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 Cuánta gente se necesita que salga a protestar para derrocar un gobierno (según la ciencia)

David EdmondsBBC World Service 20 septiembre 2020

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas protestas no violentas tienen más posibilidades de éxito.

La lucha de los sindicatos agrupados en Solidaridad en Polonia en la década de 1980; el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica; el derrocamiento del presidente serbio Slobodan Milosevic; la Revolución del Jazmín que forzó la salida del presidente tunecino Zine al-Abidine Ben Ali y desencadenó la Primavera Árabe...

Todos estos son ejemplos de movimientos populares que culminaron con un cambio político sustancial.

Y el último en ser noticia está en Bielorrusia, donde decenas de miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas tras unas polémicas elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko se adjudicó la victoria.

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Las autoridades han reaccionado con brutalidad: muchos manifestantes han sido arrestados y hay numerosas denuncias de torturas a manos de la policía.

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLas protestas en Bielorrusia han movilizado a mucha gente. ¿En cantidades suficientes?

 

A pesar de esto, sin embargo, el movimiento de momento se ha mantenido fundamentalmente pacífico.

 

Pero, ¿cuán probable es que tenga éxito?

Lecciones de la historia

Una buena forma de evaluarlo es mirando la historia.

Que es lo que ha hecho la politóloga de Harvard Erica Chenoweth.

La profesora Chenoweth ha centrado su trabajo sobre todo en protestas contra dictaduras, no democracias.

A diferencia de los demócratas, los dictadores no pueden ser destituidos mediante el voto popular. En una democracia, si una política es impopular, otros políticos pueden ser elegidos con la promesa de abolirla. No existe tal mecanismo en una dictadura.

Derechos de autor de la imagenKRIS SNIBBE / HARVARD GAZETTEImage captionLa politóloga de Harvard Erica Chenoweth ha estudiado la efectividad de las protestas.

Estas definiciones, sin embargo, son a menudo cuestionadas. ¿Dónde está la frontera entre democracia y dictadura? A menudo, de hecho, hay todo un espectro: un sistema político puede ser más o menos democrático.

Y también está el problema de cómo se clasifica la violencia y la no violencia.

¿Los ataques a la propiedad deben considerarse "violentos"? ¿Qué pasa con las personas que gritan insultos racistas pero sin agresión física? ¿Qué pasa con los actos de autosacrificio, como la autoinmolación o las huelgas de hambre? ¿Son violentos?

Las ventajas de la no violencia

A pesar de estas dificultades de categorización, existen algunas formas de protesta que son claramente no violentas y otras que son claramente violentas.

El asesinato es claramente violento. Las manifestaciones pacíficas, las peticiones, los carteles, las huelgas y los boicots, las sentadas y las huelgas no son violentas.

De hecho, según una clasificación bien conocida, existen 198 formas de protesta no violenta.

Y al analizar cada movimiento de protesta sobre el que había datos suficientes, desde 1900 hasta 2006, Erica Chenoweth y Maria Stephan llegaron a la conclusión de que un movimiento tenía el doble de probabilidades de éxito si no era violento.

La siguiente pregunta entonces es: ¿por qué?

La respuesta parece ser que la violencia reduce la base de apoyo de un movimiento, mientras que mucha más gente se une activamente a las protestas no violentas.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa no violencia atrae a mucha más gente a las manifestaciones.

La no violencia es generalmente de menor riesgo, requiere menos capacidad física y ningún entrenamiento avanzado.

Y, por lo general, también requiere menos tiempo.

Por todas estas razones, los movimientos no violentos tienen mayores tasas de participación de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Pero, ¿por qué importa esto?

Bueno, tomemos la llamada Revolución Bulldozer contra Slobodan Milosevic. Cuando los soldados fueron entrevistados sobre por qué nunca apuntaron con sus armas a los manifestantes, explicaron que conocían a algunos de ellos. Se mostraban reacios a disparar contra una multitud que contenía a sus primos, amigos o vecinos.

El 3,5%

Obviamente, cuanto mayor sea el movimiento, más probable es que los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad conozcan a algunos de sus participantes.

Y Erica Chenoweth ha dado una cifra muy precisa de cuán grande debe ser una manifestación antes de que su éxito sea casi inevitable: esa cifra es el 3,5% de la población.

