jueves, septiembre 22, 2016

¿Paz? todo está por hacerse #Paz #Colombia

A mí me parece que lo que ocurrió fue casi un milagro”


en http://lasillavacia.com/historia/mi-me-parece-que-lo-que-ocurrio-fue-casi-un-milagro-58056

por Por JUANITA LEÓN · 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 


Sergio Jaramillo fue el arquitecto del proceso de paz y uno de sus motores principales. En vísperas de la firma del Acuerdo de Paz y después de que se divulgaron las tesis de las Farc, La Silla lo entrevistó sobre lo pactado y lo que viene. Esta es la transcripción de la entrevista:
La Silla Vacía: ¿Qué se siente haber logrado firmar el Acuerdo de paz?
Sergio Jaramillo: Yo tengo un problema genético y es que veo más los problemas que se vienen que lo que hemos logrado hasta ahora. Todavía no he salido del fondo del mar.
LSV: ¿Y es un fondo oscuro?
SJ: No.
¿Entonces?
SJ: Siguiente pregunta.
El cambio más grande que tenemos que lograr para que todo lo demás sea posible es un cambio cultural.
¿Qué le dejó y qué le quitó esta negociación?
SJ: Me quitó mi vida privada y familiar con todo lo que eso implica. Me quitó casi totalmente mi vida privada y me dejó aparte de muchas canas, un aprendizaje grande y no siempre agradable sobre los seres humanos y sobre lo que es Colombia hoy.
¿Cómo definiría esa Colombia?
SJ: Yo creo que los gobiernos en general tienen una gran dificultad en entender el país y sobre todo a la gente que gobiernan. Cuando uno sale a los territorios, sobre todo los más marginados, se lleva la impresión que de verdad estamos divididos por capas. Pero también ve una fuerza increíble en la gente. Y esa es mi principal fuente de optimismo.
¿Las Farc representan una de esas capas?
SJ: No, no lo creo. Pero sí creo que con el fin de la guerra se cae ese velo que ha ocultado una parte de la realidad y eso es lo que vamos a enfrentar.
¿Qué parte es esa que no hemos visto?
SJ: La gran conflictividad que hay aún en la sociedad colombiana, la fragmentación, y las condiciones escandalosas en las que vive mucha gente en el país.
¿Cree que parte de la dificultad de entender ese país pasa por una incapacidad de entender por qué mucha gente dice que votará No? ¿Usted sí los entiende?
SJ: Yo entiendo a una persona que dice que vota No porque no les perdona a las Farc lo que le hicieron. Lo que tenemos que explicar mejor es que este proceso va mucho más allá de las Farc. Tiene la gran ambición de sentar las bases para una paz estable y duradera y por eso acordamos en el Acuerdo General de 2012 la agenda que acordamos y por eso llegamos ahora en la Habana a los acuerdos a los que llegamos.
El presidente Santos reiteró en Nueva York que se había acabado la guerra en Colombia. ¿Usted cree lo mismo?
SJ: Sí. Totalmente.
¿Y las bandas criminales y el Eln?
SJ: El fin del conflicto es un momento en la historia. No consiste simplemente en la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil en las Farc. Es darse una oportunidad para pasar a otra situación.
Ahora, como todas las oportunidades, o la cogemos, entendiendo que hay que hacer reformas y que hay que implementar los acuerdos o la dejamos pasar como sociedad pensando que solo se trata de quitarle unas armas a las Farc.
¿De qué se trata entonces?
SJ: En primer lugar, como ya dije, de llevar los acuerdos del papel a la realidad. Y eso realmente va a cambiar el país para bien. Pero creo que también hay que hacer una reflexión que va más allá de los acuerdos de la Habana sobre qué quiere decir la paz para cada persona y cada lugar.
¿A qué se refiere?
SJ: Le doy un ejemplo. Acabo de llegar de Medellín. Donde me contaron que en las comunas que aun siguen enfrentadas hay gente diciendo si el gobierno y las Farc fueron capaces de llegar a un acuerdo, cómo así que aquí nos seguimos matando. La paz no es solo un acuerdo, es una voluntad de tramitar los problemas por la vía del diálogo y la negociación.
Usted escribió el marco conceptual de la Seguridad Democrática y el del proceso de la Habana. ¿Supuso una ruptura o una continuidad?
SJ: Hay unas continuidades y hay unas diferencias. La continuidad está en que en ninguna sociedad logra vivir en paz si no tiene instituciones que regulen los conflictos de la sociedad y le respondan mínimamente a sus ciudadanos. Que les garanticen sus derechos. Pero también hay una gran diferencia. Antes estábamos actuando en contra de… Ahora tenemos que actuar con... Entender que para que esto funcione, incluyendo que para que estas instituciones puedan responder, hay que meter a todo el mundo y armar esto entre todos.
¿Implica un cambio de chip mental para lo que viene?
