Juan Carlos Escocet es un Venezolano más rico que Ardila Lulle o los Santo Domingo: ocupa el puesto 480º entre las personas más ricas del mundo. Es el dueño del banco Banesco. Si, ese señor es el más rico de Venezuela, donde gobierna el castro-chavismo ¿es rara la cosa? Si allá, según algunos, ya a todos los expropiaron etcétera, entonces ¿cómo hace ese señor para tener tal riqueza?…y hay otros, el Sr Mendoza dueño de Polar; el Sr Cisneros de varios canales; etc.
Jorge Paulo Lemann es Brasileño, y como él hay 42 ubicados entre los 1000 más ricos del mundo. ¿Pero cómo así si es que allá gobernó la tenebrosa izquierda esa por 7 años con Lula y luego con la exguerrillera Dilma Rousseff por 5, o sea 12? ¿Pero no pues que todo lo acaban? ¿Lo destruyen? ¿Y entonces estos cuarenta y dos brasileños cómo hacen para ser tan ricos? Ahh y por cierto Lula encarcelado, y Dilma destituida: tampoco se entiende: ¿No que las izquierdas destruyen las instituciones y las vuelven dictaduras?...
En Chile, el país con el más alto índice de desarrollo humano en América Latina, también ha gobernado una presunta exguerrillera, la Bachelet, y en lo que llevan de democracia después de la dictadura de extrema derecha, la horripilante izquierda ha gobernado 5 de cada 6 años. Y allá también hay MUY ricos. La señora Fontbona está en la lista de los más ricos del planeta. Y de hecho el actual presidente –de Derecha- es de los más ricos del país.
Entonces vamos descubriendo que la tal izquierda ha gobernado alguna vez en casi todos los países de américa latina y actualmente los presidentes de Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, y Uruguay, son de izquierda… y esos países ahí van ¿o se los llevó el diablo? Ecuador, gobernado hace 11 por la izquierda ¿acaso deja de sorprendernos por su avance en esos años? ¿Y el caudillo Correa acaso NO perdió el poder y lo debió ceder? Pues eso para no hablar de Europa, donde la izquierda es poderosa hace décadas, de hecho, hoy gobiernan 6 países, ¿y? ahí están los ricos y generalmente hay una gran clase media: que es la base de la democracia.
Ninguno de esos países es más injusto en la distribución de la riqueza que Colombia –salvo uno- ¿Cuál habrá sido la diferencia? ¿habrá sido que han tenido de vez en cuando gobiernos de izquierda? ¿Será que llegó la hora de darle la oportunidad a la izquierda de gobernarnos?. Igual ya lo han hecho en municipios, gobernaciones, en Bogotá, donde algo debieron hacer bien para obtener más de un millón de votos y quedar de segundos detrás de mi candidato Fajardo…
Tengo mis distancias con Petro (y con la Robledo). No me gustan los caudillos. Ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Ni los que fingen no serlo, ni los que aceptan que lo son, ni los que tienen títeres y si dejan de ser sus títeres los vuelven sus enemigos.
Empero, es la hora de saber qué hubiera pasado si nos hubiera gobernado Rafael Uribe, Gaitán, Rojas Pinilla, Gerardo Molina, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Navarro, Carlos Gaviria, Lucho Garzón: ya es hora de que Colombia, ¡SIN MIEDO! y como el resto de tooooodos sus vecinos, elija, de vez en cuando, gobiernos de “izquierda”. ¿Tendríamos un país más justo, más incluyente, más equilibrado, con más clase media, con ricos, muy ricos, pero mejor?. Necesitamos saberlo: Votaré por el señor Petro
(original en https://lasillavacia.com ...curioso enlace con problemas)
Ayer domingo arrancó la negociación entre el Gobierno Duque y el Comité del Paro después de una primera reunión fallida el pasado lunes.
La discusión giró en torno a las condiciones que exige el Comité para que dicha negociación se dé.
Mientras tanto el paro, que ya cumple 20 días, continúa.
Para analizar los puntos claves que tienen que tenerse en cuenta en una negociación tan compleja como la actual, la Silla Académica entrevistó a Julián Arévalo, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado y Asociado de Ifit (Institute for Integrated Transitions).
La Silla Académica: El capítulo de Juliana Tappe sostiene que las características personales de Santos y la diferencia entre su liderazgo y el de Uribe, explican que el comienzo de la negociación con las Farc sólo se hubiera dado hasta su Gobierno. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias del tipo de liderazgo de Duque en esta crisis?
Julián Arévalo: En Colombia hemos tenido crisis muy duras. Amenazas complejas de guerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes. En todos ha habido un liderazgo muy fuerte. Gente que se da sus mañas, así a uno no le gusten.
