SEMANA: Hay choques entre la JEP y otras entidades, y, al mismo tiempo, llueven críticas por cada determinación que ustedes toman. ¿Siente animadversión?
Patricia Linares: Usted se refiere a dos situaciones diferentes. Primero, el debate jurídico que legítimamente plantean, en la instancia que corresponde, instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, sobre temas relacionados con el alcance de la competencia prevalente de la JEP, eso no es animadversión, sino el Estado de derecho funcionando. Y, segundo, la reacción permanente y sistemática de ciertos sectores políticos y de opinión que desde siempre han manifestado su férrea oposición al proceso de paz y a la JEP, lo cual es legítimo. Desafortunadamente, algunos acuden a estrategias sistemáticas de desprestigio que incluyen el insulto y la descalificación, y eso no responde a los principios democráticos que nos rigen.
SEMANA: La JEP admitió a Salvador Arana, y la Corte Suprema protestó diciendo que es inaceptable porque él es un paramilitar puro con dos sentencias de ese tribunal. ¿La JEP está por encima de fallos de la Corte Suprema?
P.L.: La JEP es y será respetuosa de todas las autoridades judiciales y profesa el mayor respeto por las altas cortes, que han sido un pilar fundamental en el proceso de implementación. Somos una jurisdicción creada por la Constitución, que tiene competencia prevalente sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto. Sobre el caso que usted cita no me puedo pronunciar, solo le puedo decir que la Corte Suprema planteó un conflicto de competencia que debe resolver la Corte Constitucional, cuyo eje gira alrededor de lo que significa la prevalencia constitucional que tiene la JEP para decidir los asuntos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Esperaremos la decisión y, por supuesto, como siempre, la acataremos y cumpliremos.
SEMANA: Los casos de los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, implicados en el cartel de la toga y admitidos en la JEP, también han causado ronchas. ¿Para la JEP la corrupción puede ser un delito conexo al conflicto?
P.L.: Muchos delitos comunes pueden eventualmente tener relación indirecta con el conflicto armado. Un debate semejante se ha planteado no solo con el cohecho, sino también con el narcotráfico y los delitos sexuales. Habrá ocasiones en que no hay ninguna relación y otras en que sí, dependiendo de muchos factores en cada caso. Lo importante es que el país conozca todos los posibles ámbitos de degradación social e institucional a donde nos condujo una guerra prolongada, con múltiples aristas, causas y responsables.
SEMANA: Al igual que ellos, son muchos los condenados que van a la JEP sin nada que perder. ¿Cómo lograrán que los admitidos vayan más allá de lo que han dicho en la justicia ordinaria?
P.L.: Efectivamente, muchos comparecientes de la JEP se encuentran condenados; exguerrilleros, exmilitares y otros ex servidores públicos. Frente a estos últimos en particular, que son terceros que acuden voluntariamente a la JEP, la jurisprudencia es estricta en dos cosas: su acceso y permanencia dependen del cumplimiento de un compromiso de reparación integral con las víctimas, que incluye un aporte significativo y relevante a la verdad, mucho más alto que el establecido por la justicia que los condenó.
“Todos hemos aprendido del caso Santrich y eso servirá para evitar que suceda algo similar en el futuro”.
SEMANA: ¿Los jefes paras como Salvatore Mancuso tendrán cabida?
P.L.: Los paramilitares combatientes no son de competencia de la JEP. Sí lo son los terceros que financiaron, promovieron o auspiciaron la guerra; ellos pueden presentarse y someterse a un juicio de admisibilidad estricto que incluye evaluar la oferta de verdad que hacen, la cual debe ser verificable, relevante y distinta a la conocida en la justicia ordinaria. La persona que usted menciona, en efecto, presentó una solicitud que está siendo estudiada y será resuelta en las próximas semanas. La labor de la JEP seguirá siendo muy cuidadosa con esta distinción para determinar quiénes podrían entrar y quiénes definitivamente no.
SEMANA: Algunas víctimas del holocausto del Palacio de Justicia critican la libertad otorgada al general retirado Jesús Armando Arias. ¿La JEP logrará lo que la justicia ordinaria no ha podido en más de 30 años de ese caso?
P.L.: Los miembros de la fuerza pública procesados o condenados por los delitos de nuestra competencia son comparecientes forzosos de la JEP. Ellos pueden solicitar el otorgamiento de beneficios provisionales, como la libertad condicionada, a la que tienen derecho si cumplen los presupuestos de ley. El principal, aportar verdad plena, distinta a la que reposa en la justicia ordinaria, relevante y esencial para la reparación de las víctimas. Hay que recordar que en la justicia ordinaria se desarrolla un proceso contencioso en el que el sindicado se defiende de una acusación, mientras que en la JEP adquiere un compromiso de aportar a la verdad, so pena de perder el tratamiento especial. Es una apuesta que vale la pena explorar con miras a una verdadera reconciliación.
