Cuánta
gente se necesita que salga a protestar para derrocar un gobierno (según la
ciencia)
David
EdmondsBBC World Service 20 septiembre 2020
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas protestas no violentas tienen más posibilidades de éxito.
La lucha de los sindicatos
agrupados en Solidaridad en Polonia en la década de 1980; el movimiento
anti-apartheid en Sudáfrica; el derrocamiento del presidente serbio Slobodan
Milosevic; la Revolución del Jazmín que forzó la salida del presidente tunecino
Zine al-Abidine Ben Ali y desencadenó la Primavera Árabe...
Todos estos son ejemplos de movimientos populares que
culminaron con un cambio político sustancial.
Y el último en
ser noticia está en Bielorrusia, donde decenas
de miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas tras unas
polémicas elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko se adjudicó
la victoria.
Las autoridades han reaccionado con brutalidad: muchos
manifestantes han sido arrestados y hay numerosas denuncias de torturas a manos
de la policía.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLas protestas en Bielorrusia han movilizado a mucha gente. ¿En
cantidades suficientes?
A pesar de
esto, sin embargo, el movimiento de momento se ha
mantenido fundamentalmente pacífico.
Pero, ¿cuán probable es que tenga éxito?
Lecciones de la
historia
Una buena forma de evaluarlo es mirando la historia.
Que es lo que
ha hecho la politóloga de Harvard Erica Chenoweth.
La profesora Chenoweth ha centrado su trabajo sobre
todo en protestas contra dictaduras, no democracias.
A diferencia de
los demócratas, los dictadores no pueden ser
destituidos mediante el voto popular. En una democracia, si una
política es impopular, otros políticos pueden ser elegidos con la promesa de
abolirla. No existe tal mecanismo en una dictadura.
Derechos de autor de la imagenKRIS SNIBBE / HARVARD GAZETTEImage captionLa politóloga de Harvard Erica
Chenoweth ha estudiado la efectividad de las protestas.
Estas definiciones, sin embargo, son a menudo
cuestionadas. ¿Dónde está la frontera entre democracia y dictadura? A menudo,
de hecho, hay todo un espectro: un sistema político puede ser más o menos
democrático.
Y también está
el problema de cómo se clasifica la violencia y la no
violencia.
¿Los ataques a la propiedad deben considerarse
"violentos"? ¿Qué pasa con las personas que gritan insultos racistas
pero sin agresión física? ¿Qué pasa con los actos de autosacrificio, como la
autoinmolación o las huelgas de hambre? ¿Son violentos?
Las ventajas de
la no violencia
A pesar de estas dificultades de categorización,
existen algunas formas de protesta que son claramente no violentas y otras que
son claramente violentas.
El asesinato es claramente violento. Las
manifestaciones pacíficas, las peticiones, los carteles, las huelgas y los
boicots, las sentadas y las huelgas no son violentas.
De hecho, según
una clasificación bien conocida, existen 198 formas de protesta no
violenta.
Y al analizar
cada movimiento de protesta sobre el que había datos suficientes, desde 1900
hasta 2006, Erica Chenoweth y Maria Stephan llegaron a la conclusión de que un
movimiento tenía el doble de probabilidades de éxito si
no era violento.
La siguiente pregunta entonces es: ¿por qué?
La respuesta
parece ser que la violencia reduce la base de apoyo de un
movimiento, mientras que mucha más gente se une activamente a las
protestas no violentas.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa no violencia atrae a mucha
más gente a las manifestaciones.
La no violencia es generalmente de menor riesgo,
requiere menos capacidad física y ningún entrenamiento avanzado.
Y, por lo general, también requiere menos tiempo.
Por todas estas
razones, los movimientos no violentos tienen mayores tasas de participación de
mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.
Pero, ¿por qué importa esto?
Bueno, tomemos
la llamada Revolución Bulldozer contra Slobodan Milosevic.
Cuando los soldados fueron entrevistados sobre por qué nunca apuntaron con sus
armas a los manifestantes, explicaron que conocían a algunos de ellos. Se
mostraban reacios a disparar contra una multitud que contenía a sus primos, amigos o vecinos.
El 3,5%
Obviamente, cuanto mayor sea el movimiento, más
probable es que los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad conozcan
a algunos de sus participantes.
Y Erica
Chenoweth ha dado una cifra muy precisa de cuán grande debe ser una
manifestación antes de que su éxito sea casi inevitable: esa cifra es el 3,5% de la población.
Puede parecer un número pequeño, pero no lo es.
La población de
Bielorrusia, por ejemplo, es de poco más de nueve millones, por lo que el 3,5%
supera los 300.000. Y se estima que en las grandes manifestaciones en
la capital, Minsk, participaron decenas de miles, quizás hasta 100.000 (aunque
la agencia Associated Press una vez las estimó en 200.000).
La regla del 3,5% tampoco es estricta.
Muchos
movimientos tienen éxito con tasas de participación más bajas que esta, y uno o
dos fracasan a pesar de contar con el apoyo de las masas:
el levantamiento de Bahréin de 2011 es uno de esos ejemplos que cita Chenoweth.
Menos efectivas
Los datos originales de Chenoweth llegan hasta 2006,
pero la académica acaba de completar un nuevo estudio que examina los
movimientos de protesta más recientes.
Y aunque sus
últimos hallazgos generalmente refuerzan la investigación inicial, que muestra
que la no violencia es más efectiva que la violencia, también ha identificado dos nuevas tendencias interesantes.
La primera es
que la resistencia no violenta se ha convertido, con mucho, en el método de lucha más común en todo el mundo,
mucho más que la insurrección armada o la lucha armada.
De hecho, entre 2010 y 2019 hubo más levantamientos no
violentos en el mundo que en cualquier otra década de la historia registrada.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas protestas de Argelia en
2019 obligaron a dimitir al presidente Bouteflika.
La segunda
tendencia es que la tasa de éxito de las protestas ha
disminuido.
Ha caído drásticamente en lo que se refiere
movimientos violentos: actualmente alrededor de nueve de cada diez movimientos
violentos fracasan, dice Chenoweth.
Pero la protesta no violenta también tiene menos éxito
de lo que solía.
Antes,
alrededor de una de cada dos campañas no violentas tenía éxito; ahora es
alrededor de una de cada tres.
Aunque, por supuesto, también se han producido algunos
éxitos desde 2006.
Por ejemplo, el
presidente sudanés Omar al-Bashir fue
depuesto en 2019. Y unas semanas más tarde, el malestar popular obligó a
dimitir al presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika.
Pero estas
salidas son cada vez más raras.
¿Por qué?
Bueno, podría haber muchas explicaciones, pero una parecería ser el impacto de doble filo de las redes sociales y
la revolución digital.
Durante unos años, parecía que Internet y el auge de
las redes sociales habían proporcionado a los organizadores de protestas una
nueva y poderosa herramienta, facilitando la transmisión de información de todo
tipo: por ejemplo, dónde y cuándo reunirse para la próxima marcha.
Pero los
regímenes despóticos ahora han encontrado formas de darle la vuelta a esa arma y de usarla contra sus
oponentes.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLos gobiernos despóticos
también utilizan la tecnología.
"La organización digital es muy vulnerable a la
vigilancia y la infiltración", dice Erica Chenoweth.
Y los gobiernos
también pueden utilizar las redes sociales para hacer propaganda
y para difundir desinformación.
Lo que nos lleva de regreso a Bielorrusia, donde los
teléfonos de los manifestantes detenidos son examinados de forma rutinaria para
establecer si siguen los canales de la oposición en la aplicación de mensajería
Telegram.