Todos sabemos el pecado original del presidente que es que asumió un cargo para el que no estaba preparado. Entonces no podemos tener tranquilidad de que va a poder resolver la situación.
Y tampoco está bien rodeado.
Uno de los capítulos del libro tiene que ver con una discusión acerca de qué tanto papel tenemos los individuos, más allá de las estructuras, en determinar el destino de un país.
Las condiciones que había al final del segundo mandato de Uribe y al comienzo del de Santos en términos del escenario internacional, el contexto regional y la dinámica del conflicto local eran prácticamente iguales. Pero el contexto familiar, el desarrollo profesional y la inclinación intelectual de Santos fueron determinantes en que pudiera arrancar un proceso de paz.
Sí hay aspectos de la personalidad de los negociadores que inciden en los resultados. Los grandes acuerdos los sacan grandes líderes.
La imagen de un buen negociador no es para nada la de un regateador en un San Andresito.
Alguien capaz de resolver una crisis política como la que tenemos, de sacar adelante un proceso de paz o de negociar proyectos de ley con sectores opositores, es alguien capaz de negociar consigo mismo, como dice el psiquiatra Alberto Fergusson a quien entrevistamos en el libro.
L.S.A.: ¿A qué se refiere con poder negociar consigo mismo?
J.A.: Fergusson se refiere a que un gran líder es aquel que es capaz de cuestionarse sus premisas, de permitirse considerar que está mal en un punto, de cambiar algo en lo que siempre ha creído.
Muchas veces creemos que negociar es imponerle nuestra visión al otro, convencerlo de que tenemos la razón, como si fuera un combate en el que tenemos que ganar.
La idea, en cambio, es que a partir de la posición de cada parte en un conflicto, construyamos una tercera que ninguno nos habíamos imaginado.
La pregunta aquí es: ¿Qué tan seguro es Duque para cuestionarse sus principios y verdades que ha construido a lo largo de su vida? ¿qué tanto lo ha hecho en cargos anteriores?
L.S.A.: ¿Cuál es la respuesta?
J.A.: La seguridad de una persona tiene que ver con lo que se conoce como el “monte de la ignorancia”. El desarrollo de conocimiento es como una montaña. Cuando empiezas a interesarte en algo, a leer sobre el tema, ya tienes opiniones sobre el particular. Entre más lo estudies puedes tener posiciones más firmes.
Pero después de cierto punto la persona que de verdad sigue estudiándolo con actitud de apertura por el conocimiento alcanza un punto en el que se cuestiona el tema y sólo así puede hacer que la curva vuelva a subir.
El que es verdaderamente experto está en un nivel de entendimiento superior al de los aficionados. Tiene la actitud del científico que saca antítesis para poder llegar a nuevas tesis. Eso a su vez hace que tenga una capacidad mucho más alta de encontrar soluciones creativas con actores que piensan muy diferente.
L.S.A.: Otro de los capítulos del libro analiza la capacidad de Trump para llegar acuerdos. ¿Le va mejor que al presidente Duque?
J.A.: Trump ilustra el desdén por la preparación previa a una negociación. Antes de la Cumbre del Siglo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, explicó que lo miraría a los ojos y seguiría el impulso del momento.
Una negociación exige estudiar a la contraparte de antemano, para que aún si decide guiarse por la lectura de sus ojos, tenga armado ya un plan para cada mensaje que puedan darle.
Perdió además aliados claves. Echó para atrás el acuerdo al que había llegado Obama con Irán en 2015, con lo que debilitó al presidente de ese país, Hasan Rohaní, empoderó a los sectores más radicales y se ganó un enemigo peor.
Esto es extrapolable al caso colombiano porque cada vez que se meten en el mismo paquete a las Farc y al ELN, como cuando la excanciller, Claudia Blum, dijo que los exguerrilleros eran responsables de las disidencias, se comete un grave error.
Con eso lo que hizo fue atacar a los que le están apostando a la paz, a los que están yendo a la JEP y a la Comisión de la Verdad, al tiempo que empoderó a los sectores más radicales en contra de ellos.
En toda negociación, por el contrario, hay que aprovechar a aquellos que quieren llegar a un acuerdo porque ellos a su vez muchas veces tienen negociaciones internas con los más radicales.
L.S.A.: El fracaso de la negociación con el ELN muchas veces se le ha adjudicado a su estructura no jerarquizada. El capítulo de Sebastián Guerra desmiente eso. ¿Podría decirse algo parecido frente a la dificultad que muchos señalan de llegar a un acuerdo porque este paro tiene múltiples actores?
J.A: Una negociación es la que es y no la que uno quisiera. La realidad no es la que tiene que ajustarse a tu modelo de excel.
Para poder negociar con el ELN no podemos decir que dado que cada estructura tiene su propia unidad de mando entonces necesitamos que esa guerrilla se convierta primero en las Farc que sí era jerarquizada.
