Por: Yamid Amat
29 de abril 2017 , 08:17 p.m. en http://www.eltiempo.com/economia/sectores/miguel-samper-habla-con-yamid-amat-del-decreto-para-distribuir-tierras-baldias-83082
Un millón de hectáreas de tierra que ocupaban las Farc, en tres zonas del país, serán distribuidas entre 800.000 campesinos que no la tienen.
Así lo revela el abogado Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras. Esa tierra se encuentra en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y el sur de Bolívar.
Así lo revela el abogado Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras. Esa tierra se encuentra en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y el sur de Bolívar.
Samper, magíster en Derecho de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Nueva York, precisa en qué consiste la ley de tierras que será expedida a través de un decreto ley en los próximos días.
“Es una propuesta balanceada e integral que busca transformar el campo con base en tres aspectos: acceso a la tierra, seguridad jurídica y garantía de que la tierra se use para lo que es: para producir”.
¿Qué es acceso a la tierra?
Hay 800.000 hogares campesinos que no tienen tierra; eso es el 53 por ciento de las personas dedicadas a labores agropecuarias.
¿De quién es la tierra?
La tierra es de dueños distintos a los campesinos o del Estado; se trata de baldíos del Estado o de propietarios privados.
¿Y cuál es la solución que plantea la ley de tierras?
Reduce los tiempos de los trámites, baja los costos de los procedimientos para el Estado y cambia la forma como opera la institucionalidad. El extinto Incoder podía tardar hasta 12 años para adjudicar un terreno baldío, mientras que con esta reforma, la Agencia de Tierras se va a demorar un máximo de 12 meses. La reforma busca masificar la entrega de tierras con adjudicación y titulación.
Un terreno baldío es estéril, no tiene acueducto ni alcantarillado. ¿Qué hace un campesino con un terreno baldío?
Un baldío es tierra del Estado que la Agencia de Tierras administra. En esta reforma planteamos que los campesinos más vulnerables se vuelvan dueños de esa tierra que, probablemente, lleven ya décadas trabajando.
“Es una propuesta balanceada e integral que busca transformar el campo con base en tres aspectos: acceso a la tierra, seguridad jurídica y garantía de que la tierra se use para lo que es: para producir”.
¿Qué es acceso a la tierra?
Hay 800.000 hogares campesinos que no tienen tierra; eso es el 53 por ciento de las personas dedicadas a labores agropecuarias.
¿De quién es la tierra?
La tierra es de dueños distintos a los campesinos o del Estado; se trata de baldíos del Estado o de propietarios privados.
¿Y cuál es la solución que plantea la ley de tierras?
Reduce los tiempos de los trámites, baja los costos de los procedimientos para el Estado y cambia la forma como opera la institucionalidad. El extinto Incoder podía tardar hasta 12 años para adjudicar un terreno baldío, mientras que con esta reforma, la Agencia de Tierras se va a demorar un máximo de 12 meses. La reforma busca masificar la entrega de tierras con adjudicación y titulación.
Un terreno baldío es estéril, no tiene acueducto ni alcantarillado. ¿Qué hace un campesino con un terreno baldío?
Un baldío es tierra del Estado que la Agencia de Tierras administra. En esta reforma planteamos que los campesinos más vulnerables se vuelvan dueños de esa tierra que, probablemente, lleven ya décadas trabajando.
Solo el 40 por ciento de los campesinos que trabajan la tierra, sean empresarios o no, tienen título de propiedad
¿Cuánta tierra baldía?
No se sabe. Construir ese inventario es una de las tareas más urgentes para la Agencia. Lo que ocurre es que en la actualidad actuamos si hay de por medio una solicitud de una persona. Por eso, la reforma plantea recorrer todo el territorio, predio por predio, no solo para identificar la tierra que es del Estado y poderla adjudicar, sino también para formalizarles los predios privados a los campesinos que ya la trabajan.
Mire: solo el 40 por ciento de los campesinos que trabajan la tierra, sean empresarios o no, tienen título de propiedad; el otro 60 por ciento, no. Es decir, seis de cada diez no son dueños de la tierra que trabajan.
¿No son los dueños o no tienen título?
Para efectos prácticos es lo mismo. Y eso es muy grave. Un campesino que no tiene título de propiedad no puede acceder a créditos, subsidios, acompañamiento técnico y a las medidas de desarrollo rural. A eso súmele que recibimos de herencia 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos represadas. Esta reforma legal agiliza los trámites.
