miércoles, febrero 27, 2019

La memoria secuestrada

Negar el conflicto armado en Colombia es tan contraevidente como negar el holocausto judío o la muerte de negros a manos del Ku Klux Klan. Sin embargo, borrador en mano, altos funcionarios alegan razones y causas políticas para reducir la importancia histórica de este período y dejarlo en aisladas manifestaciones de delincuencia.

Así, en Colombia el guerrillero no sería guerrillero sino un delincuente o un terrorista, las acciones de los cuerpos de seguridad harían parte de la política de seguridad del ciudadano, y los acuerdos de paz serían solo un engaño de la guerrilla a gobernantes cándidos o cómplices.
Para afirmar que todo se redujo a un combate contra el crimen habría que enmendarle la plana al Congreso que en la ley de 2011 habló del “conflicto iniciado en 1985” y corregir por igual el informe final de la Comisión de Memoria del gobierno que en 2013 informó que “el comienzo del Frente Nacional en 1958 fue el origen del conflicto armado”.
Para sostener esa inexistencia del conflicto habría que desmontar hechos, cifras y evidencias como los que sustentan los dos volúmenes sobre la violencia de Fals Borda, Umaña Luna y monseñor Guzmán en 1962. La misma suerte correrían el informe de los violentólogos en 1987. Fueron investigaciones que ratificaron expresiones como la del expresidente Alberto Lleras sobre “una guerra civil no declarada”. En 1957 Lleras señaló que en el objetivo de la política contra la violencia “por encima de la pacificación estaba la paz que es el orden y la convivencia”.
En su momento el conflicto colombiano fue calificado como “ el peor del hemisferio”.

Pero el nombramiento del nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica y su conocida posición de historiador sobre la inexistencia del conflicto tiene un sentido claro: Se trataría, como en cualquiera de los episodios de la posverdad, de negar los hechos reales y de crear unos hechos alternativos. A la “permanente guerra endémica” comprobada por el historiador Gonzalo Sánchez se opondría el hecho de una violencia criminal despojada de cualquier intencionalidad política.
Terroristas y delincuentes en una acometida demencial y caótica habrían mantenido una acción delictiva durante más de 50 años, y se borraría de un manotón el fenómeno que los autores de “La violencia en Colombia” en 1962 y los Violentólogos, en 1987, habían visto y analizado. Según esta nueva lectura lo que aquellos investigadores habían encontrado sería solo la acumulación de hechos de la delincuencia. 
Aludiendo a la Italia que emprendió la campaña Manos Limpias, Gianni Vattimo anotó: “Los políticos han reivindicado el derecho a mentir en nombre del interés general”. Sobre el mismo fenómeno apunta Paul Ricoeur: “la historia oficial puede enmascarar una forma ladina de olvido como estrategia de evitación, de elusión y de huida”
No se trata aquí de una discusión académica, al secuestrar desde el poder la memoria y la historia del país se niega el conflicto del pasado, para hacer trizas los esfuerzos de paz del presente, a sabiendas de que el conflicto marcará con sangre el futuro. 
Jrestrep1@gmail.com
@JaDaRestrepo
De: https://www.elheraldo.co/columnista/javier-dario-restrepo 

lunes, febrero 25, 2019

Colombia, Venezuela ... 2019 ...y lo #Humanitario


Entrevista exclusiva: Hay una manipulación del término 'humanitario', CICR sobre ayudas a la frontera

