jueves, enero 31, 2019

UN RELATO, NECESITAMOS CONSTRUIR UN RELATO COMÚN #Colombia #PostConflicto

Entre las muchas cosas para las que sirve la literatura es para armarnos un relato de nación. Malcom Deas, uno de los historiadores más importantes que ha estudiado Colombia, hizo ese libro maravilloso Del poder y la gramática, donde muestra que somos un país de gramáticos. Muchos de los presidentes tuvieron ese delirio de escritores, poetas o trovadores, como el mismo Uribe. ¿Usted cree que hace falta que la literatura nos cuente más de nuestro país por fuera de esa historia oficial? ¿Cree que sí sirve para esto?
Sí, claro. Toda sociedad es un tejido de historias. Ricardo Piglia tiene en alguna entrevista un pasaje muy bueno en el que dice que si en algún momento uno descubriera la capacidad mágica de enterarse de todas las historias que la gente se está contando, ahí tendría una comprensión de lo que es un país de forma mucho más intensa y mucho más profunda que cualquier número de estadísticas o análisis político o electoral. ¿Qué pasa con esto en el caso colombiano? Yo creo que la historia que nos hemos contado ha estado llena de vacíos, llena de mentiras, llena de medias verdades, llena de distorsiones. El hecho de que hoy en día estemos debatiendo todavía cuántos muertos hubo en la masacre de las bananeras y el hecho de que una congresista diga que eso es un mito de la narrativa comunista, significa que todavía estamos dando la pelea por el relato, por el relato que es nuestra historia, y la literatura tiene mucho que hacer ahí. En gran parte lo que mis novelas han tratado de hacer siempre es iluminar partes de nuestro relato que para mí han quedado a oscuras o han sido distorsionadas. He dicho muchas veces, en estos últimos meses, que una de las cosas que se estaban negociando en La Habana era un relato, y esto es muy importante porque creo que eso forma parte de lo que llamamos reconciliación y forma parte de cualquier escenario de posconflicto que queramos imaginar, que es la idea de que el relato de nuestra guerra no es el mismo dependiendo de quien lo cuente. El retrato es uno si lo cuenta una víctima de la guerrilla, es otro si lo cuenta una víctima del paramilitarismo, si lo cuenta un habitante de las ciudades es uno, si lo cuenta un habitante de las zonas rurales más golpeadas por la violencia es otro, y creo que es una responsabilidad de la literatura, del periodismo, de la historiografía contar todo esto. Tenemos que encontrar espacios donde todas las historias quepan. La única manera de contar la gran historia de un país es abrir un espacio donde todas las historias valgan, donde las personas tengan una idea de que su historia, su narrativa, lo que ha pasado, es válida y tiene derecho a existir. Y parte de eso es la novela. Por eso, yo admiro tanto Los ejércitos, la novela de Evelio Rosero, porque es un intento por contar esas historias de nuestra guerra, que no se han contado, desde la ficción y darles un derecho a existir que no han tenido antes o que han tenido difícilmente.




Sin embargo, la figura del escritor ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuál cree que es la figura del escritor hoy?
Nunca he pensado que un escritor tenga obligaciones, pero eso no quiere decir que no las sienta como ciudadano. Por eso hago una separación muy clara entre el novelista y el ciudadano que quiere participar por interés, por curiosidad y por pasión en el debate público. Siempre he respetado a los escritores que se esconden, de tiempo completo, en la creación literaria y renuncian o se niegan a ensuciarse con el barro de la vida política de todos los días, pero yo no soy capaz de ser ese escritor. Yo sigo teniendo una noción de compromiso, que la muestro es en mi faceta como periodista y cuando asumo esa máscara, lo que estoy haciendo es tratar de convencer, tratando de dar respuestas, tratando de darles voz a ciertas certidumbres y todo eso es una ética muy distinta a la ética del novelista, porque el novelista escribe justamente porque nada tiene sentido, porque no tiene certezas, porque se hace preguntas, no porque tiene las respuestas y por esta razón es que al mismo tiempo mis novelas se meten con ese barro de la política, con las oscuridades, las complejidades, la suciedad de nuestra relación con el mundo público, con el mundo político. Así es la única manera en que yo entiendo este oficio.

POR DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ.
FOTOGRAFÍA RICARDO PINZÓN 
REVISTA BOCAS

completa en  https://www.eltiempo.com/bocas/juan-gabriel-vasquez-entrevista-biografia-revista-bocas-306638

lunes, enero 14, 2019

Corte de cuentas a Diciembre 2018 del acuerdo de paz con las Farc (Victimas, Verdad, Desaparecidos, JEP)


