sábado, mayo 27, 2017

James Robinson #Paz #PostConflicto



Discurso de James Robinson, coautor de "Por Qué Fracasan Los Países"


Cuando vine por primera vez a Colombia, en julio de 1992, Pablo Escobar se había escapado de La Catedral, la electricidad era errática, los carros no se detenían en los semáforos en Bogotá durante la noche, y por poco soy testigo de primera mano de la toma de Pitalito por parte de las Farc en mi camino hacia las ruinas de San Agustín.

Hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido sobre Colombia durante los últimos 23 años, y en particular una interpretación del conflicto que fue evidente desde mi primera visita. Este es el momento propicio para hacerlo, dadas las negociaciones exitosas con las Farc. Muchos colombianos, a pesar de sus reservas con el Acuerdo de Paz, anhelan con ansia que una nueva Colombia emerja, una más pacífica y próspera. La pregunta es si esto sucederá.

Para responder esta pregunta es útil saber dos cosas: primera, es natural preguntarse qué causa el conflicto colombiano; segunda, debemos preguntar si el acuerdo que firmó el Gobierno con las Farc va a lidiar con las causas del conflicto, suponiendo que esto es necesario para la paz.

Voy a examinar estas preguntas a través de los lentes de un reporte que fue preparado por un grupo de académicos llamado La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Este texto fue comisionado por el Gobierno y las Farc durante las negociaciones en La Habana. Los académicos fueron invitados a reflexionar sobre las causas del conflicto en Colombia. Entonces, no soy yo hablando, son ellos. 

¿Qué pensaron ellos que era importante? Les voy a ilustrar esto con una imagen que muestra la frecuencia relativa de diferentes palabras que fueron usadas por los 14 académicos en sus ensayos. Al hacer esto NO he contado las palabras como guerra, lucha, masacre, desplazamiento o violencia, porque estos fenómenos SON el conflicto, mas no la causa.


La Figura 1 muestra una “nube de palabras” con las frecuencias relativas de algunas palabras claves. El tamaño de las palabras es proporcional a su frecuencia. Entre más común la palabra, más grande. Pueden ver que las palabras más usadas son Estado y guerrilla. Tal vez no es tan sorprendente dado que son los principales combatientes del conflicto. Les siguen en importancia las palabras tierra y paramilitarismo, seguidas por élites y Frente Nacional. También vemos las palabras Gaitán y coca. Pablo Escobar está también ahí.

La frecuencia con que estas palabras son usadas reproduce una narrativa familiar del conflicto colombiano. Este comenzó por eventos históricos específicos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, por el conflicto sobre la tierra y la política elitista excluyente del acuerdo del Frente Nacional. El conflicto explotó en los años ochenta por la coca y Pablo Escobar.

Es natural pensar que para ponerle fin al conflicto se deben corregir estas causas. No podemos traer de vuelta a la vida a Gaitán y tampoco a Pablo Escobar (¡afortunadamente!), pero el conflicto sobre la tierra puede ser resuelto, la exclusión política reversada y la coca erradicada. Todos estos temas figuran en el acuerdo con las Farc.

Antes de discutir si el Acuerdo de Paz necesita o debe alcanzar estas metas, déjenme debatir algo más profundo que yace en el uso de la palabra Estado. Resulta muy significativo ver cuáles palabras son usadas en la misma frase junto a la palabra Estado. Esto lo muestro en la Figura 2. Hay diferentes formas de hacer esto, pero esta nube muestra las parejas de palabras más frecuentes en frases donde aparece la palabra Estado. La pareja más usada es “derrumbe parcial” y muchas otras parejas similares aparecen como debilidad-crónica, crisis-legitimidad, imperfecciones-deficiencias, relaciones paternalistas, agresión armada, recurre-represión e incumplimiento-deberes.


La preponderancia de los usos de la palabra Estado en estos ensayos es muy negativa y se concentra en la incompetencia, ilegitimidad, falta de capacidad y el comportamiento arbitrario del Estado colombiano. No es sólo que el Estado colombiano sea un participante inevitable de la guerra civil; es su estructura y comportamiento los que aparecen como los factores claves que prolongan la guerra y tal vez, al menos según la perspectiva de estos académicos, la causa de la guerra.

Con esto en mente, déjenme retornar a la primera figura y revisar nuestras conclusiones iniciales sobre las causas del conflicto en Colombia. Imaginen, como nuestros académicos parecen creer, que el Estado colombiano carece de capacidad y competencia. ¿Es entonces sorprendente que los políticos sean asesinados? ¿Es sorprendente que si el Gobierno no les da títulos de propiedad a muchos colombianos y tampoco protege sus derechos de propiedad, se den disputas de tierra y expropiaciones? ¿Es sorprendente que la democracia esté capturada por élites de políticos tradicionales que crean acuerdos excluyentes como el Frente Nacional asegurándose de que nadie más tenga acceso al poder? ¿Es sorprendente que la ilegalidad florezca, sin un Estado que la detenga, y que Colombia se convierta en la capital del mundo de la coca o que Pablo Escobar sea elegido al Congreso en una alianza con uno de los partidos políticos tradicionales?

Entonces, el panorama general que surge de este análisis es que el “elefante en la habitación” del conflicto colombiano es la forma como el Estado se organiza y funciona -o no funciona-. La mayoría de las palabras que parecen relevantes en la Figura 1 son realmente síntomas de esto. Los colombianos ven el conflicto como el resultado histórico de eventos específicos como el asesinato de Gaitán, el Frente Nacional o Marquetalia y la formación de las Farc en 1964. En la Figura 1 encontramos las palabras “exclusión política”, pero éstas son usadas con menor frecuencia que “Frente Nacional”. Con todo, el hecho es que el Frente Nacional es sólo un ejemplo de un problema general de exclusión política que es una característica normal del tipo de Estado que tiene Colombia.

El hecho de que el conflicto sobre la tierra, por ejemplo, sea un síntoma del conflicto y no una de sus reales causas, no significa que no sería útil resolverlo, pues una vez iniciado el conflicto éste sólo perpetúa los agravios y esta es la razón por la cual era un tema principal en las conversaciones en La Habana. Pero pregúntense ustedes esto: dadas las imperfecciones y deficiencias del Estado colombiano, ¿deberíamos realmente esperar que este acuerdo sea capaz de resolver tales conflictos? Y, ¿por qué un Estado colombiano caracterizado por una “presencia diferenciada” en el país sería capaz de implementar un “desarrollo rural comprehensivo” cuando ha fallado en hacerlo por décadas? ¿Lo logrará sólo pasando más leyes?

El lugar en donde el acuerdo en La Habana se acerca más a las causas del conflicto es en la sección de participación política. Mucho de esto lidia con crear una representación garantizada para las Farc, que es una característica muy común en los acuerdos de paz firmados anteriormente: los liberales obtuvieron representación al final de la Guerra de los Mil Días con el voto incompleto que les garantizaba un tercio del Congreso. El M-19 obtuvo representación también.

De mayor importancia son las medidas que tratan de hacer al sistema político más incluyente al promover movimientos sociales, transparencia y rendición de cuentas, dando recursos a nuevos partidos políticos y la posibilidad de introducir mayor supervisión popular de las instituciones estatales. Sin embargo, reflexionen sobre el hecho de que el mismo partido del presidente Santos violó las reglas del financiamiento durante su campaña de reelección con completa impunidad. Esto muestra que el hecho de que la política sea o no más excluyente depende de cómo se comporta el Estado y si el Estado realmente va a hacer cumplir las leyes.

Hay una gran ironía en esto. El Gobierno y las Farc escogieron un grupo de académicos expertos para que analizaran las causas del conflicto colombiano. Los académicos identificaron correctamente lo que considero es la causa real del conflicto, el “derrumbe parcial” del Estado colombiano. Pero el Gobierno y las Farc los ignoraron. Aún peor, el Gobierno y las Farc parecerían creer que la paz puede ser alcanzada confiando en las capacidades y buena voluntad del “derrumbe parcial” para implementar el acuerdo. Pues no se puede confiar.

¿Qué debió haber pasado en Cuba? Dos cosas. Primera, el acuerdo se debió haber concentrado en tratar de arreglar el “derrumbe parcial”. Segunda, se debió tomar una visión realista de lo que el Estado que realmente existe en Colombia puede lograr. No se trata de lo que es deseable, sino de lo que es posible. En este caso la parcialidad de lo parcial es importante. ¡Nos da esperanza que los académicos no usaron la expresión “derrumbe total”!

Arreglar el “derrumbe parcial” no es fácil. Es un reto político. Volvamos a la Figura 1. Anteriormente no enfaticé la presencia de las palabras élites, clientelismo o corrupción. Aunque es un desastre para el país, mucha gente en Colombia se beneficia del “derrumbe parcial”. Por esto es tan difícil que cambie.

Tratar de entender qué es posible tampoco es fácil, pero la historia colombiana nos ayuda, así como la parcialidad del derrumbe. No todo es un derrumbe en Colombia; el truco es tratar de identificar qué no lo es y tratar de ampliarlo y difundirlo.

Sin embargo, un obvio “derrumbe total” es la tierra. Mientras que los colombianos han pasado innumerables leyes para hacer la distribución de la tierra más equitativa durante 50 años, lo opuesto ha ocurrido y ahora su distribución es más desigual. Al mismo tiempo han pasado leyes que expanden dramáticamente el acceso a la educación.

Esto es ciencias sociales básicas. El conflicto sobre la tierra es de suma cero. Si usted tiene un pedazo de tierra, yo no lo puedo tener. Si yo lo tengo, usted no lo puede tener. Las leyes no se implementan porque la gente poderosa no quiere que esto suceda. Pero si yo tengo educación, eso no impide que usted tenga educación. Es por esto que una institución como la Universidad de los Andes es tan importante para el futuro de este país. La palabra educación está en la Figura 1, pero es mucho más pequeña que la palabra Tierra.

¿Por qué el Gobierno y las Farc firmaron semejante acuerdo que ignoró el elefante en la habitación? Creo que es porque el Gobierno no está interesado en cambiar a Colombia. Las élites políticas colombianas tienen la narrativa de que Colombia es un país exitoso y que han tenido mala suerte. Mala suerte con la Revolución Cubana, mala suerte con la coca, mala suerte con Pablo Escobar (pudo haber sido venezolano). Si no hay nada mal, no hay nada que arreglar y, por eso, el “fortalecimiento selectivo” del Estado en la Figura 2. Y miren qué tan pequeña es la palabra “impuestos”, no hay necesidad de pagar impuestos si no es necesario transformar el Estado. De hecho, Juan Ricardo Ortega trató de hacer su trabajo y recolectar impuestos como director de la DIAN y tuvo tantas amenazas de muerte que fue obligado al exilio en Estados Unidos con su familia.

En lugar de esto, el Gobierno cedió lo mínimo para llegar a un acuerdo (si hubieran pensado que un desarrollo rural comprehensivo era una buena idea, ¿por qué no lo implementaron desde un principio?). Lo hicieron de forma brillante y nadie está más feliz que yo porque esto se haya alcanzado. Las Farc han causado una cantidad de miseria incontable en este país desde 1964 y sería algo magnífico si se pueden reintegrar a la sociedad.

El problema es que sin una solución al “derrumbe parcial” todo puede renacer nuevamente como ha sucedido en el pasado. Siempre habrá agravios y conflictos sin resolver y los “emprendedores políticos” estarán dispuestos a explotarlos. ¿Quiénes van a ser estos emprendedores? No lo sé, pero probablemente ya hay potenciales candidatos en los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y de pronto los desmovilizados de las Farc. Miren a su alrededor la animosidad hacia el capitalismo y la desigualdad hoy en día, y pregúntense si esta animosidad no puede tornarse violenta en el futuro.
¿Por qué las Farc firmaron este acuerdo? ¿No hubieran podido usar su poder de negociación para poner el elefante en la mesa? De pronto. Pero tal vez ellos sólo quieren tener “su turno para comer”, como dicen en África. Espero que me demuestren lo contrario.

¿Qué significa todo esto para ustedes, quienes se gradúan? Ustedes han estudiado en una institución maravillosa: incluyente, meritocrática, que no es clientelista o corrupta. Ok es un poco elitista, pero representa muchas de las cosas que Colombia no es y que Colombia debería aspirar a ser. Están acá presentes en la parte exitosa del derrumbe parcial, pero deberían salir de esta burbuja rola y explorar el resto del derrumbe. Este país los necesita y necesita todas sus capacidades. No sean como Miguel Antonio Caro, quien nunca abandonó la sabana de Bogotá. Si trabajan en el sector público o privado lo importante es dar soluciones al derrumbe y no beneficiarse de éste. Estos derrumbes no pasan por accidente, pasan porque la gente común toma acciones todos los días que los crean y los reproducen. Todo lo que necesitan hacer es aplicar en sus vidas los mismos principios que han aprendido en esta gran universidad y así pueden desmantelar el derrumbe. Entonces, ¡qué país tan maravilloso que sería este!

* Discurso pronunciado durante el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa en la Universidad de los Andes, en Bogotá.




jueves, mayo 11, 2017

¿y la memoria sobre el "Conflicto armado en Risaralda" ?

PHD
Jhon Jaime Correa
Director
Maestría en Historia
UTP

CARTA ABIERTA

Liberales y Conservadores se mataban los unos a los otros. Y los gallinazos de ambos lados se quedaban con las propiedades de los muertos.

Por décadas se nos quiso esconder lo primero, que se mataban; por siempre se nos ha querido esconder lo segundo, que cuando hay sangre en las calles y los campos, siempre hay quien compra propiedades: a veces ni las compran, simplemente se apoderan de ellas.

PhD Jhon Jaime, en los 50, 60, cuando estas tierras fueron anegadas de sangre, ni siquiera existía la Universidad Tecnológica, menos la Facultad de Educación y ni pensar de postgrados en Historia. Es decir, hablar de “memoria histórica” era una ilusión. Y ello sucedía en casi toda Colombia. Por ello el gesto de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, de escribir “La Violencia en Colombia” fue una afrenta para muchos que –como hoy- nunca han querido que se tenga memoria y para otros un acto heroico tal cual lo atestigua la existencia de ese libro, marco teórico de muchas tesis de grado que abordaron -luego del nacimiento de la UTP y de sus programas de ciencias sociales- tan necesaria memoria.

Nuestros pueblos nunca olvidan: así sus dirigentes quieran que lo hagan. Pretender negar desde la institucionalidad pública y privada esa violencia atroz lo que generó fue un ambiente, unos imaginarios de impunidad, de que se puede hacer lo que se quiere y nada pasa, los cuales nos pasaron de abuelos, a hijos a nietos y ha hecho mucho, muchísimo, daño a la moral y a la ética de éste país.

Lamentablemente, cincuenta y cinco años después de aquel libro, la historia tiende a repetirse… si en esa época muchos liberales se oponían a que se supiera lo que le habían hecho a los conservadores y demasiados godos se oponían a que se supiera lo que le habían hecho a los cachiporros  (por cierto, muchas veces no por serlo: liberal o conservador, sino en pro de quedarse con sus fincas y propiedades)  sin importar que las víctimas hubieran sido niños, mujeres, ancianos, etcétera; hoy, profesor, nos encontramos en lo mismo, sólo que con otros nombres. Hoy son sus promotores y muchos paras los que se oponen a que se sepa lo que le hicieron a los presuntos, simpatizantes o ciertos guerrilleros, y, sus promotores y muchos guerrilleros  se oponen a que se conozca lo que le hicieron a los paras, presuntos, simpatizantes o ciertos. Ello sin olvidar todo lo que les hicieron ambos lados a miembros de todos los aparatos de seguridad del estado. Y los que muchos miembros de estos aparatos les hicieron a sus rivales de la guerra: guerreros o civiles inermes.