Puede parecer un número pequeño, pero no lo es.

La población de Bielorrusia, por ejemplo, es de poco más de nueve millones, por lo que el 3,5% supera los 300.000. Y se estima que en las grandes manifestaciones en la capital, Minsk, participaron decenas de miles, quizás hasta 100.000 (aunque la agencia Associated Press una vez las estimó en 200.000).

La regla del 3,5% tampoco es estricta.

Muchos movimientos tienen éxito con tasas de participación más bajas que esta, y uno o dos fracasan a pesar de contar con el apoyo de las masas: el levantamiento de Bahréin de 2011 es uno de esos ejemplos que cita Chenoweth.

Menos efectivas

Los datos originales de Chenoweth llegan hasta 2006, pero la académica acaba de completar un nuevo estudio que examina los movimientos de protesta más recientes.

Y aunque sus últimos hallazgos generalmente refuerzan la investigación inicial, que muestra que la no violencia es más efectiva que la violencia, también ha identificado dos nuevas tendencias interesantes.

La primera es que la resistencia no violenta se ha convertido, con mucho, en el método de lucha más común en todo el mundo, mucho más que la insurrección armada o la lucha armada.

De hecho, entre 2010 y 2019 hubo más levantamientos no violentos en el mundo que en cualquier otra década de la historia registrada.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas protestas de Argelia en 2019 obligaron a dimitir al presidente Bouteflika.

La segunda tendencia es que la tasa de éxito de las protestas ha disminuido.

Ha caído drásticamente en lo que se refiere movimientos violentos: actualmente alrededor de nueve de cada diez movimientos violentos fracasan, dice Chenoweth.

Pero la protesta no violenta también tiene menos éxito de lo que solía.

Antes, alrededor de una de cada dos campañas no violentas tenía éxito; ahora es alrededor de una de cada tres.

Aunque, por supuesto, también se han producido algunos éxitos desde 2006.

Por ejemplo, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue depuesto en 2019. Y unas semanas más tarde, el malestar popular obligó a dimitir al presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika.

Pero estas salidas son cada vez más raras.

¿Por qué? Bueno, podría haber muchas explicaciones, pero una parecería ser el impacto de doble filo de las redes sociales y la revolución digital.

Durante unos años, parecía que Internet y el auge de las redes sociales habían proporcionado a los organizadores de protestas una nueva y poderosa herramienta, facilitando la transmisión de información de todo tipo: por ejemplo, dónde y cuándo reunirse para la próxima marcha.

Pero los regímenes despóticos ahora han encontrado formas de darle la vuelta a esa arma y de usarla contra sus oponentes.

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLos gobiernos despóticos también utilizan la tecnología.

"La organización digital es muy vulnerable a la vigilancia y la infiltración", dice Erica Chenoweth.

Y los gobiernos también pueden utilizar las redes sociales para hacer propaganda y para difundir desinformación.

Lo que nos lleva de regreso a Bielorrusia, donde los teléfonos de los manifestantes detenidos son examinados de forma rutinaria para establecer si siguen los canales de la oposición en la aplicación de mensajería Telegram.

Cuando las personas que manejan estos canales han sido arrestadas, Telegram se ha apresurado a cerrar sus cuentas con la esperanza de hacerlo antes de que la policía haya podido verificar la lista de seguidores.

¿Podrá el presidente Alexander Lukashenko aferrarse al cargo? ¿Realmente conseguirá sobrevivir ahora que está tan claro que existe una oposición tan generalizada a su gobierno?

Tal vez no. Pero si la historia sirve de guía, es demasiado pronto para descartarlo.

 De:_ https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54217696

De Justicia y Paz nos quedan 7.000 cuerpos encontrados y patrones de macrocriminalidad

 Desaparecidos5 sept. 2018 - 1:54 p. m.Por: Colombia2020/ @EEColombia2020

Lo docente y fiscal de Justicia y Paz, Zeneida López, explica lo que puede aprenderse de este sistema transicional que escuchó la verdad paramiliar en aras de buscar a los desaparecidos. 

