( Relatoria de María Emma Wills Obregón )
A manera de síntesis de las lecturas de contexto, queda clara una cuestión: la Fuerza Pública (FP) como institución no quiere quedar como el chivo expiatorio de estos 50 años de conflicto armado y menos cuando lee las negociaciones actuales como fruto de su victoria militar. Su énfasis en lo jurídico manifiesta tanto la preparación profesional de varios de sus oficiales en el campo del derecho, su preocupación con la justicia penal, y la existencia hoy de direcciones para la defensa jurídica de integrantes de la Fuerza Pública. A raíz de varios juicios en los que oficiales de alta jerarquía han sido condenados, la institución ha dado prioridad a la preparación jurídica de sus propios hombres y mujeres, y se ha comprometido en una estrategia para defender a sus integrantes en los estrados judiciales. El lenguaje jurídico que muchos de ellos emplean para reconstruir el pasado es entonces la expresión de ese énfasis y de su preocupación con la justicia penal, que ven como un aparato politizado del que deben desconfiar: “Ganamos la guerra en el terreno militar pero la izquierda nos derrotó en el campo jurídico”.
Por otra parte, su aferramiento a la tesis de las manzanas podridas manifiesta su lectura de que aceptar responsabilidades de índole institucional debilita el respaldo de los colombianos a la Fuerza Pública, atenta contra el honor militar, y distorsiona la mirada de futuras generaciones sobre su papel heroico en la defensa de las instituciones y la democracia colombiana.
Por esta razón, en algunas ocasiones, sectores de la FP han impulsado la construcción de una memoria institucional del conflicto armado. Cada actor puede aportar a la construcción colectiva de la memoria histórica desde la verdad oficial de la organización de la que proviene. No obstante, las verdades oficiales suelen, consciente o inconscientemente, borrar los lunares y representar a cada actor en el escenario público con sus mejores galas. Las verdades oficiales no admiten errores y generalmente se fundan en historias maniqueas de héroes y villanos. Están más cerca de los cuentos de hadas que de las historias que nos conmueven o nos repelen porque nos hablan de seres humanos, surcados de defectos, ambivalencias, miedos, corajes y gestos a veces generosos. De las verdades oficiales o las historias institucionales se aprende a pensar sin cuestionar o, mejor dicho, se aprende a obedecer. Este tipo de verdades está más acordes con sistemas premodernos de construcción de conocimiento, está más cerca del dogma que del debate y en general no admite ser interpeladas. La interpelación se vive, cuando ocurre, como sacrilegio.
Por eso, emprender el camino de la construcción plural, colectiva y abierta de la memoria histórica exige el reconocimiento de que “ninguna institución u organización se puede hoy proclamar como infalible. La democracia justamente permite transitar de una lógica de infalibilidad a una lógica pública, visible”, donde quienes toman decisiones y movilizan recursos están dispuestos a rendir cuentas ante una opinión informada o ante otras instituciones.
El tema más difícil de conversar con oficiales de la FP alude al carácter falible de las instituciones. Desde su propia mirada, reconocer errores institucionales es una deslealtad que mancilla el buen nombre y el honor de su organización y que se puede pagar con la expulsión simbólica, pero también física de la gran familia que encarna, para ellos, la propia institución.
Una manera de comenzar a desatar ese nudo reside en la aceptación de que el cruce de líneas rojas por parte de todos los actores del conflicto fue producto de múltiples responsabilidades (lo que no quiere decir entonces que NO hay responsabilidades que asumir). Como lo menciona un colega,
Creo que lo importante aquí no es maniqueamente buscar un culpable absoluto (elemento que una cartografía del conflicto instituida en la oposición entre víctimas y victimarios establece) sino que al hablar de violencia en registros diferentes emerge una red de relaciones más complejas y por tanto formas de responsabilidad más complejas.
Es en los diálogos y controversias permanentes que las distintas instituciones y la sociedad en su conjunto podemos decantar, en procesos de largo aliento, miradas esclarecedoras de los contextos y sus múltiples actores, identificar las causas que desencadenaron el conflicto armado colombiano, las que lo degradaron y mantuvieron vivo durante décadas y como las condiciones que siguen alentando hoy las distintas violencias organizadas.
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TEXTO COMPLETO EN : CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017) (ó https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )
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RESUMEN:
Los hilos comunes
Aunque parezca increíble, la comprensión tanto de sectores críticos como de los militares se intersecta, a pesar de venir de orillas políticas muy distintas y perseguir objetivos muy diferentes (Memoria del seminario, 2015).