Mucha gente cuando piensa en una negociación se acuerda de la imagen de la Habana con De La Calle y Sergio Jaramillo a un lado de la mesa y al otro Iván Márquez, Santrich y compañía. Pero eso no aplica en todos los casos.
Quizá en el caso actual del paro, la negociación puede parecerse más al juego de la tradición china llamado “Go” que al ajedrez.
La negociación del paro se parece más al juego chino “Go” que al ajedrez.
Julián Arévalo
El político y consultor estadounidense, Henry Kissenger, decía que para ciertas negociaciones deberíamos distanciarnos de la idea del ajedrez en el que hay dos personas enfrentadas y cada una sabe quién es el otro porque todas las fichas están puestas en el tablero: “yo soy ocho peones, dos caballos, dos torres, y, así, sucesivamente”, y el otro lo mismo.
Ambos saben además que tienen que controlar el centro del tablero y llevar al otro a una esquina para matarlo.
El juego de “Go”, en cambio, consiste en una cuadrícula de 19 x 19 casillas, que está vacía, primera cosa.
Una parte tiene piezas blancas y la otra negras. Y cada una empieza a poner sus fichas en cualquier lugar de la cuadrícula y la otra a rodearlas con sus fichas.
Lo que hay a lo largo y ancho del tablero son pequeñas y múltiples confrontaciones. Al final lo que tienes es un tablero como se ve en la carátula del libro, en el que es difícil establecer quién tiene más fichas:
Cada persona tiene que estar pensando en cada batalla y en la sumatoria de todas, que es la gran batalla.
Aplicado al paro implica pensar en que haya varias mesas con diferentes actores que están ocurriendo en paralelo y en diferentes lugares del país, no sólo en Palacio.
Una negociación es la que es y no la que uno quisiera. La realidad no es la que tiene que ajustarse a tu modelo de excel.
Julián Arévalo
Los grandes líderes deben poder entender qué está pasando en cada mesa y tener la capacidad de conectarlas a todas para que al final se pueda producir un resultado que las cobije.
La gente pregunta: “¿Entonces hay que ir a hablar con cada grupo de jóvenes? y con los pueblos indígenas?”.
Sí, hay que hablar con todo el mundo con una estrategia coordinada de qué estoy hablando con cada uno.
Pedirles que nombren 10 líderes es forzar la realidad a tu modelo y con razón salen las voces que dicen: no es que a mi Jennifer Pedraza, de Acrees, no me representa, o no me representa “x” o “y”.
L.S.A.: Otra de las dificultades que se han señalado para llegar a un acuerdo es todos los puntos que tiene el pliego de peticiones del Comité del Paro. Algunos señalan que tener una agenda acotada facilitó negociar con las Farc...
J.A.: Las Farc llegaba con 100 y pico de propuestas mínimas sobre desarrollo rural o sobre participación política. Había además peticiones absurdas.
¡Pero fresco! La negociación no es sobre las propuestas, lo que no implica que no haya que estudiarlas y darles respuesta a cada una.
Una cosa básica en materia de negociación es distinguir entre intereses y posiciones.
El trabajo de un equipo negociador es pasar de saber qué está pidiendo una parte a entender por qué está pidiendo eso. Con un diálogo abierto se van construyendo soluciones no a los qué sino a los por qué.
La mejor negociación posible no es buscar un punto medio, o partir la diferencia.
Julián Arévalo
Un ejemplo clásico ilustra el punto: Uno piensa que si hay dos personas que necesitan una naranja y sólo queda una, la mejor solución posible es partirla por la mitad, pero la mejor negociación posible no es buscar un punto medio, o partir la diferencia.
Si le preguntamos a cada persona para qué necesita la naranja quizá nos encontramos con que una va hacer un jugo y sólo necesita el extracto, y la otra una torta y sólo necesita la cáscara. Entonces ambas pueden aprovechar la totalidad y la mejor solución no es dividir la naranja en dos.
L.S.A.: La primera reunión que tuvieron el presidente y el Comité del Paro terminó con un comunicado en el que estos decían que no llegaban a ningún acuerdo entre otras razones por la “falta de empatía” del Gobierno. El libro dedica tres capítulos a hablar sobre la importancia de la “dignidad” en una negociación. ¿Concentrarse en los intereses de las personas tiene que ver con eso?
J.A.: El último capítulo del libro es una serie de entrevistas a personas que han hecho parte de procesos de negociación.
“Sin dignidad no hay negociación posible”, dijo Sergio Jaramillo en la suya.
¿Qué significa eso?
