Verdad y Memoria13 mar. 2019 - 9:00 p. m.Por: Juan David Laverde Palma/ @jdlaverde9
Una investigación académica revela los vacíos y falencias en 51
sentencias proferidas por magistrados de esa jurisdicción en la última década.
La justicia para las víctimas todavía sigue siendo esquiva.
La Ley de Justicia y Paz vino tras la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el gobierno Uribe. /
Archivo El Espectador
Tras revisar 51 sentencias proferidas por tribunales de Justicia y Paz
entre 2009 y 2017, la radiografía es más bien desoladora. La mitad de estos
fallos tienen graves vacíos, en muchos de ellos no se determinaron ni los
móviles de los crímenes ni las circunstancias precisas de estos o la
identificación plena de todos los responsables, más allá de los alias que
usaban en las organizaciones ilegales. Además, en algunos expedientes los
comandantes procesados del paramilitarismo o de las guerrillas no tenían la
información completa sobre los delitos perpetrados por sus hombres y, a pesar
del reconocimiento de responsabilidad, sus “verdades” resultaron incompletas y
problemáticas. No es todo. En casi todas las sentencias fue el testimonio
de los postulados la principal fuente probatoria para impartir condenas o
solicitar nuevas investigaciones.
Estas son las principales conclusiones de una detallada investigación
del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y
el Instituto de Salud Pública de esa institución. El análisis cuantitativo de
datos sobre la verdad judicial generada en el marco de la Ley de Justicia y Paz
descubrió que, muy a pesar de logros para las víctimas, como el develamiento de
más de 5.500 fosas comunes en todo el territorio nacional, son todavía
muchas las deudas de este sistema de justicia transicional. No solo porque
el denominado capítulo de la “paraeconomía” sigue siendo muy incipiente, sino
porque la calidad de los fallos proferidos por los tribunales de Justicia y Paz
de Bogotá, Medellín y Barranquilla no es la deseable para cerrar
definitivamente las heridas de la guerra.
Los ocho investigadores que adelantaron el estudio elaboraron un modelo
compuesto por cuatro variables para medir la calidad de la verdad judicial
obtenida. Las variables escogidas fueron la determinación de los móviles para
la comisión del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los
responsables del crimen y la prevalencia de los testimonios de los postulados y
las víctimas. En ese contexto, tan solo una de las 51 sentencias
revisadas resultó de “alta calidad”. La mayoría fueron consideradas de
“calidad media” debido a sus vacíos o falencias. Un resultado preocupante que
cobra relevancia hoy, justo cuando el gobierno de Iván Duque busca fórmulas
para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del
acuerdo de paz con las Farc. En total, los 51 fallos revisados agrupan 6.928
hechos criminales.
De ese universo, se contabilizaron 576 señalamientos distribuidos
así: 210 contra el Ejército Nacional, 187 contra empresas o empresarios
concretos, 171 contra miembros de la Policía y 8 más contra miembros de la
Armada. Todos por su presunta colaboración con las autodefensas, en su
mayoría. En el capítulo sobre la identificación de los motivos de esos
crímenes, la investigación señala que en el 58% de los casos se logró
determinar los móviles de los perpetradores, es decir en 4.013 casos. Sin
embargo, en el 42% restante, es decir, en 2.915 hechos no se pudo establecer la
causa de esos delitos, lo cual constituye un problema no solo en materia de
verdad judicial sino de verdad histórica. A su turno, en el 77% de los casos se
especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en el 23% restante
(1.571 episodios) esto no fue posible.
El informe no se pone con rodeos: “Enciende una alarma en materia de
derechos a las víctimas”. Y añade: “La ausencia de una descripción de las
circunstancias en los relatos constitutivos de verdad judicial impide que las
víctimas cuenten con la información necesaria sobre sus casos particulares y,
en consecuencia, les niega la posibilidad de controvertir el relato,
privilegiando así la versión del condenado”. Con hallazgos aún más
inquietantes. Tan solo en el 12 % de los hechos judicializados en Justicia y
Paz (849 de 6.928 juzgados) se realiza una identificación total y completa de
los autores materiales, mientras que en el 88 % restante “no se realiza
una debida individualización de aquellos”. Es más, en 3.097 episodios
las sentencias no dejaron claros ni los nombres ni los alias de los criminales,
y en 2.982 estos datos estaban incompletos.
Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para
encontrarla -saber los nombres e identificación de los perpetradores- no se
logra determinar. Pero, además, la investigación documentó que en 8 de cada 10
hechos judicializados por Justicia y Paz la fuente principal que soportó las
sentencias fueron los testimonios de los postulados. En 1.735 hechos juzgados
en estas 51 sentencias no se incluyen evidencias distintas a los testimonios de
los desmovilizados. Una cifra inquietante. En opinión de los investigadores, en
3.032 hechos de violencia la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en
3.086 fue “media” y tan solo en 90 fue “alta”. Dicho de otro modo, menos de 100
episodios de crímenes paramilitares sí fueron aclarados en su totalidad y con
altos estándares para satisfacción de las víctimas. Los demás no llegaron a
estos niveles óptimos.
En relación con las posibles redes de apoyo de los desmovilizados, el
estudio encontró que en 43 de las 51 sentencias analizadas se dejó constancia
explícita de señalamientos contra miembros del Ejército como colaboradores de
las autodefensas. Pero, “al tener como fuente principal el testimonio (del
postulado, de la víctima o de ambos), el señalamiento muchas veces hereda las
dificultades de este medio probatorio”, advierte el documento. Un escenario
problemático para hallar la verdad. De todas maneras, en total 210
integrantes del Ejército resultaron mencionados en 43 expedientes, pero solo el
54% de ellos fue identificado plenamente. En 69 casos los nombres y
apellidos fueron dados de forma incompleta, hay 21 más sin clasificar y en 6
episodios solo se dieron los alias de los uniformados.
En 171 de los señalamientos el rango de los presuntos involucrados quedó
registrado en las sentencias. En el 53 % de los casos se responsabilizó
a tenientes, sargentos, capitanes, cabos, soldados e intendentes. Tan
solo en el 7 % de los hechos investigados “se trataba de militares con rango de
oficiales insignia, entre los que había 14 generales de la República”. En el
mayor número de acusaciones se relacionan a los militares con el bloque
Catatumbo de Salvatore Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá,
así como el frente Héctor Julio Peinado que operó en el sur del Cesar y el
bloque Mineros. “Se destaca la presunta pertenencia de miembros señalados del
Ejército a la Brigada 30, con sede en Cúcuta; la Brigada 14, ubicada en Puerto
Berrío (Antioquia); la Brigada 17, ubicada en la región de Urabá, y la Brigada
Sexta, ubicada en Ibagué”.
Sobre los integrantes de la Policía salpicados en estos procesos, la
investigación reveló que en 21 de las 51 sentencias aparecen graves
señalamientos contra 171 de ellos como parte de la estructura de apoyo de los
paramilitares. En el 59 % de estos hechos la identificación de los policías ha
sido integral y en la mayoría de los expedientes los presuntos responsables de
estas asociaciones ilícitas serían capitanes y tenientes. Tan solo se hallaron
14 acusaciones contra coroneles. Finalmente, en 20 de los 51 fallos de Justicia
y Paz se identificaron 187 empresas o empresarios que habrían patrocinado estos
ejércitos ilegales. “Cada uno de los señalados lo es en relación con un solo
hecho de los judicializados en las sentencias de Justicia y Paz y ninguno de
aquellos, a la fecha, es mencionado en más de una sentencia”, sostiene el
documento.
Los sectores comercial, ganadero, arrocero y de transporte agrupan el
mayor número de señalamientos en los fallos. De acuerdo con los
investigadores, los bloques Catatumbo, Córdoba, Pacífico, Cacique Nutibara y
Bananero fueron los que más nexos tuvieron con el empresariado mencionado en
Justicia y Paz. Antioquia, Tolima, Córdoba, Chocó y Norte de Santander fueron
los departamentos más afectados por estas alianzas criminales. Este ejercicio
académico también encontró otra conclusión preocupante: de los 576
señalamientos contra terceros como supuestos patrocinadores de la violencia
paramilitar en su mayoría, tan solo se pidieron investigaciones por parte de
los magistrados en 191 episodios. En síntesis, a pesar de los avances, las
condenas o las confesiones, Justicia y Paz sigue en deuda con Colombia.
Un debate que resulta muy pertinente en esta coyuntura en la cual la
incertidumbre ronda la jurisdicción creada para cerrar el conflicto armado por
cuenta de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Este
domingo el presidente Iván Duque sostuvo, por ejemplo, que no se puede
renunciar a la persecución penal de todos los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos para procesar solamente a los máximos
responsables. Justamente fue eso lo que ocurrió en Justicia y Paz, un modelo de
justicia transicional que tampoco fue la panacea. De todas maneras, esta
investigación, coordinada por Claudia Media Aguilar de CITpax, el decano de
Ciencias Políticas de la Javeriana Luis Fernando Múnera y el profesor Andrés
Dávila, aporta nuevos elementos a la controversia.
de: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-que-aun-nos-debe-la-ley-de-justicia-y-paz-articulo-857760/