Ese punto de intersección empieza a dibujarse cuando se transita de una lectura maniquea del conflicto a una interpretación más compleja, donde aparecen múltiples actores, más allá de quienes van uniformados y portan armas. “¿Dónde están los políticos, donde están los propietarios de los bienes que la FP defendía?”, se preguntaron varios. Si ellos actuaron en la legalidad, los oficiales de la FP seguían órdenes, órdenes de los civiles. Por eso, como bien lo reconoce un académico cercano a la Esdegue,
La interacción militar con la población del campo no fue uniforme. Los terratenientes tenían recursos económicos, canales sociales y poder político para acercarse a los comandantes, para demandar protección preferencial y para movilizar apoyos en ayuda de unas fuerzas no siempre bien provistas para movilizarse y mantenerse en operaciones.
Más aún, muchos de ellos reconocen que:
El conflicto en Colombia tiene unas causas objetivas que se resumen en el abandono en el que se encuentran ciertas regiones. Entre nosotros (miembros de la FP) decimos que hay dos Colombias. La que vemos acá en estas oficinas [mientras señala la sala en la que estamos reunidos] es una, la más pequeña. La que está afuera es grande y vive en condiciones de miseria, abandonada. Cuando nosotros llegamos (Ejército) a la otra Colombia estamos delante de miseria, de personas a las que no les ha quedado otra alternativa que vincularse a actividades ilícitas. Yo me pregunto: si hubiera nacido en una de esas regiones, ¿qué hubiera hecho? Sin duda hubiera sido guerrillero. Porque usted debe saber que en esas zonas es fácil creerle a la guerrilla que entra a engañar a la población (cita no textual de invitado al Seminario, 2015).
El reconocimiento de esas dos Colombias viene acompañado de la constatación de que a esas regiones abandonadas no llega “el Estado Integral”, sino la FP que “construye carreteras, vacuna niños, hace escuelas” pero luego debe marcharse. Cuando se marcha, no llega la otra institucionalidad responsable de la dimensión social del Estado (escuelas, salud, carreteras, servicios) minando la confianza construida por el quehacer de la FP. Toda esta lectura que permite leer los contextos, no desde los que portan el uniforme y las armas, sino desde las alianzas y los tomadores de decisiones sociales y políticas, se acompaña de la reiteración de que “lo importante es que no nos satanicen por la labor que cumplimos”. Por eso, esos hilos comunes que suelen parecernos tan imposibles de encontrar, pueden resultar de lecturas complejas de contextos regionales. Aquí entonces la complejidad hace referencia a los múltiples actores involucrados abierta o de manera subrepticia en la guerra, las alianzas fluctuantes que los unen y los desunen, sus miradas justificadoras de la guerra, y los diseños institucionales y recursos que cada alianza moviliza, y la innegable presencia diferenciada del Estado en los territorios. La comprensión compleja del rompecabezas de los contextos requiere de las distintas voces y miradas de los actores enfrentados, y del concurso de los archivos y saberes, todos ellos integrados.
Los puntos de desencuentro en las miradas del CNMH y la FP y los nudos y tensiones
Si en las lecturas de contexto encontramos lugares de encuentro, también es posible identificar las zonas de controversia o abierta confrontación. En algunos casos esas confrontaciones tienen que ver con distintas maneras de llenar de contenido ciertos conceptos clave.