Andrés García, en otro de los capítulos, argumenta que incluir como primer punto de la negociación de La Habana la reforma rural integral fue estratégico porque implicaba darle valor a la narrativa que ese grupo había tenido durante su existencia de que su lucha era por el bienestar de los campesinos del país. Si tú lees los documentos de esa guerrilla te das cuenta que la palabra campo se repite un sin número de veces.
No haber hecho algo similar fue uno de los principales errores que se cometió en la negociación con el ELN.
Todos nos echamos cuentos que le dan sentido a nuestra existencia. En una sección del libro mostramos que muchas veces una persona prefiere morirse a firmar un acuerdo que sienta que vulnera su esencia, su dignidad, su identidad.
En otra de las entrevistas, Mauricio Rodríguez, un experto en liderazgo dice que lo que tenemos que hacer quienes queremos resolver conflictos es: preguntar, preguntar, preguntar, y escuchar, escuchar, escuchar, para entender cómo se ve cada persona a sí misma. En el ejercicio mismo de escuchar se dignifica al otro, además.
Si un negociador logra superar la imagen que ha construido de ese “otro” desde su ignorancia y meterse en lo profundo de su ser, está al otro lado. Después ya vendrá un trabajo técnico importante.
L.S.A.: En el libro se dice que en una negociación es tan importante la forma como el fondo...
J.A.: Una de las exigencias de muchas de las personas que están manifestándose es que el presidente se reúna con ellas. No que les mande a decir que les aprueba un subsidio.
En materia de negociación las formas son tan importantes como el fondo. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿quiénes van a ir? ¿el presidente va a ir vestido de Policía?
En un proceso de negociación que hubo en África, los insurgentes se iban a reunir por primera vez con el Gobierno. Dado que la cita era en un lugar apartado, donde hacía mucho calor, los funcionarios del Ejecutivo creyeron que lo mejor era irse en bermudas. Los rebeldes, por el contrario, se pusieron corbata pues se trataba de una reunión de alto nivel. Hasta ahí llegó la conversación porque éstos leyeron la vestimenta del Gobierno como una falta de respeto, de reconocimiento hacia ellos.
El presidente Duque falla completamente cuando pretende controlar él la agenda, el lugar para reunirse, los invitados, el tiempo de intervención. Incluso cuando tenía de antemano escritos los comunicados de las partes. O cuando cree, en el caso de los jóvenes, que se trata de personas manipuladas, por ejemplo, o que no saben lo que quieren.
L.S.A.: En su libro se habla de un ascenso progresivo al autoritarismo desde 2006. Líderes de opinión como Daniel Samper advierten un riesgo alto en Colombia producto de la crisis que estamos viviendo. ¿Usted lo cree así?
J.A.: Nuestra incapacidad de generar acuerdos nos lleva al escalamiento de los conflictos y ante esos conflictos a la añoranza de un líder que resuelva de tajo todas los problemas. El llamado a la conmoción interior es preocupante en ese sentido en un momento en que el Gobierno es percibido como un encarte para la derecha.
Por otro lado, el manejo político de la crisis ha sido oportunista. Cada cual está mirando cómo gana ventaja para las elecciones 2022.
Se necesitan unos actos de grandeza, de patriotismo, que permitan superar la mezquindad en favor del bien nacional. De lo contrario podemos terminar en uno u otro extremo fácilmente. Hay gobiernos de derecha buenos y de izquierda buenos, el problema es cuando la agenda de cada uno es la destrucción del otro.
L.S.A.: Todos están haciendo llamados a la ONU o a la Iglesia para que ayude a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo. Usted critica el paternalismo cuando supone la incapacidad de las personas de resolver sus conflictos. ¿Es diferente en este caso?
J.A.: Cuando hablo de paternalismo estoy pensando más en un conflicto entre vecinos que tienen que recurrir al cura del pueblo lo que mostraría cierto nivel de inmadurez de una o de las dos partes. O, en los casos en que dos personas tramitan una diferencia a punta de golpes.
La mediación es diferente. Parte de reconocer que las partes pueden tener limitaciones: de liderazgo, o para expresarse bien, para no alterarse. Puede también haber mucha desconfianza entre ellas. Entonces un tercero mediador puede tener más chances de formular propuestas que las acerquen. Puede tratarse de personas que conocen de primera mano otras experiencias de negociación o que las han estudiado. O que tienen contactos claves que conocen del tema.
Negociar implica que dos o más partes en conflicto son capaces de escribir un texto con el cual se sienten cómodos y que les permite darse la mano. No es algo sencillo porque cada una tiene una visión distinta de las cosas.
Las negociaciones además tienen un componente técnico que no es menor: las partes y sus equipos necesitan conocer las leyes, saber qué se puede cambiar y qué no, cómo es el tema de las sanciones, si hay un desarme, por poner un ejemplo.