Empero hay algo nuevo. Por primera vez en la historia de éste país de fratricidas, donde nos venimos matando desde los indígenas, pasando por la conquista, la colonia, la independencia, las guerras civiles del siglo pasado, la violencia liberal conservadora, etcétera, y donde siempre se le ha dado importancia es a los combatientes –a los victimarios-  por primera vez se le da valor a las VICTIMAS. Ya dejamos los 50, 60 donde las víctimas, los desplazados, etcétera tenía la orden expresa de sus dirigentes políticos de NO hablar de lo que le había pasado en sus veredas. Estamos en otro momento.

Algunos seguirán aduciendo que tenían la razón. Que se estaban defendiendo. O mejor decir “contra-atacando”. Vale la pena aclararles que la memoria histórica NO es sobre “la razón”: es sobre la memoria. Y especialmente es sobre la memoria que necesitamos para entender que aún en la guerra hay  (y debe haber) derecho humanitario, que aún en la guerra hay (y debe haber) respeto por el otro ser humano.  

Y es aquí donde su maestría, su escuela, su facultad, cobra un valor esencial. Es hora que todos ustedes (nosotros) hagan (hagamos) un gran esfuerzo por recoger la memoria de todas las víctimas, de todos los bandos, de todos los lados sin excepción alguna, en éste departamento - para ni hablar de todo el eje cafetero como tal-  donde la guerra se ha querido esconder pero se ha vivido intensa y dolorosamente: es hora qué se aborden con la importancia debida todas las afrentas que han sufrido los afros, los indígenas, el campesinado y los pueblerinos risaraldenses,  y se haga así un aporte claro y decidido a la reconciliación nacional, pues sólo la verdad, nos puede llevar a la justicia y a la reparación que nos conduzca a construir una verdadera reconciliación para construir –¡POR PRIMERA VEZ EN SIGLOS!- una cultura de la paz.

Si una de las causas de ésta guerra ha sido la ausencia del Estado de “las periferias de las periferias” (ejemplo las veredas periféricas, de los municipios periféricos: alejados de las capitales o centros departamentales) es hora que los procesos académicos locales contribuyan para afianzar la presencia y formación del Estado en esas zonas.

La academia, mi estimado, también necesita ir al rastrojo pues la paz nunca se construirá sólo desde los escritorios o los auditorios y si va, necesita trascender su micromundo, de nada valen tesis, proyectos, libros, conferencias, que se quedan entre decenas y tal vez centenas de personas (porque ni en https://scholar.google.es están): la paz es una cultura que exige y exigirá un ejercicio permanente y, muy, pero muy masivo.

Un abrazo

Orlando Parra G

Mg. Historia 

martes, mayo 09, 2017

PAZ = hectáreas para quienes las trabajen #PostConflictos #PostVerdad


29 de abril 2017 , 08:17 p.m. en http://www.eltiempo.com/economia/sectores/miguel-samper-habla-con-yamid-amat-del-decreto-para-distribuir-tierras-baldias-83082


Un millón de hectáreas de tierra que ocupaban las Farc, en tres zonas del país, serán distribuidas entre 800.000 campesinos que no la tienen.

Así lo revela el abogado Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras. Esa tierra se encuentra en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y el sur de Bolívar.
Samper, magíster en Derecho de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Nueva York, precisa en qué consiste la ley de tierras que será expedida a través de un decreto ley en los próximos días.

“Es una propuesta balanceada e integral que busca transformar el campo con base en tres aspectos: acceso a la tierra, seguridad jurídica y garantía de que la tierra se use para lo que es: para producir”.

¿Qué es acceso a la tierra?

Hay 800.000 hogares campesinos que no tienen tierra; eso es el 53 por ciento de las personas dedicadas a labores agropecuarias.

¿De quién es la tierra?

La tierra es de dueños distintos a los campesinos o del Estado; se trata de baldíos del Estado o de propietarios privados.

¿Y cuál es la solución que plantea la ley de tierras?

Reduce los tiempos de los trámites, baja los costos de los procedimientos para el Estado y cambia la forma como opera la institucionalidad. El extinto Incoder podía tardar hasta 12 años para adjudicar un terreno baldío, mientras que con esta reforma, la Agencia de Tierras se va a demorar un máximo de 12 meses. La reforma busca masificar la entrega de tierras con adjudicación y titulación.

Un terreno baldío es estéril, no tiene acueducto ni alcantarillado. ¿Qué hace un campesino con un terreno baldío?

Un baldío es tierra del Estado que la Agencia de Tierras administra. En esta reforma planteamos que los campesinos más vulnerables se vuelvan dueños de esa tierra que, probablemente, lleven ya décadas trabajando.
Solo el 40 por ciento de los campesinos que trabajan la tierra, sean empresarios o no, tienen título de propiedad
¿Cuánta tierra baldía?

No se sabe. Construir ese inventario es una de las tareas más urgentes para la Agencia. Lo que ocurre es que en la actualidad actuamos si hay de por medio una solicitud de una persona. Por eso, la reforma plantea recorrer todo el territorio, predio por predio, no solo para identificar la tierra que es del Estado y poderla adjudicar, sino también para formalizarles los predios privados a los campesinos que ya la trabajan.