COMPONENTE VICTIMAS
Comisión de verdad
  • Qué dice el AcuerdoEl Acuerdo crea esta Comisión, que tiene la función de investigar qué pasó en Colombia en todas estas décadas de guerra y convocar audiencias públicas para oír a todas las partes involucradas, para construir un informe que le cuente al país cuál es la verdad detrás de lo sucedido.
  • Qué ha hecho el Gobierno Duque para modificarlo: Se lo dejó a UribeHasta ahora el Presidente no ha intentado cambiar este punto. Días antes de llegar a la Presidencia Duque se reunió con Pacho de Roux, el presidente de la Comisión y le dijo que el Gobierno apoyaría su trabajo. En el presupuesto del 2019 quedó con 81.480 millones de pesos.
  • Qué ha dicho Duque sobre modificarloAunque Duque no ha hablado de cambiar este punto, desde su partido, el Centro Democrático, sí intentaron cambiarlo. Como lo contamos, el año pasado el representante antioqueño del uribismo, Óscar Darío Pérez, presentó un proyecto de acto legislativo para que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP no pudieran pedirle a las entidades públicas información sobre operaciones militares, estatales, de inteligencia y de contrainteligencia. Eso bajo el argumento de que hacerlo ponía en riesgo la seguridad nacional.Impedirlo podría quitarle herramientas al sistema que creó el Acuerdo para conocer la verdad de lo que pasó en el conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de los militares.El Gobierno dijo que no conocía el proyecto y a finales de octubre el representante Pérez lo retiró.
  • Qué se hizo en 2018: Este año la Comisión de la Verdad hizo reuniones en nueve regiones del país con víctimas, organizaciones sociales, empresarios, ex combatientes de las Farc y de otros grupos armados, entre otros sectores, y tuvo su lanzamiento oficial en noviembre. A partir de entonces arrancaron a correr los tres años que tiene para presentar un informe que intente explicarle al país lo que pasó en 50 años de conflicto.
  • Qué falta: Falta toda la etapa de construcción del informe, que dura tres años. Para eso, los once comisionados se repartirán en nueve regiones y en dos áreas temáticas (exilio y grupos étnicos) así: Ángela Salazar, el Pacífico; Alfredo Molano, la Orinoquía y Amazonía; Saúl Franco, el Nororiente; Marta Ruiz, el Caribe e Insular; Alejandra Miller, la región Surandina; Lucía González, el Magdalena Medio y Alejandro Valencia, Antioquia y Eje Cafetero. Carlos Beristain será el encargado del exilio y Patricia Tobón de territorios étnicos.
  • Quién se encargaLa Comisión de la Verdad

Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas

  • Qué dice el Acuerdo:En este punto el Acuerdo crea esta Unidad de búsqueda y dice que se encargará de “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entre digna de los restos”.
  • Qué ha hecho el Gobierno Duque para modificarlo: Se lo dejó a Uribe.Hasta ahora el gobierno Duque ha mantenido la dinámica que venía con la Unidad.
  • Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Aunque el Presidente no ha hablado de cambiar este punto y de hecho su alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, dijo en agosto que el Gobierno está comprometido con impulsar el trabajo de la Unidad, desde la bancada del Centro Democrático sí intentaron cambiarlo. Como lo contamos, el año pasado el representante antioqueño del uribismo, Óscar Darío Pérez,presentó un proyecto de acto legislativo para que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP no pudieran pedirle a las entidades públicas información sobre operaciones militares, estatales, de inteligencia y de contrainteligencia. Eso bajo el argumento de que hacerlo ponía en riesgo la seguridad nacional.Impedirlo podría quitarle herramientas al sistema que creó el Acuerdo para conocer la verdad de lo que pasó en el conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de los militares.El Gobierno dijo que no conocía el proyecto y a finales de octubre el representante Pérez lo retiró.
  • Qué se hizo en 2018: Luz Marina Monzón se posesionó como directora de la Unidad en febrero. En el primer semestre del año la Unidad tenía diez funcionarios que inicialmente ayudaron a conseguir oficina, a buscar personas que entraran a trabajar y en general, a armar la estructura de la entidad. El 2 de agosto, cinco días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Juan Manuel Santos dejó firmado decreto que creó la estructura interna de la Unidad de Búsqueda y las funciones de cada una de sus dependencias. Un mes después, el ministerio de Hacienda ya bajo Duque comenzó a darles la plata para que entrara formalmente en operación. En total, según cifras que la Unidad le pasó a La Silla, fueron 10.300 millones de pesos que les fueron entrando hasta diciembre. Paralelo a eso, la Unidad comenzó a acercarse a las familias de desaparecidos. En total lo hicieron con 500 familias en 13 departamentos. Esos encuentros sirvieron para hacer acercamientos como antesala para el Plan Nacional de Búsqueda, que es el que debe abordar cómo será el paso a paso para buscar personas dadas por desaparecidas en el conflicto. De esas reuniones salieron sugerencias cómo, por ejemplo, que la lógica de búsqueda no debería ser por departamentos sino por regiones que pueden incluir más de dos departamentos; o que las intervenciones en territorios sagrados (por ejemplo, exhumaciones) deben hacerse teniendo en cuenta las cosmovisiones de los indígenas, etc. Paralelamente, también se han sentado con representantes de la Farc que viven en los Espacios de Capacitación para que ellos ayuden a recopilar la información de los desaparecidos con los ex combatientes; lo mismo han hecho con el Centro de Memoria Histórica, Medicina Legal, Fiscalía y Unidad de Víctimas. Con estas últimas entidades han firmado convenios para que puedan acceder a la información sobre desaparecidos.
  • Qué falta: En este momento hay 95 personas de planta trabajando para la Unidad, pero la idea es que sean 522, según cifras que nos pasó esa entidad. Todo ese personal es necesario para empezar el trabajo en terreno, para terminar de armar el Plan Nacional de Búsqueda y arrancar a aterrizarlo.
  • Quién se encarga:La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Jurisdicción Especial de Paz