¿Y cuántas solicitudes de formalización de la propiedad?
Hay 55.000 en trámite, pero nuestras estimaciones sugieren que hay más de ocho millones de predios informales, es decir, sin una escritura o un título.
¿De quién es la tierra en Colombia?
El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 50 por ciento de la tierra que hay en el país.
¿Esa concentración no le parece terrible?
Es una de las mayores concentraciones de Latinoamérica. Debemos reducir la concentración de la propiedad. Con la entrega masiva de títulos, como es la intención del Gobierno, ese índice de concentración se reduce sustancialmente.
¿Qué quiere decir entregar títulos “en forma masiva”? ¿Cuántos entregarán?
La meta que nos impone el Acuerdo de La Habana es formalizar 7 millones de hectáreas. Pero la idea es que en diez años no haya un solo campesino informal. El 60 por ciento de la tierra cultivable del país, que es la que se encuentra informal.
¿Y por qué dice usted que la ley va a reducir sustancialmente la concentración?
Primero, porque prioriza y privilegia la entrega de tierra para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Segundo, porque se formalizaría en cabeza del campesino que actualmente no es el dueño, aunque lleve trabajando ese predio por décadas. Y tercero, porque crea el Fondo de Tierras, que va a permitir dotar de tierra a los más vulnerables.
¿Pero qué tierra proyectan entregar?
El Fondo de Tierras se va a nutrir de tres fuentes principalmente: de los terrenos baldíos, de la sustracción de zonas protegidas por la reserva forestal pero en las cuales ya no hay necesidad de mantener la protección, y de la extinción de dominio judicial, que es la tierra que les arrebatan los jueces a los delincuentes, narcotraficantes, paramilitares y despojadores.
¿Pero la propiedad de la tierra no se va a tocar?
No, en la medida en que no se esté usando para especular con su valor. Al contrario, se ratifica la propiedad privada. Vamos a formalizar siete millones de hectáreas en cabeza del que esté trabajando. Vamos a llenar el campo de propietarios privados.
¿Y cómo será la expropiación de la tierra en los casos en que no esté explotada?
La única diferencia con el mecanismo que está vigente es que con la reforma se le haría al dueño una advertencia para tenga tiempo suficiente de iniciar un proyecto productivo. Hoy, si se detecta un terreno que no se ha explotado en tres años, no le queda al Estado otra opción distinta a extinguir el dominio.
¿Cuánta tierra tiene el Estado?
La Agencia Nacional de Tierras recibió un inventario en ceros. Por eso hacer ese inventario es una de nuestras tareas más urgentes. Lo que necesitamos son herramientas legales que hagan más ágiles los procesos, unifiquen procedimientos y abaraten los costos; por ejemplo, formalizar un predio cuesta entre 15 y 20 millones de pesos. Con la reforma, ese costo se reduce a un millón y medio por finca. Ahora bien, sin la reforma que proponemos, el cronograma no podría cumplirse y la formalización seguiría siendo costosísima.
¿Todo esto es para darles tierra a quienes eran guerrilleros de las Farc?
Esa es una de las grandes mentiras que se han dicho. El Acuerdo de Paz no plantea en ninguna parte que haya que entregarle tierra a las Farc. Pero, Yamid, es impensable que si la tierra fue el origen del conflicto armado, no juegue también un papel fundamental en la construcción de la paz.
¿Toda esta ley de tierras que la agencia a su cargo alista, qué supone?
Superar los obstáculos que históricamente han impedido que el campesino salga de la pobreza. Vamos a hacer la transformación del campo colombiano.
¿En qué sentido?
En que se va a masificar la propiedad de la tierra.
¿Masificar qué quiere decir?
Que esas 800.000 familias que no tienen tierra cuenten con la suficiente como para asegurar su futuro. Esto se logra mediante la entrega de subsidios para la compra de tierra, la formalización y la adjudicación de predios del Fondo de Tierras que le mencioné anteriormente.
¿Las tierras que hoy son del Estado, pero que están protegidas por haber sido declaradas una reserva forestal, serán entregadas al fondo?
Entre otras. Para este caso puntual, la reforma permite adjudicar la tierra que está en esas áreas protegidas por reserva forestal, siempre y cuando se le impongan restricciones a su uso para conservar el medioambiente.
¿Con todas las fuentes para nutrir el Fondo de Tierras, de cuántas hectáreas estamos hablando?
Se estima que cada una aporte un millón de hectáreas para cumplir con la meta y nutrir el Fondo. Y ya tenemos el primer case: un millón de hectáreas recuperadas en territorios que antes eran del dominio de las Farc y que serán prontamente registradas a nombre de la Agencia.
¿En dónde están?
En el sur de Bolívar, Cartagena del Chairá y en San Vicente del Caguán.
¿Pero eran de las Farc con títulos o estaban ocupadas?
Ejercían dominio, pero jurídicamente nunca han dejado de pertenecer al Estado.
¿Pero un millón de hectáreas solo en Cartagena del Chairá?
En San Vicente del Caguán se trata de 280.000 hectáreas, en Cartagena del Chairá son 187.000 y en el sur de Bolívar y Montecristo está el resto.
¿Es posible que este millón de hectáreas que eran de las Farc vuelva a ser de ellos?
Insisto en que nunca fue de ellos. Siempre ha sido tierra del Estado. Este millón de hectáreas entrará a nutrir el Fondo de Tierras para beneficiar a 800.000 hogares campesinos que nunca han tenido un predio.
¿La ley de tierras les da tierra a las Farc?
No. Facilita su uso en programas de reintegración, que es distinto.
¿Qué diferencia hay?
Este proyecto permite que una persona que quiera reintegrarse a la vida civil pueda hacerlo trabajando la tierra. Creo que todos preferimos que un excombatiente empuñe un azadón en lugar de un fusil.
Usted ha dicho que gran parte de los baldíos, que, según usted, son los predios del Estado, van a ser utilizados para dar tierra a quienes no la tienen. ¿Y qué va a pasar con los campesinos que hoy ocupan esa tierra?
La idea es adjudicarles a los que están actualmente en el terreno, para que quede en cabeza de ellos.
¿Entonces hay baldíos que no ocupa nadie?
Son muy pocos los baldíos en el país que no están siendo ocupados.
¿Esta ley de tierras que usted prepara es un proyecto de ley o de decreto-ley?
De decreto-ley.
¿No va a ser debatido por el Congreso?
Por eso estamos en este periplo por todo el país, para que todos los actores que confluyen en el campo, campesinos, empresarios, organizaciones, indígenas, afrodescendientes, todos, discutan este mismo tema.
¿Usted ha consultado los gremios agrícolas y ganaderos?
Sí.
¿Y cuál fue la reacción?
Los gremios hicieron 20 comentarios de 166 artículos que tiene la iniciativa, y ya se está trabajando en ajustar el texto no solo con estos comentarios, sino con todas las propuestas que estamos recogiendo. Y ya llevamos más de 500.
¿La ley de tierras no será expedida mientras no haya un acuerdo general?
Esperamos alcanzar el mayor consenso posible para expedirla.
¿Pero serán atendidas las observaciones de los gremios?
Sí, en la medida en que no obstaculicen este enfoque de la gestión de la tierra.
¿Qué llama usted obstaculizar?
Propuestas de procesos que disten de la filosofía de lo que queremos lograr.
Las facultades que tiene el Presidente para dictar la ley de tierras vencen el 31 de mayo. ¿Es tiempo suficiente el que falta para que esté listo el proyecto?
Ese es el reto y en eso estamos trabajando. Las posiciones, que empezaron muy antagónicas, se acercan cada vez más. Estamos logrando un justo medio, un equilibrio.
¿En estos momentos ya están de acuerdo los gremios en apoyar la ley?
Seguimos trabajando con ellos para lograr ese respaldo. La idea es recoger todas las observaciones que se hagan para llegar al mayor consenso posible. Este debate es la mejor oportunidad para unirnos en torno al campesino y debe ser una discusión sin tintes políticos, en la que se desarmen la palabra y el corazón. Queremos que la paz tenga los pies en la tierra.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
No se sabe. Construir ese inventario es una de las tareas más urgentes para la Agencia. Lo que ocurre es que en la actualidad actuamos si hay de por medio una solicitud de una persona. Por eso, la reforma plantea recorrer todo el territorio, predio por predio, no solo para identificar la tierra que es del Estado y poderla adjudicar, sino también para formalizarles los predios privados a los campesinos que ya la trabajan.