Cuando las
personas que manejan estos canales han sido arrestadas, Telegram se ha
apresurado a cerrar sus cuentas con la esperanza de hacerlo antes de que la
policía haya podido verificar la lista de seguidores.
¿Podrá el presidente Alexander Lukashenko aferrarse al
cargo? ¿Realmente conseguirá sobrevivir ahora que está tan claro que existe una
oposición tan generalizada a su gobierno?
Tal vez no.
Pero si la historia sirve de guía, es demasiado pronto para
descartarlo.
Desaparecidos5 sept. 2018 - 1:54 p. m.Por: Colombia2020/
@EEColombia2020
Lo docente y fiscal de Justicia y Paz, Zeneida López, explica lo que
puede aprenderse de este sistema transicional que escuchó la verdad paramiliar
en aras de buscar a los desaparecidos.
Más de 10 años después de que Zeneida López investigaba cómo, dónde y
por qué había ocurrido la desaparición forzada a manos de los paramilitares,
puede hacer un balance de lo que significó esta ley y qué aprendizajes dejó.
Ahora, cuando se pone en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas, creada con el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, hay
varios puntos fundamentales que esta profesora explicó en el
conversatorio "El reto de encontrar a los desaparecidos del
conflicto armado", organizado por Colombia2020 de El
Espectador y realizado con el apoyo de la Embajada Alemana en Colombia, en
asocio con la Unión Europea,
Patrones de macrocriminalidad
En la aplicación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, los
paramilitares que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia
rindieron versiones libres sobre sus crímenes. López explica que esto y la investigación
fueron claves para empezar a responder por qué, para qué y cómo este grupo
presuntamente desapareció a más de 26.000 personas.
“Se trataba de las luchas
antisubversivas. Había frases lapidarias, como la de Hernán Giraldo, porque me
tocó recibir su declaración, en la que dijo que “todo lo que oliera a guerrilla
había que desaparecerlo”. Y en la Región Caribe fueron pocos los combates,
siempre fueron ataques contra la población civil. Esto se debió a la conquista
y la dominación territorial”, explica esta docente.
¿Para qué se hacía? “Era el control social, homogenizar la población,
que todos hicieran caso. Nada más terrorífico que desaparecer a una persona,
que no se podía llorar, que no había sepultura, que no se podía preguntar,
porque les decían que los iban a desaparecer a ellos”. ¿Y cómo lo
hicieron? “Se construyeron las formas refinadas que, con los investigadores del
cuerpo técnico y con la memoria de los postulados a la ley, pudimos definir que
el desmembramiento estaba tecnificado. Que los cuerpos había que dividirlos en
14 fragmentos, que las fosas fueron de 40cm x 40cm, porque no se podían
hacer grandes porque ya eran demasiadas. Supimos que no se podían dejar los
cuerpos expuestos porque la comunidad internacional iba a reclamar por eso”.
Agrupar los casos
Pero sobretodo, explica la docente, pudieron establecer que era muy
importante armar los casos, no presentar víctimas de manera individual. “Las
enseñanzas no solo son resultados de búsqueda, que son 7.000 cuerpos, es la
asociación de casos. Hubo uno que recuerdo particularmente. La embajada
italiana decía que tenían un ciudadano italiano desaparecido en la Sierra
Nevada, luego una madre que decía que su hijo se había ido a la Finca Los
Naranjos y en Bogotá teníamos una mamá que decía que su hijo era ambientalista
y se dedicaba al turismo en la Sierra Nevada. Eran tres víctimas y un solo
caso. Preguntábamos por el italiano y los postulados no sabían, pero luego
preguntamos por la finca y dijeron que a la finca Los Naranjos los habían
sacado (los cuerpos) con dos hippies más que estaban ahí”.
¿Dónde buscarlos?
López le llama el “listado de la infamia”. “Los desaparecidos son, por
ejemplo, los menores que fueron reclutados para el conflicto y fueron
ejecutados por sus mismos grupos o muertos en combate… o siguen vivos. Tengo un
caso de unos niños que quedaron huérfanos y una persona desmovilizada de las
Farc dice hoy: Los chicos están ahí, se acaban de desmovilizar, y ese caso es
una condena por desaparición forzada”, explica.
También enumera fosas comunes (porque fueron presentados como
subversivos muertos, mal llamados falsos positivos); “o murieron en combates
los soldados (que ya no es secreto que había colaboración con fuerzas
irregulares). Fueron arrojados al río (donde iniciaban su peregrinaje de pueblo
en pueblo), a los mares. O están en cementerios, en las fosas revueltas de los
cementerios municipales donde es cierto que se han hecho bóvedas encima de
estas fosas. A los cuerpos nunca se les puso las manillas diciendo cuál era
cuál, según el protocolo de necropsia. Fueron mezclados”. Esos son, más que
obstáculos, dice, desafíos que tiene que tenerse claros para lograr encontrar a
las personas dadas por desaparecidas.
De: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/desaparecidos/de-justicia-y-paz-nos-quedan-7000-cuerpos-encontrados-y-patrones-de-macrocriminalidad-articulo-857107/
Verdad y Memoria13 mar. 2019 - 9:00 p. m.Por: Juan
David Laverde Palma/ @jdlaverde9
Una investigación académica revela los vacíos y falencias en 51
sentencias proferidas por magistrados de esa jurisdicción en la última década.
La justicia para las víctimas todavía sigue siendo esquiva.
La Ley de Justicia y Paz vino tras la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el gobierno Uribe. /
Archivo El Espectador
Tras revisar 51 sentencias proferidas por tribunales de Justicia y Paz
entre 2009 y 2017, la radiografía es más bien desoladora. La mitad de estos
fallos tienen graves vacíos, en muchos de ellos no se determinaron ni los
móviles de los crímenes ni las circunstancias precisas de estos o la
identificación plena de todos los responsables, más allá de los alias que
usaban en las organizaciones ilegales. Además, en algunos expedientes los
comandantes procesados del paramilitarismo o de las guerrillas no tenían la
información completa sobre los delitos perpetrados por sus hombres y, a pesar
del reconocimiento de responsabilidad, sus “verdades” resultaron incompletas y
problemáticas. No es todo. En casi todas las sentencias fue el testimonio
de los postulados la principal fuente probatoria para impartir condenas o
solicitar nuevas investigaciones.
Estas son las principales conclusiones de una detallada investigación
del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y
el Instituto de Salud Pública de esa institución. El análisis cuantitativo de
datos sobre la verdad judicial generada en el marco de la Ley de Justicia y Paz
descubrió que, muy a pesar de logros para las víctimas, como el develamiento de
más de 5.500 fosas comunes en todo el territorio nacional, son todavía
muchas las deudas de este sistema de justicia transicional. No solo porque
el denominado capítulo de la “paraeconomía” sigue siendo muy incipiente, sino
porque la calidad de los fallos proferidos por los tribunales de Justicia y Paz
de Bogotá, Medellín y Barranquilla no es la deseable para cerrar
definitivamente las heridas de la guerra.
Los ocho investigadores que adelantaron el estudio elaboraron un modelo
compuesto por cuatro variables para medir la calidad de la verdad judicial
obtenida. Las variables escogidas fueron la determinación de los móviles para
la comisión del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los
responsables del crimen y la prevalencia de los testimonios de los postulados y
las víctimas. En ese contexto, tan solo una de las 51 sentencias
revisadas resultó de “alta calidad”. La mayoría fueron consideradas de
“calidad media” debido a sus vacíos o falencias. Un resultado preocupante que
cobra relevancia hoy, justo cuando el gobierno de Iván Duque busca fórmulas
para reestructurar la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del
acuerdo de paz con las Farc. En total, los 51 fallos revisados agrupan 6.928
hechos criminales.