Más de 10 años después de que Zeneida López investigaba cómo, dónde y por qué había ocurrido la desaparición forzada a manos de los paramilitares, puede hacer un balance de lo que significó esta ley y qué aprendizajes dejó. Ahora, cuando se pone en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada con el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, hay varios puntos fundamentales que esta profesora explicó en el conversatorio "El reto de encontrar a los desaparecidos del conflicto armado", organizado por Colombia2020 de El Espectador y realizado con el apoyo de la Embajada Alemana en Colombia, en asocio con la Unión Europea,

Patrones de macrocriminalidad

En la aplicación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, los paramilitares que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia rindieron versiones libres sobre sus crímenes. López explica que esto y la investigación fueron claves para empezar a responder por qué, para qué y cómo este grupo presuntamente desapareció a más de 26.000 personas.

 “Se trataba de las luchas antisubversivas. Había frases lapidarias, como la de Hernán Giraldo, porque me tocó recibir su declaración, en la que dijo que “todo lo que oliera a guerrilla había que desaparecerlo”. Y en la Región Caribe fueron pocos los combates, siempre fueron ataques contra la población civil. Esto se debió a la conquista y la dominación territorial”, explica esta docente.

¿Para qué se hacía? “Era el control social, homogenizar la población, que todos hicieran caso. Nada más terrorífico que desaparecer a una persona, que no se podía llorar, que no había sepultura, que no se podía preguntar, porque les decían que los iban a desaparecer a ellos”.  ¿Y cómo lo hicieron? “Se construyeron las formas refinadas que, con los investigadores del cuerpo técnico y con la memoria de los postulados a la ley, pudimos definir que el desmembramiento estaba tecnificado. Que los cuerpos había que dividirlos en 14 fragmentos, que las fosas fueron de 40cm x 40cm, porque no se podían hacer grandes porque ya eran demasiadas. Supimos que no se podían dejar los cuerpos expuestos porque la comunidad internacional iba a reclamar por eso”.

Agrupar los casos

Pero sobretodo, explica la docente, pudieron establecer que era muy importante armar los casos, no presentar víctimas de manera individual. “Las enseñanzas no solo son resultados de búsqueda, que son 7.000 cuerpos, es la asociación de casos. Hubo uno que recuerdo particularmente. La embajada italiana decía que tenían un ciudadano italiano desaparecido en la Sierra Nevada, luego una madre que decía que su hijo se había ido a la Finca Los Naranjos y en Bogotá teníamos una mamá que decía que su hijo era ambientalista y se dedicaba al turismo en la Sierra Nevada. Eran tres víctimas y un solo caso. Preguntábamos por el italiano y los postulados no sabían, pero luego preguntamos por la finca y dijeron que a la finca Los Naranjos los habían sacado (los cuerpos) con dos hippies más que estaban ahí”.

¿Dónde buscarlos?

López le llama el “listado de la infamia”. “Los desaparecidos son, por ejemplo, los menores que fueron reclutados para el conflicto y fueron ejecutados por sus mismos grupos o muertos en combate… o siguen vivos. Tengo un caso de unos niños que quedaron huérfanos y una persona desmovilizada de las Farc dice hoy: Los chicos están ahí, se acaban de desmovilizar, y ese caso es una condena por desaparición forzada”, explica.

También enumera fosas comunes (porque fueron presentados como subversivos muertos, mal llamados falsos positivos); “o murieron en combates los soldados (que ya no es secreto que había colaboración con fuerzas irregulares). Fueron arrojados al río (donde iniciaban su peregrinaje de pueblo en pueblo), a los mares. O están en cementerios, en las fosas revueltas de los cementerios municipales donde es cierto que se han hecho bóvedas encima de estas fosas. A los cuerpos nunca se les puso las manillas diciendo cuál era cuál, según el protocolo de necropsia. Fueron mezclados”. Esos son, más que obstáculos, dice, desafíos que tiene que tenerse claros para lograr encontrar a las personas dadas por desaparecidas.

De: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/desaparecidos/de-justicia-y-paz-nos-quedan-7000-cuerpos-encontrados-y-patrones-de-macrocriminalidad-articulo-857107/

 

La verdad que aún nos debe la ley de Justicia y Paz

 Verdad y Memoria13 mar. 2019 - 9:00 p. m.Por: Juan David Laverde Palma/ @jdlaverde9

Una investigación académica revela los vacíos y falencias en 51 sentencias proferidas por magistrados de esa jurisdicción en la última década. La justicia para las víctimas todavía sigue siendo esquiva. 

