos productivos. Muchas familias erradicaron, pero no les llegaron los recursos para avanzar con los cultivos lícitos. Les dieron, por ejemplo, un subsidio de alimentación, pero como no tuvieron la posibilidad de sembrar cultivos lícitos, volvieron a los ilícitos. Es decir, que el Gobierno. En últimas, si me preguntan por un balance después del Acuerdo de Paz, debo decir que nada ha cambiado para bien.
¿Cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz en Tumaco?
 Enfocándonos en la sustitución de cultivos, el Gobierno ha empezado una política de erradicación que es muy mal vista dentro del territorio. Esta ha generado una serie de situaciones lamentables, como la que sucedió en una vereda de Alto Mira, llamada El Tandil, Tumaco, hace más o menos un año, cuando se presentó una masacre a raíz de enfrentamientos entre comunidades y erradicadores.
Retomando los temas electorales, ¿qué la motivó a seguir con la campaña de 2019 después de recibir amenazas?
Durante la campaña recibí una amenaza puntual que también iba dirigida a los líderes y dirigente de nuestro equipo político; eso me llevó a lanzar un comunicado en el que decía que ya no continuaría. Sin embargo, con el transcurso de los días, la gente siguió con el fervor y la alegría de la campaña, y los que creían en mis capacidades sentían que conmigo podíamos hacer un trabajo bonito por Tumaco. En algún momento sentí que estaba traicionando a mi pueblo. Todo indica que fue un grupo político el que mandó a unas personas para que me atemorizaran. Pasó eso, y con mi equipo dijimos que así nos costara la vida seguiríamos luchando ante las grandes crisis que vive Tumaco.
No es un secreto el rol de barón electoral que tiene Neftalí Correa en el Pacífico. Teniendo en cuenta que él es su padrino político, ¿qué papel simbólico tendrá el excongresista durante su administración?
Para mí el doctor Neftalí es una persona muy valiosa, y como alcalde de Tumaco su desempeño fue muy bueno. Quiero hacer grandes cosas y por eso debo rodearme de un buen equipo que me aporte consejos, sugerencias y que tenga experiencia. Esto, por supuesto, incluye a Neftalí, quien es un gran amigo al que respeto mucho.
¿Qué le respondería a sus detractores que no desligan su imagen con la de Neftalí Correa y su clan?
Ese tema no me preocupa mucho. Los enemigos buscan cualquier cosa para tratar de enlodar el nombre de una persona. Cuando uno toma la decisión de hacer política en este país, uno sabe que este tipo de cosas pueden pasar. Para mí sería muy interesante que los medios que le han dado tanta divulgación a los temas de esta persona y las personas que quieren hacer una mala imagen, vayan al territorio y averigüen acerca de las obras y escuchen la opinión de la gente en torno a todas las cosas tan bonitas que se hicieron en Tumaco durante su periodo. El dejó legados importantes y lo que les diría es que los invito a ver más allá de los comentarios mal intencionados para ver la esencia y la intención y servir.
¿Cuáles son las necesidades más primordiales que tiene Tumaco en estos momentos?
Lo que Tumaco más necesita en este momento es generación de empleo y de oportunidades para la gente. Hago un llamado al presidente para que al territorio llegue el Ministerio de Agricultura. Si ellos llegan en plenitud, cumplirían un papel protagónico a la hora de mejorar condiciones del municipio, porque tenemos potencialidades gigantescas, y en la medida que la exploremos, Tumaco puede cambiar. Si se trabaja en las producciones de palma de cera, cacao, plátano y coco, podríamos crear industrias que generen empleo. No podemos olvidar que tenemos al 70 % de la población desempleada, y así es imposible avanzar.  También creo necesario contar con vías terciarias alternativas. En estos momentos ya coordinamos eso con autoridades de Invías.