De ese universo, se contabilizaron 576 señalamientos distribuidos
así: 210 contra el Ejército Nacional, 187 contra empresas o empresarios
concretos, 171 contra miembros de la Policía y 8 más contra miembros de la
Armada. Todos por su presunta colaboración con las autodefensas, en su
mayoría. En el capítulo sobre la identificación de los motivos de esos
crímenes, la investigación señala que en el 58% de los casos se logró
determinar los móviles de los perpetradores, es decir en 4.013 casos. Sin
embargo, en el 42% restante, es decir, en 2.915 hechos no se pudo establecer la
causa de esos delitos, lo cual constituye un problema no solo en materia de
verdad judicial sino de verdad histórica. A su turno, en el 77% de los casos se
especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero en el 23% restante
(1.571 episodios) esto no fue posible.
El informe no se pone con rodeos: “Enciende una alarma en materia de
derechos a las víctimas”. Y añade: “La ausencia de una descripción de las
circunstancias en los relatos constitutivos de verdad judicial impide que las
víctimas cuenten con la información necesaria sobre sus casos particulares y,
en consecuencia, les niega la posibilidad de controvertir el relato,
privilegiando así la versión del condenado”. Con hallazgos aún más
inquietantes. Tan solo en el 12 % de los hechos judicializados en Justicia y
Paz (849 de 6.928 juzgados) se realiza una identificación total y completa de
los autores materiales, mientras que en el 88 % restante “no se realiza
una debida individualización de aquellos”. Es más, en 3.097 episodios
las sentencias no dejaron claros ni los nombres ni los alias de los criminales,
y en 2.982 estos datos estaban incompletos.
Resulta muy difícil hablar de verdad cuando lo más básico para
encontrarla -saber los nombres e identificación de los perpetradores- no se
logra determinar. Pero, además, la investigación documentó que en 8 de cada 10
hechos judicializados por Justicia y Paz la fuente principal que soportó las
sentencias fueron los testimonios de los postulados. En 1.735 hechos juzgados
en estas 51 sentencias no se incluyen evidencias distintas a los testimonios de
los desmovilizados. Una cifra inquietante. En opinión de los investigadores, en
3.032 hechos de violencia la calidad de los hallazgos judiciales fue “baja”, en
3.086 fue “media” y tan solo en 90 fue “alta”. Dicho de otro modo, menos de 100
episodios de crímenes paramilitares sí fueron aclarados en su totalidad y con
altos estándares para satisfacción de las víctimas. Los demás no llegaron a
estos niveles óptimos.
En relación con las posibles redes de apoyo de los desmovilizados, el
estudio encontró que en 43 de las 51 sentencias analizadas se dejó constancia
explícita de señalamientos contra miembros del Ejército como colaboradores de
las autodefensas. Pero, “al tener como fuente principal el testimonio (del
postulado, de la víctima o de ambos), el señalamiento muchas veces hereda las
dificultades de este medio probatorio”, advierte el documento. Un escenario
problemático para hallar la verdad. De todas maneras, en total 210
integrantes del Ejército resultaron mencionados en 43 expedientes, pero solo el
54% de ellos fue identificado plenamente. En 69 casos los nombres y
apellidos fueron dados de forma incompleta, hay 21 más sin clasificar y en 6
episodios solo se dieron los alias de los uniformados.
En 171 de los señalamientos el rango de los presuntos involucrados quedó
registrado en las sentencias. En el 53 % de los casos se responsabilizó
a tenientes, sargentos, capitanes, cabos, soldados e intendentes. Tan
solo en el 7 % de los hechos investigados “se trataba de militares con rango de
oficiales insignia, entre los que había 14 generales de la República”. En el
mayor número de acusaciones se relacionan a los militares con el bloque
Catatumbo de Salvatore Mancuso y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá,
así como el frente Héctor Julio Peinado que operó en el sur del Cesar y el
bloque Mineros. “Se destaca la presunta pertenencia de miembros señalados del
Ejército a la Brigada 30, con sede en Cúcuta; la Brigada 14, ubicada en Puerto
Berrío (Antioquia); la Brigada 17, ubicada en la región de Urabá, y la Brigada
Sexta, ubicada en Ibagué”.
Sobre los integrantes de la Policía salpicados en estos procesos, la
investigación reveló que en 21 de las 51 sentencias aparecen graves
señalamientos contra 171 de ellos como parte de la estructura de apoyo de los
paramilitares. En el 59 % de estos hechos la identificación de los policías ha
sido integral y en la mayoría de los expedientes los presuntos responsables de
estas asociaciones ilícitas serían capitanes y tenientes. Tan solo se hallaron
14 acusaciones contra coroneles. Finalmente, en 20 de los 51 fallos de Justicia
y Paz se identificaron 187 empresas o empresarios que habrían patrocinado estos
ejércitos ilegales. “Cada uno de los señalados lo es en relación con un solo
hecho de los judicializados en las sentencias de Justicia y Paz y ninguno de
aquellos, a la fecha, es mencionado en más de una sentencia”, sostiene el
documento.
Los sectores comercial, ganadero, arrocero y de transporte agrupan el
mayor número de señalamientos en los fallos. De acuerdo con los
investigadores, los bloques Catatumbo, Córdoba, Pacífico, Cacique Nutibara y
Bananero fueron los que más nexos tuvieron con el empresariado mencionado en
Justicia y Paz. Antioquia, Tolima, Córdoba, Chocó y Norte de Santander fueron
los departamentos más afectados por estas alianzas criminales. Este ejercicio
académico también encontró otra conclusión preocupante: de los 576
señalamientos contra terceros como supuestos patrocinadores de la violencia
paramilitar en su mayoría, tan solo se pidieron investigaciones por parte de
los magistrados en 191 episodios. En síntesis, a pesar de los avances, las
condenas o las confesiones, Justicia y Paz sigue en deuda con Colombia.
Un debate que resulta muy pertinente en esta coyuntura en la cual la
incertidumbre ronda la jurisdicción creada para cerrar el conflicto armado por
cuenta de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Este
domingo el presidente Iván Duque sostuvo, por ejemplo, que no se puede
renunciar a la persecución penal de todos los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos para procesar solamente a los máximos
responsables. Justamente fue eso lo que ocurrió en Justicia y Paz, un modelo de
justicia transicional que tampoco fue la panacea. De todas maneras, esta
investigación, coordinada por Claudia Media Aguilar de CITpax, el decano de
Ciencias Políticas de la Javeriana Luis Fernando Múnera y el profesor Andrés
Dávila, aporta nuevos elementos a la controversia.
de: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/la-verdad-que-aun-nos-debe-la-ley-de-justicia-y-paz-articulo-857760/
Las elecciones no pueden convertirse en cortina de humo para aplazar el debate sobre el fracaso de la estrategia militar en Colombia.
