lunes, agosto 17, 2020

1996 - 1998 cuando el estado colombiano perdía la guerra con las FARC

HORA DE RENUNCIAS

Las elecciones no pueden convertirse en cortina de humo para aplazar el debate sobre el fracaso de la estrategia militar en Colombia. 


Eran las cinco de la tarde del martes 3 de marzo. El Presidente Ernesto Samper había convocado a un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño. La cúpula de las Fuerzas Armadas y los directores de los servicios de inteligencia fueron ocupando sus puestos. El objetivo era evaluar el 'plan democracia' para el domingo de elecciones. Tras la intervención de algunos de los participantes, el jefe del Estado interrogó al comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, sobre los enfrentamientos con las Farc en la región del Caguán. En tono serio, el alto oficial le respondió que desde hacía varios días soldados profesionales de la Brigada Móvil No. 3, sostenían un duro combate con ese grupo subversivo. Galán, sin embargo, tranquilizó a Samper. Le dijo que las noticias eran buenas y que todo indicaba que el Ejército se iba a apuntar un éxito frente a la guerrilla. Hacia las ocho de la noche de ese mismo día, los servicios de inteligencia militar interceptaron una comunicación radiotelefónica que los dejó paralizados: la batalla en el Caquetá no sólo se estaba perdiendo, sino que adquiría ribetes de catástrofe. Los radioperadores militares habían escuchado con nitidez a 'Fabián Ramírez', segundo comandante del Bloque Sur de las Farc, cuando entregaba un parte de guerra a su jefe inmediato, Milton de Jesús Toncel, alias 'Usuriaga'. En tono categórico, 'Ramírez' le informaba que hasta ese momento sus hombres habían dado de baja a 50 soldados, que 35 más estaban heridos, y que habían recuperado numeroso material de guerra y destruido los sistemas de comunicación de las tropas. Los militares que interceptaron la comunicación inicialmente no la creyeron. Era tan inverosímil que parecía más bien desinformación. Lamentablemente no lo era. Lo que ocurrió a partir de esa noche no le había sucedido al Ejército desde hacía 45 años, cuando Guadalupe Salcedo y sus guerrillas liberales de los Llanos emboscaron y mataron a 99 soldados, y sólo dejaron a uno con vida para que contara la historia. Entonces también fue evidente la impotencia de los militares. En los cinco días siguientes al combate en El Billar, fue imposible saber con exactitud qué había pasado. A pesar del enorme despliegue de helicópteros, aviones y tropas, ninguna patrulla de reconocimiento logró penetrar a la zona del conflicto. Tampoco fue posible establecer el balance de muertos, heridos y desaparecidos. Y, lo que es peor, la información de lo que había sucedido sólo se conocía por las intercepciones hechas a la guerrilla, cuyo sofisticado sistema de comunicaciones funcionaba a la perfección. Hasta 'Usuriaga' se dio el lujo de sostener una larga entrevista con periodistas de la red O Globo del Brasil, que lo localizaron vía satélite en medio de las selvas del Caquetá. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? El jueves 26 de febrero, el comando de la Brigada Móvil No. 3 del Ejército, que opera en el medio y bajo Caguán, recibió información confiable sobre desplazamientos masivos de las Farc en la zona. Según ese reporte, el propósito de la guerrilla era tomarse la población de Cartagena del Chairá, la misma que sirvió de escenario para la liberación de los 60 soldados de Las Delicias en junio del año pasado. De inmediato, los comandantes de la Brigada Móvil dispusieron un operativo militar para impedir la llegada de cerca de 600 subversivos al pueblo. Los informantes del Ejército también daban cuenta de que entre las filas guerrilleras figuraban dos hombres del secretariado general de las Farc, entre ellos, Jorge Suárez Briceño, el ya legendario 'Mono Jojoy'. Entre el sábado 28 de febrero y el domingo primero de marzo, muy cerca de la quebrada de El Billar en el bajo Caguán, se dieron los primeros enfrentamientos. El batallón contraguerrilla No. 52 de la Brigada Móvil No. 3, conformado por 153 hombres, fue el encargado de combatir a los frentes 14 y 15 y a la columna 'Teófilo Forero' de las Farc. Las Brigadas Móviles del Ejército son cuerpos élite, conformado por soldados profesionales, cuyo salario mensual es de 350.000 pesos y quienes tienen a su disposición el mejor armamento, los mejores equipos de comunicaciones y han sido exclusivamente entrenados para combatir a la guerrilla. El enfrentamiento se prolongó tres días. El martes cesó el fuego. Esa misma noche los subversivos entregaron un balance a sus jefes. Pero el Ejército había perdido comunicación con sus tropas. Eso explica por qué razón cuando el general Galán le reportó al Presidente, no tenía información exacta de lo que realmente había ocurrido en las selvas del Caguán. Fueron precisamente esos soldados profesionales los que se llevaron la gran sorpresa: el enfrentamiento no se produjo contra las columnas regulares de las Farc, sino con las fuerzas especiales del grupo, que son las que tienen a su cargo la custodia de los desplazamientos de los miembros del secretariado general. En otras palabras, los soldados que pretendieron sorprender a la guerrilla, terminaron sorprendidos. Las Farc se desplazaban con cinco anillos de seguridad. Todo parece indicar que, al comenzar los combates, los guerrilleros abrieron paso a los soldados para dejarlos penetrar los dos primeros anillos de seguridad. Así los llevaron a la boca del lobo. Una vez logrado el objetivo, les cerraron el cerco y los atacaron por todos los flancos.

El despeje
Aún antes de que el país conociera en forma oficial _la información disponible provenía de las Farc_ la verdadera dimensión de la catástrofe militar de El Billar, comenzó el debate sobre responsabilidades. Había que establecer las verdaderas causas del duro golpe al Ejército y encontrar en dónde residían las graves fallas de táctica y estrategia. La catástrofe de El Billar, Caquetá, es, de lejos, el golpe más grave que le hayan asestado las Farc al Ejército en el último medio siglo. Parecería que las lecciones, todavía frescas, de Puerres, Las Delicias y Patascoy no hubieran servido de experiencia. En el desarrollo del conflicto guerrillero de este medio siglo, es un hecho, según los expertos, que la subversión ha pasado del hostigamiento y la emboscada típica de la guerra de guerrillas, a una fase de guerra de posiciones, en la que la insurgencia ha demostrado que tiene capacidad de desarrollar combates a campo abierto y defender posiciones estratégicas por largo tiempo. Un ejemplo es precisamente el caso de El Billar, en el Caguán, la semana pasada. Después de que el Bloque Sur de las Farc atacara al batallón 52 de la Brigada Móvil No. 3 del Ejército en esa región, éste demoró mucho tiempo para entrar a la zona no obstante los incesantes bombar-deos aéreos y las avanzadas de las tropas de superficie. Si hasta hace unos años las Farc se limitaban a emboscadas y ataques sorpresa y luego retirada, como lo hacían las guerrillas de los años 50, desde hace tres años, gracias entre otras cosas al asesoramiento que han recibido de expertos salvadoreños, ese grupo guerrillero ha venido actuando como la semana pasada: en unidades de más de 300 hombres. Mientras tanto el Ejército sigue disperso y continúa atacando con pequeñas unidades como lo hizo el batallón de 153 hombres que fue aniquilado la semana pasada en el Caquetá. La guerrilla parece estar ganándole la partida al Ejército como lo demuestra la cadena de desastres de los últimos dos años. Sin embargo, tampoco se ha llegado al punto en que pueda afirmarse que hay un equilibrio de fuerzas, pues el Ejército presenta una evidente superioridad frente a los grupos armados en número de hombres, recursos y logística. El gran aliado de los subversivos es, entonces, el factor sorpresa. Es claro que los guerrilleros tienen en este punto una enorme ventaja. No obstante la diferencia es que el Ejército, como lo asegura el politólogo Eduardo Pizarro, "ha perdido totalmente la iniciativa táctica en el campo de batalla".

Analistas y expertos en el tema aseguran que una de las razones viene de atrás y ha influido no sólo en la pérdida de control del territorio por parte de la fuerza pública, sino en la moral de las tropas: el despeje militar de 13.000 kilómetros de ese territorio, en junio del año pasado, en cumplimiento de una de las exigencias de las Farc, para liberar a los 60 soldados capturados durante la toma de la base de Las Delicias en el Putumayo. Para nadie es un secreto que la medida fue obedecida a regañadientes por los generales _humillados en su orgullo militar por la derrota_ especialmente por el general Harold Bedoya, entonces comandante de las Fuerzas Militares, que no ocultó su rabia cuando calificó la entrega como "un circo con muchos payasos".Aunque evidentemente los militares no aceptan esta interpretación y aseguran que las tropas habían reasumido control y dominio de esa vasta zona del territorio colombiano, lo cierto es que la Brigada Móvil No. 3 que se encuentra operando en la región desde agosto del año pasado, parece estar actuando más con las características de un Ejército invasor que con las de uno en pleno ejercicio de soberanía. Y eso que el Ejército alega en su defensa el hecho de que, a mediados de septiembre del año pasado, desarrolló la operación 'Destructor II' en los llanos del Yarí con el objetivo de capturar a 'Tirofijo' y al 'Mono Jojoy'. Se olvidan los generales que entonces los resultados fueron tan magros en capturas y bajas _un guerrillero detenido_, como exorbitantes en gastos _17.000 millones de pesos_, y que las críticas llovieron de todos los flancos. Mucho ruido y pocas nueces fue entonces el comentario generalizado.

Los retos de la verdad en el Eje Cafetero

imagen de: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/retos-de-la-verdad-en-el-eje-cafetero


La situación se ha tornado tan grave que en lo del despeje puede haber una parte de explicación, pero no toda ni la verdadera. Para el politólogo Alfredo Rangel, esta teoría no puede utilizarse como disculpa para justificar el nuevo fracaso militar: "Ese despeje no cambió la situación ni para el Ejército ni para la guerrilla. Eso es como buscar el ahogado río arriba". La tragedia del Caguán ha sido la más grande de los últimos 45 años, pero no ha sido la única catástrofe militar reciente. En menos de dos años el Ejército tuvo cinco humillaciones. Entre ellas están la toma de Las Delicias, el asalto al cerro Patascoy, la emboscada en San Juanito, Meta, entre otros, donde perdieron la vida más de 60 soldados y la guerrilla retuvo a unos 70 militares (ver recuadro).
¿Cómo explicar esta serie de reveses, cada uno más grave que el anterior? Este interrogante no tiene una respuesta fácil. Son muchos y muy variados los factores que inciden en estos resultados. El que más se menciona es el de las fallas en la inteligencia militar. En opinión de varios oficiales consultados por SEMANA, la línea de mando se equivocó al casar una disputa interna con los servicios de inteligencia del propio Ejército. En más de una ocasión y de manera reservada, el sucesor de Bedoya, el general Manuel José Bonett, la emprendió contra el modo de operar de los cuerpos secretos del Ejército. No en vano en el segundo semestre de 1997 fueron relevados de sus cargos dos comandantes de la Brigada XX de Inteligencia, los coroneles Bernardo Ruiz y José Guillermo Rubio. Esta crisis en el interior del organismo encargado de proveer de información a los mandos militares en las diferentes regiones del país para combatir a la subversión, se sumó a dos viejos problemas de la inteligencia no resueltos: la poca capacidad de infiltración, que llevó al servicio de inteligencia a confiar de manera excesiva en los denominados informantes casuales (personas que espontáneamente se presentan a una guarnición a ofrecer datos a cambio de dinero), frente a los cuales el Ejército no tiene suficientes mecanismos de verificación y deficiencias de la llamada contrainteligencia militar, encargada de detectar la infiltración del enemigo. Otro factor que ha incidido en el problema es la polarización dentro del Ejército. Luego de la controvertida salida del general Harold Bedoya del comando de las Fuerzas Militares, se pensó que la división interna del Ejército derivada del proceso 8.000 y del narcoescándalo, por fin se había superado. Sin embargo, no ocurrió así. En las primeras semanas de su gestión al comando de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán dedicaron buena parte de su tiempo a perseguir el fantasma del general Bedoya, simbolizado en numerosos oficiales que, en forma privada y pública, manifestaban su descontento por lo que sucedía en el seno del Ejército. Ese desgaste, unido a la presión internacional por el tema de los derechos humanos y el auge de los grupos de justicia privada, impidió que la línea de mando se sentara a diseñar estrategias coherentes para enfrentar a los grupos subversivos. Todo esto ha coincidido también con la creencia generalizada de que hay dos estilos en la cúpula demasiado diferentes e igualmente inadecuados para las circunstancias. Por un lado, el exagerado bajo perfil del comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, el cual se mantiene excesivamente alejado de las tropas; y por otro, el exagerado protagonismo del comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonnett, en los medios de comunicación y en la vida social, que lo ha distraído de sus verdaderas funciones. Uno y otro, aunque por razones diferentes, han descuidado el papel que les corresponde en propiedad: el de estratega y comandante de las tropas. Así de simple. Por último y como lo aseguran algunos oficiales del Ejército, lo verdaderamente de fondo es que no hay continuidad en las políticas de Estado en materia de orden público. Se actúa al vaivén de las circunstancias y por eso, como asegura el politólogo Pizarro Leongómez "esta falta de continuidad no permite construir una política estatal ni llevar a cabo con éxito la guerra". De hecho, los últimos gobiernos se han visto obligados a improvisar medidas de emergencia y acudir a la conmoción interior cuando se han producido grandes golpes de la guerrilla. Incluso la semana pasada el Ejecutivo consultó la posibilidad de decretar esta medida de excepción tras los hechos del Caguán.