La Ley de Justicia y Paz vino tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el gobierno Uribe. / Archivo El Espectador

Tras revisar 51 sentencias proferidas por tribunales de Justicia y Paz entre 2009 y 2017, la radiografía es más bien desoladora. La mitad de estos fallos tienen graves vacíos, en muchos de ellos no se determinaron ni los móviles de los crímenes ni las circunstancias precisas de estos o la identificación plena de todos los responsables, más allá de los alias que usaban en las organizaciones ilegales. Además, en algunos expedientes los comandantes procesados del paramilitarismo o de las guerrillas no tenían la información completa sobre los delitos perpetrados por sus hombres y, a pesar del reconocimiento de responsabilidad, sus “verdades” resultaron incompletas y problemáticas. No es todo. En casi todas las sentencias fue el testimonio de los postulados la principal fuente probatoria para impartir condenas o solicitar nuevas investigaciones.

Estas son las principales conclusiones de una detallada investigación del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y el Instituto de Salud Pública de esa institución. El análisis cuantitativo de datos sobre la verdad judicial generada en el marco de la Ley de Justicia y Paz descubrió que, muy a pesar de logros para las víctimas, como el develamiento de más de 5.500 fosas comunes en todo el territorio nacional, son todavía muchas las deudas de este sistema de justicia transicional. No solo porque el denominado capítulo de la “paraeconomía” sigue siendo muy incipiente, sino porque la calidad de los fallos proferidos por los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla no es la deseable para cerrar definitivamente las heridas de la guerra.

Los ocho investigadores que adelantaron el estudio elaboraron un modelo compuesto por cuatro variables para medir la calidad de la verdad judicial obtenida. Las variables escogidas fueron la determinación de los móviles para la comisión del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los responsables del crimen y la prevalencia de los testimonios de los postulados y las víctimas. En ese contexto, tan solo una de las 51 sentencias revisadas resultó de “alta calidad”. La mayoría fueron consideradas de “calidad media” debido a sus vacíos o falencias. Un resultado preocupante que cobra relevancia hoy, justo cuando el gobierno de Iván Duque busca fórmulas para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc. En total, los 51 fallos revisados agrupan 6.928 hechos criminales.

De ese universo, se contabilizaron 576 señalamientos distribuidos así: 210 contra el Ejército Nacional, 187 contra empresas o empresarios concretos, 171 contra miembros de la Policía y 8 más contra miembros de la Armada. Todos por su presunta colaboración con las autodefensas, en su mayoría. En el capítulo sobre la identificación de los motivos de esos crímenes, la investigación señala que en el 58% de los casos se logró determinar los móviles de los perpetradores, es decir en 4.013 casos. Sin embargo, en el 42% restante, es decir, en 2.915 hechos no se pudo establecer la causa de esos delitos, lo cual constituye un problema no solo en materia de verdad judicial sino de verdad histórica. A su turno, en el 77% de los casos se especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en el 23% restante (1.571 episodios) esto no fue posible.

El informe no se pone con rodeos: “Enciende una alarma en materia de derechos a las víctimas”. Y añade: “La ausencia de una descripción de las circunstancias en los relatos constitutivos de verdad judicial impide que las víctimas cuenten con la información necesaria sobre sus casos particulares y, en consecuencia, les niega la posibilidad de controvertir el relato, privilegiando así la versión del condenado”. Con hallazgos aún más inquietantes. Tan solo en el 12 % de los hechos judicializados en Justicia y Paz (849 de 6.928 juzgados) se realiza una identificación total y completa de los autores materiales, mientras que en el 88 % restante “no se realiza una debida individualización de aquellos”. Es más, en 3.097 episodios las sentencias no dejaron claros ni los nombres ni los alias de los criminales, y en 2.982 estos datos estaban incompletos.

Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para encontrarla -saber los nombres e identificación de los perpetradores- no se logra determinar. Pero, además, la investigación documentó que en 8 de cada 10 hechos judicializados por Justicia y Paz la fuente principal que soportó las sentencias fueron los testimonios de los postulados. En 1.735 hechos juzgados en estas 51 sentencias no se incluyen evidencias distintas a los testimonios de los desmovilizados. Una cifra inquietante. En opinión de los investigadores, en 3.032 hechos de violencia la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en 3.086 fue “media” y tan solo en 90 fue “alta”. Dicho de otro modo, menos de 100 episodios de crímenes paramilitares sí fueron aclarados en su totalidad y con altos estándares para satisfacción de las víctimas. Los demás no llegaron a estos niveles óptimos.