Eran las cinco de la tarde del martes 3 de marzo. El Presidente Ernesto Samper había convocado a un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño. La cúpula de las Fuerzas Armadas y los directores de los servicios de inteligencia fueron ocupando sus puestos. El objetivo era evaluar el 'plan democracia' para el domingo de elecciones. Tras la intervención de algunos de los participantes, el jefe del Estado interrogó al comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, sobre los enfrentamientos con las Farc en la región del Caguán. En tono serio, el alto oficial le respondió que desde hacía varios días soldados profesionales de la Brigada Móvil No. 3, sostenían un duro combate con ese grupo subversivo. Galán, sin embargo, tranquilizó a Samper. Le dijo que las noticias eran buenas y que todo indicaba que el Ejército se iba a apuntar un éxito frente a la guerrilla. Hacia las ocho de la noche de ese mismo día, los servicios de inteligencia militar interceptaron una comunicación radiotelefónica que los dejó paralizados: la batalla en el Caquetá no sólo se estaba perdiendo, sino que adquiría ribetes de catástrofe. Los radioperadores militares habían escuchado con nitidez a 'Fabián Ramírez', segundo comandante del Bloque Sur de las Farc, cuando entregaba un parte de guerra a su jefe inmediato, Milton de Jesús Toncel, alias 'Usuriaga'. En tono categórico, 'Ramírez' le informaba que hasta ese momento sus hombres habían dado de baja a 50 soldados, que 35 más estaban heridos, y que habían recuperado numeroso material de guerra y destruido los sistemas de comunicación de las tropas. Los militares que interceptaron la comunicación inicialmente no la creyeron. Era tan inverosímil que parecía más bien desinformación. Lamentablemente no lo era. Lo que ocurrió a partir de esa noche no le había sucedido al Ejército desde hacía 45 años, cuando Guadalupe Salcedo y sus guerrillas liberales de los Llanos emboscaron y mataron a 99 soldados, y sólo dejaron a uno con vida para que contara la historia. Entonces también fue evidente la impotencia de los militares. En los cinco días siguientes al combate en El Billar, fue imposible saber con exactitud qué había pasado. A pesar del enorme despliegue de helicópteros, aviones y tropas, ninguna patrulla de reconocimiento logró penetrar a la zona del conflicto. Tampoco fue posible establecer el balance de muertos, heridos y desaparecidos. Y, lo que es peor, la información de lo que había sucedido sólo se conocía por las intercepciones hechas a la guerrilla, cuyo sofisticado sistema de comunicaciones funcionaba a la perfección. Hasta 'Usuriaga' se dio el lujo de sostener una larga entrevista con periodistas de la red O Globo del Brasil, que lo localizaron vía satélite en medio de las selvas del Caquetá. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? El jueves 26 de febrero, el comando de la Brigada Móvil No. 3 del Ejército, que opera en el medio y bajo Caguán, recibió información confiable sobre desplazamientos masivos de las Farc en la zona. Según ese reporte, el propósito de la guerrilla era tomarse la población de Cartagena del Chairá, la misma que sirvió de escenario para la liberación de los 60 soldados de Las Delicias en junio del año pasado. De inmediato, los comandantes de la Brigada Móvil dispusieron un operativo militar para impedir la llegada de cerca de 600 subversivos al pueblo. Los informantes del Ejército también daban cuenta de que entre las filas guerrilleras figuraban dos hombres del secretariado general de las Farc, entre ellos, Jorge Suárez Briceño, el ya legendario 'Mono Jojoy'. Entre el sábado 28 de febrero y el domingo primero de marzo, muy cerca de la quebrada de El Billar en el bajo Caguán, se dieron los primeros enfrentamientos. El batallón contraguerrilla No. 52 de la Brigada Móvil No. 3, conformado por 153 hombres, fue el encargado de combatir a los frentes 14 y 15 y a la columna 'Teófilo Forero' de las Farc. Las Brigadas Móviles del Ejército son cuerpos élite, conformado por soldados profesionales, cuyo salario mensual es de 350.000 pesos y quienes tienen a su disposición el mejor armamento, los mejores equipos de comunicaciones y han sido exclusivamente entrenados para combatir a la guerrilla. El enfrentamiento se prolongó tres días. El martes cesó el fuego. Esa misma noche los subversivos entregaron un balance a sus jefes. Pero el Ejército había perdido comunicación con sus tropas. Eso explica por qué razón cuando el general Galán le reportó al Presidente, no tenía información exacta de lo que realmente había ocurrido en las selvas del Caguán. Fueron precisamente esos soldados profesionales los que se llevaron la gran sorpresa: el enfrentamiento no se produjo contra las columnas regulares de las Farc, sino con las fuerzas especiales del grupo, que son las que tienen a su cargo la custodia de los desplazamientos de los miembros del secretariado general. En otras palabras, los soldados que pretendieron sorprender a la guerrilla, terminaron sorprendidos. Las Farc se desplazaban con cinco anillos de seguridad. Todo parece indicar que, al comenzar los combates, los guerrilleros abrieron paso a los soldados para dejarlos penetrar los dos primeros anillos de seguridad. Así los llevaron a la boca del lobo. Una vez logrado el objetivo, les cerraron el cerco y los atacaron por todos los flancos.
El despeje Aún antes de que el país conociera en forma oficial _la información disponible provenía de las Farc_ la verdadera dimensión de la catástrofe militar de El Billar, comenzó el debate sobre responsabilidades. Había que establecer las verdaderas causas del duro golpe al Ejército y encontrar en dónde residían las graves fallas de táctica y estrategia. La catástrofe de El Billar, Caquetá, es, de lejos, el golpe más grave que le hayan asestado las Farc al Ejército en el último medio siglo. Parecería que las lecciones, todavía frescas, de Puerres, Las Delicias y Patascoy no hubieran servido de experiencia. En el desarrollo del conflicto guerrillero de este medio siglo, es un hecho, según los expertos, que la subversión ha pasado del hostigamiento y la emboscada típica de la guerra de guerrillas, a una fase de guerra de posiciones, en la que la insurgencia ha demostrado que tiene capacidad de desarrollar combates a campo abierto y defender posiciones estratégicas por largo tiempo. Un ejemplo es precisamente el caso de El Billar, en el Caguán, la semana pasada. Después de que el Bloque Sur de las Farc atacara al batallón 52 de la Brigada Móvil No. 3 del Ejército en esa región, éste demoró mucho tiempo para entrar a la zona no obstante los incesantes bombar-deos aéreos y las avanzadas de las tropas de superficie. Si hasta hace unos años las Farc se limitaban a emboscadas y ataques sorpresa y luego retirada, como lo hacían las guerrillas de los años 50, desde hace tres años, gracias entre otras cosas al asesoramiento que han recibido de expertos salvadoreños, ese grupo guerrillero ha venido actuando como la semana pasada: en unidades de más de 300 hombres. Mientras tanto el Ejército sigue disperso y continúa atacando con pequeñas unidades como lo hizo el batallón de 153 hombres que fue aniquilado la semana pasada en el Caquetá. La guerrilla parece estar ganándole la partida al Ejército como lo demuestra la cadena de desastres de los últimos dos años. Sin embargo, tampoco se ha llegado al punto en que pueda afirmarse que hay un equilibrio de fuerzas, pues el Ejército presenta una evidente superioridad frente a los grupos armados en número de hombres, recursos y logística. El gran aliado de los subversivos es, entonces, el factor sorpresa. Es claro que los guerrilleros tienen en este punto una enorme ventaja. No obstante la diferencia es que el Ejército, como lo asegura el politólogo Eduardo Pizarro, "ha perdido totalmente la iniciativa táctica en el campo de batalla".
Analistas y expertos en el tema aseguran que una de las razones viene de atrás y ha influido no sólo en la pérdida de control del territorio por parte de la fuerza pública, sino en la moral de las tropas: el despeje militar de 13.000 kilómetros de ese territorio, en junio del año pasado, en cumplimiento de una de las exigencias de las Farc, para liberar a los 60 soldados capturados durante la toma de la base de Las Delicias en el Putumayo. Para nadie es un secreto que la medida fue obedecida a regañadientes por los generales _humillados en su orgullo militar por la derrota_ especialmente por el general Harold Bedoya, entonces comandante de las Fuerzas Militares, que no ocultó su rabia cuando calificó la entrega como "un circo con muchos payasos".Aunque evidentemente los militares no aceptan esta interpretación y aseguran que las tropas habían reasumido control y dominio de esa vasta zona del territorio colombiano, lo cierto es que la Brigada Móvil No. 3 que se encuentra operando en la región desde agosto del año pasado, parece estar actuando más con las características de un Ejército invasor que con las de uno en pleno ejercicio de soberanía. Y eso que el Ejército alega en su defensa el hecho de que, a mediados de septiembre del año pasado, desarrolló la operación 'Destructor II' en los llanos del Yarí con el objetivo de capturar a 'Tirofijo' y al 'Mono Jojoy'. Se olvidan los generales que entonces los resultados fueron tan magros en capturas y bajas _un guerrillero detenido_, como exorbitantes en gastos _17.000 millones de pesos_, y que las críticas llovieron de todos los flancos. Mucho ruido y pocas nueces fue entonces el comentario generalizado.