Durante el proceso de negociación con las Farc, el equipo de trabajo de Sergio Jaramillo era una máquina de producir textos y analizar contenidos. Si una clase universitaria implica el doble de tiempo de preparación, ahora imagínate lo que requiere una reunión de cinco horas para negociar con un guerrillero, con un terrorista, con el jefe de un Estado con el que estás en guerra.
Una herramienta como el control de cambios hace una diferencia enorme. Yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca las conversaciones que se están llevando a raíz de la guerra que hay en la frontera de Ucrania y Rusia. Al comienzo los negociadores no usaban ni siquiera el mismo programa para trabajar.
Todo acuerdo necesita un equipo técnico detrás de bambalinas que dinamice la discusión.
L.S.A.: Usted ha señalado los vacíos de liderazgo que tiene el presidente. ¿No hay posibilidad de que Duque logre mejorar su talante de alguna forma ante las circunstancias?
J.A.: El famoso escritor y youtuber, Simon Sinek, dice que “usted no sabe de lo que es capaz cuando es consciente de que no tiene que saberlo todo”.
En otras palabras: estoy tranquilo siendo un gran ignorante en muchos de los temas.
La falta de liderazgo del presidente es dramática y no se va a corregir en unos días, pero: ¡hombre, déjese ayudar!
Duque tiene que olvidarse de que las organizaciones sociales únicamente son guerrilla y terrorismo
Julián Arévalo
Hay muchos sectores que conocen del tema: la comunidad internacional, una clase empresarial robusta, la academia, las organizaciones sociales. Duque tiene que olvidarse de que éstas únicamente son guerrilla y terrorismo.
Si el Presidente sigue insistiendo en que sabe qué hacer, y ya todos sabemos que no, la cosa va a ser muy complicada.
(De https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-externado-colombia/duque-no-tiene-seguridad-requiere-gran-lider )
Tras 28 años de aparecer textualmente en la Constitución de 1991, Colombia estrenó el estatuto de oposición, y con él, el derecho de la oposición a contestar las intervenciones televisadas de un Presidente de la República, con otra intervención de similar audiencia
Por ser muy importante para el debate civilizado, la construcción de culturas democráticas y de paz
trataremos de hacerle un seguimiento.
Sobre el balance del cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC (y el regreso a la violencia de algunos)
Sobre el balance del primer año del gobierno Duque
Reformas cruciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz
La frágil paz de Colombia se está viendo amenazada por la violencia rural y la sobrecarga humanitaria que conlleva el albergar refugiados venezolanos. En este extracto de su Watch List 2019 - Segunda Actualización, Crisis Group insta a la Unión Europea y sus Estados miembros a mantener su apoyo enérgico a la implementación de los acuerdos de paz de 2016.
Al cumplirse casi un año del gobierno del presidente Iván Duque, una Colombia polarizada enfrenta muchos obstáculos para consolidar una frágil paz. Algunos de los integrantes más radicales del gobierno de Duque y su partido, el Centro Democrático, continúan arremetiendo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal orientado a la rehabilitación y componente esencial del acuerdo de justicia transicional alcanzado en el acuerdo de paz de noviembre de 2016, el cual alegan es demasiado indulgente hacia los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si bien recientemente Duque se vio obligado a sancionar la ley estatutaria que fija el marco legal para la JEP después de que el Congreso y la Corte Constitucional rechazaran sus esfuerzos por cambiarlo, no está claro si él y su gobierno están preparados para dejar de lado su empeño en modificar la JEP y prestar más atención a los aspectos rezagados de los acuerdos de paz.
Con el campo aún devastado por la violencia, el cultivo de coca en aumento y el crecimiento de grupos armados (incluidas facciones disidentes de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones de narcotraficantes), el gobierno debería invertir más tiempo y recursos en implementar las reformas rurales del acuerdo de paz. Éstas constituyen el camino más prometedor hacia el desarrollo de una economía agrícola lícita que pueda desplazar la producción de coca y privar a los grupos armados organizados de su principal fuente de financiación. Las reformas a su vez, pueden ayudar a promover la presencia estatal en regiones rurales de Colombia fuera del alcance oficial.
Los estímulos políticos y el apoyo financiero de la UE pueden ayudar a Colombia a priorizar estas reformas, así como a enfrentar la enorme carga humanitaria creada por el influjo reciente de 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos que huyen de la crisis en su país, y los millones de colombianos desplazados que han abandonado sus hogares debido al conflicto armado de los últimos 25 años.
La UE y sus estados miembros pueden ayudar a abordar este complejo conjunto de desafíos al:
Continuar manifestando un fuerte respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz en los diálogos con el gobierno y en los foros multilaterales, alentando al gobierno a no modificar o socavar la JEP, y resaltando que ser fiel a los términos alcanzados en 2016 será importante para la durabilidad del acuerdo de paz y la estabilidad de Colombia.
