Reconciliación Colombia recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país.
Por María Mercedes Abad Olaya
Especial para Reconciliación Colombia
17 de marzo de 2015
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, constituida así en 1997 tras el recrudecimiento del conflicto armado que vivía el país, llegó a contar con 1.300 integrantes, de once veredas en dos departamentos.
Después de una serie de desplazamientos forzados en la zona, un grupo de familias organizadas, del corregimiento de San José de Apartadó entre el Urabá antioqueño y el Urabá cordobés, se declararon en neutralidad con un mensaje claro frente al uso de las armas por parte de los grupos armados, fueran estos legales o ilegales: “somos población civil, no participamos de la guerra, pedimos respeto por nuestra vida”.
En medio de la confrontación armada, los señalamientos y los asesinatos de cerca de 300 de sus pobladores durante 18 años la Comunidad de San José de Apartadó se ha mantenido organizada alrededor de principios y estrategias de resistencia que les permitieron conservar sus tierras, mantener la unidad y la organización comunitaria, con lo que deja importantes lecciones para el país ahora que se ensaya en el llamado posconflicto.
El pasado 13 de marzo, Jesús Emilio Tuberquía, representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, visitó la Universidad de Los Andes y conversó con los estudiantes y el público sobre la experiencia de esta comunidad, y sus prácticas políticas, sociales y económicas, invitado por estudiantes que lideran el grupo de Rodeemos el Diálogo y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de Los Andes.
Reconciliación Colombia estuvo allí y recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país, en la que incluso participaron oficiales de altísimo perfil, como el condenado Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. Aquí diez de estos aspectos que el país puede entrar a revisar ahora que está hablando de tiempos del posconflicto:
En su origen, el 23 de marzo de 1997, la comunidad emitió una Declaración en la que se declaró “Comunidad de Paz” en neutralidad frente a todos los grupos armados, incluyendo la Fuerza Pública, pidiéndoles no entrar en su territorio. Todo miembro de la comunidad se compromete a no portar armas y a no participar ni colaborar de ninguna forma con los grupos armados, incluyendo no convivir con ellos, no darles información ni suministrarles alimentos.
La comunidad cuenta con un Consejo Interno, y coordinadores de cada una de las 11 veredas que hacen parte de la Comunidad de Paz. Todos los miembros se reúnen en Asamblea y allí toman las decisiones importantes para su comunidad. Además, tienen grupos de trabajo y comités de salud, educación y otros temas.
La comunidad diseñó de manera participativa un Reglamento conocido por todos. Este Reglamento está basado en principios como la solidaridad, el respeto a la vida, la opción por la legalidad, y el valor de lo comunitario sobre lo individual. Nadie puede portar armas, consumir alcohol dentro de la comunidad, ni sembrar o consumir cultivos ilícitos. Todos tienen, por reglamento, que participar en trabajo comunitario un día por semana.
Quién no cumple el reglamento de la Comunidad asume las consecuencias que son definidas por el Consejo Interno o por la Asamblea. Según sea el caso, las sanciones van desde un día de trabajo gratuito en el campo o pintar la escuela hasta la expulsión de la Comunidad.
La comunidad había definido previamente qué personas estaban dispuestas a quedarse y qué personas se desplazaban, en caso de una confrontación armada, para no dejar las tierras abandonadas. Además, Gestión ante la institucionalidad pública para garantizar la propiedad de las tierras, y adquisición de tierras sin dueño para consolidar el territorio y evitar la entrada de empresas de minería o monocultivos, y proteger el medio ambiente.
Se construyó de manera participativa un proyecto de vida comunitario al que todos los integrantes de la comunidad la apuestan y que incluye: alternativas productivas autosostenibles, proyecto educativo ajustado a la comunidad, sistema de salud a partir de saberes y costumbres, entre otros.
Desde antes de la llegada de grupos armados, los campesinos de San José de Apartadó vivían de cultivar cacao. Cuando se constituyen como Comunidad de Paz, deciden diseñar estrategias que les permitan garantizar alimentación para todos, respetando el medio ambiente. Todas sus prácticas agrícolas están documentadas.
Eligen continuar sembrando cacao orgánico, sin químicos no aditivos y además siembran banano, fríjol y frutales. Exploraron los mercados internacionales y actualmente exportan el cacao a Alemania e Inglaterra. Sus productos se venden en 800 tiendas, ubicadas en 50 países. Además, tienen un Fondo Comunitario para comercializar en Colombia y regular los precios; este fondo se gasta en necesidades de toda la Comunidad, y su uso es decidido por prioridades de toda la asamblea.