SJ: Total. El cambio más grande que tenemos que lograr para que todo lo demás sea posible es un cambio cultural. Es sentirse ciudadanos de un mismo país, mas dispuestos por una parte a solidarizarse con los que han vivido completamente al margen de la vida nacional en las regiones de Colombia y a expulsar la violencia de nuestras costumbres política. Eso nos va a tomar una generación.
Las Farc, en las tesis de la X Conferencia, reivindican su lucha armada. ¿Usted reivindica los años de confrontación militar?
SJ: Si la pregunta es ¿hubiera sido posible llegar a este acuerdo sin los ocho años de seguridad democrática? La respuesta es no. Pero esa no fue la única razón po r la cual llegamos a este acuerdo.
¿Qué tanto el éxito de la negociación se debió al Presidente?
SJ: A la gente Juan Manuel Santos le puede caer bien, mal o regular. El hecho es que él fue el que vio la oportunidad histórica de la paz que no había visto nadie más, puso todo su capital político en este proceso y se lo jugó hasta el final. La paz se la debemos a él.
Bueno, y a ustedes que le dedicaron cuatro años de vida. ¿Qué tal el aporte de la gente de su Oficina?
SJ: Fue un aporte gigante. Tan o más grande como el de todos los plenipotenciarios.
En varios momentos, la negociación se topó con unos nudos gordianos. ¿Cómo superaban esas concepciones irreconciliables?
SJ: A mí me parece que lo que ocurrió fue casi un milagro. Si uno considera que en todos los procesos anteriores no hubo prácticamente ningún acuerdo o acuerdos muy escuetos como el de la Uribe, se tiene que maravillar que haya sido posible que entre el gobierno y las Farc, sin mediación alguna, se hayan escrito esas 297 páginas. Y eso fue gracias también, además de la metodología, a la seriedad con las que las Farc abordaron la negociación.
¿En qué se reflejaba esa seriedad?
SJ: En que como nosotros, trabajaban desde que abrían el ojo hasta que lo cerraban y hacían propuestas concretas.
Pasando específicamente al acuerdo logrado, hay cosas que aún no se saben. Por ejemplo, ¿dónde van a ser los Pdets?
SJ: Acordamos en el punto uno que los Pdets se pondrán en marcha en los municipios más afectados por el conflicto, con mayores niveles de pobreza, mayor presencia de cultivos ilícitos y donde el Estado ha sido débil. Son criterios objetivos y ya tenemos una idea bastante clara de donde van a estar pero no se ha cerrado la discusión.
¿Coinciden con las circunscripciones de paz?
SJ: Si. Porque los criterios para su selección son los mismos.
¿Quién lo va a decidir?
SJ: En el marco de la Comisión de Seguimiento e Implementación.
¿Quién va a formar parte de esa Comisión?
SJ: Los que designe el Presidente de la República.
¿Y usted es uno de los tres?
SJ: Eso lo decide el Presidente.
Ya existe una secretaría técnica de la JEP, ¿cuándo van a nombrar a los magistrados?
SJ: Es muy urgente que eso se haga pronto.
¿Ya existen los delegados que escogerán a los magistrados?
SJ: No todos.
Las Farc tienen una idea diferente, a juzgar por sus tesis, sobre el día D para comenzar a concentrarse. Al final es ¿después de la firma o después de la aprobación de la amnistía?
SJ: Hay un cronograma con unos pasos que ya está acordado y que es público. En ninguna parte existe una condición de que el gobierno pase una ley para que las Farc se muevan. Otra cosa es que mientras se van moviendo hacia las zonas nosotros vamos haciendo lo que nos corresponde y eso incluye por supuesto pasar proyectos de ley incluyendo la ley de amnistía.
¿Los milicianos se van a concentrar también?
SJ: Por supuesto. Me da la impresión de que la gente no ha leído el capítulo sobre tránsito a la legalidad del acuerdo de reincoporación. Las Farc tiene que entregar un listado con la totalidad de sus miembros incluyendo a sus milicianos.
¿En el acuerdo quedaron muchas garantías para el disenso. Existe algún mecanismo para el consenso?
SJ: No estoy de acuerdo. Yo lo veo al revés. Yo creo que en Colombia hay una gran conflictividad social que cada vez se está expresando más y que está haciendo extremadamente difícil el oficio de gobernar. Los mecanismos de participación que acordamos, por el contrario, permiten crear escenarios en una sociedad tan fragmentada y tan llena de odios y temores para armar consensos sobre qué es lo que hay que hacer en cada región para construir la paz. Esa es la esencia de lo que hemos llamado la paz territorial.
¿Cuál sería un ejemplo de esos espacios?
SJ: Cojamos un ejemplo. Escasamente ha habido una región en Colombia con tanta violencia histórica y tanta conflictividad como el Urabá. Yo estoy convencido de que para construir paz en Urabá no basta con poner en marcha unos programas de desarrollo rural. Hay que primero sentar en una misma mesa a los bananeros, a los ganaderos, a los sindicatos, a las víctimas, a los campesinos y decir ‘señores, ¿ahora cómo vamos a hacer’? Si no se crean unas mínimas bases de convivencia va a ser muy difícil sacar adelante la implementación de los acuerdos.
¿Quién los sienta en esa mesa?
SJ: Yo creo que cada región de Colombia debe coger las riendas de su propia paz y los líderes naturales que uno ve cuando viaja por el país deben asumir esa responsabilidad. Que se trate de partidos políticos, empresarios o líderes sociales. Nosotros también podemos ayudar como gobierno y como Oficina del Comisionado de paz. Es algo a lo que nos queremos dedicar.
¿Cómo se imagina ese pacto político que menciona el Acuerdo?
SJ: Es imposible sacar adelante una verdadera transición si no se hacen una serie de pactos políticos más allá de los acuerdos de la Habana. En primer lugar, como dice el Acuerdo de garantías de seguridad, hay que reunir a los representantes de los diferentes sectores de la sociedad en el nivel nacional, y sobre todo, pienso yo, en las regiones y acordar que se va a respetar el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las Farc y que nos vamos a comprometer a dejar de promover cualquier forma de justicia privada. Y las Farc, por supuesto, tendrán que cumplir su parte. Es un acuerdo esencial y posible.
Pero también es necesario, y por eso quedó ese compromiso, mirar qué tipo de ajustes es necesario poner en marcha más allá de los acuerdos para facilitar su implementación y consolidar la construcción de una paz estable y duradera.
¿Ajustes constitucionales? ¿Está hablando de la Asamblea Constituyente?
SJ: No. Siempre estuvimos en contra de acordar una constituyente en la Habana y consideramos que sería un gran error meter al país en un proceso constituyente en este momento cuando enfrentamos la tarea tan extraordinariamente exigente de implementar los acuerdos y de sacar adelante transformaciones reales.
¿Entonces es un pacto en el Congreso?
SJ: Puede comenzar una discusión alrededor de temas sobre los que no nos hemos podido poner de acuerdo. Le doy un par de ejemplos. El uso mas adecuado de la tierra. O el grado de descentralización necesaria para sacar adelante la transición.
¿Cree que se viene una lucha por la interpretación del acuerdo?
SJ: Es imposible, incluso con todo el detalle que tiene este acuerdo, lograr una redacción que no se preste a diferentes lecturas. Por supuesto que habrá mucha discusión.
Ya para cerrar, qué viene para usted ahora?
SJ: Yo sigo haciendo mi trabajo mientras le sirva al Presidente de la República.
La guerra se acaba porque hay un acuerdo al que nos costó mucho trabajo llegar.
¿Ha sido difícil pasar de ser una persona muy tímida y privada a ser un personaje público?
SJ: Sí.
¿Le ha gustado?
SJ: No mucho.
¿Se ve en el futuro como negociador en conflictos internacionales?
SJ: El único lema que tengo en la vida es nunca hacer planes para el futuro, sino simplemente tratar de hacer bien lo que hay que hacer hoy. Y lo pienso seguir practicando.
¿Qué de toda su experiencia pasada fue lo que más le sirvió para la negociación?
SJ: Haberme salido de la búrbuja en la que uno crece cuando crece en el norte de Bogotá.
¿Está tranquilo con el plebiscito?
SJ: No. Cuando a la gente le preguntan si está de acuerdo con el acuerdo, la mayoría dice que sí. Otra cosa es que el 2 de octubre salgan a votar. Yo creo que los colombianos aún no hemos entendido la dimensión de lo que está en juego el 2 de octubre. Es sencillamente en qué país vamos a vivir y si nos vamos a dar una oportunidad.
¿Cómo se prepara el gobierno para la eventualidad de que gane el No?
SJ: Aquí hay un problema que me parece que no se ha enfrentado con suficiente honestidad. La guerra se acaba porque hay un acuerdo al que nos costó mucho trabajo llegar. Si la gente vota que No y rechaza el acuerdo eso significa que fracasó la negociación, que se derrumbó el proceso de paz. ¿Qué hacemos en ese escenario? No sé. Lo que sí creo es que la gente que está a favor del No debe asumir las consecuencias de su propia decisión.
Si lo que se viene es tan difícil, ¿qué le da optimismo?
SJ: Los jóvenes. Porque los jóvenes de hoy son distintos. Tienen más conciencia de en qué país viven. Uno se encuentra hoy gente de 25 años que lo único que quiere hacer es trabajar en una ong ambiental o irse al África a trabajar con las Naciones Unidas. Lo que necesitamos ahora es que trabajen en su propio país porque es mucho lo que hay que hacer.
La última pregunta: ¿Que le ayudaría a salir del fondo del mar?
SJ: Cambiar de personalidad.
SERGIO JARAMILLO

lunes, septiembre 12, 2016

los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años

en http://www.las2orillas.co/los-281-municipios-donde-las-farc-el-eln-estan-presentes-hace-30-anos/#  basado en http://www.pares.com.co/categoria/documentos-e-informes/   (subrayados del blogger) 

Este es el mapa de los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años

El departamento del Cauca donde las Farc atacaron la guarnición militar es uno de los epicentros de la guerrilla. Informe de la fundación Paz y Reconciliación
Por:  febrero 28, 2015
Este es el mapa de los municipios donde mandan las Farc y el ELN hace 30 años
¿Cuáles son las zonas dónde hace treinta años mandan las FARC y el ELN? ¿Por qué estos lugares y no otros? ¿Qué habría que hacer allí, en caso de que se firme la paz en La Habana? Estas son algunas de las preguntas que responde el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación. 
El postconflicto es una etapa que va desde el momento en que finaliza el conflicto armado interno y se avanza –si evoluciona favorablemente- hacia una etapa de “normalización” que es medible a través de las transformaciones institucionales, desarrollo social, inclusión, garantía para el ejercicio de los derechos, reconciliación y una nueva cultura política democrática. Este es el camino que tendrá que recorrer Colombia en caso de que se firme el acuerdo de paz en La Habana.
Pero para poder asumir dicho proceso es importante reconocer el tiempo que tomará restablecer el país pero sobretodo prestar atención especial a los territorios que sufrieron las olas de violencia más intensas.
El postconflicto se puede dividir en cuatro líneas de tiempo que son; el alistamiento que consiste en una estrategia del Estado para evitar la reaparición de nuevas olas de violencia; la segunda, que busca ganar la confianza de la población para que con su ayuda se puedan aplicar los acuerdos de paz; el “plan de choque” llamado por la Fundación Paz y Reconciliación como las victorias tempranas para la paz y no se tratan de transformaciones estructurales a mediano y largo plazo sino de la creación de condiciones que las prefiguren y contribuyan a la indispensable construcción de un clima de confianza nacional e internacional sobre el proceso. En otras palabras, es una acción comunicativa en la que, aún no habiéndose desarrollado las transformaciones estructurales de fondo, la población logra percibir que algo ha cambiado; y la última línea de tiempo que va desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 10 años y busca la normalización del país.
Un proceso de paz para un conflicto armado de más de 50 años debería tener dos objetivos. El primero es solucionar aquello que denominan las causas estructurales que llevaron a un segmento de la población a empuñar las armas con temas de participación política, acceso a la tierra, entre otras; y el segundo, es buscar el retorno al punto de partida, es decir, volver al punto donde arrancó la guerra para poder restaurar todo aquello que ocasionó el conflicto.

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Statitas Kalivas[1], uno de los importantes estudiosos de las guerras civiles y de los conflictos armados, concluye que generalmente las guerras civiles, los grandes movimientos sociales y las olas de violencia que invaden un país, tienen que ver con causas locales o situaciones regionales.
En Colombia la violencia no se desarrolló homogéneamente en el territorio, y los factores estructurales no son similares en todo el país. En este sentido uno de los retos territoriales deben estar enfocado a eliminar la economía que generó la guerra desarrollada en los territorios excluidos y marginados donde se establecieron grupos ilegales a costillas de los cultivos de coca, la minería criminal y las redes de extorsión.
La falta de interconexión al mercado nacional es decir la ausencia de vías, la inexistencia de sistemas de integración política y la falta de infraestructura social ha constituido en una sociedad segregada y apartada. Por eso allí, no sólo se deben construir carreteras y acueductos sino también reconstruir la organización social para que se creen lazos de confianza que permitam integrar la población de estos territorios a la vida nacional.
Los hombres y mujeres que saldrán de los grupos guerrilleros no se irían a las ciudades a inventarse una nueva vida. Los guerrilleros se quedarán y realizarán su reinserción en las zonas donde operaban. Esto significa que inicialmente las dinámicas de postconflicto no se vivirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sino en municipios con vulnerabilidad alta de recaer en la violencia como los son Puerto Asís, La Macarena en el Meta o San Vicente del Cagüán.
Después de una década, el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación ha logrado establecer cuáles son estos lugares en donde se vivirán los retos territoriales del postconflicto. Son 281 los municipios en donde las guerrillas de las FARC y el ELN han hecho presencia en los últimos 30 años, pero además hay otros 300 que han tienen presencia de economías ilegales. Si bien, los segundos, no son un foco fundamental del postconflicto, deberá pensarse en un tratamiento para ellos, para lograr construir una sociedad pacífica y democrática a futuro.
Las FARC está presente en 242 municipios agrupados en 14 regiones donde vive más del 12% de la población colombiana. Por su parte, el ELN opera en 99 municipios ubicados en 7 regiones del país, que al unirlos da un total de 281 donde se han establecido ambas guerrillas.
De las catorce regiones de las FARC, once tienen una presencia importante de económicas ilegales, mientras el ELN lo ha hecho en seis. Economías que se han sostenido de cultivos ilícitos, minería ilegal o rentas ilegales urbanas comunmente llamadas “vacunas”. Por tal motivo, la Fundación Paz y Reconciliación creó tres indicadores que clasifican estos municipios de acuerdo a su probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados ilegales en estos territorios; de que se produzcan olas de violencia luego de la dejación de armas de las guerrillas; y de la capacidad institucional del Estado local y regional para afrontar los retos de la aplicación de los acuerdos de la Habana.
Para evitarlo entonces habría que tener en cuenta unos componentes que son: 
la presencia institucional que estaría dada por la implementación de hospitales, oficinas bancarias y juzgados, entre otros; 
los factores de violencia que tienen que ver con la presencia de minería ilegal y áreas de cultivos y procesamiento de coca; 
un componente geográfico que sería el índice de ruralidad y cobertura de vías terciarias; 
y el social que tiene que ver con el cubrimiento de las necesidad básicas insatisfechas.
A continuación se presentan cuatro mapas con cada uno de los componentes de Estado, violencia, geografía y sociedad.
Como se ve en los mapas, los 281 municipios están distribuidos en tres colores (rojo, amarillo y naranja). El rojo significa vulnerabilidad Extrema, el naranja vulnerabilidad Alta y el amarillo vulnerabilidad Media.




























































¿Cómo se alcanzan las victorias tempranas para la paz? 
Desde la firma de los acuerdos hasta los siguientes 12 meses se le llama la fase de las Victorias tempranas de la paz. En este periodo se deben realizar un conjunto de actuaciones concretas en territorios puntuales; acciones que se puedan realizar rápidamente y hacerse altamente visibles, y por eso implican un plan de comunicación estratégica que contribuya a la valoración del proceso de paz así como a su legitimación.
Para ellos hay dos puntos que constituyen la columna vertebral del proyecto de victorias tempranas.
  1. Una nueva forma de diálogo social, de intervención anticipada, de explicación contextual a la comunidad y de cumplimiento garantizado.
  1. Obras de infraestructura sencillas, concretas, sentidas como necesidad por la comunidad y seleccionada por ellas en un proceso de diálogo y concertación que puedan hacerse rápidamente. Y aquí se podría hablar de seis tipos de obras.

  • Infraestructura local (vías terciarías y navegabilidad fluvial). Es el sustento de la actividad de comercialización para crear mercados legales y sostenibles.
  • Alumbrado 24 horas y obras de alcantarillado y acueductos.
  • Respuesta inmediata en temas de administración de justicia local y seguridad rural.
  • Proyectos alternativos que permitan el control y mitigación de los efectos de las economías ilegales.
  • Seguridad física y garantía de participación para defensores. de derechos humanos y líderes sociales locales.
  • Acciones adicionales que se enfoquen en las Necesidades Básicas Insatisfechas.

La importancia del informe de la Fundación Paz y Reconciliación es que prende las alarmas sobre unas zonas que serían claves para el eventual proceso de paz en Colombia, sobretodo porque de ellas dependerá que el postconflicto salga triunfante o fracase en su intento. Más allá de los hechos cometidos por ambos grupos guerrilleros, lo importante ahora es empezar a construir un futuro en conjunto con las poblaciones afectadas por la guerra y quienes fueron sus víctimarios pues ambos son hijos del mismo territorio y les pertenece. Hoy el reto es aprender a convivir más allá del odio y el rencor en un país que hace más de cincuenta años ha está dividido entre la ruralidad y la vida de las ciudades pues no se puede pensar en la paz si no estamos dispuestos a imaginar un futuro compartido con quienes alguna vez nos hicieron llorar.  
[1] Kalivas, Stathis. La ontología de la “violencia política”, acción e identidad en las guerras civiles, 2004. Revista de Análisis Político, 2004, no. 52.
Haga click para ver el mapa detallado por regiones:
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Índice de vulnerabilidad en el postconflicto. Rojo: Zona de vulnerabilidad Extrema; Naranja: vulnerabilidad Alta; Amarillo: vulnerabilidad Media Alta.


sábado, septiembre 03, 2016

El sistema está podrido ...

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/buen-acuerdo-pero-sin--justicia-no-habra-paz-por-juan-ortega/231408

Juan Ricardo Ortega

 | 9/1/2016 12:00:00 AM

Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz

Como colombiano, mi reconocimiento y gratitud a Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y todo el equipo negociador. Haber logrado un acuerdo con las Farc era casi imposible y ellos lo hicieron posible.

por JUAN RICARDO ORTEGA

El país poco a poco va a reconocer la magnitud y trascendencia del acuerdo. Indistintamente de todas las críticas –muy injustas en su mayoría– el acuerdo es razonable. Yo tuve el honor de ser parte de uno de los equipos negociadores del presidente Pastrana y no tengo la menor duda de que en aquel entonces la magnitud de los temas que se aceptaron negociar –como el modelo económico, entre muchos otros– no hacía factible una negociación equilibrada. Todos los que en el pasado trataron de negociar con las Farc saben que lo pactado es mejor que lo que eran sus aspiraciones más optimistas en aquel entonces.
Leyendo en diagonal el acuerdo no dudo que mi voto y compromiso es con el Sí. Con el fin del conflicto, los políticos se quedan sin excusas para resolver los problemas de fondo que hacen que nuestro Estado esté al servicio de unos pocos y de espalda a la mayoría.
En casi 20 años como servidor público ninguno de nuestros presidentes ha actuado acorde a esos hermosos principios y objetivos visionarios que el acuerdo plantea. Sin pretender juzgar las complejas transacciones que todo líder tiene que hacer para avanzar en lo que juzga trascendental, a mí siempre me ha sorprendido la facilidad con que entidades públicas trascendentales se convierten en vulgares botines electorales. La corrupción en la política es un estado de cosas por el que toda sociedad ha atravesado, pero si no se aplican los correctivos a tiempo, el proyecto de construir una nación moderna fracasa. En Colombia, con la excusa de la ‘gobernabilidad‘, se tajan y reparten como tocino la Dian, el Invima, el ICA, el Igac, la Registraduría Nacional, las notarías, los hospitales públicos, Coldeportes, el ICBF, el Sena, el Invías, consulados y embajadas etc. Cuando el Estado es una piñata no hay futuro ni, mucho menos, paz.
Si el presidente nos habla de paz, su gobierno tiene la responsabilidad histórica de liderar una verdadera reforma a la justicia, en particular a los mecanismos de control y vigilancia del sistema electoral. El acuerdo negociado, para ser exitoso, necesita que la justicia sea capaz de operar de forma efectiva e independiente.
Si la Fiscalía o el Consejo Nacional Electoral investigaran lo que sucede en el país, la mayoría de los caciques electorales estarían indagados por múltiples delitos. La impunidad es el mayor obstáculo del acuerdo presentado, unida a la mala memoria de los colombianos –¿o será que a nadie le importa entender el origen de los $482 millones en efectivo que transportaba Yahir Acuña días antes de las elecciones de octubre de 2015, la junta virtual detrás de las elecciones en Sucre o el renacer del control del chance de ‘la gata‘?–. Y las investigaciones sobre el exmagistrado Villarraga y sus bochornosas fiestas, o los contratos que suscribió la Dian con un eminente político para la construcción y remodelación de sus sedes regionales, por más de $55.000 millones, y sedes como la de San Andrés, que las pagan sin haber hecho casi nada y la funcionaria que firma la recepción a satisfacción se suicida. En Colombia los asuntos de fondo se denuncian pero no se investigan, el tiempo y la bendita prescripción son la fórmula de la impunidad.
Un pilar básico de una democracia es elecciones libres y justas, y las nuestras están lejos de satisfacer este principio. Todo el país fue testigo de la manipulación de los sistemas de la Registraduría en la elección del gobernador del Valle en 2012; más de 12 funcionarios estaban implicados; personal del presidente del CNE estaba involucrado. Los sistemas de la Registraduría seguramente continúan igual de vulnerables. Mucho dinero se mueve en épocas electorales y esos defectos en la infraestructura informática del país son muy convenientes. Los sistemas de la Dian son idénticos, un queso lleno de agujeros que permiten poner al Estado al servicio del mayor postor.
El sistema está podrido, los poderosos tienen colaboradores al interior de la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía y la justicia. La compra de votos es masiva y la manipulación de actas electorales siempre queda impune. Los grandes contratistas de lo público, los narcos y los grandes lavadores operan complejas coaliciones que les garantizan impunidad y poder. Se opera a través de complejas redes de favores, repartición masiva de dádivas, evidencias sobre secretas perversiones y deudas personales. La falta de justicia –y no las Farc– es el verdadero obstáculo para el progreso del país.
Santos ya hizo historia, y me alegra mucho por él y por todos nosotros. El que esta historia sea memorable o no dependerá de su ejemplo. Él como mínimo debería ceñirse de ahora en adelante a los exigentes principios que plasmó en la visión de la Colombia próspera y en Paz del acuerdo con las Farc.
Por todo esto, el Gobierno debe convocar una constituyente para reformar en su integridad el sistema judicial. El país necesita garantías y contrapesos institucionales para atajar todos esos capitales de lo ilícito que van a buscar el Poder.

Marica corrupción

en http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/marica-corrupcion-por-juan-ricardo-ortega/228951

Juan Ricardo Ortega

 | 8/18/2016 12:00:00 AM

Marica corrupción

Es interesante que el debate del género y la homosexualidad se erija como el estandarte bajo el cual se alinean las fuerzas en contra de la Ministra y de paso barren bajo la alfombra los asuntos importantes que se estaban destapando.

por JUAN RICARDO ORTEGA

Toda esta avalancha mediática sobre los asuntos de género no tiene la carne suficiente como para tanto escándalo. ¿Qué podría haber detrás de todo esto como para que padres, maestros, redes sociales, adalides de la moral pública y poderosos barones electorales se unan en contra de la Ministra de Educación?
Para mí es evidente que este no es un debate sobre los problemas de fondo. Si hay algo por qué marchar en Colombia son la corrupción en la contratación de los millonarios recursos del sistema educativo o de salud, en particular los fraudes detrás de los almuerzos escolares, la dotación de colegios, construcción de aulas, etc.; o que no se haya implementado totalmente la doble jornada escolar que deja sin oficio ni orientación alguna a cientos de miles de jóvenes, en un entorno donde el embarazo adolescente y las pandillas truncan sus futuros; o un sistema universitario resquebrajado por la mala calidad y escasa formación de muchos de los programas que venden.
Por esto es interesante que el debate del género y la homosexualidad se erija como el estandarte bajo el cual se alinean las fuerzas en contra de la Ministra y de paso barren bajo la alfombra los asuntos importantes que se estaban destapando. El país se está dejando enfrascar en debates ideológicos primarios: la familia como el pilar de la sociedad y los padres como únicos actores con potestad para intervenir en la formación y orientación sexual de los hijos; versus un Estado que protege libertades individuales, particularmente si son minoría, como las transgénero. ¡Brillante! Volvemos a caer en la dualidad decimonónica religión / Estado; volvemos a los lenguajes irreconciliables que enceguecen y que tantas violencias han alimentado.
Por el momento parecería que los Adiel Calderón Vaca o Ivis Rosado, o las Katia Elena Rosado y María Angélicas van a quedar impunes y libres de cualquier presión para revelar qué y quiénes están detrás de los millonarios desfalcos en los contratos de alimentación escolar o de hospitales públicos.
Por Dios, no nos dejemos distraer, lo que pasa en el Ministerio de Educación es grave. El país no puede seguir impávido ante la proliferación de entes sin ánimo de lucro usados como frentes para delinquir. Nada de esto es nuevo, el carrusel de la contratación de Bogotá está plagado de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones de Julio Gómez o las cooperativas con las que complotaba Tapia. La hoy Senadora vociferante era la fiscal que nos dejó sin conocer a donde había ido a parar toda esa platica y cómo la red de corrupción se extendía a lo largo del país, hasta Cúcuta y Sahagún entre otros. Una investigación básica le debería haber mostrado al país cómo son los movimientos financieros de estos grupos criminales y todos los involucrados; en algún momento debería hacerse público a quiénes se les hicieron los pagos. Además, los medios de comunicación fácilmente podrían averiguar a quiénes reconoce la comunidad como los padrinos políticos de estos bienhechores de lo público (¿o malhechores?).
Si el Gobierno, con la colaboración del Fiscal, le ponen un torniquete a este desangre, la reforma tributaria no tendría que gravar tanto a los que sí cumplimos. Ya es hora de que la Fiscalía, que dice que va a investigar en profundidad los hechos detrás del colapso de Saludcoop, aproveche de una vez por todas y desentrañe los vínculos entre las entidades sin ánimo de lucro, los carruseles de contratación en todo el país, la corrupción y el financiamiento de campañas políticas. Lo que está en juego no es solo la calidad y efectividad del gasto público social en educación y salud; entre corporaciones, fundaciones y cooperativas se están gastando –o feriando– $35 billones y $40 billones al año; toditos libres de impuestos.
El otro tema trascendental es la precaria calidad y comercialización de la educación universitaria. La evidencia de la crisis del sistema universitario chileno debería servirnos de ejemplo. En Colombia, al igual que en Chile, abundan las universidades que son negocio (estafa), cuyo objetivo principal es enriquecer a quienes las controlan. Los contratos de arrendamientos de inmuebles, pagos por licencias de supuestos sistemas pedagógicos, o pagos por servicios informáticos, son algunos de los mecanismos típicos usados para ordeñar el centro educativo. Universidades de políticos, como la de Moreno de Caro o la Universidad Cooperativa de César Pérez, abundan en las regiones, al igual que colegios, la devoción por la educación y el conocimiento de sus consejeros deja mucho que desear. La universidad como negocio o como fuente para financiar campañas solo es factible violando la ley. La Fiscalía debería investigar cómo es que operan las ventas en Panamá de los puestos en los consejos directivos de universidades.
¿Será que alguien investigó las denuncias de la Sillavacia sobre posibles vínculos y colaboración política de Néstor Hincapié, rector y probable beneficiario controlante de la Universidad de Medellín? No nos olvidemos que ella es quien selecciona los apetecidos gerentes de hospitales. Sin un sistema universitario bien depurado no hay meritocracia y mucho menos un Servicio Civil.