Mire: solo el 40 por ciento de los campesinos que trabajan la tierra, sean empresarios o no, tienen título de propiedad; el otro 60 por ciento, no. Es decir, seis de cada diez no son dueños de la tierra que trabajan.
¿No son los dueños o no tienen título?
Para efectos prácticos es lo mismo. Y eso es muy grave. Un campesino que no tiene título de propiedad no puede acceder a créditos, subsidios, acompañamiento técnico y a las medidas de desarrollo rural. A eso súmele que recibimos de herencia 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos represadas. Esta reforma legal agiliza los trámites.
¿Y cuántas solicitudes de formalización de la propiedad?
Hay 55.000 en trámite, pero nuestras estimaciones sugieren que hay más de ocho millones de predios informales, es decir, sin una escritura o un título.
¿De quién es la tierra en Colombia?
El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 50 por ciento de la tierra que hay en el país.
¿Esa concentración no le parece terrible?
Es una de las mayores concentraciones de Latinoamérica. Debemos reducir la concentración de la propiedad. Con la entrega masiva de títulos, como es la intención del Gobierno, ese índice de concentración se reduce sustancialmente.
¿Qué quiere decir entregar títulos “en forma masiva”? ¿Cuántos entregarán?
La meta que nos impone el Acuerdo de La Habana es formalizar 7 millones de hectáreas. Pero la idea es que en diez años no haya un solo campesino informal. El 60 por ciento de la tierra cultivable del país, que es la que se encuentra informal.
¿Y por qué dice usted que la ley va a reducir sustancialmente la concentración?
Primero, porque prioriza y privilegia la entrega de tierra para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Segundo, porque se formalizaría en cabeza del campesino que actualmente no es el dueño, aunque lleve trabajando ese predio por décadas. Y tercero, porque crea el Fondo de Tierras, que va a permitir dotar de tierra a los más vulnerables.
¿Pero qué tierra proyectan entregar?
El Fondo de Tierras se va a nutrir de tres fuentes principalmente: de los terrenos baldíos, de la sustracción de zonas protegidas por la reserva forestal pero en las cuales ya no hay necesidad de mantener la protección, y de la extinción de dominio judicial, que es la tierra que les arrebatan los jueces a los delincuentes, narcotraficantes, paramilitares y despojadores.
¿Pero la propiedad de la tierra no se va a tocar?
No, en la medida en que no se esté usando para especular con su valor. Al contrario, se ratifica la propiedad privada. Vamos a formalizar siete millones de hectáreas en cabeza del que esté trabajando. Vamos a llenar el campo de propietarios privados.
¿Y cómo será la expropiación de la tierra en los casos en que no esté explotada?
La única diferencia con el mecanismo que está vigente es que con la reforma se le haría al dueño una advertencia para tenga tiempo suficiente de iniciar un proyecto productivo. Hoy, si se detecta un terreno que no se ha explotado en tres años, no le queda al Estado otra opción distinta a extinguir el dominio.
¿Cuánta tierra tiene el Estado?
La Agencia Nacional de Tierras recibió un inventario en ceros. Por eso hacer ese inventario es una de nuestras tareas más urgentes. Lo que necesitamos son herramientas legales que hagan más ágiles los procesos, unifiquen procedimientos y abaraten los costos; por ejemplo, formalizar un predio cuesta entre 15 y 20 millones de pesos. Con la reforma, ese costo se reduce a un millón y medio por finca. Ahora bien, sin la reforma que proponemos, el cronograma no podría cumplirse y la formalización seguiría siendo costosísima.
¿Todo esto es para darles tierra a quienes eran guerrilleros de las Farc?
Esa es una de las grandes mentiras que se han dicho. El Acuerdo de Paz no plantea en ninguna parte que haya que entregarle tierra a las Farc. Pero, Yamid, es impensable que si la tierra fue el origen del conflicto armado, no juegue también un papel fundamental en la construcción de la paz.
¿Toda esta ley de tierras que la agencia a su cargo alista, qué supone?
Superar los obstáculos que históricamente han impedido que el campesino salga de la pobreza. Vamos a hacer la transformación del campo colombiano.
¿En qué sentido?
En que se va a masificar la propiedad de la tierra.
¿Masificar qué quiere decir?
Que esas 800.000 familias que no tienen tierra cuenten con la suficiente como para asegurar su futuro. Esto se logra mediante la entrega de subsidios para la compra de tierra, la formalización y la adjudicación de predios del Fondo de Tierras que le mencioné anteriormente.
¿Las tierras que hoy son del Estado, pero que están protegidas por haber sido declaradas una reserva forestal, serán entregadas al fondo?
Entre otras. Para este caso puntual, la reforma permite adjudicar la tierra que está en esas áreas protegidas por reserva forestal, siempre y cuando se le impongan restricciones a su uso para conservar el medioambiente.
¿Con todas las fuentes para nutrir el Fondo de Tierras, de cuántas hectáreas estamos hablando?
Se estima que cada una aporte un millón de hectáreas para cumplir con la meta y nutrir el Fondo. Y ya tenemos el primer case: un millón de hectáreas recuperadas en territorios que antes eran del dominio de las Farc y que serán prontamente registradas a nombre de la Agencia.
¿En dónde están?
En el sur de Bolívar, Cartagena del Chairá y en San Vicente del Caguán.
¿Pero eran de las Farc con títulos o estaban ocupadas?
Ejercían dominio, pero jurídicamente nunca han dejado de pertenecer al Estado.
¿Pero un millón de hectáreas solo en Cartagena del Chairá?
En San Vicente del Caguán se trata de 280.000 hectáreas, en Cartagena del Chairá son 187.000 y en el sur de Bolívar y Montecristo está el resto.
¿Es posible que este millón de hectáreas que eran de las Farc vuelva a ser de ellos?
Insisto en que nunca fue de ellos. Siempre ha sido tierra del Estado. Este millón de hectáreas entrará a nutrir el Fondo de Tierras para beneficiar a 800.000 hogares campesinos que nunca han tenido un predio.
¿La ley de tierras les da tierra a las Farc?
No. Facilita su uso en programas de reintegración, que es distinto.
¿Qué diferencia hay?
Este proyecto permite que una persona que quiera reintegrarse a la vida civil pueda hacerlo trabajando la tierra. Creo que todos preferimos que un excombatiente empuñe un azadón en lugar de un fusil.
Usted ha dicho que gran parte de los baldíos, que, según usted, son los predios del Estado, van a ser utilizados para dar tierra a quienes no la tienen. ¿Y qué va a pasar con los campesinos que hoy ocupan esa tierra?
La idea es adjudicarles a los que están actualmente en el terreno, para que quede en cabeza de ellos.
¿Entonces hay baldíos que no ocupa nadie?
Son muy pocos los baldíos en el país que no están siendo ocupados.
¿Esta ley de tierras que usted prepara es un proyecto de ley o de decreto-ley?
De decreto-ley.
¿No va a ser debatido por el Congreso?
Por eso estamos en este periplo por todo el país, para que todos los actores que confluyen en el campo, campesinos, empresarios, organizaciones, indígenas, afrodescendientes, todos, discutan este mismo tema.
¿Usted ha consultado los gremios agrícolas y ganaderos?
Sí.
¿Y cuál fue la reacción?
Los gremios hicieron 20 comentarios de 166 artículos que tiene la iniciativa, y ya se está trabajando en ajustar el texto no solo con estos comentarios, sino con todas las propuestas que estamos recogiendo. Y ya llevamos más de 500.
¿La ley de tierras no será expedida mientras no haya un acuerdo general?
Esperamos alcanzar el mayor consenso posible para expedirla.
¿Pero serán atendidas las observaciones de los gremios?
Sí, en la medida en que no obstaculicen este enfoque de la gestión de la tierra.
¿Qué llama usted obstaculizar?
Propuestas de procesos que disten de la filosofía de lo que queremos lograr.
Las facultades que tiene el Presidente para dictar la ley de tierras vencen el 31 de mayo. ¿Es tiempo suficiente el que falta para que esté listo el proyecto?
Ese es el reto y en eso estamos trabajando. Las posiciones, que empezaron muy antagónicas, se acercan cada vez más. Estamos logrando un justo medio, un equilibrio.
¿En estos momentos ya están de acuerdo los gremios en apoyar la ley?
Seguimos trabajando con ellos para lograr ese respaldo. La idea es recoger todas las observaciones que se hagan para llegar al mayor consenso posible. Este debate es la mejor oportunidad para unirnos en torno al campesino y debe ser una discusión sin tintes políticos, en la que se desarmen la palabra y el corazón. Queremos que la paz tenga los pies en la tierra.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