En medio de las tensiones que se cuecen en la frontera de ambos países por el imposible ingreso de ayudas, SEMANA habló con Christoph Harnisch, jefe de la delegación de esa organización en Colombia. Da sus argumentos del porqué no participaron de esta logística.
La migración de venezolanos es la más grave del mundo: director del CICR en Colombia Christoph Harnisch asegura que el CICR no puede participar de una logística que no sea neutral. Foto: Diana Rey Melo / SEMANA.
Si algo se ha ganado el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) a nivel mundial y a través de las décadas, es su estatus de organización neutral. Ni para un lado ni para el otro. Su misión es la de ayudar a los seres humanos que están en medio de guerras, tensiones y sitaciones que ponen en riesgo sus derechos.
Para el CICR las donaciones que están varadas ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela, no deberían ser llamadas ‘ayudas humanitarias’, dado que no están supeditadas por los principios de la imparcialidad y neutralidad.
No se trata de un tema mejor o de pura retórica. Para nadie es un secreto que los containers que están resguardados en bodegas en Cúcuta, fueron enviados por gobiernos que claramente tomaron partido por uno de los bandos que se disputan el poder real en Venezuela. Estados Unidos quiere ver caer a Maduro y ese es más un tema político que humanitario.
Venezuela vive una crisis como nunca antes y en medio están los seres humanos. Su problema migratorio ya superó cualquier  antecedente y por eso la necesidad de saber qué hacer. SEMANA habló con Christoph Harnisch, jefe de la delegación de esa organización en Colombia y esto fue lo que dijo. 
SEMANA: ¿El gobierno colombiano lo contactó para hacer parte de la recolección de ayudas?
Christoph Harnisch: No, no hubo ningún contacto del gobierno colombiano con el CICR. Tuvimos contacto con la Cruz Roja Colombiana y ellos tuvieron algunos contactos para la facilitación del movimiento del transporte, pero nosotros les dijimos que eso no era de su responsabilidad, entonces no hubo seguimiento a eso.
SEMANA: ¿Por qué no es su responsabilidad? ¿Cuál es el  factor que hace que el CICR no pueda actuar en un caso como este?
C.H.: Primero, porque es una actividad que se inició sin participación de un organismo como el CICR. Es muy importante entender cuál es el objetivo de la acción y el gesto humanitario que se hace, porque el objetivo debe ser totalmente y exclusivamente humanitario. No hay otra consideración que debería regir nuestra la ayuda humanitaria. Tenemos estos principios y para que sea una ayuda humanitaria debe ser enfocada en las necesidades de los más vulnerables. Para tener el efecto máximo, debe ser neutral, independiente. El que distribuye tiene que tener independencia para decidir a quién va a distribuir.
Tenemos estos principios y para que sea una ayuda humanitaria debe ser enfocada en las necesidades de los más vulnerables.
Esto debe ser imparcial y claramente debe hacerse después de un estudio muy juicioso de cuáles son las necesidades. Y en todas estas etapas nosotros no estábamos, es por eso que no teníamos ninguna base para ofrecer nuestros servicios o participar en esto.
Después de los años noventa hubo en algunos conflictos intereses de algunos gobiernos de considerar la acción humanitaria como una estrategia de política extranjera. Ahí hay una mezcla que no es buena para nosotros porque nos afecta.
SEMANA: El presidente Iván Duque y varios actores del gobierno han llamado a estas donaciones extranjeras, ayudas humanitarias. Bajo los preceptos que usted expone, ¿se puede decir que esas no son realmente ayudas humanitarias?
C.H.: Hoy estamos en una situación en la que desafortunadamente la primera víctima de lo que está pasando es la palabra ‘humanitaria‘, porque hay un debate, hay una controversia pública, hay una manipulación de todas partes de este término. Para nosotros ‘humanitario‘ es algo que no debe ser controversial, debe ser del interés de las personas. Y en este sentido, estamos en una situación que no es totalmente nueva, pero que lamentamos mucho, porque esto no es necesario.
No hay que crear condiciones que compliquen la búsqueda de una solución en el interés de todos y con esto estamos en una complejidad importante. Yo diría que más allá de cómo llamamos esto -si humanitario o no- la pregunta realmente importante es, ¿la ayuda que se define es adecuada a las necesidades que tienen?
SEMANA: ¿Cuáles son los intereses que ustedes visualizan que se están moviendo alrededor de estas ayudas y que por ende los llevaron a tomar la determinación de no meterse en esto?
C.H.: Lo que se requiere en un país como Venezuela no es solamente la ayuda humanitaria, se requiere mucho más. El problema es mucho más complejo que eso. Y después, hubo preguntas que nosotros nos hicimos con base a la información disponible: ¿cuál es el objetivo de posicionar algo en una frontera y decir a los demás, ustedes ahora tienen que distribuir? ¿Del otro lado están muy bien organizados para hacer todo esto?. Este un criterio muy importante para nosotros. ¿Quién hace esto? ¿realmente esto va a los más necesitados? Todo esto nos llevó a decir, bueno, esto fue concebido y planificado sin nosotros y ahí no tenemos cabida.
Todo esto nos llevó a decir, bueno, esto fue concebido y planificado sin nosotros y ahí no tenemos cabida.
SEMANA: Alrededor de esta coyuntura hay una migración de venezolanos a varios países de América Latina que no se había visto tal vez nunca. ¿De qué dimensiones es esta migración de acuerdo a lo que ustedes han visto?
C.H.: Una pregunta importante es, ¿cómo contar esta migración? ¿cómo producir estos números? Cómo tener una idea de un fenómeno que es, por naturaleza misma, fluido. No puedes decir que en la migración, de un día para otro, las cifras son las mismas. Y ahí, claramente, un país como Colombia, el directamente afectado, no tenía la preparación de la sociedad y de las autoridades en términos de cómo se maneja la política migratoria.
Yo creo que en este sentido el llamado que se hizo desde febrero de 2018 y las decisiones que se tomaron fueron buenas. No se puede saber si esto pudo haber sido un poco más rápido, pero hubo la lógica de decir: ‘es un fenómeno que aceptamos y el gobierno de Colombia y su pueblo, quieren ser generosos’. Eso no pasó en Europa.
un país como Colombia, el directamente afectado, no tenía la preparación de la sociedad y de las autoridades en términos de cómo se maneja la política migratoria.
Este es un fenómeno que se quedará como realidad en Colombia, no se puede decir que se quedará por muchísimos años, depende mucho de los factores que incitaron a estas personas a salir. En diciembre fui a uno de estos albergues en la región de Cúcuta y lo que me llamó más la atención es que son jóvenes (los venezolanos) que tienen un nivel de desesperanza muy profundo hacia la vida. Perdieron casi la voluntad de vivir y esto se compara con casi todos los movimientos migratorios que Europa ha conocido después de la Segunda guerra mundial. Hay que ver que las personas que deciden salir de un país, no lo hacen porque les guste hacerlo, lo hacen por diferentes razones; no solamente políticas o de dinero, es tan bien para decir: ‘yo quiero vivir con una satisfacción mínima’.
Y ahí claramente, Colombia es el primer país que ofrece algunas de esas oportunidades sin que la gente crea que esto es el paraíso.
SEMANA: ¿Se podría decir que este fenómeno migratorio de venezolanos es uno de los más graves del mundo?
C.H.: Sí, es el más grave porque en términos de números en este momento y de lo que hemos visto, es claramente el más grave. Hay una migración de sirios que fue mucho más importante en cuanto a cantidad de personas pero en ese caso había muchos más países receptores. Aquí la concentración es de algunos países, dos o tres, que tienen esta carga muy fuerte de la integración, de darles un estatuto jurídico a los migrantes y eso es muy pesado. No hay que olvidar que no son países con un desarrollo industrial del más alto nivel. Europa, en algunos casos sí, pero esto no se puede decir de Colombia o de Ecuador y Perú.
Sí, es el más grave porque en términos de números en este momento y de lo que hemos visto, es claramente el más grave. Hay una migración de sirios que fue mucho más importante en cuanto a cantidad de personas pero en ese caso había muchos más países receptores.
A mi forma de ver, esto es como una tragedia histórica. Esto empezó a inicios de 2017, exactamente en el momento en el que este país quería implementar el posconflicto. Es realmente un horror. Es un choque grandísimo entre dos países que están pasando por dos momentos muy distintos. Colombia necesitaba algún tiempo para concentrarse en esto y ahora viene encima este problema enorme. Además, con personas -y esto es importante- que hablan el mismo idioma. No es un pueblo completamente distinto, lo que es un factor positivo. Pero de otro lado está el número enorme de personas que salieron de Venezuela y la inexperiencia de un pueblo colombiano que nunca ha tenido que pasar por esto en su historia. Este no es un país con una historia donde se integran comunidades, este fue un país bastante introvertido en algunas etapas de su historia.
Y justo al momento de arreglar algunas cosas en su jardín, queriendo más inversión, viene este problema que complica la tarea de los políticos a nivel nacional y a nivel de las alcaldías. Es un problema de todos, no solamente del presidente y su gabinete, se ve también en algunas alcaldías donde ellos tienen que responder muchas veces sin recursos.
SEMANA: Ante una posible o eventual intervención militar de parte de Estados Unidos a Venezuela, ¿cambiaría tanto el rol del CICR en territorio venezolano, como en el colombiano?
C.H.: Esto es pura especulación. Habrá que ver -y esto lo haría el CICR en toda eventualidad- el análisis jurídico de esta situación. Para eso necesitaríamos un cierto tiempo de observación porque claramente ahí el rol del CICR -bien sea en un conflicto armado no internacional-, tiene algunas diferencias, porque la base no es la misma.
*Editor general de SEMANA.COM.
en https://www.semana.com/nacion/articulo/la-migracion-de-venezolanos-es-la-mas-grave-del-mundo-director-del-cicr-en-colombia/602608

miércoles, febrero 13, 2019

La Guerra, Los Guerreros, La Memoria ( a propósito del Centro Nacional de Memoria Histórica)

( Relatoria de María Emma Wills Obregón ) 

A manera de síntesis de las lecturas de contexto, queda clara una cuestión: la Fuerza Pública (FP) como institución no quiere quedar como el chivo expiatorio de estos 50 años de conflicto armado y menos cuando lee las negociaciones actuales como fruto de su victoria militar. Su énfasis en lo jurídico manifiesta tanto la preparación profesional de varios de sus oficiales en el campo del derecho, su preocupación con la justicia penal, y la existencia hoy de direcciones para la defensa jurídica de integrantes de la Fuerza Pública. A raíz de varios juicios en los que oficiales de alta jerarquía han sido condenados, la institución ha dado prioridad a la preparación jurídica de sus propios hombres y mujeres, y se ha comprometido en una estrategia para defender a sus integrantes en los estrados judiciales. El lenguaje jurídico que muchos de ellos emplean para reconstruir el pasado es entonces la expresión de ese énfasis y de su preocupación con la justicia penal, que ven como un aparato politizado del que deben desconfiar: “Ganamos la guerra en el terreno militar pero la izquierda nos derrotó en el campo jurídico”. 

Por otra parte, su aferramiento a la tesis de las manzanas podridas manifiesta su lectura de que aceptar responsabilidades de índole institucional debilita el respaldo de los colombianos a la Fuerza Pública, atenta contra el honor militar, y distorsiona la mirada de futuras generaciones sobre su papel heroico en la defensa de las instituciones y la democracia colombiana.

Por esta razón, en algunas ocasiones, sectores de la FP han impulsado la construcción de una memoria institucional del conflicto armado. Cada actor puede aportar a la construcción colectiva de la memoria histórica desde la verdad oficial de la organización de la que proviene. No obstante, las verdades oficiales suelen, consciente o inconscientemente, borrar los lunares y representar a cada actor en el escenario público con sus mejores galas. Las verdades oficiales no admiten errores y generalmente se fundan en historias maniqueas de héroes y villanos. Están más cerca de los cuentos de hadas que de las historias que nos conmueven o nos repelen porque nos hablan de seres humanos, surcados de defectos, ambivalencias, miedos, corajes y gestos a veces generosos. De las verdades oficiales o las historias institucionales se aprende a pensar sin cuestionar o, mejor dicho, se aprende a obedecer. Este tipo de verdades está más acordes con sistemas premodernos de construcción de conocimiento, está más cerca del dogma que del debate y en general no admite ser interpeladas. La interpelación se vive, cuando ocurre, como sacrilegio.

Por eso, emprender el camino de la construcción plural, colectiva y abierta de la memoria histórica exige el reconocimiento de que “ninguna institución u organización se puede hoy proclamar como infalible. La democracia justamente permite transitar de una lógica de infalibilidad a una lógica pública, visible”, donde quienes toman decisiones y movilizan recursos están dispuestos a rendir cuentas ante una opinión informada o ante otras instituciones.

El tema más difícil de conversar con oficiales de la FP alude al carácter falible de las instituciones. Desde su propia mirada, reconocer errores institucionales es una deslealtad que mancilla el buen nombre y el honor de su organización y que se puede pagar con la expulsión simbólica, pero también física de la gran familia que encarna, para ellos, la propia institución.

