En este resguardo indígena de Buenos Aires (Cauca) hay 312 hectáreas de coca sembradas. Autoridades indígenas intentan prevenir que más jóvenes se vayan a trabajar a los cultivos ilícitos.
viernes, agosto 12, 2022
En Las Delicias piden que oponerse a la coca no les cueste la vida
SINTESIS: Informe DE la COMISIÓN DE LA VERDAD
El aporte de la Comisión: Una oportunidad de diálogo de país para parar la guerra (1)
Foto: Comisión de la Verdad. Foto: Camila Acosta AlzateEl 28 de junio del 2021, la Comisión de la Verdad presentó al país sus
principales hallazgos y recomendaciones para la no repetición del conflicto
armado, tras un trabajo de investigación y amplio proceso de escucha de cerca
de 30.000 personas, entre víctimas, responsables, empresarios, fuerza pública,
organizaciones sociales, poblaciones étnicas, afros, comunidad LGBTIQ+, academia
y adultos que siendo niños fueron afectados por este conflicto.
Este día, calificado como uno de los
hitos políticos más importantes de 2022, busca abrir el camino hacia un diálogo
de país muy necesario y pendiente alrededor no sólo de los factores de
persistencia que han impedido a Colombia salir del “modo guerra”, sino sobre la
necesidad urgente de pararla desde, primero, el dolor de las víctimas y,
segundo, el reconocimiento colectivo y sosegado de las responsabilidades que
como sociedad hemos tenido en esta guerra.
“Traemos un mensaje de esperanza y
futuro para nuestra nación vulnerada y rota”, fueron las palabras con las que
el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, inició la declaración
Convocatoria a la Paz Grande. El éxito de las comisiones de la verdad en el
mundo es, precisamente, lograr un efecto de unión y no división, aunque para
llegar a ello sea necesario un debate polémico. Esa es la idea.
En
sus palabras ante el Consejo de las Naciones Unidas, Francisco de Roux afirmó: “somos optimistas. Hay una juventud en
Colombia que ha tomado este legado. Una juventud por la paz y por la protección
de la vida en todas sus forma. Hay todavía un camino largo por recorrer, pero
Colombia lo ha emprendido, al estar aceptando sin miedo la verdad histórica de
su propia tragedia, y la determinación de mirar hacia adelante, hacia el futuro
que vamos a construir desde el aceptar de nuestras heridas, para enriquecer lo
que somos como cultura, como pueblo apasionado por la creatividad y el arte y
la libertad y la producción de la vida. Y que ojalá que la lección de Colombia
nos aleje de las guerras de todos los lados para siempre y nos lleva a buscar
apasionadamente la verdad y la dignificación del ser humano” ¡Bienvenido el
diálogo!
Mensajes
de la convocatoria
·
“Verdades incómodas que desafían
nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de
opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas,
de las etnias y del género”.
·
“Traemos una palabra que viene de
escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio;
de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a
quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales”.
·
“Un mensaje de la verdad para
detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento
de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por
ciento de las muertes han sido en combate”.
·
“Llamamos a sanar el cuerpo
físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y
ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón
infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca; las piernas destruidas en
Mapiripán; la cabeza cortada en El Salado; la vagina vulnerada en Tierralta;
las cuencas de los ojos vacías en el Cauca; el estómago reventado en Tumaco;
las vértebras trituradas en Guaviare; los hombros despedazados en el Urabá; el
cuello degollado en el Catatumbo; el rostro quemado en Machuca; los pulmones
perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el
Vaupés”.
·
“Esta nación tiene la riqueza
conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la
profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y
empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada;
tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de dos océanos y
miles de ríos, montañas y valles; la audacia de su juventud, el coraje de las
mujeres y la fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, los
afrocolombianos, los raizales, los palenqueros y los rom”.
·
“Estamos convencidos de que hay
un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No
podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas,
desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos postergar el día en que la paz
sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”.