SEMANA: Los bienes efectivamente entregados por las Farc son pírricos. De otra parte, siguen asesinado exguerrilleros. ¿Cuándo serán examinados los incumplimientos al acuerdo de paz?
P.L.: El acuerdo final de paz determinó la forma en que los bienes y activos de las Farc-EP serían inventariados y entregados al Gobierno nacional. Los bienes y activos no inventariados reciben el tratamiento previsto en la legislación ordinaria: su dominio puede ser extinguido, tarea que debe impulsar la Fiscalía. Cualquier incumplimiento de los comparecientes al sistema en un caso concreto puede implicar la pérdida del tratamiento jurídico especial, pues supone por parte de quien lo recibe el incumplimiento de sus compromisos con las víctimas.
SEMANA: Hablando de incumplimientos, tras la novela del caso de Santrich y luego por la volada de este, ¿reconocen que ahí cometieron errores?
P.L.: La responsabilidad principal recae sobre el propio Santrich y sus cómplices. Fueron ellos quienes decidieron traicionar el proceso de paz, a sus propios compañeros y rearmarse. Santrich fue capturado con fines de extradición por la Fiscalía, la cual afirmó tener todas las pruebas necesarias para demostrar que este sujeto había delinquido con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. La labor de la JEP era analizar eso. Como toda autoridad jurisdiccional, la JEP debía practicar y obtener pruebas, como el famoso video que circuló por redes, remitido por la Fiscalía, pero inaudible; eso es lo que nos ordena hacer la Constitución. Todo estudiante de Derecho sabe ese dicho de “dame la prueba y te daré el derecho”. Yo me pregunto, ¿por qué se piensa que la JEP en esta materia debe ser diferente a cualquier otro tribunal?
“No somos ni seremos una justicia de vencedores, mucho menos de vengadores”.
SEMANA: Pero en medio de la discusión jurídica Santrich se voló…
P.L.: La JEP debía resolver con base en las pruebas sobre la garantía de no extradición. Santrich estaba preso como consecuencia de una orden de captura de la Fiscalía con fines de extradición. El Consejo de Estado reconoció su investidura como congresista. Sus abogados presentaron un habeas corpus, y el Tribunal Superior de Bogotá lo concedió porque consideró que su captura había violado la ley. Esto, aclaro, no debe ser objeto de crítica, porque lo que usted observa es a las autoridades judiciales actuando, que es lo que se espera en un Estado de derecho. En todo caso, todos hemos aprendido de este proceso y eso servirá para evitar que suceda algo similar en el futuro.
SEMANA: Un cuestionamiento reiterado es que la JEP está conformada por magistrados ideologizados. ¿Qué opina?
P.L.: Ese cuestionamiento hace parte de las estrategias sistemáticas de desprestigio a las que me he referido. El país conoció la idoneidad e integridad de los miembros del Comité de Escogencia; ellos nos seleccionaron de un universo de más de 2.000 aspirantes. Acreditamos sólida formación académica, experiencia y trayectoria en materia de justicia transicional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Administramos justicia sin admitir presiones políticas, aplicamos un modelo de justicia restaurativa, no somos ni seremos una justicia de vencedores, mucho menos de vengadores, trabajamos por las víctimas y la paz del país.
SEMANA: ¿A qué se refiere con “estrategias sistemáticas de desprestigio” y quiénes son los responsables?
P.L.: Me refiero a sectores políticos y algunos de opinión cuyo propósito es minar y acabar con el proceso de paz y con la JEP; eso no es un secreto para nadie. Para cumplirlo acuden a campañas de desprestigio a través de las redes sociales; a ‘análisis’ distorsionados que manipulan cifras y comparan lo que no es comparable; y a la permanente estigmatización de nuestros magistrados y funcionarios. En un Estado de derecho, pluralista e incluyente, es inadmisible que se haga uso de las herramientas democráticas que consagra y brinda la Constitución a los distintos poderes públicos para destruir un proceso de paz que tanto le ha costado al país.
SEMANA: Luego de todo el choque por los intentos frustrados de modificar la JEP, ¿cómo está su relación con el presidente Iván Duque?
P.L.: Siempre ha sido cordial y respetuosa, hemos avanzado consolidando una relación de colaboración armónica con varios de sus funcionarios. En ese propósito, el Gobierno y nosotros hemos contado con el apoyo técnico de la comunidad internacional y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Por eso, y ese es un punto urgente, es tan importante concretar que el monitoreo y vigilancia de las sanciones propias que próximamente comenzarán a imponerse esté a cargo de ese mecanismo, que genera confianza a nivel nacional e internacional.
