De: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/leyner-palacios/
LEYNER PALACIOS
En estos días
observaba con gran indignación y sorpresa la actitud negacionista de algunos
funcionarios del actual Gobierno respecto a la grave crisis humanitaria que
sufre el Chocó. En mis oídos retumbaba esa negación manifestada
en las palabras de un ministro que calificó las denuncias de la Iglesia
católica como “falsas” y “extravagantes”.
A ese funcionario
no le parece extravagante que Quibdó tenga una tasa de homicidios que es casi
cinco veces mayor que la del resto del país, o que según la Defensoría del
Pueblo, el 72% de los habitantes del Chocó se encuentren en
riesgo, o que el departamento siga entre los primeros con más víctimas de minas
antipersonas, o que en 2021 haya sido donde ocurrieron más confinamientos por
culpa del conflicto armado.
¿Hasta cuándo
sufrirán nuestras comunidades? ¿Hasta cuándo sufrirán los indígenas, los
afros, los campesinos, las mujeres, los más desfavorecidos, los habitantes de
las periferias? Hay una gran desproporcionalidad en el conflicto armado: es
machista, racista y clasista, golpea más duro a los campesinos pobres, a las
comunidades étnicas, a las mujeres.
Ya no nos sorprende
que sean ellos quienes tengan que aguantar la barbarie y escenas de terror que
imponen los grupos armados en sus estrategias de sometimientos. Pero ahora
también les toca aguantar la actitud negacionista de los funcionarios y su
incapacidad para conducir al país, en una peligrosa omisión de su deber, que
pasa por encima de la Constitución.
Es una vergüenza
que sea negada la crisis humanitaria del departamento del Chocó y
el Pacífico, y también de otras regiones como Arauca.
Una vergüenza que está a la vista de todos.
Lea también: “El Clan del Golfo tiene tomado
todo el departamento”
La crisis
humanitaria de nuestros territorios no es nueva, es más vieja que algunos de
los funcionarios que la niegan, por eso no la conocen y como pocas veces salen
de Bogotá, no han vivido estas realidades.
En el Chocó empezó
en 1996 con las incursiones del
paramilitarismo y la presencia de las guerrillas, actores
que convulsionaron la vida de las comunidades. Desde entonces no hemos podido
superar el ciclo de violencia. Las comunidades están en las garras de los
grupos armados, pero también en las garras del olvido y el abandono
institucional.
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Recordemos los
asesinatos de líderes, los desplazamientos que no se detienen, la violencia
sexual, las minas antipersona, las múltiples alertas de la Defensoría
inatendidas. Puedo decir sin equivocarme que en el Chocó el
80% de su población ha estado confinada alguna vez en su vida. Negarlo hace que
duela más: habría esperanza si el gobierno al menos reconociera ese dolor, por
eso es tan indignante.
La Diócesis
de Quibdó y los obispos del Pacífico se han pronunciado sobre esta
crisis y la realidad de la gente. Los organismos de control
pueden verificar esas denuncias, ratificadas por organizaciones en los territorios.
También pueden crearse mecanismos de seguimiento y vigilancia a la violación de
Derechos Humanos. Pero el Gobierno asume una postura indolente ante el
sufrimiento.
Quiero convocar a
la sociedad colombiana a que no cierre los ojos a esta violencia. Ustedes han
sido solidarios con las periferias, ustedes pueden obligar al Estado a
responder por estos territorios, ustedes pueden empujar procesos de cambio que,
como si fueran una creciente del río Atrato, nadie podrá atajar.
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