La comunidad se dio a la tarea de diseñar su propio proyecto educativo para enseñarles a sus niños, los valores que rigen sus prácticas: el valor de lo colectivo sobre lo individual, el respeto por el medio ambiente, la solución pacífica de los conflictos y, sobre todo, el valor de trabajar la tierra y el orgullo de ser campesinos. Esto incluye prácticas de reconstrucción de la memoria colectiva.
Además, cuentan con sus propios medios de comunicación, a través de los cuáles difunden su historia y vivencias y hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas.
Los primeros años, el Consejo Interno fue el encargado de mantener la interlocución con la institucionalidad pública local, regional y nacional. Después de la masacre de 7 miembros por parte de los paramilitares en el 2005 en conjunto con la Brigada 17, la comunidad decidió romper sus relaciones con el Estado. Cinco militares han sido condenados por su participación en esta masacre.
También han contado con el apoyo de muchas organizaciones de sociedad civil, centros de pensamiento, y universidades en Colombia. Para ellos, ha sido muy importante participar de redes sociales y mantener comunicación con otras iniciativas de paz del país. Por eso hacen parte de la Red de Comunidades por la Paz desde la Base, y la Universidad Campesina, a través de las cuales se relacionan con cerca de 40 experiencias regionales de paz del país.
Esto les ha permitido visibilizar su apuesta colectiva e impulsar su proyecto integral comunitario. Además, han sido asesorados para llevar su caso a las Cortes internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han emitido resoluciones ordenando al Estado Colombiano tomar medidas para asegurar la protección adecuada de esta comunidad, medidas que fueron ratificadas por la Corte Constitucional colombiana.
Por María Mercedes Abad Olaya
Especial para Reconciliación Colombia
17 de marzo de 2015
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, constituida así en 1997 tras el recrudecimiento del conflicto armado que vivía el país, llegó a contar con 1.300 integrantes, de once veredas en dos departamentos.
Después de una serie de desplazamientos forzados en la zona, un grupo de familias organizadas, del corregimiento de San José de Apartadó entre el Urabá antioqueño y el Urabá cordobés, se declararon en neutralidad con un mensaje claro frente al uso de las armas por parte de los grupos armados, fueran estos legales o ilegales: “somos población civil, no participamos de la guerra, pedimos respeto por nuestra vida”.
En medio de la confrontación armada, los señalamientos y los asesinatos de cerca de 300 de sus pobladores durante 18 años la Comunidad de San José de Apartadó se ha mantenido organizada alrededor de principios y estrategias de resistencia que les permitieron conservar sus tierras, mantener la unidad y la organización comunitaria, con lo que deja importantes lecciones para el país ahora que se ensaya en el llamado posconflicto.
El pasado 13 de marzo, Jesús Emilio Tuberquía, representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, visitó la Universidad de Los Andes y conversó con los estudiantes y el público sobre la experiencia de esta comunidad, y sus prácticas políticas, sociales y económicas, invitado por estudiantes que lideran el grupo de Rodeemos el Diálogo y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de Los Andes.
Reconciliación Colombia estuvo allí y recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país, en la que incluso participaron oficiales de altísimo perfil, como el condenado Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. Aquí diez de estos aspectos que el país puede entrar a revisar ahora que está hablando de tiempos del posconflicto:
- Defensa de la vida y no participación en la confrontación armada:
En su origen, el 23 de marzo de 1997, la comunidad emitió una Declaración en la que se declaró “Comunidad de Paz” en neutralidad frente a todos los grupos armados, incluyendo la Fuerza Pública, pidiéndoles no entrar en su territorio. Todo miembro de la comunidad se compromete a no portar armas y a no participar ni colaborar de ninguna forma con los grupos armados, incluyendo no convivir con ellos, no darles información ni suministrarles alimentos.
- Sistema organizativo basado en la participación y la representación:
La comunidad cuenta con un Consejo Interno, y coordinadores de cada una de las 11 veredas que hacen parte de la Comunidad de Paz. Todos los miembros se reúnen en Asamblea y allí toman las decisiones importantes para su comunidad. Además, tienen grupos de trabajo y comités de salud, educación y otros temas.