Responsabilidades políticasEn resumen, los problemas de los militares no sólo están en el campo de batalla. Hasta hace poco la responsabilidad por los reveses recaía en la cabeza del capitán o del mayor que tenía bajo su mando la tropa afectada. Aún así es claro que la importancia de los responsables depende de la gravedad de lo ocurrido. La toma de Las Delicias le costó el puesto al comandante de Infantería de Marina, general Jesús María Castañeda; y el asalto al cerro de Patascoy cobró las cabezas de los generales Eduardo Camelo y Julio Charry, comandantes de la III División y III Brigada del Ejército, respectivamente. En esta ocasión, cuando se trata del quinto desastre militar de los últimos dos años, el país ha empezado a mirar hacia la cúpula de las Fuerzas Militares. Pasó la hora de cortar cabezas por lo bajo, a oficiales o suboficiales por fallas técnicas o tácticas en los operativos. Tampoco pueden seguir siendo los muertos los que carguen, sin poder defenderse, con las culpas. Para muchos llegó el momento de las rectificaciones y de las responsabilidades políticas. La gravedad de los últimos hechos abre la necesidad de mirar más alto. El Presidente, de cachucha en el frente militar, hizo saber que no piensa entregarle cabezas a la guerrilla. Esa, sin embargo, no es la respuesta que la opinión pública esperaba. En cualquier país civilizado ya habrían rodado varias cabezas, empezando por las de la cúpula militar. En Colombia alguien tiene que responder políticamente por lo sucedido. Tal vez la consecuencia más grave del proceso 8.000 es que en la búsqueda de la prueba reina desapareció el concepto de responsabilidad política. El episodio de Las Delicias podría ser considerado aisladamente un fracaso militar. Pero si a eso se le suman los fracasos posteriores el problema deja de ser militar y se convierte en político. Tras la catástrofe de El Billar, podría decirse que le cabe una responsabilidad política a la cúpula militar, al propio Ministro de Defensa Gilberto Echeverry y, por su puesto, al Presidente de la República. La renuncia de Ernesto Samper no es viable políticamente, y la de Echeverry ni quita ni pone, pues él no maneja la estrategia militar. Pero de ahí para abajo, alguien tendría que asumir la responsabilidad y renunciar. Concretamente, los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán, por sus cargos de comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, deberían responder directamente por la suma de fracasos recientes. El jefe del Estado dejó en claro, sin embargo, que esto no sucedería cuando afirmó que no iba a dejar rodar las cabezas de militares para darle gusto a la guerrilla. Con frecuencia tiende a descalificarse políticamente cualquier crítica al Ejército. Tanto los cuestionamientos que se le hacen por violación de los derechos humanos, como los más recientes por la eficiencia misma de las Fuerzas Militares, son señalados, poco menos que como mensajes a favor de la subversión. Esta actitud es equivocada. No se puede tapar el sol con las manos. El país, los militares y el gobierno deben entender que sólo aceptando que algo está mal y trabajando para corregirlo, se podrá tener en un tiempo razonable unas Fuerzas Militares verdaderamente profesionales, y con capacidad real para defender a la Nación. Sólo así se podrá diseñar una política nacional de largo plazo que contemple la reestructuración de las Fuerzas Militares para hacerlas verdaderamente profesionales, capaces de interpretar una nueva estrategia antisubversiva, pues no se puede desconocer el cambio de estrategia de la guerrilla y su avance cada vez mayor. De lo contrario, seguir aplazando la discusión nacional sobre la necesidad de diseñar y desarrollar una política estatal de orden público a largo plazo y seguir eludiendo la responsabilidad de los militares en las catástrofes en el frente de guerra es dejarle campo abierto y cederle más terreno a la guerrilla.
Los soldados que pretendían sorprender a la guerrilla, terminaron sorprendidosn Una de las grandes fallas del Ejército está en el manejo de la inteligencia militarn Llegó la hora de pensar en una reestructuración a fondo de las Fuerzas MilitaresGolpe tras golpeel Manual de Casos Tácticos es el libro en el que las Fuerzas Militares incluyen sus éxitos y fracasos operativos más importantes. En su próxima edición, los militares deberán incluir, sin lugar a dudas, los golpes más recientes propinados por las Farc en el sur del país. Ahí deberán quedar consignados los siguientes hechos:·Abril 16 de 1996: 150 hombres de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional _ELN_ emboscaron y dinamitaron en Puerres, Nariño, un convoy militar integrado por seis vehículos. En el ataque murieron un suboficial y 30 soldados, otros 15 uniformados quedaron heridos.
· Agosto 31 de 1996: La base militar de Las Delicias fue atacada por los hombres del bloque sur de las Farc. El combate duró toda la noche _pese a lo cual nunca llegaron refuerzos_ y dejó como resultado 27 militares muertos, 18 heridos y 60 secuestrados. Estos fueron liberados un año después en la zona del Caguán, Caquetá.
·Septiembre 6 de 1996: Por lo menos 200 hombres del primer frente de las Farc atacaron y destruyeron la base militar de La Carpa, a dos horas de la capital del departamento del Guaviare. En el ataque murieron 24 militares pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 2, una de las unidades de élite del Ejército.
·Febrero 3 de 1997: Los frentes 53 y 54 de las Farc se enfrentaron con el Ejército en San Juanito, limítrofe entre Meta y Cundinamarca. En el choque murieron 16 soldados, otros cuatro quedaron heridos. Los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la zona, lo cual provocó el éxodo de unos 250 habitantes de la región.
·Julio 6 de 1997: Un helicóptero de la empresa Helicol que transportaba una patrulla de soldados hacia una zona de Arauquita, donde el ELN había dinamitado un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, fue derribado a tiros de fusil. En la acción murieron 20 militares y un civil. Cuatro días después hubo otro atentado dinamitero y un nuevo ataque a otra patrulla que dejó un saldo de 10 soldados muertos.
·Septiembre - octubre de 1997: Las Fuerzas Militares se tomaron los llanos del Yarí en la denominada Operación Destructor II. Durante tres semanas el Ejército y la Fuerza Aérea peinaron la zona con 3.500 hombres y bombardearon algunos puntos estratégicos. Al final la operación costó 17.000 millones de pesos y dejó como resultado un guerrillero capturado y algunas vacas muertas por acción de las bombas.
·Diciembre 21 de 1997: Los frentes 32 y 49 de las Farc atacaron la base de comunicaciones del Ejército ubicada en la cima del cerro de Patascoy, en los límites de Nariño y Putumayo. La acción dejó 10 militares muertos, cuatro heridos y 18 secuestrados.