Legalidad/legitimidad:
Mientras para la FP no cabe la menor duda de que las FF. MM. y la Policía como instituciones han obrado en el marco de la legalidad y esa legalidad les otorga automáticamente legitimidad, para los investigadores del CNMH el vínculo entre legalidad y legitimidad no es automático. Desde una mirada netamente jurídica, legitimidad y legalidad efectivamente se acercan. La legitimidad de las normas se deriva de que ellas sean producto de procedimientos consignados “positivamente”, es decir, expresados de manera escrita en constituciones, códigos y protocolos. La reiteración de la FP de que ella es una fuerza legal mientras las guerrillas son ilegales traduce su necesidad de claramente separar unos y otros actores, trazar una línea moral que separa a los buenos (las fuerzas legales) de los malos (los ilegales), y una preocupación por el esclarecimiento de responsabilidades históricas y la identificación de los orígenes de la guerra en el país: ¿Quién tiró la primera piedra? La lógica detrás de su afirmación es que si las Fuerzas del Estado son legales –y por tanto jurídicamente legítimas– entonces los responsables de desencadenar la guerra colombiana son las guerrillas que, en su condición de ilegalidad y por tanto de ilegitimidad, atacaron las instituciones legítimamente constituidas. Pero desde los marcos de las ciencias sociales, la legitimidad no solo acoge sentidos jurídicos. Desde una acepción más sociológica e incluso antropológica, la legitimidad remite a observar la adhesión e incorporación de unas normas por parte de una ciudadanía y sus instituciones, y su traducción en un uso cotidiano. En Colombia la existencia de unas guerrillas, los patrones de corrupción, el desafío de organizaciones criminales y el uso generalizado de costumbres no acordes a las normas jurídicas, son señales empíricas que indican el bajo grado de apropiación de las normas jurídicamente establecidas, sobre todo en ciertos territorios y sectores. Otras normas distintas rigen en estos territorios dando origen a otro tipo de legitimidades. Por último, si admitimos el uso más frecuente de legitimidad que asocia el concepto a “lo justo” (acepción más filosófica), entonces el CNMH, adhiriendo al pluralismo que defiende nuestra constitución y nuestras leyes, admite que en una democracia, los distintos partidos y sectores sociales consienten distintas nociones de “lo justo” y que es precisamente la existencia de esa variedad de nociones de un “buen vivir juntos” y su exposición pública, lo que distingue una sociedad democrática pluralista de otras más autoritarias (Mouffe, 1992, página 2003)
En síntesis, mientras los oficiales de la FP admiten el sentido jurídico de legitimidad, los investigadores del CNMH acogen los significados más antropológicos, politológicos y sociológicos del concepto. Otra manera de exponer este desencuentro es señalar cómo, si se acoge la noción jurídica de legitimidad-legalidad, se cierra el debate sobre responsabilidades y orígenes, así como las controversias sobre los sentidos de la historia que, desde la mirada jurídica, adquiere una transparencia a partir del código y las leyes, y sus sentidos dejan de ser motivo de reflexión o controversia, y menos aún de reconstrucción explicativa de las decisiones que adoptan los diversos actores.
Actores del conflicto/la distinción de actores legales e ilegales del conflicto
Si bien en términos de calificación jurídica, la FP es legal y las guerrillas son ilegales, en términos sociológicos, antropológicos o de ciencia política, todos ellos son actores del conflicto armado, organizados en torno a reglas y jerarquías que coordinan su accionar en el uso estratégico de la violencia. Cuando un investigador busca desentrañar las dinámicas de un conflicto armado, la distinción jurídica es solo una de las variables para tener en cuenta, que no permite comprender y explicar las dinámicas del conflicto armado, y sus variaciones temporales o espaciales. La pregunta sobre las guerras, desde las ciencias sociales, se centra en un análisis de los recursos, los repertorios de violencia, las alianzas que los actores en conflicto acumulan y la manera como se van modificando las dinámicas armadas. La mirada militar se funda en los preceptos jurídicos mientras el marco interpretativo del CNMH se rige por las miradas más sociológicas o politológicas de la investigación social.
Manzanas podridas/diseños institucionales e incentivos perversos/políticas de Estado
¿Por qué agentes de la FP han infringido la ley y han delinquido? Según la mirada de la FP, estas desviaciones del mandato institucional se producen por la opción de individuos que, con sus comportamientos desviados, infringen los códigos del servicio. La FP no ve patrones sino el caso a caso y exige por eso mismo que cada imputación a un agente de la FP se haga de manera individual y fundada en un acervo probatorio judicial. Para los investigadores del CNMH, cuando se reiteran patrones, la explicación no puede ser individual pues un estudio caso a caso no permite desentrañar las condiciones institucionales y organizacionales o las mentalidades y las alianzas que sirven de marco a estas acciones y las propician. Desde una mirada sociológica o politológica, esas condiciones pueden referirse a:
1. La existencia de políticas establecidas pública y legalmente que se traducen en diseños institucionales y marcos orientadores que, en ocasiones de manera premeditada pero en otras de manera involuntaria, generan efectos perversos.
2. La puesta en marcha de mecanismos de impunidad clandestinos que culminan en alianzas ilegales, y configuran de esta manera un entramado propicio para que las conductas se repitan sin ser sancionadas. Esta ausencia de sanción se convierte en una manera más de alentar la ocurrencia de estas conductas.
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TEXTO COMPLETO EN : CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017) (ó https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )
A manera de síntesis de las lecturas de contexto, queda clara una cuestión: la Fuerza Pública (FP) como institución no quiere quedar como el chivo expiatorio de estos 50 años de conflicto armado y menos cuando lee las negociaciones actuales como fruto de su victoria militar. Su énfasis en lo jurídico manifiesta tanto la preparación profesional de varios de sus oficiales en el campo del derecho, su preocupación con la justicia penal, y la existencia hoy de direcciones para la defensa jurídica de integrantes de la Fuerza Pública. A raíz de varios juicios en los que oficiales de alta jerarquía han sido condenados, la institución ha dado prioridad a la preparación jurídica de sus propios hombres y mujeres, y se ha comprometido en una estrategia para defender a sus integrantes en los estrados judiciales. El lenguaje jurídico que muchos de ellos emplean para reconstruir el pasado es entonces la expresión de ese énfasis y de su preocupación con la justicia penal, que ven como un aparato politizado del que deben desconfiar: “Ganamos la guerra en el terreno militar pero la izquierda nos derrotó en el campo jurídico”.
Por otra parte, su aferramiento a la tesis de las manzanas podridas manifiesta su lectura de que aceptar responsabilidades de índole institucional debilita el respaldo de los colombianos a la Fuerza Pública, atenta contra el honor militar, y distorsiona la mirada de futuras generaciones sobre su papel heroico en la defensa de las instituciones y la democracia colombiana.
Por esta razón, en algunas ocasiones, sectores de la FP han impulsado la construcción de una memoria institucional del conflicto armado. Cada actor puede aportar a la construcción colectiva de la memoria histórica desde la verdad oficial de la organización de la que proviene. No obstante, las verdades oficiales suelen, consciente o inconscientemente, borrar los lunares y representar a cada actor en el escenario público con sus mejores galas. Las verdades oficiales no admiten errores y generalmente se fundan en historias maniqueas de héroes y villanos. Están más cerca de los cuentos de hadas que de las historias que nos conmueven o nos repelen porque nos hablan de seres humanos, surcados de defectos, ambivalencias, miedos, corajes y gestos a veces generosos. De las verdades oficiales o las historias institucionales se aprende a pensar sin cuestionar o, mejor dicho, se aprende a obedecer. Este tipo de verdades está más acordes con sistemas premodernos de construcción de conocimiento, está más cerca del dogma que del debate y en general no admite ser interpeladas. La interpelación se vive, cuando ocurre, como sacrilegio.
Por eso, emprender el camino de la construcción plural, colectiva y abierta de la memoria histórica exige el reconocimiento de que “ninguna institución u organización se puede hoy proclamar como infalible. La democracia justamente permite transitar de una lógica de infalibilidad a una lógica pública, visible”, donde quienes toman decisiones y movilizan recursos están dispuestos a rendir cuentas ante una opinión informada o ante otras instituciones.
El tema más difícil de conversar con oficiales de la FP alude al carácter falible de las instituciones. Desde su propia mirada, reconocer errores institucionales es una deslealtad que mancilla el buen nombre y el honor de su organización y que se puede pagar con la expulsión simbólica, pero también física de la gran familia que encarna, para ellos, la propia institución.
Una manera de comenzar a desatar ese nudo reside en la aceptación de que el cruce de líneas rojas por parte de todos los actores del conflicto fue producto de múltiples responsabilidades (lo que no quiere decir entonces que NO hay responsabilidades que asumir). Como lo menciona un colega,
Creo que lo importante aquí no es maniqueamente buscar un culpable absoluto (elemento que una cartografía del conflicto instituida en la oposición entre víctimas y victimarios establece) sino que al hablar de violencia en registros diferentes emerge una red de relaciones más complejas y por tanto formas de responsabilidad más complejas.
Es en los diálogos y controversias permanentes que las distintas instituciones y la sociedad en su conjunto podemos decantar, en procesos de largo aliento, miradas esclarecedoras de los contextos y sus múltiples actores, identificar las causas que desencadenaron el conflicto armado colombiano, las que lo degradaron y mantuvieron vivo durante décadas y como las condiciones que siguen alentando hoy las distintas violencias organizadas.
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TEXTO COMPLETO EN : CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017) (ó https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )
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RESUMEN:
Los hilos comunes
Aunque parezca increíble, la comprensión tanto de sectores críticos como de los militares se intersecta, a pesar de venir de orillas políticas muy distintas y perseguir objetivos muy diferentes (Memoria del seminario, 2015).
Ese punto de intersección empieza a dibujarse cuando se transita de una lectura maniquea del conflicto a una interpretación más compleja, donde aparecen múltiples actores, más allá de quienes van uniformados y portan armas. “¿Dónde están los políticos, donde están los propietarios de los bienes que la FP defendía?”, se preguntaron varios. Si ellos actuaron en la legalidad, los oficiales de la FP seguían órdenes, órdenes de los civiles. Por eso, como bien lo reconoce un académico cercano a la Esdegue,
La interacción militar con la población del campo no fue uniforme. Los terratenientes tenían recursos económicos, canales sociales y poder político para acercarse a los comandantes, para demandar protección preferencial y para movilizar apoyos en ayuda de unas fuerzas no siempre bien provistas para movilizarse y mantenerse en operaciones.
Más aún, muchos de ellos reconocen que:
El conflicto en Colombia tiene unas causas objetivas que se resumen en el abandono en el que se encuentran ciertas regiones. Entre nosotros (miembros de la FP) decimos que hay dos Colombias. La que vemos acá en estas oficinas [mientras señala la sala en la que estamos reunidos] es una, la más pequeña. La que está afuera es grande y vive en condiciones de miseria, abandonada. Cuando nosotros llegamos (Ejército) a la otra Colombia estamos delante de miseria, de personas a las que no les ha quedado otra alternativa que vincularse a actividades ilícitas. Yo me pregunto: si hubiera nacido en una de esas regiones, ¿qué hubiera hecho? Sin duda hubiera sido guerrillero. Porque usted debe saber que en esas zonas es fácil creerle a la guerrilla que entra a engañar a la población (cita no textual de invitado al Seminario, 2015).
El reconocimiento de esas dos Colombias viene acompañado de la constatación de que a esas regiones abandonadas no llega “el Estado Integral”, sino la FP que “construye carreteras, vacuna niños, hace escuelas” pero luego debe marcharse. Cuando se marcha, no llega la otra institucionalidad responsable de la dimensión social del Estado (escuelas, salud, carreteras, servicios) minando la confianza construida por el quehacer de la FP. Toda esta lectura que permite leer los contextos, no desde los que portan el uniforme y las armas, sino desde las alianzas y los tomadores de decisiones sociales y políticas, se acompaña de la reiteración de que “lo importante es que no nos satanicen por la labor que cumplimos”. Por eso, esos hilos comunes que suelen parecernos tan imposibles de encontrar, pueden resultar de lecturas complejas de contextos regionales. Aquí entonces la complejidad hace referencia a los múltiples actores involucrados abierta o de manera subrepticia en la guerra, las alianzas fluctuantes que los unen y los desunen, sus miradas justificadoras de la guerra, y los diseños institucionales y recursos que cada alianza moviliza, y la innegable presencia diferenciada del Estado en los territorios. La comprensión compleja del rompecabezas de los contextos requiere de las distintas voces y miradas de los actores enfrentados, y del concurso de los archivos y saberes, todos ellos integrados.
Los puntos de desencuentro en las miradas del CNMH y la FP y los nudos y tensiones
Si en las lecturas de contexto encontramos lugares de encuentro, también es posible identificar las zonas de controversia o abierta confrontación. En algunos casos esas confrontaciones tienen que ver con distintas maneras de llenar de contenido ciertos conceptos clave.
Legalidad/legitimidad:
Mientras para la FP no cabe la menor duda de que las FF. MM. y la Policía como instituciones han obrado en el marco de la legalidad y esa legalidad les otorga automáticamente legitimidad, para los investigadores del CNMH el vínculo entre legalidad y legitimidad no es automático. Desde una mirada netamente jurídica, legitimidad y legalidad efectivamente se acercan. La legitimidad de las normas se deriva de que ellas sean producto de procedimientos consignados “positivamente”, es decir, expresados de manera escrita en constituciones, códigos y protocolos. La reiteración de la FP de que ella es una fuerza legal mientras las guerrillas son ilegales traduce su necesidad de claramente separar unos y otros actores, trazar una línea moral que separa a los buenos (las fuerzas legales) de los malos (los ilegales), y una preocupación por el esclarecimiento de responsabilidades históricas y la identificación de los orígenes de la guerra en el país: ¿Quién tiró la primera piedra? La lógica detrás de su afirmación es que si las Fuerzas del Estado son legales –y por tanto jurídicamente legítimas– entonces los responsables de desencadenar la guerra colombiana son las guerrillas que, en su condición de ilegalidad y por tanto de ilegitimidad, atacaron las instituciones legítimamente constituidas. Pero desde los marcos de las ciencias sociales, la legitimidad no solo acoge sentidos jurídicos. Desde una acepción más sociológica e incluso antropológica, la legitimidad remite a observar la adhesión e incorporación de unas normas por parte de una ciudadanía y sus instituciones, y su traducción en un uso cotidiano. En Colombia la existencia de unas guerrillas, los patrones de corrupción, el desafío de organizaciones criminales y el uso generalizado de costumbres no acordes a las normas jurídicas, son señales empíricas que indican el bajo grado de apropiación de las normas jurídicamente establecidas, sobre todo en ciertos territorios y sectores. Otras normas distintas rigen en estos territorios dando origen a otro tipo de legitimidades. Por último, si admitimos el uso más frecuente de legitimidad que asocia el concepto a “lo justo” (acepción más filosófica), entonces el CNMH, adhiriendo al pluralismo que defiende nuestra constitución y nuestras leyes, admite que en una democracia, los distintos partidos y sectores sociales consienten distintas nociones de “lo justo” y que es precisamente la existencia de esa variedad de nociones de un “buen vivir juntos” y su exposición pública, lo que distingue una sociedad democrática pluralista de otras más autoritarias (Mouffe, 1992, página 2003)
En síntesis, mientras los oficiales de la FP admiten el sentido jurídico de legitimidad, los investigadores del CNMH acogen los significados más antropológicos, politológicos y sociológicos del concepto. Otra manera de exponer este desencuentro es señalar cómo, si se acoge la noción jurídica de legitimidad-legalidad, se cierra el debate sobre responsabilidades y orígenes, así como las controversias sobre los sentidos de la historia que, desde la mirada jurídica, adquiere una transparencia a partir del código y las leyes, y sus sentidos dejan de ser motivo de reflexión o controversia, y menos aún de reconstrucción explicativa de las decisiones que adoptan los diversos actores.
Actores del conflicto/la distinción de actores legales e ilegales del conflicto
Si bien en términos de calificación jurídica, la FP es legal y las guerrillas son ilegales, en términos sociológicos, antropológicos o de ciencia política, todos ellos son actores del conflicto armado, organizados en torno a reglas y jerarquías que coordinan su accionar en el uso estratégico de la violencia. Cuando un investigador busca desentrañar las dinámicas de un conflicto armado, la distinción jurídica es solo una de las variables para tener en cuenta, que no permite comprender y explicar las dinámicas del conflicto armado, y sus variaciones temporales o espaciales. La pregunta sobre las guerras, desde las ciencias sociales, se centra en un análisis de los recursos, los repertorios de violencia, las alianzas que los actores en conflicto acumulan y la manera como se van modificando las dinámicas armadas. La mirada militar se funda en los preceptos jurídicos mientras el marco interpretativo del CNMH se rige por las miradas más sociológicas o politológicas de la investigación social.
Manzanas podridas/diseños institucionales e incentivos perversos/políticas de Estado
¿Por qué agentes de la FP han infringido la ley y han delinquido? Según la mirada de la FP, estas desviaciones del mandato institucional se producen por la opción de individuos que, con sus comportamientos desviados, infringen los códigos del servicio. La FP no ve patrones sino el caso a caso y exige por eso mismo que cada imputación a un agente de la FP se haga de manera individual y fundada en un acervo probatorio judicial. Para los investigadores del CNMH, cuando se reiteran patrones, la explicación no puede ser individual pues un estudio caso a caso no permite desentrañar las condiciones institucionales y organizacionales o las mentalidades y las alianzas que sirven de marco a estas acciones y las propician. Desde una mirada sociológica o politológica, esas condiciones pueden referirse a:
1. La existencia de políticas establecidas pública y legalmente que se traducen en diseños institucionales y marcos orientadores que, en ocasiones de manera premeditada pero en otras de manera involuntaria, generan efectos perversos.
2. La puesta en marcha de mecanismos de impunidad clandestinos que culminan en alianzas ilegales, y configuran de esta manera un entramado propicio para que las conductas se repitan sin ser sancionadas. Esta ausencia de sanción se convierte en una manera más de alentar la ocurrencia de estas conductas.
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TEXTO COMPLETO EN : CONVERSACIONES INÉDITAS ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA: Aprendizajes de una experiencia (2012-2017) (ó https://drive.google.com/open?id=1P_9oHKDgj21uxo7vOaAnS4gmL3qqorxS )
, incluye un
estudio sobre las prácticas óptimas para el ejercicio efectivo del derecho a la
verdad, en particular las prácticas relacionadas con los archivos y los
expedientes de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como los
programas de protección de los testigos y otras personas que tomen parte en
juicios por tales violaciones.