La situación se ha tornado tan grave que en lo del despeje puede haber una parte de explicación, pero no toda ni la verdadera. Para el politólogo Alfredo Rangel, esta teoría no puede utilizarse como disculpa para justificar el nuevo fracaso militar: "Ese despeje no cambió la situación ni para el Ejército ni para la guerrilla. Eso es como buscar el ahogado río arriba". La tragedia del Caguán ha sido la más grande de los últimos 45 años, pero no ha sido la única catástrofe militar reciente. En menos de dos años el Ejército tuvo cinco humillaciones. Entre ellas están la toma de Las Delicias, el asalto al cerro Patascoy, la emboscada en San Juanito, Meta, entre otros, donde perdieron la vida más de 60 soldados y la guerrilla retuvo a unos 70 militares (ver recuadro). ¿Cómo explicar esta serie de reveses, cada uno más grave que el anterior? Este interrogante no tiene una respuesta fácil. Son muchos y muy variados los factores que inciden en estos resultados. El que más se menciona es el de las fallas en la inteligencia militar. En opinión de varios oficiales consultados por SEMANA, la línea de mando se equivocó al casar una disputa interna con los servicios de inteligencia del propio Ejército. En más de una ocasión y de manera reservada, el sucesor de Bedoya, el general Manuel José Bonett, la emprendió contra el modo de operar de los cuerpos secretos del Ejército. No en vano en el segundo semestre de 1997 fueron relevados de sus cargos dos comandantes de la Brigada XX de Inteligencia, los coroneles Bernardo Ruiz y José Guillermo Rubio. Esta crisis en el interior del organismo encargado de proveer de información a los mandos militares en las diferentes regiones del país para combatir a la subversión, se sumó a dos viejos problemas de la inteligencia no resueltos: la poca capacidad de infiltración, que llevó al servicio de inteligencia a confiar de manera excesiva en los denominados informantes casuales (personas que espontáneamente se presentan a una guarnición a ofrecer datos a cambio de dinero), frente a los cuales el Ejército no tiene suficientes mecanismos de verificación y deficiencias de la llamada contrainteligencia militar, encargada de detectar la infiltración del enemigo. Otro factor que ha incidido en el problema es la polarización dentro del Ejército. Luego de la controvertida salida del general Harold Bedoya del comando de las Fuerzas Militares, se pensó que la división interna del Ejército derivada del proceso 8.000 y del narcoescándalo, por fin se había superado. Sin embargo, no ocurrió así. En las primeras semanas de su gestión al comando de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán dedicaron buena parte de su tiempo a perseguir el fantasma del general Bedoya, simbolizado en numerosos oficiales que, en forma privada y pública, manifestaban su descontento por lo que sucedía en el seno del Ejército. Ese desgaste, unido a la presión internacional por el tema de los derechos humanos y el auge de los grupos de justicia privada, impidió que la línea de mando se sentara a diseñar estrategias coherentes para enfrentar a los grupos subversivos. Todo esto ha coincidido también con la creencia generalizada de que hay dos estilos en la cúpula demasiado diferentes e igualmente inadecuados para las circunstancias. Por un lado, el exagerado bajo perfil del comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, el cual se mantiene excesivamente alejado de las tropas; y por otro, el exagerado protagonismo del comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel José Bonnett, en los medios de comunicación y en la vida social, que lo ha distraído de sus verdaderas funciones. Uno y otro, aunque por razones diferentes, han descuidado el papel que les corresponde en propiedad: el de estratega y comandante de las tropas. Así de simple. Por último y como lo aseguran algunos oficiales del Ejército, lo verdaderamente de fondo es que no hay continuidad en las políticas de Estado en materia de orden público. Se actúa al vaivén de las circunstancias y por eso, como asegura el politólogo Pizarro Leongómez "esta falta de continuidad no permite construir una política estatal ni llevar a cabo con éxito la guerra". De hecho, los últimos gobiernos se han visto obligados a improvisar medidas de emergencia y acudir a la conmoción interior cuando se han producido grandes golpes de la guerrilla. Incluso la semana pasada el Ejecutivo consultó la posibilidad de decretar esta medida de excepción tras los hechos del Caguán.
Responsabilidades políticasEn resumen, los problemas de los militares no sólo están en el campo de batalla. Hasta hace poco la responsabilidad por los reveses recaía en la cabeza del capitán o del mayor que tenía bajo su mando la tropa afectada. Aún así es claro que la importancia de los responsables depende de la gravedad de lo ocurrido. La toma de Las Delicias le costó el puesto al comandante de Infantería de Marina, general Jesús María Castañeda; y el asalto al cerro de Patascoy cobró las cabezas de los generales Eduardo Camelo y Julio Charry, comandantes de la III División y III Brigada del Ejército, respectivamente. En esta ocasión, cuando se trata del quinto desastre militar de los últimos dos años, el país ha empezado a mirar hacia la cúpula de las Fuerzas Militares. Pasó la hora de cortar cabezas por lo bajo, a oficiales o suboficiales por fallas técnicas o tácticas en los operativos. Tampoco pueden seguir siendo los muertos los que carguen, sin poder defenderse, con las culpas. Para muchos llegó el momento de las rectificaciones y de las responsabilidades políticas. La gravedad de los últimos hechos abre la necesidad de mirar más alto. El Presidente, de cachucha en el frente militar, hizo saber que no piensa entregarle cabezas a la guerrilla. Esa, sin embargo, no es la respuesta que la opinión pública esperaba. En cualquier país civilizado ya habrían rodado varias cabezas, empezando por las de la cúpula militar. En Colombia alguien tiene que responder políticamente por lo sucedido. Tal vez la consecuencia más grave del proceso 8.000 es que en la búsqueda de la prueba reina desapareció el concepto de responsabilidad política. El episodio de Las Delicias podría ser considerado aisladamente un fracaso militar. Pero si a eso se le suman los fracasos posteriores el problema deja de ser militar y se convierte en político. Tras la catástrofe de El Billar, podría decirse que le cabe una responsabilidad política a la cúpula militar, al propio Ministro de Defensa Gilberto Echeverry y, por su puesto, al Presidente de la República. La renuncia de Ernesto Samper no es viable políticamente, y la de Echeverry ni quita ni pone, pues él no maneja la estrategia militar. Pero de ahí para abajo, alguien tendría que asumir la responsabilidad y renunciar. Concretamente, los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán, por sus cargos de comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, deberían responder directamente por la suma de fracasos recientes. El jefe del Estado dejó en claro, sin embargo, que esto no sucedería cuando afirmó que no iba a dejar rodar las cabezas de militares para darle gusto a la guerrilla. Con frecuencia tiende a descalificarse políticamente cualquier crítica al Ejército. Tanto los cuestionamientos que se le hacen por violación de los derechos humanos, como los más recientes por la eficiencia misma de las Fuerzas Militares, son señalados, poco menos que como mensajes a favor de la subversión. Esta actitud es equivocada. No se puede tapar el sol con las manos. El país, los militares y el gobierno deben entender que sólo aceptando que algo está mal y trabajando para corregirlo, se podrá tener