·
“Un día quienes estamos aquí nos
iremos definitivamente. Que no nos vaya a llegar la partida estando los unos
separados de los otros. Que podamos irnos felices, porque dejamos una nación en
manos de ustedes jóvenes de la verdad y del futuro; una Colombia apasionada por
la vida, donde no habrá más odios ni muerte violenta ni guerras inútiles”
· Las interpelaciones que la Comisión le hace a la sociedad
·
¿Por qué el país no se detuvo
para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano
y negociar una paz integral?
·
¿Cuál fue el Estado y las
instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado?
·
¿Dónde estaba el Congreso, dónde
los partidos políticos?
·
¿Qué papel jugaron los formadores
de opinión y los medios de comunicación?
·
¿Por qué la seguridad que rodeaba
a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los
resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de masacres?
·
¿Hasta dónde los que tomaron las
armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su
decisión?
·
¿Nunca entendieron que el orden
armado sobre los pueblos y las comunidades que decían proteger los destruía, y
luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares?
·
¿Qué hicieron ante esta crisis
del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de los pastores y las mujeres de
fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros
obispos y sacerdotes, y comunidades religiosas y ministros?
·
¿Qué hicieron los educadores?
·
¿Qué dicen los jueces y los
fiscales que dejaron acumular la impunidad?
·
¿Qué papel jugaron los formadores
de opinión y los medios de comunicación?
·
¿Cómo nos atrevemos a dejar que
pasara y a dejar que continúe?
·
¿Por qué los colombianos y las
colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos
como si no fuera con nosotros?
·
¿Por qué vimos las masacres en
televisión día tras día como si se tratara de una novela barata?
·
¿Por qué la seguridad que rodeaba
a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los
resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de masacres?
·
¿Por qué la guerrilla, que se
presentaba como la salvadora del pueblo, cometió cientos de masacres en la
lucha por los territorios?
·
¿Cómo decir que somos humanos
cuando todo esto es parte de nosotros?
Estas son
solo algunas de las preguntas que se presentan en la declaración de la Comisión
de la Verdad y con las que se busca cuestionar a todos los actores de
la sociedad sobre su responsabilidad en la persistencia del conflicto armado. Y
es que el éxito de las comisiones de la verdad en el mundo es, precisamente,
lograr un efecto de unión y no división, aunque para llegar a ello sea
necesario un debate polémico.
Hallazgos
y recomendaciones de la Comisión de la Verdad
¿Cómo
superar el conflicto si no se conocen los hechos que lo anteceden? Volver al
pasado y reconstruir la memoria es indispensable para esclarecer y reconocer
las causas estructurales que fomentaron los patrones de violencia y las
violaciones a los derechos humanos en el país. Por ello, la Comisión de
la Verdad expone estos hallazgos que recogen las principales
conclusiones y reflexiones alrededor de 10 temas principales:
La
Colombia herida: la guerra
ha tenido impactos que han generado un trauma colectivo y una catástrofe
social. La dimensión del daño causado por la guerra en las vidas, las familias,
las comunidades y la Nación es inmenso.
Democracia: la
guerra afectó a la democracia y en general frenó las transformaciones
necesarias, mientras que la paz abrió la posibilidad de acuerdos y reformas
incluyentes. Paulatinamente, el país ha ido construyendo instituciones y
costumbres democráticas, pero aún falta mucho para estar al nivel de una
verdadera sociedad libre. A pesar de todos estos problemas, la democracia se
construyó en medio de los espacios que dejaba la guerra. Por eso la paz es un
requisito para que la democracia sea plena.
Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: los
actores armados, tanto del Estado como de los grupos guerrilleros y
paramilitares cometieron graves crímenes de guerra, tanto violaciones de
derechos humanos como infracciones al DIH. Aunque tuvieron objetivos y
proyectos políticos diferentes, todos provocaron daños a la población civil. La
guerra pasó de ser selectiva a indiscriminada.
Guerrillas: con su actuar, las
guerrillas no lograron una apertura del sistema político. La guerra misma, su
insistencia en ella y los métodos usados, destruyeron el ideario
revolucionario.
El
modelo de Seguridad: dicho
modelo terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de
las élites económicas en la guerra. Se trata de un modelo que está más centrado
en el cuidado de la propiedad que de las personas.
Paramilitarismo: la Comisión
ha comprendido que el paramilitarismo no ha sido solo un actor armado,
entendido como ejércitos privados. Ha sido más un entramado de intereses y
alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la
imposición de controles territoriales armados a través del uso de la violencia.
Narcotráfico: en Colombia el
narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína o marihuana
deben verse como protagonistas del propio conflicto armado y como un factor de
persistencia del mismo.
Impunidad: el
déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a violaciones
producidas contra millones de víctimas constituye un factor de persistencia del
conflicto armado. La impunidad aumenta la repetición de la violencia y debilita
la legitimidad de las instituciones, transmitiendo un mensaje de permisividad
de la violencia.
La
paz territorial: la guerra
transformó los territorios. Esa transformación ha sido el producto de múltiples
formas de violencia, en especial el desplazamiento forzado y el despojo, que
han modificado la propiedad de la tierra y el uso de los suelos, así como las
relaciones comunitarias, las dinámicas familiares, sociales y políticas de los
territorios rurales. Esto ha acelerado el proceso de urbanización del país,
profundizando las condiciones de pobreza.
Cultura
y conflicto armado: uno de los factores que
explica la emergencia y persistencia del conflicto armado es la herencia
cultural excluyente del otro, de los pueblos étnicos, del campesinado pobre,
del disidente y el contrario, justificando así la violencia contra determinadas
poblaciones o territorios, y marcando con violencia las relaciones políticas,
sociales y económicas.
Las
recomendaciones
De igual
forma la Comisión a entregado ocho recomendaciones con las que
se busca contribuir a definir una agenda de futuro para avanzar en un diálogo
en asuntos fundamentales como la reconstrucción de la confianza entre la
sociedad y las instituciones, de manera que aporte a la reconciliación y
garantice la no repetición del conflicto armado.
La
construcción de paz como proyecto nacional: la
Comisión de la Verdad hace un llamado al Estado a implementar en su totalidad
el Acuerdo Final de Paz. Además, se debe crear un Ministerio de Paz para
impulsar todas las políticas y actividades relacionadas con este propósito.
Garantizar
la reparación integral de las víctimas: reconocer
a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias; a la
vez, garantizar una reparación integral que atienda los impactos diferenciados
en cada una de ellas y que nos permitan avanzar en el proceso de sanación
individual y colectivo que debemos emprender como país para lograr la
reconciliación
Consolidar
una democracia amplia, incluyente y deliberativa: la Comisión le apuesta al
diálogo y la participación como mecanismos prioritarios para resolver
conflictos y garantizar los derechos fundamentales. Se busca profundizar la
democracia para la paz a través de la exclusión definitiva de las armas de la
política y la apertura a espacios de participación para los sectores excluidos.
Enfrentar
los impactos del narcotráfico y de la política de drogas: es
urgente replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos
políticos, económicos, éticos y jurídicos que lleven a debates de fondo, tanto
a nivel nacional como internacional, y permitan avanzar en la regulación del
mercado de drogas y superar el prohibicionismo.
Superar
la impunidad y mejorar el acceso a la justicia local: se debe
dar un mensaje en contra de la violencia y a favor de los derechos de las
víctimas; además, se recomiendan ajustes y medidas en el ámbito de la justicia
penal y a la institucionalidad que provee servicios de justicia.
Una
nueva visión de seguridad para la paz: es fundamental que se haga una reflexión
sobre la visión y el sector de seguridad y defensa, que permita avanzar en las
transformaciones institucionales que se requieren para responder a un nuevo
propósito: la construcción de paz.
Contribuir
a la paz territorial: se deben
garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las comunidades y
construir una visión compartida de territorio y de futuro, para superar la
desigualdad estructural del país que ha sido profundizada por el conflicto.
Lograr
una cultura para vivir en paz: como
sociedad, es necesario hacer el compromiso de transformar los valores, los
principios y las narrativas que hacen parte de nuestra cultura y que han
contribuido a la persistencia de la violencia, de manera que podamos construir
nuevas formas de vivir en paz.
Decálogo de Reconciliación
La Comisión propone
un Decálogo de Reconciliación que busca evitar la continuidad
del conflicto armado y construir la reconciliación necesaria para propender por
la no repetición del conflicto.
ü
Aceptar la verdad como condición
para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad.
ü
Tomar la determinación de nunca
más matarnos y sacar las armas de la política.
ü
Aceptar que somos muchos —en
diverso grado, por acción o por omisión— los responsables de la tragedia.
ü
Respetar al otro, a la otra, por
encima de las herencias culturales y las rabias acumuladas.
ü
Tener en cuenta la herida del
otro y sus preocupaciones e intereses.
ü
Construir de tal manera que el
Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio
de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas.
ü
Que esto lo vamos a construir
juntos o no habrá futuro para nadie, y para ir juntos tenemos que cambiar.
ü
Que el actual Estado se transforme
en un Estado para la gente, que los políticos paren la corrupción, que los
empresarios no excluyan de la participación en la producción a una multitud que
reclama el derecho a ser parte, que los que acaparan la tierra la entreguen;
que cambien todos los que colaboran con el narcotráfico, con la guerra, con la
exclusión, con la destrucción de la naturaleza.
ü
Que no haya más impunidad.
ü
Que los que siguen en la guerra
entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola porque no permite la
democracia ni la justicia y solo trae sufrimientos. Que tenemos que construir
desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva para que seamos
posibles hoy y en las generaciones de mañana.
El
legado de la Comisión de la Verdad para el país
Las voces de las víctimas, el proceso de
investigación y de escucha plural ya se pueden consultar en
www.comisiondelaverdad.co. La plataforma digital o transmedia apostó por
recoger el trabajo de todo el mandato de la Comisión de la Verdad, fuentes y
detalles que dieron como resultado un Informe Final con 10 capítulos y una
declaración. Al ser una de las primeras comisiones en el mundo que ha
desarrollado su mandato en la era digital, esta plataforma es un precedente y
una apuesta por entender desde un punto de vista más humano y una postura más
emocional lo que nos sucedió en este conflicto, así es como lo dice Olga
Lozano, directora de esta novedosa apuesta digital.
Una narrativa multimedial con videos, fotos,
audios, líneas de tiempo e incluso con realidad aumentada 360º, permite que los
usuarios se acerquen a los impactos del conflicto en municipios, universidades,
escuelas y otros espacios, así como a las huellas de la violencia y las
historias de superación de quienes experimentaron los hechos.
El sitio web cuenta a la fecha con 15 secciones,
pero en la medida que se publiquen nuevos volúmenes irá creciendo. Hay Futuro
Si Hay Verdad es la sección que permite descargar los capítulos del Informe y
la Declaración de Francisco de Roux, presidente de la Comisión. Cada volumen
tendrá una sección que enriquece el relato con material y documentos multimedia
complementarios.
El período de socialización del Informe Final irá
hasta el 28 de agosto, pero el camino trazado deja un legado que también está
conformado por activaciones artísticas, culturales y académicas, manifestadas
en obras de teatro, mercadillos por la verdad, tejidos, batucadas, rutas por
los ríos y demás acciones que han narrado el proceso de más de tres años y que
ahora contribuirán a difundir y apropiar los hallazgos y recomendaciones del
Informe Final.
Como parte de su legado, la Comisión deja un
Archivo de Derechos Humanos con los documentos, informes y testimonios públicos
que podrán ser consultados y referenciados y, a su vez, una serie de
publicaciones:
- Novelas gráficas sobre el reconocimiento de
responsabilidades, sobre contribuciones de responsables e historias de los
impactos del conflicto. Algunas de estas son: Un camino hacia la verdad y
Verdades que liberan.
- Cartillas, manuales e infografías sobre los enfoques
y el despliegue de la Comisión. Muestra de ello es: el Manual de formación en
Enfoque Psicosocial.
- Libros en alianza con otras instituciones, tales
como Verdades en convergencia. Al igual que Una maleta colombiana y La fuerza
de esta voz como otros ejemplos. También se elaboró la Guía para periodistas
con las claves para comunicar el proceso, el Informe Final y el legado de la
Comisión de la Verdad.
Para acceder a estos contenidos que se elaboraron
desde las diferentes direcciones de la Comisión, en la plataforma digital deben
seleccionar la opción ‘Versión anterior del sitio web’ y en el menú deberán dar
clic sobre ´Publicaciones´ para así visualizar y descargar diferentes
contenidos publicados durante todo el mandato.
[1] Como tal, cualquier parte de este anexo debe ser citado RECONOCIENDO COMO FUENTE a La Comisión de la Verdad, pues fue construido a partir del cruce de varios textos publicados por varios autores en diversos diarios impresos en Colombia, el 31 de Julio de 2022, quienes a su vez partieron de un documento elaborado por la misma Comisión. El autor se limitó a darle un orden para su presentación.
1.281 personas han sido las dueñas del poder en Colombia
La investigadora Jenny Pearce de la prestigiosa universidad inglesa London School of Economics y el profesor de la Javeriana Juan David Velasco lideraron un gran estudio sobre el perfil de las élites en Colombia desde 1991. El Espectador habló con Pearce sobre los hallazgos de su investigación.
Jenny Pearce investiga a la sociedad colombiana desde hace décadas.
Foto: Cortesía
La investigación
asegura que desde 1991 solo el 0,02 % de la población ha direccionado el rumbo
de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. Además, documenta que 68
familias han manejado la política y que aún prevalece el patriarcado en la
cúpula del poder público. El estudio perfila quiénes y cómo son las élites que
han ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, las
altas cortes, el Congreso, los gremios económicos y los propietarios de las
empresas más grandes del país. El Espectador entrevistó a la
profesora Jenny Pearce al respecto.
Usted es investigadora de una de las universidades más prestigiosas del
mundo, como el London School of Economics. ¿Por qué una académica inglesa se
interesó en estudiar las élites colombianas?
El enfoque de mis estudios en América Latina ha sido la violencia. Se
necesita más participación e inclusión en la sociedad para transformar las
condiciones que reproducen las violencias. Soy politóloga, pero me considero
también una antropóloga de la paz. La violencia y sus múltiples expresiones
impactan más sobre las comunidades pobres, pero son los que tienen más poder y
riqueza los que determinan la orientación de la economía y los valores que
sustentan las diferenciaciones sociales, económicas y políticas. Aunque
llamamos “élite” a los que tienen ese poder, lo hacemos con poca precisión, a
pesar de una larga historia de debate intelectual. América Latina tiene un
problema de violencia aguda y preocupante. También es la región más desigual
del mundo. Colombia es el más desigual de los países de la OCDE y el segundo
más desigual entre 18 países de América Latina, según el Banco Mundial.
Desigualdad, violencia y élites son temas conectados.
¿Exactamente qué quiso explorar en su investigación?
Desde los años 70 he venido a Colombia para estudiar este país que
aprecio muchísimo. De ahí surgió mi interés por estudiar las “élites” de acá,
pues es un reto enorme entender por qué en cuatro décadas los niveles de
desigualdad social se mantienen casi iguales, a pesar de que las personas más
ricas ya no son las mismas. Antes los más adinerados eran Carlos Ardila Lülle y
Jaime Michelsen Uribe, y hoy son Luis Carlos Sarmiento y Jaime Gilinski. Algo
semejante ocurre con el poder político: los presidentes han tenido diferentes
orígenes, algunos pertenecen a familias presidenciales bogotanas (Pastrana y
Santos) y otros vienen de la provincia (Gaviria y Uribe). Entonces, vemos un
cambio en la composición de las élites, pero no transformaciones reales en la
desigualdad y la violencia. Ahora, es necesario entender mejor el concepto de
“élite”, no para fomentar odio o rabia contra los poderosos, sino para generar
un debate sobre cómo la concentración de poder político, social y económico se
relaciona con factores que reproducen violencias e impiden transformaciones
necesarias para una sociedad.
mapa del poder político en Colombia desde 1991
Foto: Cortesía de Jenny Pearce
A propósito de violencias, Colombia ha intentado muchos procesos de paz.
¿Qué encontró su investigación sobre cómo se comportaron los dueños del poder
en estos intentos?
Colombia es el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz
firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo.
Precisamente, desde los años 80 hasta ahora se han desarrollado 16
negociaciones de paz y se han desmovilizado más de 75 mil excombatientes. Con
las Farc ocurrió el Acuerdo de Paz más amplio y sofisticado, pero a pesar de
esto el país se encuentra en una nueva fase de conflicto armado, con
indicadores que podrían asemejarse a lo que ocurría a finales del siglo XX e
inicio del siglo XXI en cuanto al número de masacres, la oleada de
desplazamientos forzados masivos de poblaciones, confinamiento,
descuartizamientos, etc. Por eso en nuestro estudio planteamos que no sería
posible hacer una paz completa y reducir todas las expresiones de violencia si
las élites no se comprometen a construir un Estado de derecho equitativo en
todos los territorios, acepten una tributación más progresiva y se construya
una seguridad pública y humana accesible a todos y todas que trascienda la
protección de fincas, empresas y sitios de recreo. La seguridad debería
proteger la democracia y la participación de la ciudadanía.
Aproximarse a esos grupos de poder es tarea difícil. ¿Cómo hizo esta
investigación que es la primera en Colombia en documentar con nombres y
apellidos quiénes han sido los dueños del país en los últimos 30 años?
En Colombia se han utilizado múltiples apelativos para referirse a las
personas que mandan. En ningún otro país he visto esa abundancia de términos
como cacaos, delfines, clanes, caciques, notables, barones, etc. Por eso, un
primer paso consistió en tener claridad conceptual. Preferimos el concepto de
“élites” que significan individuos, familias y redes que tienen la capacidad de
dictaminar y reproducir los principios de dominación en una sociedad. Para
identificarlos construimos un banco de datos que examinó el período entre 1991
y 2022. Así, buscamos a las personas que habían ocupado los máximos cargos en
las diferentes ramas del poder público. En el Ejecutivo se tuvieron en cuenta a
presidentes, ministros y gobernadores; en el Legislativo a congresistas con dos
o más reelecciones; en la Rama Judicial a los magistrados de las seis altas
cortes, el fiscal general, el jefe del Ministerio Público, el contralor y el
defensor del Pueblo.
¿Y en el poder económico qué observaron?
Identificamos a los propietarios o accionistas principales de las
empresas más grandes de Colombia, según el ranquin que publica Semana y la
Superintendencia de Sociedades. Igualmente, miramos quiénes habían ocupado las
dirigencias de los gremios económicos más influyentes en el sector agropecuario,
industrial, comercial, de servicios y financiero. Vale la pena destacar que
también se midió la tecnocracia, con cargos como el ministro de Hacienda, el
director de Planeación Nacional y el Banco de la República (gerente general y
miembros de la junta directiva). Toda la información que obtuvimos es
verificable, pues la obtuvimos de respuestas a derechos de petición, registro
de prensa y datos oficiales publicados en las páginas de las entidades públicas
y privadas que estudiamos. Debo agradecer a mi equipo de trabajo en Colombia,
que estuvo liderado por el profesor de la Javeriana Juan David Velasco Montoya.
También hicimos muchas entrevistas en Bogota, Medellín y Cali.
¿Cómo definiría a los dueños del poder en Colombia? ¿Cuáles son sus
características principales? ¿Y esas características cómo pueden explicar la
realidad de Colombia, sus problemas políticos y de corrupción, el manejo
clientelista del poder local? Es decir, ¿ese diagnóstico sobre las élites da
razones nuevas para explicar por qué Colombia tiene tantos problemas y una
democracia tan frágil?
Según el Banco de Datos, aproximadamente el 0,02 % de la población
decide la dirección del país y la economía. Encontramos que así sean un número
restringido, realmente las élites colombianas son dispersas y fragmentadas. Por
eso en el estudio utilizamos el concepto de “constelación” para concluir que en
la historia nunca un grupo de poder ha sido completamente hegemónico debido a
las fracturas regionales, los orígenes sociales diversos, sus visiones de
género distintas, las áreas de controversia permanentes sobre los impuestos, el
modelo aperturista o proteccionista de la economía y la forma de construir
Estado en los territorios. De manera que las constelaciones de élites pelean
entre sí y se disputan frecuentemente quién dicta los principios de dominación.
Por ejemplo, la élite judicial fue crucial para evitar que Álvaro Uribe pudiera
perpetuarse en el poder, a pesar de que tenía mayorías en el Congreso y una
aprobación ciudadana del 80 % al finalizar su mandato. Esta misma élite
judicial fue clave para el desarrollo del Acuerdo de Paz con las Farc, al cual
diversos sectores ligados al uribismo se opusieron por distintas razones.
Además de esas diferencias, ¿encontraron ustedes puntos en común entre
esas élites?
A pesar de la fragmentación hay diversos temas sobre los cuales las
élites han construido acuerdos básicos. Por ejemplo, la sacralización de la
propiedad privada, el apego a las reglas de juego de la democracia
representativa, la orientación de la política exterior hacia Estados Unidos y
la primacía social y cultural de los hombres blancos que nacieron en la región
Andina y se educaron en universidades privadas de Bogotá. Es relevante apuntar
que cada constelación tiene rasgos particulares: la élite económica y
tecnocrática es más cerrada, pues se trata de hombres blancos que estudiaron en
la Universidad de los Andes y en el extranjero; la élite judicial ha permitido
una mayor movilidad social, pues los magistrados han incluido a más mujeres,
indígenas, negros y personas de la región Caribe. La investigación nos mostró
que las personas que mandan aquí siguen educándose en las universidades
privadas de Bogotá: Los Andes predominan en la tecnocracia y las dirigencias
gremiales; la Javeriana en ciertos ministerios, y el Externado en la mayoría de
las altas cortes.
¿Qué tan diferentes son nuestras élites con respecto a las del Reino
Unido, por ejemplo? En otros términos, ¿hay diferencias notorias entre las
personas más poderosas de Colombia y las de los países europeos?
Cuando empecé a trabajar en Colombia en los años 70 vi similitudes en lo
que se podría llamar el “clasismo inglés y colombiano”. Sin embargo, las
historias son muy diferentes. En Inglaterra la élite aristócrata latifundista
fue derrotada políticamente -aunque no socialmente- en la guerra civil del
siglo XVII. Los principios de dominación allí han incluido un fuerte poder
cultural y social que logró construir un sentido de Nación bajo la hegemonía de
la coalición de comerciantes e industriales, que buscaron dominar “las olas del
mar”. En Colombia se ha hecho muy difícil construir una nación, porque las
coaliciones entre élites tienden a ser muy inestables. También por la
subrepresentación de la sociedad en los cargos directivos del Estado y la
economía. Por eso, cuando se logran consensos como en el Frente Nacional, se
excluyen -y con violencia del Estado- a enormes sectores de la población,
generando así espacios para las contestaciones violentas e insurreccionales.
Gustavo Petro ganó la Presidencia con promesas de cambio profundo en el
modelo agrario. Según su estudio, ¿ve posible que el gobierno que llega pueda
sacar una agenda reformista tan ambiciosa?
Petro tiene la oportunidad histórica de unir a dos países diferentes. Si
se analiza el patrón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022
se observa que ha logrado consolidar mayorías electorales en el Pacífico y el
Caribe, dos regiones donde se ha concentrado la violencia y la desigualdad.
Pero también ha enganchado en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa
Marta y Cali. En ese sentido, puede impulsar una amplia coalición de sectores
urbanos y rurales. Sin embargo, el peso de la historia es fuerte, pues en
Colombia desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pasando por los mandatos
de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, hasta el punto uno del
Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se presentaron frenos e incluso
retrocesos en los planes de redistribución de la tierra. Entonces surge la
pregunta: ¿será sostenible el plan de reforma agraria teniendo en cuenta esos
vetos históricos por parte de ciertas élites regionales? La clave estará en la
celeridad con la que hagan la reforma, la solidez del catastro multipropósito,
la fijación de altos impuestos a los latifundios improductivos, la eficacia
administrativa de las diferentes agencias estatales y asegurar que haya
alternativas a la violencia para resolver los conflictos agrarios.
También hay mucha expectativa sobre los cambios que vendrán en el modelo
extractivista, de pensiones y de salud. ¿Cómo lo analiza usted?
Si se analiza el ranquin que publica la Superintendencia de Sociedades
sobre las empresas con mayores ingresos operacionales, veremos que en la cima
de la lista están aquellos holdings financieros, compañías
petroleras y EPS que se perjudicarían directamente con estas iniciativas
presidenciales. En términos estadísticos, podemos estimar que llegaría a
afectar a las personas jurídicas que controlan más del 40 % del PIB, si lo relacionamos
con el tamaño de los activos y los ingresos operacionales de estos en 2021. Es
decir, si Petro cumple a cabalidad con lo que se comprometió en campaña sobre
descarbonización de la economía, pensiones y EPS, se echaría encima a los
poderes económicos más fuertes. La gran incógnita es cómo reaccionaría lo que
llamamos la élite oligárquica por la importancia que dan a la defensa de su
riqueza, pues nunca en la historia de Colombia un presidente llegó a la Casa de
Nariño con unas propuestas de reforma tan ambiciosas en diferentes frentes a la
vez.
Finalmente, quisiera preguntarle por el rol de las mujeres en las
cúpulas del Estado y la economía. ¿Cuáles son los hallazgos en esa materia que
más le llaman la atención en su investigación?
Las mujeres siguen estando ampliamente subrepresentadas en cargos de
dirección públicos y privados. El estudio mostró que de 1.281 personas que
integran las élites colombianas en las últimas tres décadas, solo 178 eran
mujeres, es decir, el 14 %. En el Ministerio de Hacienda, la gerencia general
del Banco de la República y la Defensoría del Pueblo nunca se han elegido a
mujeres en la historia. En gremios tan importantes como la Andi, Fasecolda,
Fenalco, Fedepalma y Fedegán, por citar algunos ejemplos, tampoco ninguna mujer
ha sido elegida presidenta. Un contraste se da en la JEP, donde casi la mitad
de la magistratura está conformada por mujeres. En eso el estudio arrojó que la
élite judicial ha sido la más incluyente en temas de género.
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9
ORIGINAL DE https://www.elespectador.com/politica/1281-personas-han-sido-las-duenas-del-poder-en-colombia/