De: https://www.semana.com/especiales/articulo/hora-de-renuncias/35554-3

Otras referencias:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_la_base_militar_de_Las_Delicias

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_Patascoy

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_Miraflores

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/tomas-y-ataques-guerrilleros_accesible.pdf

https://verdadabierta.com/conflicto-armado-periodo-3/



 4/6/1998 12:00:00 AM

MANCUSO: el método paramilitar y la verdad que nos deben

 ENTREVISTA

“El caso Mancuso es un reto para la justicia colombiana”

La magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia, autora de la primera sentencia condenatoria en ese sistema transicional, contra Salvatore Mancuso por miles de crímenes atroces que cometió en la época paramilitar del clan Castaño. Tomó la decisión, el viernes pasado, de reactivar órdenes de captura para habilitar el mecanismo de extradición del exjefe de la autodefensas hacia Colombia, mecanismo que parece ser manejado sin mucha eficacia por el Gobierno.

“El fenómeno (paramilitar) permanece vigente de una manera más refinada”, advierte la magistrada Alexandra Valencia.
“El fenómeno (paramilitar) permanece vigente de una manera más refinada”, advierte la magistrada Alexandra Valencia. / Mauricio Alvarado

¿Por qué ante un procedimiento totalmente reglado como la solicitud de extradición de un ciudadano de un país a otro, la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos hacia Colombia se enredó tanto?

La situación que se presentó con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez es una muestra de las encrucijadas que debe afrontar el sistema judicial colombiano frente a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno. En el caso de Mancuso, se puede decir que el hecho de que su responsabilidad penal circule tanto del sistema penal ordinario como en el transicional frente a los graves crímenes que cometió cuando fue comandante de las estructuras paramilitares bloque Catatumbo, bloque Montes de María, bloque Córdoba y bloque Norte, refleja el reto que constituye procesar tal nivel de criminalidad. Si bien es posible que ante la magnitud de crímenes cometidos durante el conflicto armado haya un cruce de competencias, la claridad al respecto debe darla cada jurisdicción sabiendo lo que le corresponde y respetando las competencias de las demás.

Entonces, ¿el enredo en el trámite de extradición es reflejo del enredo judicial interno?

Considero que cuando se canceló la orden de captura que inicialmente se había librado para pedirlo a Estados Unidos se desconocía que podía ser deportado hacia Italia. Y si bien el criterio que se tuvo para revocar esa orden fue que el postulado había cumplido con todos los requerimientos judiciales que impone la Ley de Justicia y Paz, lo cierto es que no basta con dar cumplimiento al tiempo de pena alternativa que asigna este sistema de justicia transicional, sino que para el caso concreto de un postulado extraditado se debe garantizar su compromiso de comparecencia ante la jurisdicción, compromiso que solo se puede asegurar con su presencia en el país una vez cumpla las penas que le hayan sido asignadas en el exterior.

En la decisión que se conoció este viernes y que usted firma reactivando las órdenes de captura y, por lo tanto, la vigencia judicial de la extradición de Mancuso, ¿qué argumentó?

Que el postulado Salvatore Mancuso no ha culminado su proceso en Justicia y Paz y que aún debe quedar a disposición de la jurisdicción con el fin de que culmine las obligaciones que le fueron impuestas para que pueda acceder a los beneficios de esa ley. De incumplir con esos compromisos, entre ellos el de comparecencia al país, perdería todas las prerrogativas que le fueron concedidas. Y en lo personal, consideraría que su no comparecencia habilitaría los mecanismos ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde respondería por los graves crímenes que cometió en el país.

Y si el Estado colombiano no hace el trámite con rapidez y la responsabilidad de la no comparecencia de Mancuso no es de él, sino del Estado, ¿también se activaría la competencia de la CPI?

Independientemente de los trámites que se hagan o dejen de hacer, la no comparecencia del postulado al proceso de Justicia y Paz activaría el mecanismo transnacional de la CPI.

Precisamente ha quedado la impresión de que en la parte del trámite que les corresponde a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, el Gobierno no está muy interesado en el regreso de Mancuso. ¿Él tiene información que afecte la historia y a las víctimas de la guerra?

Como integrante sobreviviente del estado mayor conjunto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Mancuso debe responder ante el sistema de justicia colombiano no solo por la comisión de los graves crímenes que se le atribuyen, sino porque a partir del hecho de haber liderado la consolidación de las organizaciones criminales que integraron el paramilitarismo, se modificaron las estructuras sociales y políticas que terminaron por pervertir la administración del Estado. Por lo mismo, él debe garantizar, así como lo han hecho otros postulados a la Ley de Justicia y Paz, que el esclarecimiento de la verdad se logre en la mayor extensión posible. Frente a este concepto de verdad puede decirse que, en lo que a esa ley respecta (975 de 2005), el mismo ha ido evolucionando contra la corriente.

¿Por qué lo dice?

Considero que nunca se pensó que la Ley de Justicia y Paz fuera la que abriera las compuertas para conocer fenómenos criminales como la violencia sexual, la desaparición forzada o el despojo de tierras, por citar algunos patrones de macrocriminalidad; compuertas que resultaron ser tan abrumadoras como inesperadas para los intereses económicos y políticos de quienes estuvieron a cargo de la promulgación de la ley. Esta es la razón por la que creo que esa ley es de jueces y no tanto de legisladores, en virtud de que su diseño inicial no preveía abarcar la magnitud y persecución tanto de los perpetradores integrantes de las estructuras paramilitares, como de sus redes de apoyo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al asumir los casos de la parapolítica, trazó las líneas para que ante esta jurisdicción se construyeran contextos y se revelaran los interrogantes sobre el cuándo, el cómo y el porqué del conflicto armado interno lo que permitió dejar en evidencia que esa trama involucró responsabilidades, no solo de quienes formaron parte de la contienda, sino también de quienes, desde el estamento regular, permitieron la consolidación y expansión de estas organizaciones criminales.

Es decir, que cuando el gobierno de entonces (Uribe Vélez) tramitó la Ley de Justicia y Paz en el Congreso, ¿no tuvo en cuenta que iba a conocerse la verdad que ha salido a flote, pese a todos los tropiezos, en las sentencias? ¿Hasta dónde llegaba, entonces, el interés político?

Desconozco los propósitos políticos con los que se tramitó la ley. Lo que sí es cierto es que el esclarecimiento de la verdad ha sido un ejercicio de mucho esfuerzo y se viene construyendo a partir de los relatos de los postulados, de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de todos los que hicieron parte de la tragedia de la guerra, todo lo cual se trata de reflejar en las sentencias. Quisiera advertir, a modo personal, que tampoco existe un mecanismo para acceder a la información que se ha recopilado en Justicia y Paz. Si alguien quiere obtener, por ejemplo, el contenido de lo que dijo un postulado en versión libre, es muy difícil que lo logre.

Según los procesos que todavía están en curso, ¿se pueden cuantificar e individualizar el número de víctimas vivas y el de víctimas muertas que dejaron las acciones ordenadas por Mancuso?

Debemos partir de decir que el paramilitarismo como fenómeno criminal, si bien en su momento contó con importantes investigaciones académicas y denuncias de parte de organizaciones de derechos humanos, no contaba, en muchos casos, con la documentación suficiente, y muchas de las víctimas desestimaron alcanzar respuestas en términos de justicia. Solo actuaron cuando se implementaron los sistemas de justicia transicional. En ese momento asumieron tal condición y también decidieron reclamar sus derechos. Luego, el universo de víctimas por los crímenes cometidos en el conflicto armado con una clara muestra de la denegación de justicia que en su momento operó respecto del paramilitarismo en el país puede ser una pretensión inacabada.

Mancuso envió un mensaje de audio esta semana a raíz de los tropiezos en el trámite de extradición, y reiteró su compromiso de entregarles la verdad de lo sucedido a sus miles de víctimas ¿Usted le cree?

Como juez de un sistema de justicia transicional, tengo la convicción de que todo aquel que deja las armas y se incorpora a un proceso de esta naturaleza lo hace para remediar, para reparar y para proponer un cambio necesario. Lo he visto en quienes fueron hombres de base del paramilitarismo, sin estudios, y con un dramático desarraigo. El paramilitarismo no fue solo Mancuso; fueron cientos de hombres y mujeres que siguieron la ruta equivocada de los que difundieron los discursos de odio, en muchos casos promovidos desde el estamento regular. Si esos hombres de base de la guerra, dejaron las armas y ahora componen coplas, son ingenieros, agricultores, etc., que honraron el acuerdo al que se sometieron, creería que, con mayor razón quienes dieron impulso ideológico al desastre del paramilitarismo, también lo pueden hacer.

En sus sentencias y las demás que conoce dentro del sistema de Justicia y Paz, ¿están probadas la promoción y participación en el fenómeno paramilitar de los estamentos sociales militares y empresariales de la sociedad el “estamento regular” como usted lo denomina?

Sí, y muestra de ello es el sinnúmero de compulsas de copias que se encuentran en las sentencias de Justicia y Paz contra esas personas.

¿Esas compulsas han tenido algún desarrollo judicial?

No en la magnitud que se esperaría.

En las estructuras paramilitares de los años 80 y 90, de los hermanos Castaño, ¿cuál fue la importancia real de Mancuso?

En las sentencias ha quedado registrado que Salvatore Mancuso Gómez tuvo un rol muy importante en la expansión paramilitar gestada desde la casa Castaño con la creación del bloque Catatumbo, en donde este postulado replicó y refinó el modo de operación criminal implementado por Carlos Castaño. Su comandancia no solo militar, sino ideológica y política, fue fundamental para detonar lo que he denominado el método paramilitar, entendido como aquel que se propuso erradicar la subversión y que se caracterizó no solo por combatir las acciones guerrilleras, sino también por anular toda forma de actividad popular y por eliminar cualquier agremiación política en los pueblos. Por eso los sindicatos, los líderes comunales, los representantes de derechos humanos, debían ser excluidos del orden propuesto por la confederación paramilitar, o nuevo orden. También se proponía la modificación de la tradición agrícola con la instalación, a gran escala, de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos productivos que llevaron a la industrialización de la tierra, luego del despojo del que fueran víctimas cientos de campesinos y parceleros. En ese proyecto paramilitar Salvatore Mancuso fue crucial cuando diseñó ricos proyectos de madera teca y acacia en Tierralta, Córdoba.

Usted fue la magistrada ponente de una conocida sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá con fecha octubre de 2014 contra Mancuso y otros jefes paramilitares. ¿Cuáles y cuántos crímenes fueron admitidos por ellos, en particular por Mancuso, en ese caso?

Dicha sentencia abarcó múltiples delitos con connotaciones de lesa humanidad, todos de una dramática intensidad. Pero independientemente de la aceptación de los crímenes por parte del postulado, me resultó más revelador el hecho de advertir que, en las sesiones de audiencia, los postulados que se consideraban legitimados para asesinar a todo aquel que tuviera una forma de pensar distinta conocieran la humanidad de sus víctimas, la otra parte de la historia respecto de los crímenes que cometieron. Escuchar el relato de sus víctimas fue un acto que les permitió tomar conciencia sobre el desbordado efecto que tuvo el paramilitarismo en las distintas regiones del país, principalmente en el Catatumbo. Por citar algunos casos, admitieron la masacre en el Catatumbo el 29 de mayo de 1999, cuando reunieron en la vía Tibú - la Gabarra, un número significativo de personas y procedieron a asesinar y a desaparecer a más de 15 pobladores de la región con el apoyo de agentes del Estado; la masacre del 17 de julio de 1999 con el asesinato de un grupo de habitantes del municipio de Tibú; la masacre de la Gabarra; el incendio del caserío de Filogringo y la masacre de Socoavo. También se esclarecieron las desapariciones forzadas ocurridas en Juan Frío, Puerto Santander, con el acondicionamiento de hornos crematorios en los que se arrojaban los cuerpos de las víctimas, según uno de los postulados, para no contaminar el río Catatumbo.

Su decisión fue muy controvertida: usted fue la primera operadora judicial que dejó establecido, por sentencia, el involucramiento, en la consolidación de las autodefensas, de los hoy llamados “terceros” responsables, es decir, personas naturales o jurídicas que financiaron grupos paramilitares o apoyaron su creación. ¿Mancuso declaró específicamente sobre estos financiadores del patio trasero?

Ubicamos en el estamento regular a aquellos que desde las esferas de poder político, económico, militar o empresarial entregaron un aporte funcional a las estructuras armadas ilegales y pusieron al servicio de esa organización las funciones de dichas esferas de poder. De ahí que se haya establecido que, además de ese aporte funcional, este fue eficaz para la consolidación y expansión de la estructura paramilitar. Y que, a cambio, quien pertenecía al estamento regular recibía un beneficio o contraprestación que, en términos de la evidencia que documenta Justicia y Paz, se reflejó en ventaja militar o política y, en el caso de algunas empresas, en una importante acumulación de tierra.

Esos son descubrimientos mayores. ¿En cuáles sentencias de Justicia y Paz se reflejan estos hechos tan graves y qué significa, exactamente, obtener ventaja política o militar y acumular tierra?

En varias sentencias se hace referencia a la integración estratégica que tuvo lugar entre el estamento regular y las estructuras paramilitares. En cuanto a la ventaja militar, un ejemplo fueron los falsos positivos en los que, con apoyo en acciones paramilitares, se dieron las ejecuciones extrajudiciales que eran reportadas como bajas en combate por efectivos del Ejército. En cuanto a ventajas políticas, otro ejemplo, candidatos a gobernaciones se aliaron con estructuras paramilitares para sacar del camino a sus opositores electorales. Y en cuanto a los sectores empresariales, estos se beneficiaron, en algunos casos, de las estructuras del paramilitarismo como en la hacienda Bellacruz, para acumular tierras mediante métodos violentos.

La condena que usted le impuso a Mancuso en la sentencia de 2014 era de 40 años de prisión pero como se hizo en el marco de la ley de Justicia y Paz, se redujo a la denominada “pena alternativa” de 8 años ¿Tendría que cumplir esta condena ahora, si llega a Colombia?

Lo que se encuentra documentado es que desde el momento de su desmovilización, quedó privado de la libertad en la cárcel de Itagüí por cuenta de un homicidio cometido por una de las estructuras que comandó; luego fue extraditado y en lo que conozco, continuó participando en las diligencias de versión libre por vía de retransmisión desde las cárceles de Estados Unidos mientras seguía privado de la libertad. La pena en un sistema de justicia transicional tiene un sentido distinto al retributivo de la justicia ordinaria; a cambio del sacrificio en lo que a la imposición del castigo respecta, se alcanzan grandes beneficios en términos de esclarecimiento de la verdad, pero sobre todo, en términos de arrepentimiento y reconciliación. He presenciado, como juez transicional, intensos momentos de encuentro entre víctimas y victimarios cuando la reconciliación de unos y otros permite mantener la convicción de que es posible un nuevo comienzo. Así como en muchas ocasiones el odio puede ser aprendido, el perdón también puede llegar a serlo. Y en esta línea, la pena sería solo uno de los propósitos de la justicia transicional, no el único.

En 2016 y durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez usted fue nombrada directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, creada en el Acuerdo de Paz para terminar con las bandas herederas del paramilitarismo. Pero Martínez la sacó rápido. ¿Por qué?

Creo que fue un momento que aterrizó en un destiempo, que no dio lugar a coincidir. Para aquel 2016 la esperanza de muchos respecto del proceso de paz fue puesta a prueba por quienes tenían la convicción contraria. En lo personal, prefiero ubicarme en la convicción de la paz y la reconciliación.

Disculpe, pero no me respondió: Martínez le retira el apoyo después de que se creó una polémica política contra usted, si mal no recuerdo, por el sentido de sus sentencias aun cuando nunca le hicieron cuestionamientos éticos ni de competencia profesional…

Yo renuncié.

¿Por qué? Llevaba muy poco tiempo en ese cargo tan significativo en la Fiscalía…

Insisto: porque prefiero ubicarme en la convicción de la paz y la reconciliación. Creo en el encuentro de los opuestos y no en la eliminación de los mismos.

Las bandas que hoy están ejerciendo coacción armada sobre las poblaciones, que asesinan con métodos atroces como los degollamientos que se han conocido recientemente, ¿son las sucesoras directas de los Castaño, Mancuso, “Jorge 40”, etc., o se trata de un fenómeno diferente?

La expansión geográfica del paramilitarismo tuvo lugar con la reproducción de sucesos que fueron pasando inadvertidos en parte por ser un fenómeno que se asentó en territorios periféricos y poblaciones desposeídas. Por la magnitud de dicha expansión geográfica, el paramilitarismo debe dejar de pensarse como un conflicto local para ser considerado como un proyecto nacional que busca la consolidación de procesos de homogenización política y económica. En esa medida, considero que, en la actualidad, este fenómeno permanece vigente de una manera más refinada por la necesaria integración estratégica entre el estamento regular y las organizaciones paramilitares que aún sobreviven. En estos términos, no sería muy diferente a lo ocurrido en la época de los Castaño, Mancuso y Jorge 40 con lo que sucede hoy, salvo que ahora, como lo dije, su forma de operación es más refinada y clandestina.

¡Mancuso está pendiente de responder todavía por - al menos - 53 mil 900 crímenes!

¿Cuántas órdenes de captura tiene todavía Mancuso y cuántos procesos hay abiertos en Colombia en que él esté involucrado?

En lo que tiene que ver con el sistema de Justicia y Paz, contra Salvatore Mancuso se encuentran activos los siguientes procesos: 1.- En etapa de ejecución de sentencias (dentro de los procesos número 2006-80008/2014-00027), como responsable de 1.528 hechos criminales. 2.- En audiencia de solicitud de terminación anticipada (del proceso radicado 2015-00012), por 2.400 hechos criminales, ante Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. 3.- En audiencia de formulación de imputación de cargos ante la magistratura de Control de Garantías de Justicia y Paz de Barranquilla (priorización V), por 9.914 hechos criminales. 4.- En audiencia de formulación de imputación de cargos ante la magistratura de Control de Garantías de Justicia y Paz de Barranquilla (priorización VI), por 11.046 hechos criminales. Y de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, se encuentran pendientes otras 3 solicitudes de formulación de imputación por, aproximadamente, otros 29.050 hechos criminales.

“Hay que activar todos los mecanismos para que Mancuso regrese y cumpla”

¿Por qué es tan importante que Mancuso o cualquier postulado del sistema de transición de Justicia y Paz comparezca?

En el refinamiento de los propósitos de un sistema de justicia transicional, resulta indispensable que se cumpla la garantía de comparecencia por parte del postulado, y por lo mismo, que se activen todos los mecanismos con los que cuenta el Gobierno para hacer efectivo su regreso al país porque este sistema funciona en doble vía: una, para que respondan quienes se acogen al mismo; y la otra, para que se permita materializar los propósitos de dicho sistema. El postulado Salvatore Mancuso Gómez tiene orden de captura con fines de extradición (a Colombia) proferida el 11 de agosto de 2020 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (proceso 2006-80008/2014-00027) en la que si bien se le reconoce el cumplimiento de algunas obligaciones ante este sistema, y por lo mismo se le ofrece la seguridad jurídica a la que tiene derecho, aún se encuentra pendiente por verificar su compromiso de comparecencia que solo podría materializarse con el cumplimiento de dicha orden de captura para que responda por todas las obligaciones que le fueron impuestas en las sentencias proferidas por la jurisdicción.

de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-caso-mancuso-es-un-reto-para-la-justicia-colombiana/

Otras referencias:

https://colombiacheck.com/chequeos/en-masacres-los-paras-ocupan-un-horroroso-primer-lugar  - 

https://verdadabierta.com/masacres-el-modelo-colombiano-impuesto-por-los-paramilitares/

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8435506

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/colombia-y-sus-masacres/

viernes, julio 24, 2020

la triste marcha del éxodo y la paz amenazada

 | 7/18/2020 2:38:00 AM

Ituango: 




En la vereda Santa Lucía de Ituango, al norte de Antioquia, solo quedó el miedo. Este miércoles 93 excombatientes de las Farc y sus familias, fundadores y habitantes de la aldea de reincorporación Román Ruiz, sacaron sus corotos en camiones, buses y chivas para recorrer, en 8 horas, 350 kilómetros hasta un nuevo asentamiento, ahora en las laderas de Mutatá. Huyeron de las balas, los hostigamientos y las amenazas de muerte. Se fueron tras haber visto caer asesinados a 11 exguerrilleros, además a 7 de sus familiares, en los cuatro años que han pasado desde que decidieron dejar las armas y escoger Ituango para vivir en paz.

No les quedó otra opción, pues a medida que pasaba el tiempo el peligro aumentaba. Entre diciembre y enero, cuando dos miembros de la comunidad cayeron acribillados, 62 excombatientes se marcharon, cada cual a donde pudo. En febrero el asedio en la zona aumentó y 860 campesinos se desplazaron al casco urbano de Ituango en busca de refugio. Desde ese momento los reincorporados decidieron trastear la aldea, aunque pospusieron la procesión porque no tenían a dónde ir. Pero la primera semana de junio murió Camilo Sucerquia Durango, de solo 15 años, hijo de una exguerrillera. Y ese nuevo mensaje de violencia presionó al trasteo colectivo sin más dilación.

Al jovencito se lo llevaron el sábado 6 de junio a las ocho de la mañana, y apareció muerto por la tarde, abaleado junto a otras dos personas: William Pérez, conductor de un bus escalera, y Carlos Barrera, su ayudante de 17 años.

El partido Farc ató el crimen al récord de asesinatos de excombatientes, que va en 218, lo catalogó de exterminio y aseguró que el Gobierno pretendía perpetuar la guerra. Sin embargo, las pesquisas en el terreno apuntan en otra dirección.

El Ejército atribuye el triple crimen al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas. Se trata de la mayor organización neoparamilitar del país, con al menos 3.500 hombres en armas y resueltamente dedicada al narcotráfico, aunque sin soltar la minería ilegal de oro y la extorsión. El Clan disputa a muerte con el frente 18 de las disidencias de las Farc los corredores estratégicos del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, un territorio bisagra y definitivo para controlar cultivos, laboratorios y rutas de narcotráfico. A su vez, la Séptima División del Ejército combate ambas estructuras. En medio de ese polvorín, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Ituango resultó afectado una y otra vez.

De 202 homicidios y 12 desapariciones forzadas contra excombatientes de las Farc, la Fiscalía tan solo ha conseguido que 28 personas sean sentenciadas como resposables de esos crímenes. 

El noroccidente de Antioquia es una de las zonas más golpeadas, no la única. La Unidad Especial de la Fiscalía, que investiga la violencia contra excombatientes Farc, le dijo a SEMANA, por medio de un informe, que en todo el país han perpetrado 250 ataques, así: 202 homicidios, 36 tentativas de homicidio y 12 desapariciones forzadas. “Del total de afectaciones, 116 registran avances investigativos a corte de 15 julio”, dice el documento. En cuanto a los asesinatos, el ente acusador ha conseguido 28 sentencias condenatorias, y el análisis general indica que Antioquia, después de Cauca, es el departamento más inseguro para los reincorporados. Además, deja en claro que los grupos disidentes y el Clan del Golfo son sus enemigos más letales.

Al cierre de esta edición se presentó una masacre en la zona rural de Algeciras, Huila. Cuatro personas fueron acribilladas y dos más quedaron heridas en lo que parece una acción de las disidencias contra la familia de un exguerrillero. El luto y la zozobra acaparan la vida de los excombatientes.


El Clan del Golfo y el frente 18 de las disidencias de las Farc disputan el territorio abandonado.

Trasladar la aldea de Ituango es reconocer sin palabras que el Estado no pudo ejercer el control de la zona. La mudanza permite evitar que quienes están del lado de la paz terminen asesinados, reclutados forzosamente o persuadidos para que den marcha atrás. Los disidentes del frente 18 Román Ruiz de las antiguas Farc, que lleva el mismo nombre del ETCR trasladado, dieron ese último paso. Ellos proclamaron que cumplían órdenes de Iván Márquez, Santrich y el Paisa, los pesos pesados del rearme.

El espacio de reincorporación de Ituango es un proyecto fallido. En conclusión, en el centro del nudo de Paramillo las estructuras armadas se salieron con la suya. Las casas de paredes prefabricadas que ocupaban los excombatientes quedaron abandonadas y en la zona solo están los campesinos que se niegan a desplazarse a riesgo de sufrir la embestida de la guerra.

Junto a la inseguridad, el porvenir económico desvela a los exguerrilleros. De las 2.000 gallinas ponedoras que tenían en Ituango no quedó nada. “No nos podíamos mover con ellas. Las vendimos de a poquitos. Incluso por debajo del precio porque la gente sacó provecho de la necesidad”, sostiene Juan de Dios Quintero, líder del espacio de reincorporación. Eso mismo les pasó con unas 100 vacas.

Otro tema es la seguridad con que contará la nueva zona de reincorporación. Al respecto, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, aseguró este jueves durante una rueda de prensa: “El mismo número de hombres, el batallón que respondía por la seguridad en Santa Lucía de Ituango, ha comenzado a operar hoy en Mutatá”. El anuncio confirmó el miedo de quienes quedaron en el antiguo territorio. “Al irse los excombatientes y la fuerza pública, es como decirles a los ilegales bienvenidos acá. Es dejar a la comunidad en medio de la guerra”, dice un poblador de la vereda Santa Lucía. Con la salida parece también esfumarse el sueño de tener la carretera pavimentada.

Los excombatientes piensan abrir un fondo de ayudas y, además, juntarse para adquirir un crédito a 15 años con el que puedan comprar las 60 hectáreas que faltan para completar la totalidad de la finca.

De los primeros excombatientes que salieron de Ituango nadie volvió a saber casi nada. Muchos dejaron sus enseres a cargo o simplemente los regalaron antes de partir. Así, poco a poco el grupo inicial de 260 exguerrilleros se atomizó. En la caravana que se desplazó a Mutatá iban menos de 100. El grueso ya se había marchado, de uno en uno.

Para el Gobierno la ubicación de esta aldea fue un error heredado, y por eso venía planteando el traslado: con el fin de garantizarles a los excombatientes, en otra parte, el retorno a la legalidad en condiciones seguras. “La vereda Santa Lucía queda en un punto donde confluyen grupos de narcotraficantes; nuestra recomendación era que se trasladaran, pero los excombatientes no querían”, dice Archila.

En Mutatá todo está por hacer. A las mujeres y los niños les abrieron cama temporal en otra aldea de reincorporación que está allí cerca, en San José de León. Y los hombres instalaron las carpas en dos predios rurales que arrendó el Gobierno, donde empezarán a adecuar el nuevo espacio. Ocuparán 137 hectáreas, con opción de compra para eventualmente titular a los excombatientes.

Se trata de dos predios a 30 minutos de la cabecera municipal de Mutatá que conducen a la vía al mar: Becuarandó y El Porvenir. Los excombatientes piensan abrir un fondo de ayudas y, además, juntarse para adquirir un crédito a 15 años con el que puedan comprar las 60 hectáreas que faltan para completar la totalidad de la finca. De acuerdo con los cálculos del partido Farc, por lo menos 180 personas se reincorporarán en el nuevo espacio después de salir de Santa Lucía por la violencia. Ojalá esta vez el proyecto de paz prospere, por el bien de todos.

Algeciras, la cruel masacre

Hombres armados asesinaron a un niño, dos jóvenes y a una mujer. Su ‘pecado’: ser familiares y vecinos de Nencer Becerra, un desmovilizado de las Farc que hoy trabaja en la UNP. SEMANA habló con él.

La matanza del jueves en la vereda Quebradón, zona rural de Algeciras, Huila, se desarrolló lentamente. Los asesinos, como en otros casos, no tenían afán. Llegaron pasadas las ocho y media de la noche a la finca de la familia Barrera. Registraron la vivienda ubicada cerca de la carretera. Allí estaban Édison Sebastián Moya, de 16 años, y Luz Stella Burgos, de 35. Les pidieron que salieran y en medio de su llanto, los mataron.

Los asesinaron por tener parentesco con Nencer Barrera, excombatiente y ahora escolta de la Unidad de Protección Nacional (UNP). Luz Stella era cuñada del exguerrillero y el joven Édison Sebastián, novio de la sobrina de Nencer. La idea era asesinar a todos los Barrera.

Los papás de Nencer, adultos mayores, estaban en una casa contigua, más lejos de la carretera. Desde ese lugar vieron llegar cinco motos y dos camionetas 4x4 blancas a la vivienda de su nuera. Oyeron gritos y decidieron correr. Subieron por una colina y cayeron a una quebrada que pasa por detrás de la finca. Atravesaron un puente colgante en mal estado y allí escucharon los disparos. En completo silencio, aguardaron hasta que salió el sol.

Algeciras tiene una posición estratégica para conectar al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero.

“Mis papás alcanzaron a correr y a atravesar un río. Por eso ellos (los asesinos) no pudieron entrar, porque no tenían la información completa de cómo era el lugar. A ellos los quieren matar porque yo estuve vinculado al conflicto armado”, dice Nencer. Los visitó por última vez hace 20 días. Un primo se acercó y le contó que las disidencias querían que todos los Barrera se fueran de Algeciras. Las amenazas no parecían muy convincentes y nadie les dio importancia hasta el jueves. Hoy en Quebradón no queda ninguno de ellos. Todos se fueron.

Después de matar a Luz Stella y a Édison Sebastián, los violentos pasaron a la finca vecina y de la misma manera asesinaron a Juan David Gómez, de 25 años, y a Luis Eduardo Gómez, de 22. En medio de las balas, Noé Ahumada Cifuentes, de 59 años, y un niño de 8 lograron escapar heridos.

Diego Tello, asesor de paz y derechos humanos de la Gobernación del Huila, dice que la situación es mucho más grave. En total, asegura, han matado a 20 personas durante este año. “En Algeciras están asesinando a excombatientes en proceso de reincorporación, presidentes de juntas, líderes comunales y de asociaciones campesinas. Todos tenían un papel protagónico en sus comunidades por su trabajo social”.

Algeciras tiene una posición estratégica para conectar al Huila con Caquetá. En la época del conflicto armado era el centro de operaciones de la columna móvil Teófilo Forero. Ese municipio huilense presenció cruentos combates. Ahora se lo disputan dos disidencias de las Farc: una afiliada al organigrama de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich, y otra comandada por guerrilleros que nunca se acogieron al proceso de paz. En esa encrucijada quedan los excombatientes y sus familiares. En palabras del asesor de paz, este año han salido desplazadas más de 100 familias de Algeciras y hay 50 exguerrilleros asediados para volver a tomar las armas o morir.

De: https://www.semana.com/nacion/articulo/excombatientes-de-las-farc-reincorporacion-bajo-fuego-noticias-de-colombia-hoy/687510

CARTA DE PEREIRANOS POR LA PAZ AL PRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA (2000) LAS OTRAS VIOLENCIAS LA OTRA PAZ

Pereira, Martes 30 de Mayo de 2000

Doctor
ANDRÉS PASTRANA ARANGO
Presidente de la República.

Reciba un cordial saludo.

La importancia dada por usted al tema de la construcción de la paz es seguida con suma atención por esta iniciativa ciudadana. Somos conscientes de que la construcción de la paz requiere espacios integrales que se fundamentan en situaciones tales como el impacto y el porcentaje que la violencia urbana alcanza en los items nacionales.

Nuestra ciudad hace parte de dicha problemática, tan sólo el año anterior, para únicamente tomar el índice de homicidios y según estadísticas de una investigación histórica en curso y de la misma policía nacional: 477 PERSONAS FUERON ASESINADAS y 82 perecieron en accidentes de transito. Estas cifras de por si concluyen el carácter atípico del comportamiento de la ciudad, lo cual requiere, sin duda alguna, una intervención especial

Señor Presidente, Pereiranos por la Paz desde el inició de sus actividades tiene claro que la violencia es un fenómeno complejo y multifasético cuyas causas y consecuencias interrelacionadas implican un enfoque multisectorial, integrado y participativo para el diseño de intervenciones. Es por esto que por medio de la presente nos permitimos solicitarle muy amablemente el que usted oriente poner en marcha las áreas pertinentes de su Estrategia Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana en Pereira (y su área metropolitana).

1.Buen Ciudadano
2.Sistema de Información
3.Policia para la Convivencia
4.Por un país sin secuestro
5.El ciudadano y la justicia
6. Seguridad Privada y fundamentalmente
7. Derecho a la vida

De manera concreta solicitamos que la ciudad de Pereira sea escogida para desarrollar una experiencia piloto integral en el tratamiento de las situaciones de violencia tanto en su fase preventiva como correctiva, aprovechando entre otros, los esfuerzos que la sociedad civil de nuestra ciudad esta haciendo así como nuestro compromiso institucional y personal.

Señor presidente, si usted lo considera pertinente, estamos dispuestos a exponerle personalmente el fundamento de la presente solicitud.

De usted,

Atentamente:

Mesa Directiva Pereiranos por la Paz



Ciudadanos Miembros
Por las Iglesias:

FABIO SUESCUN MUTIS
Obispo Diócesis de Pereira
Presidente Pereiranos por la Paz

Por los Empresarios:

 

CÉSAR CASTILLO

FERNANDO VALLEJO

MAURIER VALENCIA

 

P.te Comité Intergremial

P.te Cámara de Comercio

Director COMFAMILIAR

Por los Medios:

 

FABIO CASTAÑO MOLINA

JAVIER I. RAMIREZ M.

URIEL HURTADO M.

 

Director Club de Prensa

Director EL Diario

Director La Tarde

Por el Estado:

 

LUIS ALBERTO DUQUE TORRES

ISRAEL LONDOÑO

JHON JAIRO SANTA

 

Alcalde de Pereira

Concejal

Concejal

Por la Academia:

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Por las Comunidades:

 

EVELIO VARELA

PAULINA IVONNE GIRALDO

 

Pre. UTRAR-CUT

Pre. Juntas Administradoras Locales

Coordinación Permanente

ORLANDO PARRA