- Regulación de la vida comunitaria en medio de la guerra:
La comunidad diseñó de manera participativa un Reglamento conocido por todos. Este Reglamento está basado en principios como la solidaridad, el respeto a la vida, la opción por la legalidad, y el valor de lo comunitario sobre lo individual. Nadie puede portar armas, consumir alcohol dentro de la comunidad, ni sembrar o consumir cultivos ilícitos. Todos tienen, por reglamento, que participar en trabajo comunitario un día por semana.
- Un concepto propio de justicia:
Quién no cumple el reglamento de la Comunidad asume las consecuencias que son definidas por el Consejo Interno o por la Asamblea. Según sea el caso, las sanciones van desde un día de trabajo gratuito en el campo o pintar la escuela hasta la expulsión de la Comunidad.
- Estrategia para conservar las tierras en medio del conflicto:
La comunidad había definido previamente qué personas estaban dispuestas a quedarse y qué personas se desplazaban, en caso de una confrontación armada, para no dejar las tierras abandonadas. Además, Gestión ante la institucionalidad pública para garantizar la propiedad de las tierras, y adquisición de tierras sin dueño para consolidar el territorio y evitar la entrada de empresas de minería o monocultivos, y proteger el medio ambiente.
- Construcción colectiva de un Proyecto de Vida Integral acorde con las necesidades y realidades de la comunidad:
Se construyó de manera participativa un proyecto de vida comunitario al que todos los integrantes de la comunidad la apuestan y que incluye: alternativas productivas autosostenibles, proyecto educativo ajustado a la comunidad, sistema de salud a partir de saberes y costumbres, entre otros.
- Fortalecimiento económico para la soberanía alimentaria:
Desde antes de la llegada de grupos armados, los campesinos de San José de Apartadó vivían de cultivar cacao. Cuando se constituyen como Comunidad de Paz, deciden diseñar estrategias que les permitan garantizar alimentación para todos, respetando el medio ambiente. Todas sus prácticas agrícolas están documentadas.
Eligen continuar sembrando cacao orgánico, sin químicos no aditivos y además siembran banano, fríjol y frutales. Exploraron los mercados internacionales y actualmente exportan el cacao a Alemania e Inglaterra. Sus productos se venden en 800 tiendas, ubicadas en 50 países. Además, tienen un Fondo Comunitario para comercializar en Colombia y regular los precios; este fondo se gasta en necesidades de toda la Comunidad, y su uso es decidido por prioridades de toda la asamblea.
- Educación para la Convivencia Pacífica:
La comunidad se dio a la tarea de diseñar su propio proyecto educativo para enseñarles a sus niños, los valores que rigen sus prácticas: el valor de lo colectivo sobre lo individual, el respeto por el medio ambiente, la solución pacífica de los conflictos y, sobre todo, el valor de trabajar la tierra y el orgullo de ser campesinos. Esto incluye prácticas de reconstrucción de la memoria colectiva.
Además, cuentan con sus propios medios de comunicación, a través de los cuáles difunden su historia y vivencias y hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas.
- Relacionamiento con institucionalidad pública y sociedad civil:
Los primeros años, el Consejo Interno fue el encargado de mantener la interlocución con la institucionalidad pública local, regional y nacional. Después de la masacre de 7 miembros por parte de los paramilitares en el 2005 en conjunto con la Brigada 17, la comunidad decidió romper sus relaciones con el Estado. Cinco militares han sido condenados por su participación en esta masacre.
También han contado con el apoyo de muchas organizaciones de sociedad civil, centros de pensamiento, y universidades en Colombia. Para ellos, ha sido muy importante participar de redes sociales y mantener comunicación con otras iniciativas de paz del país. Por eso hacen parte de la Red de Comunidades por la Paz desde la Base, y la Universidad Campesina, a través de las cuales se relacionan con cerca de 40 experiencias regionales de paz del país.
- Apoyo de la Comunidad Internacional y visibilidad de la situación de derechos humanos:
Esto les ha permitido visibilizar su apuesta colectiva e impulsar su proyecto integral comunitario. Además, han sido asesorados para llevar su caso a las Cortes internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han emitido resoluciones ordenando al Estado Colombiano tomar medidas para asegurar la protección adecuada de esta comunidad, medidas que fueron ratificadas por la Corte Constitucional colombiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario