¿Qué opina de las objeciones parciales del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?
Las objeciones marcan un antes y un después en este gobierno. Duque abandona el equilibrio que intentó mantener en los primeros meses entre la agenda de los extremistas del Centro Democrático, que es la de un partido radical dedicado desde sus orígenes a la oposición a rajatabla, y la agenda de la paz. Incluso la suya propia como presidente. Eso se acabó. Duque se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido. Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin pestañear y a fracturar el Estado de derecho desde la Presidencia de la República. No se trata simplemente de seis “objecioncitas”, como nos han hecho creer, que en sí son un salpicón sin lógica alguna, aparte de la intención de objetar por objetar y de meter cargas de profundidad.
Pero ¿qué es exactamente lo que le preocupa?
Como son temas técnicos que la gente no entiende, es fácil menospreciar sus efectos. El tema de la selección, por ejemplo, que es la posibilidad de renunciar en ciertos casos a la acción penal en un proceso transicional, es una discusión que fue resuelta por el Congreso y la misma Corte Constitucional en 2012, con el Marco Jurídico para la Paz, y jamás fue parte del Acuerdo de Paz, ni de las discusiones con el No, ni mucho menos de la campaña presidencial. ¿A qué horas decide Duque que es un tema sobre el que se tiene que pronunciar? Lo que se ven son ganas de objetar a como dé lugar. Ojo con esto, porque las objeciones pueden ser una o 150, pero el efecto es el mismo: obligar a una votación en el Congreso. Y existe un riesgo real de que todo el proyecto de ley se archive, en medio de la falta de claridad sobre las consecuencias de votaciones que no lleven a ninguna definición, como bien puede pasar. Tal vez esta es la estrategia del Centro Democrático: llevar las cosas hasta ese punto y luego lavarse las manos.
¿Y por qué dice que se está fracturando el Estado de derecho?
Porque es exactamente lo que está pasando. El presidente tiene, por supuesto, la facultad constitucional de objetar cualquier ley por inconveniencia, incluyendo las estatutarias, así prácticamente nadie se haya atrevido a hacerlo, porque, como sabemos, esas leyes obligatoriamente pasan primero por una revisión de la Corte Constitucional. Uno se puede imaginar circunstancias en las que, por ejemplo, los costos que implica una ley estatutaria obliguen al presidente a objetarla, porque el Estado no los puede sufragar. Pero eso no es lo que está pasando aquí. En este caso todas las objeciones tocan temas eminentemente constitucionales sobre los que ya hay un pronunciamiento en firme de la Corte. Ese espacio está lleno. Peor aún: lo que hace el Gobierno es disfrazar como “inconveniente”, como bien lo ha señalado la representante Juanita Goebertus, no solo las mismas materias que ya revisó la Corte en un fallo de 750 páginas, sino partes del fallo mismo, que es cosa juzgada constitucional, como ha dicho con toda la razón el procurador Carrillo.
Esa es una conclusión desde el plano jurídico, pero ¿cómo lo lee políticamente?
Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una barbaridad. Ni siquiera Álvaro Uribe de presidente se atrevió a hacer eso. Imagínese: hoy es la JEP y mañana el presidente se brinca cualquier otro fallo de la Corte cuando le parezca “inconveniente”. Me pregunto si a los empresarios les llama la atención vivir en un país con ese nivel de inestabilidad y, francamente, de arbitrariedad. Desde el intento de Uribe de meter el famoso “articulito” para aferrarse al poder no vivimos una crisis institucional tan grave. El Estado de derecho del que tanto nos preciamos, y que creemos que nos diferencia de nuestros vecinos, es precisamente eso: un Estado en el que las autoridades, comenzando por el presidente de la República, se someten a la Constitución y a la ley. Acatan los fallos de la Corte Constitucional. Lo contrario es echar por un sifón la institucionalidad, y ya sabemos eso a dónde llega.
Volvamos a las objeciones: en la práctica, ¿qué es lo que le parece tan grave de la decisión del presidente?