en un tiempo razonable unas Fuerzas Militares verdaderamente profesionales, y con capacidad real para defender a la Nación. Sólo así se podrá diseñar una política nacional de largo plazo que contemple la reestructuración de las Fuerzas Militares para hacerlas verdaderamente profesionales, capaces de interpretar una nueva estrategia antisubversiva, pues no se puede desconocer el cambio de estrategia de la guerrilla y su avance cada vez mayor. De lo contrario, seguir aplazando la discusión nacional sobre la necesidad de diseñar y desarrollar una política estatal de orden público a largo plazo y seguir eludiendo la responsabilidad de los militares en las catástrofes en el frente de guerra es dejarle campo abierto y cederle más terreno a la guerrilla. Los soldados que pretendían sorprender a la guerrilla, terminaron sorprendidosn Una de las grandes fallas del Ejército está en el manejo de la inteligencia militarn Llegó la hora de pensar en una reestructuración a fondo de las Fuerzas MilitaresGolpe tras golpeel Manual de Casos Tácticos es el libro en el que las Fuerzas Militares incluyen sus éxitos y fracasos operativos más importantes. En su próxima edición, los militares deberán incluir, sin lugar a dudas, los golpes más recientes propinados por las Farc en el sur del país. Ahí deberán quedar consignados los siguientes hechos:·Abril 16 de 1996: 150 hombres de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional _ELN_ emboscaron y dinamitaron en Puerres, Nariño, un convoy militar integrado por seis vehículos. En el ataque murieron un suboficial y 30 soldados, otros 15 uniformados quedaron heridos. · Agosto 31 de 1996: La base militar de Las Delicias fue atacada por los hombres del bloque sur de las Farc. El combate duró toda la noche _pese a lo cual nunca llegaron refuerzos_ y dejó como resultado 27 militares muertos, 18 heridos y 60 secuestrados. Estos fueron liberados un año después en la zona del Caguán, Caquetá. ·Septiembre 6 de 1996: Por lo menos 200 hombres del primer frente de las Farc atacaron y destruyeron la base militar de La Carpa, a dos horas de la capital del departamento del Guaviare. En el ataque murieron 24 militares pertenecientes a la Brigada Móvil Nº 2, una de las unidades de élite del Ejército. ·Febrero 3 de 1997: Los frentes 53 y 54 de las Farc se enfrentaron con el Ejército en San Juanito, limítrofe entre Meta y Cundinamarca. En el choque murieron 16 soldados, otros cuatro quedaron heridos. Los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la zona, lo cual provocó el éxodo de unos 250 habitantes de la región. ·Julio 6 de 1997: Un helicóptero de la empresa Helicol que transportaba una patrulla de soldados hacia una zona de Arauquita, donde el ELN había dinamitado un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, fue derribado a tiros de fusil. En la acción murieron 20 militares y un civil. Cuatro días después hubo otro atentado dinamitero y un nuevo ataque a otra patrulla que dejó un saldo de 10 soldados muertos. ·Septiembre - octubre de 1997: Las Fuerzas Militares se tomaron los llanos del Yarí en la denominada Operación Destructor II. Durante tres semanas el Ejército y la Fuerza Aérea peinaron la zona con 3.500 hombres y bombardearon algunos puntos estratégicos. Al final la operación costó 17.000 millones de pesos y dejó como resultado un guerrillero capturado y algunas vacas muertas por acción de las bombas. ·Diciembre 21 de 1997: Los frentes 32 y 49 de las Farc atacaron la base de comunicaciones del Ejército ubicada en la cima del cerro de Patascoy, en los límites de Nariño y Putumayo. La acción dejó 10 militares muertos, cuatro heridos y 18 secuestrados.
“El caso Mancuso es un reto para la justicia colombiana”
Por: Cecilia Orozco Tascón
La magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia, autora de la primera sentencia condenatoria en ese sistema transicional, contra Salvatore Mancuso por miles de crímenes atroces que cometió en la época paramilitar del clan Castaño. Tomó la decisión, el viernes pasado, de reactivar órdenes de captura para habilitar el mecanismo de extradición del exjefe de la autodefensas hacia Colombia, mecanismo que parece ser manejado sin mucha eficacia por el Gobierno.
“El fenómeno (paramilitar) permanece vigente de una manera más refinada”, advierte la magistrada Alexandra Valencia. / Mauricio Alvarado
¿Por qué ante un procedimiento totalmente reglado como la solicitud de extradición de un ciudadano de un país a otro, la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos hacia Colombia se enredó tanto?
La situación que se presentó con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez es una muestra de las encrucijadas que debe afrontar el sistema judicial colombiano frente a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno. En el caso de Mancuso, se puede decir que el hecho de que su responsabilidad penal circule tanto del sistema penal ordinario como en el transicional frente a los graves crímenes que cometió cuando fue comandante de las estructuras paramilitares bloque Catatumbo, bloque Montes de María, bloque Córdoba y bloque Norte, refleja el reto que constituye procesar tal nivel de criminalidad. Si bien es posible que ante la magnitud de crímenes cometidos durante el conflicto armado haya un cruce de competencias, la claridad al respecto debe darla cada jurisdicción sabiendo lo que le corresponde y respetando las competencias de las demás.
Entonces, ¿el enredo en el trámite de extradición es reflejo del enredo judicial interno?
Considero que cuando se canceló la orden de captura que inicialmente se había librado para pedirlo a Estados Unidos se desconocía que podía ser deportado hacia Italia. Y si bien el criterio que se tuvo para revocar esa orden fue que el postulado había cumplido con todos los requerimientos judiciales que impone la Ley de Justicia y Paz, lo cierto es que no basta con dar cumplimiento al tiempo de pena alternativa que asigna este sistema de justicia transicional, sino que para el caso concreto de un postulado extraditado se debe garantizar su compromiso de comparecencia ante la jurisdicción, compromiso que solo se puede asegurar con su presencia en el país una vez cumpla las penas que le hayan sido asignadas en el exterior.
En la decisión que se conoció este viernes y que usted firma reactivando las órdenes de captura y, por lo tanto, la vigencia judicial de la extradición de Mancuso, ¿qué argumentó?
Que el postulado Salvatore Mancuso no ha culminado su proceso en Justicia y Paz y que aún debe quedar a disposición de la jurisdicción con el fin de que culmine las obligaciones que le fueron impuestas para que pueda acceder a los beneficios de esa ley. De incumplir con esos compromisos, entre ellos el de comparecencia al país, perdería todas las prerrogativas que le fueron concedidas. Y en lo personal, consideraría que su no comparecencia habilitaría los mecanismos ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde respondería por los graves crímenes que cometió en el país.
Y si el Estado colombiano no hace el trámite con rapidez y la responsabilidad de la no comparecencia de Mancuso no es de él, sino del Estado, ¿también se activaría la competencia de la CPI?
Independientemente de los trámites que se hagan o dejen de hacer, la no comparecencia del postulado al proceso de Justicia y Paz activaría el mecanismo transnacional de la CPI.
Precisamente ha quedado la impresión de que en la parte del trámite que les corresponde a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, el Gobierno no está muy interesado en el regreso de Mancuso. ¿Él tiene información que afecte la historia y a las víctimas de la guerra?
Como integrante sobreviviente del estado mayor conjunto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Mancuso debe responder ante el sistema de justicia colombiano no solo por la comisión de los graves crímenes que se le atribuyen, sino porque a partir del hecho de haber liderado la consolidación de las organizaciones criminales que integraron el paramilitarismo, se modificaron las estructuras sociales y políticas que terminaron por pervertir la administración del Estado. Por lo mismo, él debe garantizar, así como lo han hecho otros postulados a la Ley de Justicia y Paz, que el esclarecimiento de la verdad se logre en la mayor extensión posible. Frente a este concepto de verdad puede decirse que, en lo que a esa ley respecta (975 de 2005), el mismo ha ido evolucionando contra la corriente.
¿Por qué lo dice?
Considero que nunca se pensó que la Ley de Justicia y Paz fuera la que abriera las compuertas para conocer fenómenos criminales como la violencia sexual, la desaparición forzada o el despojo de tierras, por citar algunos patrones de macrocriminalidad; compuertas que resultaron ser tan abrumadoras como inesperadas para los intereses económicos y políticos de quienes estuvieron a cargo de la promulgación de la ley. Esta es la razón por la que creo que esa ley es de jueces y no tanto de legisladores, en virtud de que su diseño inicial no preveía abarcar la magnitud y persecución tanto de los perpetradores integrantes de las estructuras paramilitares, como de sus redes de apoyo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al asumir los casos de la parapolítica, trazó las líneas para que ante esta jurisdicción se construyeran contextos y se revelaran los interrogantes sobre el cuándo, el cómo y el porqué del conflicto armado interno lo que permitió dejar en evidencia que esa trama involucró responsabilidades, no solo de quienes formaron parte de la contienda, sino también de quienes, desde el estamento regular, permitieron la consolidación y expansión de estas organizaciones criminales.
Es decir, que cuando el gobierno de entonces (Uribe Vélez) tramitó la Ley de Justicia y Paz en el Congreso, ¿no tuvo en cuenta que iba a conocerse la verdad que ha salido a flote, pese a todos los tropiezos, en las sentencias? ¿Hasta dónde llegaba, entonces, el interés político?
Desconozco los propósitos políticos con los que se tramitó la ley. Lo que sí es cierto es que el esclarecimiento de la verdad ha sido un ejercicio de mucho esfuerzo y se viene construyendo a partir de los relatos de los postulados, de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de todos los que hicieron parte de la tragedia de la guerra, todo lo cual se trata de reflejar en las sentencias. Quisiera advertir, a modo personal, que tampoco existe un mecanismo para acceder a la información que se ha recopilado en Justicia y Paz. Si alguien quiere obtener, por ejemplo, el contenido de lo que dijo un postulado en versión libre, es muy difícil que lo logre.
Según los procesos que todavía están en curso, ¿se pueden cuantificar e individualizar el número de víctimas vivas y el de víctimas muertas que dejaron las acciones ordenadas por Mancuso?
Debemos partir de decir que el paramilitarismo como fenómeno criminal, si bien en su momento contó con importantes investigaciones académicas y denuncias de parte de organizaciones de derechos humanos, no contaba, en muchos casos, con la documentación suficiente, y muchas de las víctimas desestimaron alcanzar respuestas en términos de justicia. Solo actuaron cuando se implementaron los sistemas de justicia transicional. En ese momento asumieron tal condición y también decidieron reclamar sus derechos. Luego, el universo de víctimas por los crímenes cometidos en el conflicto armado con una clara muestra de la denegación de justicia que en su momento operó respecto del paramilitarismo en el país puede ser una pretensión inacabada.
Mancuso envió un mensaje de audio esta semana a raíz de los tropiezos en el trámite de extradición, y reiteró su compromiso de entregarles la verdad de lo sucedido a sus miles de víctimas ¿Usted le cree?
Como juez de un sistema de justicia transicional, tengo la convicción de que todo aquel que deja las armas y se incorpora a un proceso de esta naturaleza lo hace para remediar, para reparar y para proponer un cambio necesario. Lo he visto en quienes fueron hombres de base del paramilitarismo, sin estudios, y con un dramático desarraigo. El paramilitarismo no fue solo Mancuso; fueron cientos de hombres y mujeres que siguieron la ruta equivocada de los que difundieron los discursos de odio, en muchos casos promovidos desde el estamento regular. Si esos hombres de base de la guerra, dejaron las armas y ahora componen coplas, son ingenieros, agricultores, etc., que honraron el acuerdo al que se sometieron, creería que, con mayor razón quienes dieron impulso ideológico al desastre del paramilitarismo, también lo pueden hacer.
En sus sentencias y las demás que conoce dentro del sistema de Justicia y Paz, ¿están probadas la promoción y participación en el fenómeno paramilitar de los estamentos sociales militares y empresariales de la sociedad el “estamento regular” como usted lo denomina?
Sí, y muestra de ello es el sinnúmero de compulsas de copias que se encuentran en las sentencias de Justicia y Paz contra esas personas.
¿Esas compulsas han tenido algún desarrollo judicial?
No en la magnitud que se esperaría.
En las estructuras paramilitares de los años 80 y 90, de los hermanos Castaño, ¿cuál fue la importancia real de Mancuso?
En las sentencias ha quedado registrado que Salvatore Mancuso Gómez tuvo un rol muy importante en la expansión paramilitar gestada desde la casa Castaño con la creación del bloque Catatumbo, en donde este postulado replicó y refinó el modo de operación criminal implementado por Carlos Castaño. Su comandancia no solo militar, sino ideológica y política, fue fundamental para detonar lo que he denominado el método paramilitar, entendido como aquel que se propuso erradicar la subversión y que se caracterizó no solo por combatir las acciones guerrilleras, sino también por anular toda forma de actividad popular y por eliminar cualquier agremiación política en los pueblos. Por eso los sindicatos, los líderes comunales, los representantes de derechos humanos, debían ser excluidos del orden propuesto por la confederación paramilitar, o nuevo orden. También se proponía la modificación de la tradición agrícola con la instalación, a gran escala, de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos productivos que llevaron a la industrialización de la tierra, luego del despojo del que fueran víctimas cientos de campesinos y parceleros. En ese proyecto paramilitar Salvatore Mancuso fue crucial cuando diseñó ricos proyectos de madera teca y acacia en Tierralta, Córdoba.
Usted fue la magistrada ponente de una conocida sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá con fecha octubre de 2014 contra Mancuso y otros jefes paramilitares. ¿Cuáles y cuántos crímenes fueron admitidos por ellos, en particular por Mancuso, en ese caso?
Dicha sentencia abarcó múltiples delitos con connotaciones de lesa humanidad, todos de una dramática intensidad. Pero independientemente de la aceptación de los crímenes por parte del postulado, me resultó más revelador el hecho de advertir que, en las sesiones de audiencia, los postulados que se consideraban legitimados para asesinar a todo aquel que tuviera una forma de pensar distinta conocieran la humanidad de sus víctimas, la otra parte de la historia respecto de los crímenes que cometieron. Escuchar el relato de sus víctimas fue un acto que les permitió tomar conciencia sobre el desbordado efecto que tuvo el paramilitarismo en las distintas regiones del país, principalmente en el Catatumbo. Por citar algunos casos, admitieron la masacre en el Catatumbo el 29 de mayo de 1999, cuando reunieron en la vía Tibú - la Gabarra, un número significativo de personas y procedieron a asesinar y a desaparecer a más de 15 pobladores de la región con el apoyo de agentes del Estado; la masacre del 17 de julio de 1999 con el asesinato de un grupo de habitantes del municipio de Tibú; la masacre de la Gabarra; el incendio del caserío de Filogringo y la masacre de Socoavo. También se esclarecieron las desapariciones forzadas ocurridas en Juan Frío, Puerto Santander, con el acondicionamiento de hornos crematorios en los que se arrojaban los cuerpos de las víctimas, según uno de los postulados, para no contaminar el río Catatumbo.