Instar al gobierno a que acelere la implementación de reformas agrarias cruciales y otras medidas que integran el capítulo de reforma rural del acuerdo de paz, del cual la UE es uno de los principales donantes.
Aumentar el apoyo al desarrollo económico en las zonas rurales, especialmente en aquellas donde abunda la producción de coca, incluso mediante la financiación directa de proyectos de medios de vida alternativos o de sustitución de cultivos.
Aumentar su financiamiento al trabajo humanitario para ayudar a Colombia a afrontar la masiva carga humanitaria creada por el influjo de refugiados y migrantes venezolanos, así como el desplazamiento interno.
Luchando con la justicia transicional
Cómo llevar ante la justicia a los ex miembros de las FARC acusados de delitos graves durante el conflicto ha sido una cuestión muy polémica durante años. Según el acuerdo de paz de 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz favorece el trabajo comunitario como reparación en vez de la cárcel para los miembros de las FARC que cooperen, lo cual muchos en Colombia consideran demasiado indulgente. El presidente Duque llegó al poder en agosto de 2018 después de prometer durante su campaña que establecería consecuencias más estrictas para los delincuentes, y su partido pasó gran parte del último año trabajando para lograr dicho objetivo. A comienzos de 2019, Duque presentó seis objeciones a la legislación de implementación que el Congreso ya había aprobado de conformidad con los acuerdos de 2016 para establecer un marco legal duradero para la JEP. Pero en mayo, el Congreso rechazó las objeciones y, con la Corte Constitucional confirmando dicha decisión en junio, Duque se vio obligado a sancionar la ley estatutaria.
Las disputas del gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz son contraproducentes.
Aunque la lucha por la legislación de implementación parece haber terminado, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo controversial. Una fuente reciente de disputa es la decisión de la JEP del pasado mes de mayo de negar una solicitud de extradición de los EE. UU. y ordenar la liberación de un ex comandante de las FARC, conocido con el alias de Jesús Santrich, a quien los EE. UU. pretende procesar por presunta conspiración para traficar cocaína en 2018. Después de que la JEP ordenara la liberación de Santrich, éste fue arrestado una segunda vez por "nueva" evidencia, liberado nuevamente (esta vez por orden de la Corte Suprema), y se posesionó en una de las diez curules del Congreso asignadas a las FARC bajo el acuerdo de 2016, todo esto antes de desaparecer de una zona de concentración de desmovilizados de las FARC; informes de inteligencia filtrados sugieren que huyó a Venezuela.
Independientemente de las particularidades de éste y otros casos sobresalientes, las disputas del gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz son contraproducentes. Los términos a partir de los cuales opera la JEP, por imperfectos que sean, están en el corazón del acuerdo de 2016 y no pueden modificarse sin ponerlo en peligro. Además, el tiempo y la atención de sus directivos se requiere con urgencia en otros lugares, como se explica a continuación. La reciente propuesta del gobierno de recortar el 30 por ciento de los fondos del sistema integral de justicia transicional, el cual incluye a la JEP sugiere que las batallas políticas divisivas a su alrededor no han terminado.
Reforma rural: un historial desigual
Mientras que la administración de Duque ha centrado abrumadoramente su atención política en la Jurisdicción Especial para la Paz y en llevar a las FARC ante la justicia, su implementación de otros elementos del acuerdo, algunos de importancia crítica para establecer una paz duradera en Colombia, ha sido, en el mejor de los casos, desigual.
En el aspecto positivo, el gobierno ha tomado medidas importantes para reintegrar a los miembros de las FARC en la sociedad colombiana, incluida la aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación de 24 proyectos económicos y otras iniciativas para brindar oportunidades a los excombatientes dentro de la economía lícita (en el momento en que Duque asumió el cargo se habían aprobado dos). El gobierno también ha finalizado dieciséis planes de desarrollo regional, conocidos como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados a través de un proceso participativo dirigido a nivel comunitario en 170 municipios. Estos planes contienen miles de propuestas, que el gobierno está evaluando con base en sus criterios de "viabilidad", y que tienen como objetivo promover el desarrollo económico local y mejorar la presencia de las instituciones estatales en el campo, entre otras cosas, invirtiendo en infraestructura y ampliando el acceso a servicios de educación y salud.
Los grupos de narcotraficantes aún controlan gran parte de las regiones rurales.
Sin embargo, el gobierno ha ignorado o ha sido reacio a implementar otros aspectos importantes del capítulo de reforma rural. Según el Instituto Kroc, el cual hace seguimiento al progreso de los acuerdos de paz, el 51 por ciento de las iniciativas del capítulo de reforma rural han avanzado tan poco que no está claro si alguna vez lleguen a ser implementadas por completo y otro 38 por ciento no ha avanzado de ninguna manera.
Las reformas agrarias, que enfrentan gran oposición por parte de la base política del Centro Democrático, compuesta por terratenientes de élite, quienes ven la reforma como una amenaza a su poder e intereses, requieren especial atención. El acuerdo de paz contempla tres medidas principales para distribuir la tierra de manera más equitativa, crear protecciones legales para los propietarios y alentar a los campesinos a que planten cultivos distintos a la coca. Una es formalizar la propiedad de casi siete millones de hectáreas de tierra sin título, otorgando títulos a los agricultores que la trabajan. Antes de que Duque asumiera el cargo, la Agencia Nacional de Tierras ya había titulado 1,6 millones de hectáreas en poco más de un año, pero sus esfuerzos parecen haberse desacelerado; en junio de 2019 el número tan sólo alcanzó los 1,9 millones de hectáreas. Una segunda medida importante, la creación del Fondo de Tierras de la Nación para distribuir tres millones de hectáreas a campesinos con poca o sin tierra, también está fallando. Bajo la administración anterior de Juan Manuel Santos, el fondo alcanzó a incorporar 525 000 hectáreas, pero bajo la administración actual el total aumentó en tan solo 32 000 hectáreas. La tercera medida, que consiste en establecer un registro de tierras para rastrear la propiedad y permitir una mejor recaudación de impuestos, va mejor, ya que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación aseguró el financiamiento para proceder con su creación.
Manejo de inseguridad y producción de coca en áreas afectadas por conflictos
A medida que Colombia lucha por implementar el acuerdo de 2016, la violencia organizada continúa aumentando en las áreas rurales. La guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC (quienes no hicieron parte del proceso de paz o se retiraron de este), y los grupos de narcotraficantes aún controlan gran parte de las regiones rurales. Regulan y participan en economías ilegales, pretenden controlar las comunidades donde operan a través de justicia improvisada y otros mecanismos de gobierno, y luchan entre sí y con el estado, causando un gran daño. Más de 145 000 personas fueron desplazadas por esta violencia en 2018, en comparación con 139 000 en 2017.
El gobierno siente que está bajo presión constante tanto de la opinión pública nacional como de los socios extranjeros para combatir con mayor firmeza el crimen y la violencia rural. En respuesta, el gobierno de Duque ha incrementado los despliegues de tropas y policías en lugares como el Catatumbo a lo largo de la frontera con Venezuela y el Bajo Cauca en el noroeste. Ha destacado el asesinato y la captura de líderes de grupos criminales o armados, como el disidente de las FARC conocido por el alias "Guacho". Pero en general estos esfuerzos no le han permitido al gobierno arrebatar el control territorial a los grupos armados ilegales, ni han debilitado su poder en general.
Mientras tanto, la producción de coca y cocaína en Colombia, la cual financia a estos grupos ilegales y los incita a competir y luchar entre sí, ha alcanzado niveles históricos. En 2017 (el último año para el cual hay datos confiables) la producción de cocaína alcanzó las 1300 toneladas métricas. EE. UU. ha criticado fuertemente al gobierno colombiano por su incapacidad para frenar la producción, y el presidente Trump ha amenazado con descertificar a Colombia como socio de su país en esfuerzos antinarcóticos, lo que haría que el país no sea elegible para la mayoría de la asistencia de los EE. UU.
Solo abordando las profundas disparidades socioeconómicas que afectan a las comunidades [rurales], Colombia puede realmente llegar a superar el legado de violencia.
Sin importar que tan probable sea que esto ocurra, el gobierno colombiano ha tomado muy en serio el descontento de la Casa Blanca. Se ha comprometido a combatir la producción de coca incrementando la erradicación forzada, prometiendo destruir 80 000 hectáreas de coca este año y sustituir otras 20 000 por cultivos legales. El Ministerio de Defensa parece estar preparándose para retomar la fumigación aérea, aunque es muy poco probable que la Corte Constitucional, que anteriormente prohibió la fumigación debido a los presuntos efectos carcinogénicos del glifosato, la permita.
Más allá de los problemas de legalidad, retomar la fumigación aérea sería una política contraproducente. Esfuerzos previos para controlar la economía de la coca mediante fumigación aérea (Colombia fumigó más de un millón de hectáreas entre 2000 y 2015) han fracasado. Parte del problema es que la técnica es ineficaz: varios estudios han demostrado que fumigar una hectárea de coca solo destruye una pequeña fracción del cultivo, y que cualquier avance mínimo que pueda lograr es insostenible en el tiempo. Dado que los agricultores resultan cultivando plantas de coca con el fin de ser productivos, reducir la cantidad de tierra apta para la agricultura en general en un intento por reducir la producción de coca es inadecuado.