  • Qué dice el Acuerdo:El Acuerdo crea esta Jurisdicción y dice que “estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
  • Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se lo dejó a Uribe.Aunque el Gobierno no le ha hecho cambios a este punto, su partido sí intentó hacerlo. La senadora uribista Paloma Valencia presentó en septiembre una reforma constitucional que buscaba crear nuevas salas y secciones en la JEP para procesar a militares, un ajuste grande al Acuerdo y un caramelo para los militares en líos penales. Sin embargo, como lo contamos en La Silla en noviembre, un pacto que se selló en la Comisión Primera de Senado entre las bancadas pro paz y de oposición (salvo el Polo que votó en contra y la Farc que no votó porque estaba impedida), logró evitar que se crearan esas nuevas salas y en su lugar acordaron dos cosas, aunque aún le quedan más debates. Primero, que a las salas que ya existen puedan entrar 14 magistrados nuevos seleccionados por un nuevo mecanismo (aunque el uribismo dejó la constancia de que pueden pedir que sean más); segundo, que la sola confesión de una persona ante la JEP no puede ser la única prueba para que se condene a otro que no acepte su responsabilidad ante ella, como puede pasar con muchos militares. Frente a este debate, el gobierno de Duque o se metió ni se pronunció. Se lo dejó a Uribe.
  • Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Duque ha tenido un discurso duro frente a la JEP, en lo que tiene que ver con los ex comandantes de las Farc que no se han presentado personalmente como “El Paisa” e Iván Márquez. Frente al caso Santrich, que también toca a la JEP porque están por definir si le aplica la garantía de no extradición, Duque ya dijo que estaría dispuesto a firmar su extradición.
  • Qué se hizo en 2018:El año pasado, de acuerdo con cifras a diciembre que le pasó la JEP a La Silla, en total suscribieron actas de compromiso para acogerse al sistema 9.676 ex combatientes de la Farc, 1927 de la Fuerza Pública y 35 agentes del Estado. La JEP recibió 148 informes escritos de organizaciones sociales, víctimas e instituciones del Estado y un informe oral, además de los de la Fiscalía.El año pasado fue clave además porque por primera vez el país oyó los testimonios en audiencias de varios ex secuestrados como Ingrid Betancourt, Alan Jara, el excongresista Luis Eladio Pérez y el general (r) de la Policía Luis Herlindo Mendieta, entre otros. También asumió casos claves en los que se juega su legitimidad como la presentación ante la JEP del general Mario Montoya, ex comandante del Ejército del ex presidente Álvaro Uribe y la pieza clave para entender el escándalo de los falsos positivos. Aunque Montoya dijo que no tenía ninguna responsabilidad en ese caso. Al mismo tiempo, fue el año en el que las Farc comparecieron por primera vez ante este sistema de justicia en una audiencia que abrió formalmente el primer macro caso de la JEP, sobre secuestros. A esa sesión fueron Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Los otros 28 exguerrilleros llamados a comparecer presentaron poderes con sus abogados.
  • Qué faltaEste año la JEP tendrá en sus manos una decisión que puede golpear el futuro del Acuerdo y es el caso Santrich. El 28 de enero se vence el plazo que la JEP se puso a sí misma para que la Fiscalía de Estados Unidos les responda la carta rogatoria que le enviaron pidiéndole las pruebas que sustentan el ‘indicment’ con el que la justicia norteamericana acusó a Santrich de narcotráfico. Si la justicia de ese país decide no contestarles nada para esa fecha, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP puede decretar pruebas por su cuenta, y tendría que pedirle a las partes involucradas en este caso (Santrich y su defensa y a la Procuraduría) que presenten sus alegatos. No quedó un plazo establecido para que la JEP decida si a Santrich le aplica la garantía de no extradición, pero si llegara a decidir que no le aplica, eso le daría una excusa a los ex comandantes ausentes como Iván Márquez y ‘El Paisa’ para decir que no tienen garantías y retirarse definitivamente del Acuerdo (que solo prohíbe la extradición para delitos previos a la firma).Sumado a ese caso, la JEP deberá tomar las primeras decisiones frente a militares, ex combatientes y agentes del Estado, lo cual seguramente hará que siga siendo protagonista como lo fue el año pasado.
  • Quién se encarga:La Jurisdicción Especial de Paz
De: https://lasillavacia.com/duque-no-hizo-trizas-el-acuerdo-en-2018-pero-tampoco-le-dio-protagonismo-69526 

los demás componentes están allí: