Timoleón Jímenez,El máximo comandante de las FARC responde carta al historiador Medófilo Medina
publicada en http://www.anncol.info
Apreciado Profesor:
Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito.
Si me lo permite, muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado. A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC.
Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.
Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio independiente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento. Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.
El por qué de la guerra
El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.
Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.
Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.
Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.
Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen.
Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.
Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.
La democracia colombiana
Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.
Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.
Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto.
Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.
Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido.
Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática.
Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.
Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada.
Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia.
Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades.
Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.
Un escepticismo fundado en la experiencia
Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.
Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.
Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero.
Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.
Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.
Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.
Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.
El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces.
Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos.
Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.
Un poco de historia
La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones.
Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él.
También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.
Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame.
Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.
Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.
Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.
Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.
Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.
Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.
De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.
Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?
El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.
Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?
Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.
Unas precisiones necesarias
Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno.
Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.
Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.
La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.
¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?
Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.
¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.
Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.
Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales.
En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.
La voluntad sincera de paz
Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.
Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.
En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.
Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.
De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL DIÁLOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.
Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.
Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.
Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.
Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.
¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.
Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.
Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.
Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio independiente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento. Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.
El por qué de la guerra
El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.
Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.
Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.
Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.
Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen.
Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.
Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.
La democracia colombiana
Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.
Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.
Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto.
Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.
Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido.
Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática.
Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.
Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada.
Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia.
Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades.
Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.
Un escepticismo fundado en la experiencia
Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.
Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.
Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero.
Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.
Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.
Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.
Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.
El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces.
Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos.
Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.
Un poco de historia
La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones.
Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él.
También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.
Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame.
Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.
Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.
Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.
Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.
Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.
Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.
De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.
Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?
El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.
Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?
Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.
Unas precisiones necesarias
Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno.
Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.
Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.
La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.
¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?
Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.
¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.
Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.
Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales.
En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.
La voluntad sincera de paz
Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.
Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.
En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.
Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.
De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL DIÁLOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.
Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.
Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.
Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.
Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.
¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.
Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.
Una ligera mirada al entorno
No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente. Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas. Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes.
Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas. En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la catorce veces continuas derrotada oposición de ese país. La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte. Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos.
Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en la Guajira y se llama el Cerrejón. Hace casi tres décadas que se anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte. ¿Y los Wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz.
El eterno sambenito
No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país. Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario. Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto.
Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento. Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión. A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras.
Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia. Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar. El gobierno de los Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras. El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas. La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso.
Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero. En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país, a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo,
Cordialmente,
Timoleón Jiménez
Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, diciembre de 2011.