Para bien o para mal, la solución más prometedora ante la continua presencia de grupos armados organizados y economías ilícitas en las comunidades rurales de Colombia radica en las reformas rurales establecidas en el acuerdo de paz de 2016. Solo abordando las profundas disparidades socioeconómicas que afectan a estas comunidades, Colombia puede realmente llegar a superar el legado de violencia.
La crisis venezolana
Sumado a sus desafíos internos, Colombia enfrenta una creciente carga humanitaria causada por la crisis del país vecino. Desde que la crisis económica y política venezolana empeoró dramáticamente en 2017, más de un millón de venezolanos han huido a Colombia, aumentando las filas de los más de 300 000 colombianos desplazados internamente debido a la violencia en ese mismo período y los millones de colombianos desplazados durante un cuarto de siglo de conflicto que aún no han regresado a sus hogares.
Si bien el gobierno ha demostrado ser generoso y acogedor con los venezolanos al proporcionar residencia temporal y acceso a salud y educación, la infraestructura a lo largo de la frontera es terriblemente precaria y muchos migrantes prefieren vivir en la miseria de las grandes ciudades de Colombia. Aunque Colombia es un país de ingresos medios, requiere urgentemente apoyo adicional de donantes. La ONU y otras agencias humanitarias estiman que el financiamiento necesario para atender a los refugiados venezolanos en Colombia es de alrededor de €280 millones para 2019, de los cuales solo €67 millones están cubiertos actualmente por donantes. El gobierno está contemplando ajustar su objetivo de déficit fiscal para poder disponer de €800 millones adicionales con el fin de satisfacer las necesidades de los refugiados venezolanos y reasignar dinero destinado a otras prioridades, incluida la implementación del acuerdo de paz de 2016.
El camino hacia adelante
Para el gobierno colombiano la mejor manera de avanzar radica en una estricta implementación de los acuerdos de paz de 2016. Como principal donante, un Fondo Fiduciario de la UE habrá desembolsado €120 millones en apoyo al desarrollo rural y la reintegración para fines de 2020, la Unión Europea y sus estados miembros están bien posicionados para presionar al gobierno para que abandone las disputas polarizadas sobre la rendición de cuentas de las FARC y afronte las reformas rurales de vital importancia.
Dado el liderazgo de la UE en asuntos de justicia y responsabilidad, puede ser una voz fuerte para presionar al gobierno de Duque a dejar de lado sus disputas con la Jurisdicción Especial para la Paz, destacando que este tribunal es el producto imperfecto de un compromiso político, pero socavarlo podría poner en peligro una paz duradera en Colombia. También debería presionar al gobierno para que financie plenamente todos los mecanismos de justicia transicional, incluida la Jurisdicción Especial, en su presupuesto de 2020, a pesar de los recientes anuncios de que buscará recortar los fondos para los mecanismos de justicia transicional en un 30 por ciento.
La UE y los estados miembros también deben resaltar la importancia de que los líderes políticos presten mayor atención a los aspectos rezagados de los acuerdos de paz. Deben dejar claro que ven estas reformas como la clave para un futuro estable y próspero para Colombia, y en particular para las áreas rurales que continúan enfrentando una violencia rampante. Así como el gobierno merece reconocimiento por el progreso que ha logrado en la reintegración de las FARC, demasiadas reformas se han estancado o no se han podido iniciar en absoluto. Encabezando la lista están las reformas agrarias que en gran medida se han estancado desde que Duque asumió el cargo.
La UE debería considerar aumentar su asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades creadas por el creciente influjo venezolano.
Si bien la paz y la seguridad en el campo dependen en última instancia de estas reformas, a corto plazo, la UE debería seguir ayudando al gobierno colombiano a fortalecer su presencia y capacidad para brindar servicios en áreas rurales empobrecidas, incluso mediante la financiación de proyectos para la resolución de conflictos, promoción de responsabilidad penal por actividades delictivas y construcción de infraestructura. Además, la UE debería alentar al gobierno a centrarse menos en la erradicación de coca, y más en los esfuerzos para estimular el desarrollo de economías lícitas en áreas afectadas por conflictos a través de medios de vida alternativos y la sustitución de cultivos.
Ante estos desafíos, y el hecho de que se prevé que la implementación exitosa del acuerdo de paz y desarrollo rural tomará quince años en Colombia y costará miles de millones de euros, la UE debería comenzar a considerar la posibilidad de extender el Fondo Fiduciario más allá de 2020 y agregarle más recursos. De manera similar, la UE debería considerar aumentar su asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades creadas por el creciente influjo venezolano y ayudar a Colombia a soportar la carga sin sustraer fondos de la reforma que aún se encuentra en sus primeras etapas.