Mire: solo el 40 por ciento de los campesinos que trabajan la tierra, sean empresarios o no, tienen título de propiedad; el otro 60 por ciento, no. Es decir, seis de cada diez no son dueños de la tierra que trabajan.

¿No son los dueños o no tienen título?

Para efectos prácticos es lo mismo. Y eso es muy grave. Un campesino que no tiene título de propiedad no puede acceder a créditos, subsidios, acompañamiento técnico y a las medidas de desarrollo rural. A eso súmele que recibimos de herencia 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos represadas. Esta reforma legal agiliza los trámites.

¿Y cuántas solicitudes de formalización de la propiedad?

Hay 55.000 en trámite, pero nuestras estimaciones sugieren que hay más de ocho millones de predios informales, es decir, sin una escritura o un título.

¿De quién es la tierra en Colombia?

El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 50 por ciento de la tierra que hay en el país.

¿Esa concentración no le parece terrible?
Es una de las mayores concentraciones de Latinoamérica. Debemos reducir la concentración de la propiedad. Con la entrega masiva de títulos, como es la intención del Gobierno, ese índice de concentración se reduce sustancialmente.

¿Qué quiere decir entregar títulos “en forma masiva”? ¿Cuántos entregarán?

La meta que nos impone el Acuerdo de La Habana es formalizar 7 millones de hectáreas. Pero la idea es que en diez años no haya un solo campesino informal. El 60 por ciento de la tierra cultivable del país, que es la que se encuentra informal.

¿Y por qué dice usted que la ley va a reducir sustancialmente la concentración?

Primero, porque prioriza y privilegia la entrega de tierra para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Segundo, porque se formalizaría en cabeza del campesino que actualmente no es el dueño, aunque lleve trabajando ese predio por décadas. Y tercero, porque crea el Fondo de Tierras, que va a permitir dotar de tierra a los más vulnerables.

¿Pero qué tierra proyectan entregar?

El Fondo de Tierras se va a nutrir de tres fuentes principalmente: de los terrenos baldíos, de la sustracción de zonas protegidas por la reserva forestal pero en las cuales ya no hay necesidad de mantener la protección, y de la extinción de dominio judicial, que es la tierra que les arrebatan los jueces a los delincuentes, narcotraficantes, paramilitares y despojadores.

¿Pero la propiedad de la tierra no se va a tocar?

No, en la medida en que no se esté usando para especular con su valor. Al contrario, se ratifica la propiedad privada. Vamos a formalizar siete millones de hectáreas en cabeza del que esté trabajando. Vamos a llenar el campo de propietarios privados.

¿Y cómo será la expropiación de la tierra en los casos en que no esté explotada?

La única diferencia con el mecanismo que está vigente es que con la reforma se le haría al dueño una advertencia para tenga tiempo suficiente de iniciar un proyecto productivo. Hoy, si se detecta un terreno que no se ha explotado en tres años, no le queda al Estado otra opción distinta a extinguir el dominio.

¿Cuánta tierra tiene el Estado?

La Agencia Nacional de Tierras recibió un inventario en ceros. Por eso hacer ese inventario es una de nuestras tareas más urgentes. Lo que necesitamos son herramientas legales que hagan más ágiles los procesos, unifiquen procedimientos y abaraten los costos; por ejemplo, formalizar un predio cuesta entre 15 y 20 millones de pesos. Con la reforma, ese costo se reduce a un millón y medio por finca. Ahora bien, sin la reforma que proponemos, el cronograma no podría cumplirse y la formalización seguiría siendo costosísima.

¿Todo esto es para darles tierra a quienes eran guerrilleros de las Farc?

Esa es una de las grandes mentiras que se han dicho. El Acuerdo de Paz no plantea en ninguna parte que haya que entregarle tierra a las Farc. Pero, Yamid, es impensable que si la tierra fue el origen del conflicto armado, no juegue también un papel fundamental en la construcción de la paz.

¿Toda esta ley de tierras que la agencia a su cargo alista, qué supone?

Superar los obstáculos que históricamente han impedido que el campesino salga de la pobreza. Vamos a hacer la transformación del campo colombiano.

¿En qué sentido?

En que se va a masificar la propiedad de la tierra.

¿Masificar qué quiere decir?

Que esas 800.000 familias que no tienen tierra cuenten con la suficiente como para asegurar su futuro. Esto se logra mediante la entrega de subsidios para la compra de tierra, la formalización y la adjudicación de predios del Fondo de Tierras que le mencioné anteriormente.

¿Las tierras que hoy son del Estado, pero que están protegidas por haber sido declaradas una reserva forestal, serán entregadas al fondo?

Entre otras. Para este caso puntual, la reforma permite adjudicar la tierra que está en esas áreas protegidas por reserva forestal, siempre y cuando se le impongan restricciones a su uso para conservar el medioambiente.

¿Con todas las fuentes para nutrir el Fondo de Tierras, de cuántas hectáreas estamos hablando?

Se estima que cada una aporte un millón de hectáreas para cumplir con la meta y nutrir el Fondo. Y ya tenemos el primer case: un millón de hectáreas recuperadas en territorios que antes eran del dominio de las Farc y que serán prontamente registradas a nombre de la Agencia.

¿En dónde están?

En el sur de Bolívar, Cartagena del Chairá y en San Vicente del Caguán.

¿Pero eran de las Farc con títulos o estaban ocupadas?

Ejercían dominio, pero jurídicamente nunca han dejado de pertenecer al Estado.

¿Pero un millón de hectáreas solo en Cartagena del Chairá?

En San Vicente del Caguán se trata de 280.000 hectáreas, en Cartagena del Chairá son 187.000 y en el sur de Bolívar y Montecristo está el resto.

¿Es posible que este millón de hectáreas que eran de las Farc vuelva a ser de ellos?

Insisto en que nunca fue de ellos. Siempre ha sido tierra del Estado. Este millón de hectáreas entrará a nutrir el Fondo de Tierras para beneficiar a 800.000 hogares campesinos que nunca han tenido un predio.

¿La ley de tierras les da tierra a las Farc?

No. Facilita su uso en programas de reintegración, que es distinto.

¿Qué diferencia hay?
Este proyecto permite que una persona que quiera reintegrarse a la vida civil pueda hacerlo trabajando la tierra. Creo que todos preferimos que un excombatiente empuñe un azadón en lugar de un fusil.

Usted ha dicho que gran parte de los baldíos, que, según usted, son los predios del Estado, van a ser utilizados para dar tierra a quienes no la tienen. ¿Y qué va a pasar con los campesinos que hoy ocupan esa tierra?

La idea es adjudicarles a los que están actualmente en el terreno, para que quede en cabeza de ellos.

¿Entonces hay baldíos que no ocupa nadie?

Son muy pocos los baldíos en el país que no están siendo ocupados.

¿Esta ley de tierras que usted prepara es un proyecto de ley o de decreto-ley?

De decreto-ley.

¿No va a ser debatido por el Congreso?

Por eso estamos en este periplo por todo el país, para que todos los actores que confluyen en el campo, campesinos, empresarios, organizaciones, indígenas, afrodescendientes, todos, discutan este mismo tema.

¿Usted ha consultado los gremios agrícolas y ganaderos?

Sí.

¿Y cuál fue la reacción?

Los gremios hicieron 20 comentarios de 166 artículos que tiene la iniciativa, y ya se está trabajando en ajustar el texto no solo con estos comentarios, sino con todas las propuestas que estamos recogiendo. Y ya llevamos más de 500.

¿La ley de tierras no será expedida mientras no haya un acuerdo general?

Esperamos alcanzar el mayor consenso posible para expedirla.

¿Pero serán atendidas las observaciones de los gremios?

Sí, en la medida en que no obstaculicen este enfoque de la gestión de la tierra.

¿Qué llama usted obstaculizar?

Propuestas de procesos que disten de la filosofía de lo que queremos lograr.

Las facultades que tiene el Presidente para dictar la ley de tierras vencen el 31 de mayo. ¿Es tiempo suficiente el que falta para que esté listo el proyecto? 

Ese es el reto y en eso estamos trabajando. Las posiciones, que empezaron muy antagónicas, se acercan cada vez más. Estamos logrando un justo medio, un equilibrio.

¿En estos momentos ya están de acuerdo los gremios en apoyar la ley?

Seguimos trabajando con ellos para lograr ese respaldo. La idea es recoger todas las observaciones que se hagan para llegar al mayor consenso posible. Este debate es la mejor oportunidad para unirnos en torno al campesino y debe ser una discusión sin tintes políticos, en la que se desarmen la palabra y el corazón. Queremos que la paz tenga los pies en la tierra.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

Todo criminal de guerra, del bando que sea, debe pagar, asumir la verdad, reparar, y acogerse a la justicia

Los militares tienen a Santos bajo chantaje: Myles Frechette

Exembajador de EE. UU. en Colombia en la época de Samper, dice que Acore es quien presiona para que a los militares no se les dé el mismo tratamiento que a la guerrilla en la JEP.

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Para el exembajador Frechette, los autores intelectuales del crimen de Álvaro Gómez siguen libres en Colombia. / Jorge Gómez Pinilla
El embajador de Estados Unidos en Colombia durante el proceso 8.000, Myles Frechette —a quien Jaime Garzón llamaba “procónsul” y Horacio Serpa definió como “gringo maluco”— publicó en 2015 un libro-entrevista con el periodista Gerardo Reyes (Frechette se confiesa, Editorial Planeta), donde al ser preguntado sobre los posibles autores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, habló de un grupo de militares retirados. Teniendo en cuenta que él era quizás la persona mejor informada sobre lo que ocurría en el país en ese entonces, y que en el libro confesó que “hay secretos de Estado que no los voy a contar”, viajé hasta Washington a entrevistarlo, en busca de que aportara nuevas luces que contribuyan a esclarecer ese crimen.
El resultado fue una conversación de cuatro horas sin pausa en la terraza interior del hotel Bethesda Hyatt, durante las cuales, a sus 81 años a punto de cumplir, no mostró la menor señal de cansancio y solo bebió un café americano acompañado de un vaso de agua. Allí hizo importantes revelaciones para una publicación que saldrá en próximos días, pero aquí he extractado sus puntos de vista sobre algunos temas de actualidad que tocó, como el “chantaje” que le estarían haciendo al presidente Juan Manuel Santos los militares agrupados en ACORE. A su vez, se refirió al expresidente Álvaro Uribe en duros términos; según Frechette, el desarme de los grupos paramilitares ocurrido durante su gobierno fue algo “completamente chimbo”.
En su libro, al referirse al golpe de Estado contra Ernesto Samper que se estaba fraguando y al que se le ve relacionado con el asesinato de Álvaro Gómez, usted dijo: “yo creo que ellos, los militares jubilados, le pidieron a él que encabezara ese gobierno”. Todo indica que se refiere a la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), y queda entonces la impresión de que usted sabe más sobre el papel que pudo haber desempeñado esa asociación en torno a ese crimen…
Bueno, mire: ACORE es una organización poderosísima en Colombia. Ya ve usted el chantaje que le están haciendo al presidente Santos para que no les den el mismo tratamiento a los militares que a la guerrilla por crímenes de lesa humanidad. Llega un momento en que ellos dicen “¡Ni puel carajo!”. Santos los oye y toma asiento con ellos, pero no están totalmente contentos y siguen presionando. Y van a seguir así, porque si yo fuera uno de ellos pensaría igual en cuanto a que es posible que yo haya hecho cosas brutales, pero lo hice por el bien de la patria.
¿Quién cree que saldrá ganador en ese pulso entre los militares y Santos?
Santos es una persona que tomó un rumbo diferente a su antecesor. Él tiene una visión internacional de Colombia. Comenzó con un acuerdo mutuo de no agresión con Chávez, porque eso estaba medio candela, ¿no? Y decidió hacer el acuerdo de paz con las Farc, hizo muchos acuerdos de libre comercio, y comenzó a abrir espacios y horizontes participando más y más en organizaciones internacionales. Muchas de las cosas que ha hecho Santos son cosas que le han hecho mucho bien a Colombia. Ahora, en lo de ACORE, es obvio que, si Santos no hace algo para eximirlos, ellos seguirán presionando.
Llama la atención cuando usted dice que ha habido militares que hicieron cosas brutales, pero lo hicieron por el bien de la patria. En el caso del crimen de Álvaro Gómez, ¿ve alguna posibilidad de que lo hubieran hecho también por el bien de la patria?
No. Lo hicieron simplemente porque querían borrar su rastro, borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no, ellos pensaron “caracho, de pronto el tipo suelta la letra o se le sale algo”.
¿O sea, lo inmolaron?
Lo inmolaron, sí. El autor material pudo ser cualquier persona. Pero los autores intelectuales están ahí todavía, ahora. No sé a dónde, pero están en Colombia. No han sido apresados, no han sido detenidos, nada.
Esto encaja con la teoría de Claus Roxin sobre los aparatos organizados de poder: en los crímenes de autoría mediata, la voluntad conductora de la acción corresponde al autor mediato y no al ejecutor material. En el caso del asesinato de Álvaro Gómez todo indica que fue obra de un aparato organizado de poder desde el estamento militar, pero del que solo fue encontrado culpable un autor material, Héctor Paul Flórez, quien por cierto acaba de salir libre por pena cumplida. ¿Es ese aparato organizado de poder el que sigue impune?
No le puedo contestar, pero me llama la atención que el grupo de ACORE sigue presionando públicamente al presidente Santos para que les dé una escapadita. Yo no soy el único que piensa eso, también Human Rights Watch (HRW) y toda la gente que se ocupa de Derechos Humanos, todos ellos creen que es así. La presión de ACORE ha hecho retroceder varias veces al presidente Santos, y eso indica que tienen mucha influencia. No sé si él contempla que ellos pudieran tomarse el poder, lo dudo. Pero podrían arruinarle todo el esquema. Santos sigue bajo presión, y creo que los de ACORE están tratando de salvar su pellejo.
¿Ese “salvar su pellejo” incluye medidas desestabilizadoras?
No, yo creo que no. Ellos siempre han dicho, y usted lo ha leído: “Nosotros somos sirvientes del Estado. Si hicimos alguna cosa en forma errada, fue al servicio de la patria”. Tiene una cierta lógica, pero la cosa es que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que hay todo tipo de militares que cometen crímenes de lesa humanidad. Yo recuerdo haber leído un artículo que hablaba de unos militares que llegaron a un lugar y encontraron a ciertos hombres con uniforme de guerrilla, y no se les veía ningún balazo. Pero al quitarles la chaqueta, habían sido acribillados.
¿Deberían estar los autores de esos delitos, conocidos como falsos positivos, cobijados por el tribunal de la Justicia Especial de Paz (JEP)?
 ¡Claro que no! Y HRW y otras organizaciones están de acuerdo en que no debe ser así, y leí un informe de hace menos de una semana donde la HRW se opone, pero no solo en Colombia sino al nivel de la Corte Penal Internacional (CPI). Todos los esfuerzos de ACORE hoy están empeñados en torcerle el brazo al presidente Santos. Cuando yo llegué a Colombia recuerdo haber leído un informe sobre la mendacidad de las Fuerzas Armadas. En un lugar, creo que era Antioquia, había una base militar y a medio kilómetro de ahí había una base de los paramilitares. Y los militares, con una cara de yo no fui, decían ante la evidencia: “No es verdad”. Eso indica que en Colombia el poder de los militares es enorme.
¿Pueden las organizaciones de Derechos Humanos presionar por su lado para que esos crímenes de lesa humanidad no queden impunes?
Yo conozco gente de HRW y son personas decentes, muy creíbles, y están empujando. Si no fuera por la presión de ellos, al presidente Santos le habría quedado más fácil resolver el tema con ACORE. Pero en este momento está en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque Trump no sopla hacia Colombia con buena gana, y nadie sabe lo que pueda pasar. Los colombianos se metieron al proceso de paz creyéndole a Sergio Jaramillo, en cuanto a que la implementación de los acuerdos tomaría diez años y que habría mucha plata. Y Cárdenas puso la reforma tributaria, y mucha gente quedó descontenta con eso. Ciertos elementos del acuerdo de paz están cuestionados por personas serias. Seguir adelante como si no pasara nada, no es suficiente. Hay dudas en Colombia, hay un tufo de corrupción poderosísimo, y eso le está haciendo mucho daño a Santos. En su discurso de posesión de 2014, sacó una declaración donde dijo: “Una de las cosas que no me gusta hacer es ir a Washington a limosnear”. Y cuando un laboratorio de Colombia le dijo que el glifosato sí hacía daño, inmediatamente paró la aspersión aérea. Y ahora se está dando cuenta de que esa decisión fue errada, demasiado apresurada. Y esto lo deja a él en una situación dificilísima.
¿Se refiere al aumento de los cultivos de coca en el país?
Santos es una persona a la que nunca le gustó la aspersión aérea sobre los cultivos de coca, no obstante que en Colombia se usa el glifosato en productos agrícolas que se consumen en la mesa. Después de más de cien pruebas hechas por científicos, nunca se llegó a concluir que estaba causando daño a la salud a personas que vivían cerca. Y súmele a esto que las Farc son muy inteligentes. Vieron que el Gobierno estaba diciendo que “en regiones donde hay coca vamos a poner plata para hacer cambio de cultivos”, y salieron ellos a amenazar con rifle a los tipos que estaban en las regiones de coca, a que plantaran más coca para traer más plata del Gobierno. Es decir: las Farc pueden ser brutales, pero no son pendejos.
Cambio de tercio: usted habla en su libro de personas que le decían “no le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares”. Hoy, después de tantos años, ¿cree usted que Uribe apoyaba a los paramilitares… y viceversa?
Cuando yo fui a Antioquia a visitarlo siendo gobernador, él tenía una gran reputación como buen gobernador y gran político. Yo tenía varias preguntas que hacerle, y una de ellas era por qué le había dado el control de expedir licencias para avionetas a César Villegas, un tipo que estaba dándoles esos permisos a naves ligadas al narcotráfico. Era algo que él sabía perfectamente. Y bueno, me dijo que se puso a buscar en Colombia a ver si había alguien que sabía de aviación civil, y no había… Y me dijo que Villegas se había graduado para hacer eso en una universidad de Toronto, y que por eso le ofreció el puesto. Y le dije sí, entiendo lo primero. Pero lo que no entiendo es por qué no lo sacó. Y no pudo darme una respuesta creíble. Habló mucho, ‘cantinfló’.
¿Sabía usted además lo de las Convivir de Uribe, que nacieron precisamente en Antioquia?
Claro. Yo le dije: “mire, eso de las Convivir no nos convence”. Él me dijo “es que no van a cargar armas. Serán personas de la región que estarán vigilando los bosques e informarán por radio que hay personas desconocidas en esos lugares”. No niego que me comí el cuento. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que era un señor extremamente hábil, pero muy creyente en lo de los paramilitares.
¿Usted cree que Uribe tuvo algo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia?
Por supuesto. Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido.
¿Cómo así, usted cree que Washington fue alcahueta de Uribe en el tema de los paramilitares?
Sí.
¿Y eso por qué…?
Porque al acabarse esas acciones de Uribe y los paramilitares, se reduciría la violencia. Washington quería reducir la violencia en Colombia, y le comió el cuento. Es más, no le voy a decir ante quién, pero yo hablé con personas de muy alto nivel del Departamento de Estado a decirles “este señor Uribe les está vendiendo una historia falsa”. Yo nunca me olvido del pilón de armas que dejaron los paramilitares: muchas de ellas eran nuevas cuando Napoleón fue Emperador de Francia. Es decir, a otro perro con ese hueso. Pero Uribe tenía apoyo en el Congreso y EE UU quería reducir la violencia. Esas son razones de Estado con las cuales yo no concuerdo.
¿O sea que usted cree que quedaron estructuras paramilitares intactas después de esa supuesta negociación?
Es que se fueron a otros lugares. En lugar de seguir operando en los lugares donde habían estado, se fueron al sur y al este del país, a continuar sus fechorías. Ellos son los que ahora se dedican a la minería ilegal, a minería de piedras preciosas. Y mientras tanto el ELN muy feliz haciendo volar el oleoducto…
Teniendo en cuenta la inconformidad que usted siempre tuvo por igual hacia Ernesto Samper y Álvaro Uribe, ¿si le pusieran en una balanza a escoger entre ambos, con quién se quedaría?
Eso es un falso dilema. Samper solo tuvo un período de gobierno, mientras que Uribe consiguió que se cambiara la Constitución para que le permitieran un segundo período, y no contento ¡pidió un tercer período…! Pero el Congreso no le aguantó el sablazo