Coja primero el problema del límite entre la jurisdicción ordinaria y la transicional. Duque le dijo al país que era conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se someten a la justicia ordinaria. Es una objeción absolutamente superflua. Eso ya lo aclaró con pelos y señales el fallo de la Corte, recogiendo además un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice lo mismo. Segundo, la reparación. Duque dijo que la ley no establece de manera clara la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Eso es falso. La Corte señala con toda la razón que todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación debe garantizar los derechos de las víctimas y aprieta las tuercas fortaleciendo el régimen de condicionalidades para que solo puedan mantener el beneficio de la sanción especial, quienes hayan cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de reparación. Y tercero, la selección que ya le mencioné. Duque objeta la posibilidad de renunciar a la acción penal en los casos de quienes no son los máximos responsables. Este es un caso claro donde la objeción está dirigida al fallo de la Corte y no a lo que dice el proyecto de ley, que es lo mismo que dice Duque y que la Corte declaró inconstitucional. Es de no creer. Además, como ya le dije, la selección la estableció el Marco Jurídico para la Paz en junio de 2012. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dimos cuenta de que el sistema de Justicia y Paz iba a colapsar en un mar de procesos que tomaría 100 años tramitar, trabajando día y noche. Es decir, la impunidad estaba garantizada y se perdía el foco en los máximos responsables. Lo que hace la Corte ahora es algo muy sensato: insiste en que se puede aplicar la selección, como dice la Constitución desde el 2012, pero condiciona la renuncia a la acción penal de quienes no son máximos responsables al cumplimiento de las condiciones del sistema integral que vigila la JEP. Eso es lo que nos permite concentrarnos en los máximos responsables, razón por la cual Iván Márquez en La Habana siempre rechazó y se burló del Marco Jurídico para la Paz. ¿En el Centro Democrático estarán pensando lo mismo? Con esta objeción lo que hacen es reventar por dentro el sistema, inundándolo de casos. Por eso lo llamo una carga de profundidad: la JEP va a recibir por lo menos cuatro veces más casos que Justicia y Paz.
Eso quiere decir que, con el argumento de proteger a las víctimas, lo que se va a hacer es garantizar la impunidad de los victimarios por vía del fracaso del sistema...
Le prometo: no ha habido nunca, en ninguna parte, un sistema tan ambicioso de reparación integral de las víctimas. Además, el fallo de la Corte reitera la obligación que tienen las Farc de entregar sus bienes y activos. Otra cosa sería obligar a cada individuo a indemnizar como individuo, que es a lo que se opusieron siempre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. ¿O es que el Centro Democrático quiere ahora, como sabiamente preguntó Yesid Reyes, poner a cada soldado en la JEP a indemnizar a las víctimas? Acuérdese que la JEP es para todos los que han participado en el conflicto, no solo para las Farc.
Pero ¿no piensa que puede haber reformas positivas a la JEP?
Más allá del caso del fiscal Bermeo, al que le falta mucha tela por cortar porque todo es opaco, desde su reclutamiento por la Unidad de Investigación hasta la operación de entrampamiento que le tendió la Fiscalía a la JEP, es un hecho que ha habido problemas y que la JEP está en su adolescencia. Pero es mucho más lo que se ha logrado. Me sorprende mucho que lo noten tan pocos. Uno abre el periódico el domingo (en mi caso en el celular en Bruselas) y se encuentra con una andanada de cañón contra la JEP digna de la Armada española, cuando lo que está ocurriendo tras esas paredes es un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de una guerrilla que, como consecuencia de un acuerdo de paz, se haya presentado ante un tribunal y haya declarado su intención de reconocer sus más graves crímenes y pagar una sanción. Y aún más sorprendente ha sido la participación de agentes del Estado.
¿Por qué dice que es el sistema de justicia transicional más novedoso del mundo?
En la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que es el ejemplo más celebrado de justicia transicional y que otorgaba amnistías —nada de sanciones llenas de condiciones—, prácticamente no hubo participación de agentes del Estado, y tampoco hubo sanción. En Colombia sí, y eso es un avance enorme para las víctimas, para los procesos de justicia transicional y para la seguridad jurídica de los mismos agentes del Estado. Más de 50 oficiales ya han declarado en la JEP. Hace un par de semanas declaró el coronel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, la de los falsos positivos de Soacha que ocurrieron en Norte de Santander. Conozco ese caso bien porque me tocó enfrentarlo como viceministro de Defensa. Pues el coronel Rincón hizo, al parecer, un reconocimiento completo de responsabilidad, explicó cómo funcionaba todo el sistema, contó que el sentimiento de culpa no lo dejaba dormir en las noches y que está dispuesto a pedir perdón ante todas las víctimas. Y así otros oficiales. Ha sido tan poderoso que las ONG que insistían en sacar los falsos positivos de la JEP retiraron su solicitud y están ahora dispuestas a ayudar. Desafortunadamente la sociedad no conoce nada de esto. Esos son pasos concretos, pasos reales hacia la justicia y la reconciliación. Colombia tiene un trauma muy profundo después de 50 años de guerra y por ignorar el conflicto no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Este es el momento para tratar ese trauma y poder enfrentar el futuro como sociedad. Y la JEP está en el corazón de ese esfuerzo, con las demás instituciones del Sistema Integral.
Entonces, ¿qué cree que el gobierno Duque busca con todo esto?
La objeción es una decisión de una enorme irresponsabilidad. Suficiente incertidumbre sobre su futuro tiene la gente de las Farc en el proceso de reincorporación en los territorios para que Duque les meta semejante susto. Este es un problema de seguridad nacional de primer orden: parece que al Gobierno le tiene sin cuidado el crecimiento de las disidencias, que están aumentando precisamente porque los mandos piensan que el Gobierno no les da garantías. Y los más de 2.000 oficiales, suboficiales y soldados que están en la JEP tampoco deben estar muertos de la risa: se sometieron con unas reglas y ahora se las quieren cambiar, en detrimento de ellos, como vimos en el caso de reparación. Afortunadamente la JEP tiene un marco constitucional fuerte, que mal que bien va a seguir funcionando. Además, es una decisión absolutamente inútil, porque a menos que la intención sea, como ya le dije, que en un descuido el proyecto se archive por una indefinición en las votaciones del Congreso, todo va a volver al mismo lugar donde comenzó: a la Corte Constitucional, que necesariamente va a volver a fallar como ya lo hizo. Y para completar, desde el punto de vista de la presidencia de Duque, este es un error estratégico de marca mayor, porque va a gastar todas sus energías el próximo año en el Congreso en una discusión dura e inútil en lugar de sacar adelante la agenda del país. Si sigue así, este gobierno va a pasar en blanco.
Pero no me respondió por qué cree que toma una decisión así, si es tan mala...
Solo encuentro dos explicaciones. Una la ha expresado públicamente Álvaro Uribe Vélez: su deseo de acabar con la JEP. Y la otra, creo yo, es que prevalecieron los intereses electorales del Centro Democrático, cuya intención es usar las objeciones para tensionar al máximo la política y hacer campaña para las elecciones regionales y luego para las presidenciales. Es revivir el plebiscito, porque no tienen más de dónde cogerse. Es un partido de extremistas de oposición radical, que viven de hacer oposición, así sean el Gobierno. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos están aburridos de tanto insulto y tanta polarización.
¿Y cómo la ve en el Congreso?
Aprovecho para pedirles a los senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U, que tanto hicieron para que cerráramos el capítulo de las Farc, que no le hagan el favor al Centro Democrático de hacerle campaña y no pongan en riesgo el proceso de reincorporación. Hay que rechazar esas objeciones cerradamente. Visto desde Europa, lo que está pasando en realidad está a la altura de la época. Los populismos extremistas se han hecho al poder en varios países y persiguen las mismas fórmulas del Centro Democrático. En Polonia desbarataron la Corte Suprema, en Colombia el Centro Democrático propone acabar con las altas cortes y formar solo una. En Alemania o España aparecieron los extremistas y tienen contra la pared al sistema político. Por eso no me sorprendió cuando vi en televisión a José Obdulio expresando su gran simpatía por Vox, el primer partido de ultraderecha de la democracia española. Allá lo llaman “nacional-populismo”.
¿Y en qué se parece Vox al Centro Democrático?
La estrategia es la misma: usar el odio para crear identidades políticas que les permitan hacerse al poder. Es una agenda de destrucción. En esto no hay que confundirse: una cosa era el gobierno de Uribe, a quien nadie le podrá negar que cambió el país y creó las condiciones para la paz, y otra cosa es el partido de Uribe. Son dos animales distintos, a tal punto que del partido, curiosamente, hacen parte muy pocos que participaron en su gobierno, porque fue creado para otra cosa: hacer oposición radical.
Pero ¿cómo romper con esta polarización, que es la que está acabando con el Acuerdo de Paz?
Si no fuera porque el Gobierno, como su propio partido, tiende a usar las palabras en el sentido exactamente contrario a su significado, diría que la salida es evidente: un pacto político que vaya desde el Centro Democrático hasta el partido FARC. La JEP ha hecho avances enormes, pero no se puede desconocer que un sector de la sociedad siente desconfianza, así sea por la campaña brutal que han hecho en su contra políticos y no pocos columnistas.
¿Cómo fortalecer a la JEP entonces?
Es una realidad que hoy existe un problema de credibilidad, pero la solución no son unas objeciones inconstitucionales y fuera de lugar, sino un acuerdo político que permita, por ejemplo, añadir una serie de magistrados que ayuden con el volumen enorme de trabajo que va a tener la JEP y que sean seleccionados de una manera que dé tranquilidad a todos. Esa idea se discutió en el Congreso hace muy poco, pero murió. Hay que revivirla. Pero no soy optimista por que se pueda lograr un acuerdo, porque en todas las ocasiones Álvaro Uribe se ha opuesto, desde que discutimos con el No. En un momento después del plebiscito pareció que estábamos a un pelo de distancia de un acuerdo —los empresarios que actuaron de intermediarios son testigos—, pero en realidad estábamos a un universo, porque Uribe ya había tomado su decisión. Primaron los intereses políticos y personales de Uribe. Primero habría que encontrar una fórmula jurídica que le dé tranquilidad a él, para que deje a Duque gobernar, y sobre todo para que nos deje a los colombianos ir hacia la reconciliación, trabajar en la reconstrucción de los territorios y aprovechar la oportunidad irrepetible de la paz.