Una manera de comenzar a desatar ese nudo reside en la aceptación de que el cruce de líneas rojas por parte de todos los actores del conflicto fue producto de múltiples responsabilidades (lo que no quiere decir entonces que NO hay responsabilidades que asumir). Como lo menciona un colega,

Creo que lo importante aquí no es maniqueamente buscar un culpable absoluto (elemento que una cartografía del conflicto instituida en la oposición entre víctimas y victimarios establece) sino que al hablar de violencia en registros diferentes emerge una red de relaciones más complejas y por tanto formas de responsabilidad más complejas.

Es en los diálogos y controversias permanentes que las distintas instituciones y la sociedad en su conjunto podemos decantar, en procesos de largo aliento, miradas esclarecedoras de los contextos y sus múltiples actores, identificar las causas que desencadenaron el conflicto armado colombiano, las que lo degradaron y mantuvieron vivo durante décadas y como las condiciones que siguen alentando hoy las distintas violencias organizadas.

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TEXTO COMPLETO EN :  CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017)   (ó   https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )

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Imagen relacionada


RESUMEN: 

Los hilos comunes 

Aunque parezca increíble, la comprensión tanto de sectores críticos como de los militares se intersecta, a pesar de venir de orillas políticas muy distintas y perseguir objetivos muy diferentes (Memoria del seminario, 2015). 

Ese punto de intersección empieza a dibujarse cuando se transita de una lectura maniquea del conflicto a una interpretación más compleja, donde aparecen múltiples actores, más allá de quienes van uniformados y portan armas. “¿Dónde están los políticos, donde están los propietarios de los bienes que la FP defendía?”, se preguntaron varios. Si ellos actuaron en la legalidad, los oficiales de la FP seguían órdenes, órdenes de los civiles. Por eso, como bien lo reconoce un académico cercano a la Esdegue,

La interacción militar con la población del campo no fue uniforme. Los terratenientes tenían recursos económicos, canales sociales y poder político para acercarse a los comandantes, para demandar protección preferencial y para movilizar apoyos en ayuda de unas fuerzas no siempre bien provistas para movilizarse y mantenerse en operaciones.

Más aún, muchos de ellos reconocen que:

El conflicto en Colombia tiene unas causas objetivas que se resumen en el abandono en el que se encuentran ciertas regiones. Entre nosotros (miembros de la FP) decimos que hay dos Colombias. La que vemos acá en estas oficinas [mientras señala la sala en la que estamos reunidos] es una, la más pequeña. La que está afuera es grande y vive en condiciones de miseria, abandonada. Cuando nosotros llegamos (Ejército) a la otra Colombia estamos delante de miseria, de personas a las que no les ha quedado otra alternativa que vincularse a actividades ilícitas. Yo me pregunto: si hubiera nacido en una de esas regiones, ¿qué hubiera hecho? Sin duda hubiera sido guerrillero. Porque usted debe saber que en esas zonas es fácil creerle a la guerrilla que entra a engañar a la población (cita no textual de invitado al Seminario, 2015).

El reconocimiento de esas dos Colombias viene acompañado de la constatación de que a esas regiones abandonadas no llega “el Estado Integral”, sino la FP que “construye carreteras, vacuna niños, hace escuelas” pero luego debe marcharse. Cuando se marcha, no llega la otra institucionalidad responsable de la dimensión social del Estado (escuelas, salud, carreteras, servicios) minando la confianza construida por el quehacer de la FP. Toda esta lectura que permite leer los contextos, no desde los que portan el uniforme y las armas, sino desde las alianzas y los tomadores de decisiones sociales y políticas, se acompaña de la reiteración de que “lo importante es que no nos satanicen por la labor que cumplimos”. Por eso, esos hilos comunes que suelen parecernos tan imposibles de encontrar, pueden resultar de lecturas complejas de contextos regionales. Aquí entonces la complejidad hace referencia a los múltiples actores involucrados abierta o de manera subrepticia en la guerra, las alianzas fluctuantes que los unen y los desunen, sus miradas justificadoras de la guerra, y los diseños institucionales y recursos que cada alianza moviliza, y la innegable presencia diferenciada del Estado en los territorios. La comprensión compleja del rompecabezas de los contextos requiere de las distintas voces y miradas de los actores enfrentados, y del concurso de los archivos y saberes, todos ellos integrados.

Los puntos de desencuentro en las miradas del CNMH y la FP y los nudos y tensiones 

Si en las lecturas de contexto encontramos lugares de encuentro, también es posible identificar las zonas de controversia o abierta confrontación. En algunos casos esas confrontaciones tienen que ver con distintas maneras de llenar de contenido ciertos conceptos clave.

Legalidad/legitimidad: 
Mientras para la FP no cabe la menor duda de que las FF. MM. y la Policía como instituciones han obrado en el marco de la legalidad y esa legalidad les otorga automáticamente legitimidad, para los investigadores del CNMH el vínculo entre legalidad y legitimidad no es automático. Desde una mirada netamente jurídica, legitimidad y legalidad efectivamente se acercan. La legitimidad de las normas se deriva de que ellas sean producto de procedimientos consignados “positivamente”, es decir, expresados de manera escrita en constituciones, códigos y protocolos. La reiteración de la FP de que ella es una fuerza legal mientras las guerrillas son ilegales traduce su necesidad de claramente separar unos y otros actores, trazar una línea moral que separa a los buenos (las fuerzas legales) de los malos (los ilegales), y una preocupación por el esclarecimiento de responsabilidades históricas y la identificación de los orígenes de la guerra en el país: ¿Quién tiró la primera piedra? La lógica detrás de su afirmación es que si las Fuerzas del Estado son legales –y por tanto jurídicamente legítimas– entonces los responsables de desencadenar la guerra colombiana son las guerrillas que, en su condición de ilegalidad y por tanto de ilegitimidad, atacaron las instituciones legítimamente constituidas. Pero desde los marcos de las ciencias sociales, la legitimidad no solo acoge sentidos jurídicos. Desde una acepción más sociológica e incluso antropológica, la legitimidad remite a observar la adhesión e incorporación de unas normas por parte de una ciudadanía y sus instituciones, y su traducción en un uso cotidiano. En Colombia la existencia de unas guerrillas, los patrones de corrupción, el desafío de organizaciones criminales y el uso generalizado de costumbres no acordes a las normas jurídicas, son señales empíricas que indican el bajo grado de apropiación de las normas jurídicamente establecidas, sobre todo en ciertos territorios y sectores. Otras normas distintas rigen en estos territorios dando origen a otro tipo de legitimidades. Por último, si admitimos el uso más frecuente de legitimidad que asocia el concepto a “lo justo” (acepción más filosófica), entonces el CNMH, adhiriendo al pluralismo que defiende nuestra constitución y nuestras leyes, admite que en una democracia, los distintos partidos y sectores sociales consienten distintas nociones de “lo justo” y que es precisamente la existencia de esa variedad de nociones de un “buen vivir juntos” y su exposición pública, lo que distingue una sociedad democrática pluralista de otras más autoritarias (Mouffe, 1992, página 2003)

En síntesis, mientras los oficiales de la FP admiten el sentido jurídico de legitimidad, los investigadores del CNMH acogen los significados más antropológicos, politológicos y sociológicos del concepto. Otra manera de exponer este desencuentro es señalar cómo, si se acoge la noción jurídica de legitimidad-legalidad, se cierra el debate sobre responsabilidades y orígenes, así como las controversias sobre los sentidos de la historia que, desde la mirada jurídica, adquiere una transparencia a partir del código y las leyes, y sus sentidos dejan de ser motivo de reflexión o controversia, y menos aún de reconstrucción explicativa de las decisiones que adoptan los diversos actores.

Actores del conflicto/la distinción de actores legales e ilegales del conflicto 

Si bien en términos de calificación jurídica, la FP es legal y las guerrillas son ilegales, en términos sociológicos, antropológicos o de ciencia política, todos ellos son actores del conflicto armado, organizados en torno a reglas y jerarquías que coordinan su accionar en el uso estratégico de la violencia. Cuando un investigador busca desentrañar las dinámicas de un conflicto armado, la distinción jurídica es solo una de las variables para tener en cuenta, que no permite comprender y explicar las dinámicas del conflicto armado, y sus variaciones temporales o espaciales. La pregunta sobre las guerras, desde las ciencias sociales, se centra en un análisis de los recursos, los repertorios de violencia, las alianzas que los actores en conflicto acumulan y la manera como se van modificando las dinámicas armadas. La mirada militar se funda en los preceptos jurídicos mientras el marco interpretativo del CNMH se rige por las miradas más sociológicas o politológicas de la investigación social.

Manzanas podridas/diseños institucionales e incentivos perversos/políticas de Estado 
¿Por qué agentes de la FP han infringido la ley y han delinquido? Según la mirada de la FP, estas desviaciones del mandato institucional se producen por la opción de individuos que, con sus comportamientos desviados, infringen los códigos del servicio. La FP no ve patrones sino el caso a caso y exige por eso mismo que cada imputación a un agente de la FP se haga de manera individual y fundada en un acervo probatorio judicial. Para los investigadores del CNMH, cuando se reiteran patrones, la explicación no puede ser individual pues un estudio caso a caso no permite desentrañar las condiciones institucionales y organizacionales o las mentalidades y las alianzas que sirven de marco a estas acciones y las propician. Desde una mirada sociológica o politológica, esas condiciones pueden referirse a:

1. La existencia de políticas establecidas pública y legalmente que se traducen en diseños institucionales y marcos orientadores que, en ocasiones de manera premeditada pero en otras de manera involuntaria, generan efectos perversos.

2. La puesta en marcha de mecanismos de impunidad clandestinos que culminan en alianzas ilegales, y configuran de esta manera un entramado propicio para que las conductas se repitan sin ser sancionadas. Esta ausencia de sanción se convierte en una manera más de alentar la ocurrencia de estas conductas.

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TEXTO COMPLETO EN :  CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017)   (ó   https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )

jueves, febrero 07, 2019

Museo Casa de la Memoria de Medellín

Cathalina Sánchez MCM



En la zona centro oriental de la ciudad una gran casa se impone ante las demás, alberga recuerdos e historias de las victimas del conflicto armado en Colombia. Sus puertas están abiertas a la reflexión y al diálogo entre ciudadanos. La comunidad se conoce a través de sus ventanas. Se trata del Museo Casa de la Memoria (MCM) de Medellín.
Su historia comenzó en 2006, a raíz de una iniciativa del Programa de Atención de Víctimas de la alcaldía. Sin embargo, solo hasta 2011 se inauguró el espacio y, para 2015, se transformó en una entidad descentralizada de la administración municipal. Ahora, estará bajo las riendas de Cathalina Sánchez, su nueva directora.

La abogada e investigadora fue nombrada directora del Museo el pasado 28 de enero. Su carrera profesional se ha centrado en la investigación de temas relacionados con los derechos humanos y la sociología jurídica. También ha investigado temáticas relacionadas con los flujos migratorios de Colombia.

Es egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y realizó un doctorado en derecho en la Universidad de Aix-Marsella, en Francia. Sánchez habló con EL TIEMPO sobre los nuevos retos y proyectos.
¿Cuáles son los planes del Museo para 2019?
Nuestro reto más importante es aumentar el número de visitantes, no solo esperamos que las personas vengan al Museo, también queremos sacar contenidos del Museo porque hay personas que no pueden venir al lugar. Estamos pensando en participar en municipios por fuera del área metropolitana con exposiciones. 
Además, buscamos hacer publicaciones para crear una memoria y promocionar la biblioteca del Museo, que es el segundo centro de documentación especializado en conflicto armado del país.
De acuerdo con la visión del Museo, la memoria se concibe como una acción política, ¿por qué?
Somos sujetos políticos al tomar una postura y defenderla. Está relacionado con un hecho que genera un cambio en la sociedad. Cuando usted se reconoce como víctima o ha adoptado una posición frente al conflicto, a sus consecuencias o a las soluciones que se proponen, está haciendo política.
El Museo genera un espacio de convergencia en donde las víctimas se expresan, cuentan lo sucedido, crean sensibilidad en su comunidad e, incluso, crean respuestas políticas, participan de manera activa. 

El empoderamiento de las víctimas es importante porque pueden encontrarse con otras personas que han pasado por lo mismo, se unen, se organizan y empiezan a formular políticas públicas. Hablar de reconciliación es una acción política.
Colombia pasa por una serie conflictos sociales
Varios museos de memoria en el mundo, como el Museo del Apartheid, se enfocan en una época determinada. En el caso del MCM, ¿se centra más en el presente o el pasado?
Los museos de memoria pretenden impactar el presente y el futuro a partir de unos hechos acontecidos, es decir, generar una conciencia para evitar la repetición. En nuestro caso, no nos hemos detenido en una época específica porque el conflicto colombiano tiene particularidades, se prolongó por casi 60 años.
En principio, el museo hablaba de las víctimas, también damos miradas desde diferentes actores y analizamos cómo una sociedad evoluciona y se encuentra sumergida en distintas violencias.
¿Ahora es posible hablar de conflicto armado en Colombia?, si es así, ¿qué lo hace diferente al conflicto armado de hace 20 años?
El conflicto armado que referencian los violentólogos desde los años 50 era catalogado como interno. Si hablamos de grupos armados presentes como las bandas criminales o las Odín, no me atrevería a hablar de un conflicto armado según las características que establece el derecho internacional, pensaría que Colombia pasa por una serie conflictos sociales.
¿Qué necesitan los ciudadanos para superar el conflicto armado de Colombia?
Primero, un conocimiento de los hechos, un entendimiento de las razones que nos llevaron al conflicto, así, se pueden proponer soluciones para prevenir la repetición. Segundo, tolerancia y aceptación de las diferencia y tercero, generar unos espacios de convivencia.
MELISSA OROZCO DUQUE 
Para EL TIEMPO 
MEDELLÍN 
Twitter: @MelissaOrozcoD
Por: Melissa Orozco Duque 

07 de febrero 2019 , 08:28 a.m. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/entrevista-con-cathalina-sanchez-nueva-directora-mcm-323990

Día Internacional del Derecho a la Verdad


Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, 24 de marzo

Antecedentes

 Momentos después de que Monseñor Romero fue
asesinado en el altar. (Cortesía de la Fundación
Monseñor Romero)

En el estudio realizado en 2006 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluye que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación.
En el estudio se afirma que el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación.
En el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 2009, sobre «El derecho a la verdad» Documento PDF, incluye un estudio sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad, en particular las prácticas relacionadas con los archivos y los expedientes de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como los programas de protección de los testigos y otras personas que tomen parte en juicios por tales violaciones.
La Comisión de la Verdad para El Salvador se estableció de conformidad con los Acuerdos de México de 27 de abril de 1991 para investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 y cuyo impacto sobre la sociedad reclamara con mayor urgencia el conocimiento de la verdad. En su informe de 15 de marzo de 1993 Documento PDF, la Comisión documentó los hechos del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero por las fuerzas pro gubernamentales, los llamados «escuadrones de la muerte». Él fue asesinado a tiros por un francotirador mientras celebraba una misa el 24 de marzo de 1980.


El derecho a la verdad se invoca a menudo en el contexto de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. Las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de menores o torturas exigen saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó Documento PDF el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Con la observancia de este día rendimos homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador.
El propósito del Día es el siguiente:
  • Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;
  • Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;
  • Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.

RECURSOS

Sitios sobre Monseñor Romero*

Biografía de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arquidiócesis de El Salvador (Español)

*La Organización de las Naciones Unidas no se hace responsable del contenido de los mensajes ni del contenido de los sitios enlazados desde esta página. Los mensajes publicados no representan necesariamente la opinión de la Organización.

Documentos

Instrumentos internacionales

Proclamación del Día Internacional

·         A/RES/65/196 Documento PDF Resolución aprobada por la Asamblea General
Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
·         A/HRC/RES/14/7 Documento PDF Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos
Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

El derecho a la verdad

·         A/HRC/15/33 Documento PDF Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (2010)
·         A/HRC/12/19 Documento PDF Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad(2009)
·         A/HRC/5/7 Documento PDF Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (2007)

Resoluciones relativas al derecho a la verdad

  • A/RES/68/165 Documento PDF Resolución aprobada por la Asamblea General. El derecho a la verdad
·         A/HRC/RES/12/12 Documento PDF Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos «El derecho a la verdad» (2009)
  • A/RES/60/147 Documento PDF Resolución aprobada por la Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones

Otros documentos

·         E/CN.4/2006/91 Documento PDF Estudio sobre el derecho a la verdad
Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006)
·         S/25500 Documento PDF, Informe presentado el 15 de marzo de 1993 por la Comisión de la Verdad para El Salvador

En la ordenación de Romero como obispo en 1970
(Cortesía de la Fundación Monseñor Romero)

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