En relación con las posibles redes de apoyo de los desmovilizados, el estudio encontró que en 43 de las 51 sentencias analizadas se dejó constancia explícita de señalamientos contra miembros del Ejército como colaboradores de las autodefensas. Pero, “al tener como fuente principal el testimonio (del postulado, de la víctima o de ambos), el señalamiento muchas veces hereda las dificultades de este medio probatorio”, advierte el documento. Un escenario problemático para hallar la verdad. De todas maneras, en total 210 integrantes del Ejército resultaron mencionados en 43 expedientes, pero solo el 54% de ellos fue identificado plenamente. En 69 casos los nombres y apellidos fueron dados de forma incompleta, hay 21 más sin clasificar y en 6 episodios solo se dieron los alias de los uniformados.

En 171 de los señalamientos el rango de los presuntos involucrados quedó registrado en las sentencias. En el 53 % de los casos se responsabilizó a tenientes, sargentos, capitanes, cabos, soldados e intendentes. Tan solo en el 7 % de los hechos investigados “se trataba de militares con rango de oficiales insignia, entre los que había 14 generales de la República”. En el mayor número de acusaciones se relacionan a los militares con el bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, así como el frente Héctor Julio Peinado que operó en el sur del Cesar y el bloque Mineros. “Se destaca la presunta pertenencia de miembros señalados del Ejército a la Brigada 30, con sede en Cúcuta; la Brigada 14, ubicada en Puerto Berrío (Antioquia); la Brigada 17, ubicada en la región de Urabá, y la Brigada Sexta, ubicada en Ibagué”.

Sobre los integrantes de la Policía salpicados en estos procesos, la investigación reveló que en 21 de las 51 sentencias aparecen graves señalamientos contra 171 de ellos como parte de la estructura de apoyo de los paramilitares. En el 59 % de estos hechos la identificación de los policías ha sido integral y en la mayoría de los expedientes los presuntos responsables de estas asociaciones ilícitas serían capitanes y tenientes. Tan solo se hallaron 14 acusaciones contra coroneles. Finalmente, en 20 de los 51 fallos de Justicia y Paz se identificaron 187 empresas o empresarios que habrían patrocinado estos ejércitos ilegales. “Cada uno de los señalados lo es en relación con un solo hecho de los judicializados en las sentencias de Justicia y Paz y ninguno de aquellos, a la fecha, es mencionado en más de una sentencia”, sostiene el documento.

Los sectores comercial, ganadero, arrocero y de transporte agrupan el mayor número de señalamientos en los fallos. De acuerdo con los investigadores, los bloques Catatumbo, Córdoba, Pacífico, Cacique Nutibara y Bananero fueron los que más nexos tuvieron con el empresariado mencionado en Justicia y Paz. Antioquia, Tolima, Córdoba, Chocó y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados por estas alianzas criminales. Este ejercicio académico también encontró otra conclusión preocupante: de los 576 señalamientos contra terceros como supuestos patrocinadores de la violencia paramilitar en su mayoría, tan solo se pidieron investigaciones por parte de los magistrados en 191 episodios. En síntesis, a pesar de los avances, las condenas o las confesiones, Justicia y Paz sigue en deuda con Colombia.

Un debate que resulta muy pertinente en esta coyuntura en la cual la incertidumbre ronda la jurisdicción creada para cerrar el conflicto armado por cuenta de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Este domingo el presidente Iván Duque sostuvo, por ejemplo, que no se puede renunciar a la persecución penal de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos para procesar solamente a los máximos responsables. Justamente fue eso lo que ocurrió en Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional que tampoco fue la panacea. De todas maneras, esta investigación, coordinada por Claudia Media Aguilar de CITpax, el decano de Ciencias Políticas de la Javeriana Luis Fernando Múnera y el profesor Andrés Dávila, aporta nuevos elementos a la controversia.

de: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-que-aun-nos-debe-la-ley-de-justicia-y-paz-articulo-857760/