Su decisión fue muy controvertida: usted fue la primera operadora judicial que dejó establecido, por sentencia, el involucramiento, en la consolidación de las autodefensas, de los hoy llamados “terceros” responsables, es decir, personas naturales o jurídicas que financiaron grupos paramilitares o apoyaron su creación. ¿Mancuso declaró específicamente sobre estos financiadores del patio trasero?
Ubicamos en el estamento regular a aquellos que desde las esferas de poder político, económico, militar o empresarial entregaron un aporte funcional a las estructuras armadas ilegales y pusieron al servicio de esa organización las funciones de dichas esferas de poder. De ahí que se haya establecido que, además de ese aporte funcional, este fue eficaz para la consolidación y expansión de la estructura paramilitar. Y que, a cambio, quien pertenecía al estamento regular recibía un beneficio o contraprestación que, en términos de la evidencia que documenta Justicia y Paz, se reflejó en ventaja militar o política y, en el caso de algunas empresas, en una importante acumulación de tierra.
Esos son descubrimientos mayores. ¿En cuáles sentencias de Justicia y Paz se reflejan estos hechos tan graves y qué significa, exactamente, obtener ventaja política o militar y acumular tierra?
En varias sentencias se hace referencia a la integración estratégica que tuvo lugar entre el estamento regular y las estructuras paramilitares. En cuanto a la ventaja militar, un ejemplo fueron los falsos positivos en los que, con apoyo en acciones paramilitares, se dieron las ejecuciones extrajudiciales que eran reportadas como bajas en combate por efectivos del Ejército. En cuanto a ventajas políticas, otro ejemplo, candidatos a gobernaciones se aliaron con estructuras paramilitares para sacar del camino a sus opositores electorales. Y en cuanto a los sectores empresariales, estos se beneficiaron, en algunos casos, de las estructuras del paramilitarismo como en la hacienda Bellacruz, para acumular tierras mediante métodos violentos.
La condena que usted le impuso a Mancuso en la sentencia de 2014 era de 40 años de prisión pero como se hizo en el marco de la ley de Justicia y Paz, se redujo a la denominada “pena alternativa” de 8 años ¿Tendría que cumplir esta condena ahora, si llega a Colombia?
Lo que se encuentra documentado es que desde el momento de su desmovilización, quedó privado de la libertad en la cárcel de Itagüí por cuenta de un homicidio cometido por una de las estructuras que comandó; luego fue extraditado y en lo que conozco, continuó participando en las diligencias de versión libre por vía de retransmisión desde las cárceles de Estados Unidos mientras seguía privado de la libertad. La pena en un sistema de justicia transicional tiene un sentido distinto al retributivo de la justicia ordinaria; a cambio del sacrificio en lo que a la imposición del castigo respecta, se alcanzan grandes beneficios en términos de esclarecimiento de la verdad, pero sobre todo, en términos de arrepentimiento y reconciliación. He presenciado, como juez transicional, intensos momentos de encuentro entre víctimas y victimarios cuando la reconciliación de unos y otros permite mantener la convicción de que es posible un nuevo comienzo. Así como en muchas ocasiones el odio puede ser aprendido, el perdón también puede llegar a serlo. Y en esta línea, la pena sería solo uno de los propósitos de la justicia transicional, no el único.
En 2016 y durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez usted fue nombrada directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, creada en el Acuerdo de Paz para terminar con las bandas herederas del paramilitarismo. Pero Martínez la sacó rápido. ¿Por qué?
Creo que fue un momento que aterrizó en un destiempo, que no dio lugar a coincidir. Para aquel 2016 la esperanza de muchos respecto del proceso de paz fue puesta a prueba por quienes tenían la convicción contraria. En lo personal, prefiero ubicarme en la convicción de la paz y la reconciliación.
Disculpe, pero no me respondió: Martínez le retira el apoyo después de que se creó una polémica política contra usted, si mal no recuerdo, por el sentido de sus sentencias aun cuando nunca le hicieron cuestionamientos éticos ni de competencia profesional…
Yo renuncié.
¿Por qué? Llevaba muy poco tiempo en ese cargo tan significativo en la Fiscalía…
Insisto: porque prefiero ubicarme en la convicción de la paz y la reconciliación. Creo en el encuentro de los opuestos y no en la eliminación de los mismos.
Las bandas que hoy están ejerciendo coacción armada sobre las poblaciones, que asesinan con métodos atroces como los degollamientos que se han conocido recientemente, ¿son las sucesoras directas de los Castaño, Mancuso, “Jorge 40”, etc., o se trata de un fenómeno diferente?
La expansión geográfica del paramilitarismo tuvo lugar con la reproducción de sucesos que fueron pasando inadvertidos en parte por ser un fenómeno que se asentó en territorios periféricos y poblaciones desposeídas. Por la magnitud de dicha expansión geográfica, el paramilitarismo debe dejar de pensarse como un conflicto local para ser considerado como un proyecto nacional que busca la consolidación de procesos de homogenización política y económica. En esa medida, considero que, en la actualidad, este fenómeno permanece vigente de una manera más refinada por la necesaria integración estratégica entre el estamento regular y las organizaciones paramilitares que aún sobreviven. En estos términos, no sería muy diferente a lo ocurrido en la época de los Castaño, Mancuso y Jorge 40 con lo que sucede hoy, salvo que ahora, como lo dije, su forma de operación es más refinada y clandestina.
¡Mancuso está pendiente de responder todavía por - al menos - 53 mil 900 crímenes!
¿Cuántas órdenes de captura tiene todavía Mancuso y cuántos procesos hay abiertos en Colombia en que él esté involucrado?
En lo que tiene que ver con el sistema de Justicia y Paz, contra Salvatore Mancuso se encuentran activos los siguientes procesos: 1.- En etapa de ejecución de sentencias (dentro de los procesos número 2006-80008/2014-00027), como responsable de 1.528 hechos criminales. 2.- En audiencia de solicitud de terminación anticipada (del proceso radicado 2015-00012), por 2.400 hechos criminales, ante Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. 3.- En audiencia de formulación de imputación de cargos ante la magistratura de Control de Garantías de Justicia y Paz de Barranquilla (priorización V), por 9.914 hechos criminales. 4.- En audiencia de formulación de imputación de cargos ante la magistratura de Control de Garantías de Justicia y Paz de Barranquilla (priorización VI), por 11.046 hechos criminales. Y de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, se encuentran pendientes otras 3 solicitudes de formulación de imputación por, aproximadamente, otros 29.050 hechos criminales.
“Hay que activar todos los mecanismos para que Mancuso regrese y cumpla”
¿Por qué es tan importante que Mancuso o cualquier postulado del sistema de transición de Justicia y Paz comparezca?
En el refinamiento de los propósitos de un sistema de justicia transicional, resulta indispensable que se cumpla la garantía de comparecencia por parte del postulado, y por lo mismo, que se activen todos los mecanismos con los que cuenta el Gobierno para hacer efectivo su regreso al país porque este sistema funciona en doble vía: una, para que respondan quienes se acogen al mismo; y la otra, para que se permita materializar los propósitos de dicho sistema. El postulado Salvatore Mancuso Gómez tiene orden de captura con fines de extradición (a Colombia) proferida el 11 de agosto de 2020 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (proceso 2006-80008/2014-00027) en la que si bien se le reconoce el cumplimiento de algunas obligaciones ante este sistema, y por lo mismo se le ofrece la seguridad jurídica a la que tiene derecho, aún se encuentra pendiente por verificar su compromiso de comparecencia que solo podría materializarse con el cumplimiento de dicha orden de captura para que responda por todas las obligaciones que le fueron impuestas en las sentencias proferidas por la jurisdicción.
