domingo, agosto 05, 2018

BALANCE -positivo- SANTOS

Este es el Balance 2010 -2018 que entregó el gobierno a la periodista  http://lasillavacia.com/users/juana-0


Principales logros Gobierno Juan Manuel Santos 2010-2018


Cobertura
·         En ocho años se aumentó alrededor del 80% el presupuesto de educación, al pasar de 20,8 a 37,5 billones de pesos.
·         Desde 2011, los niños estudian gratis del grado 0 al 11. En el 2017, el país alcanzó una tasa de cobertura escolar del 96%.
·         En 2010, la tasa de cobertura de educación superior era del 37%, mientras que en 2017 fue del 52,8%. La meta en 2018 es alcanzar una tasa de cobertura en educación superior del 57%.
Calidad
·         Más de 109.000 profesores responsables por 2 millones 300 mil niños han mejorado sus prácticas pedagógicas, anualmente, con el ‘Programa Todos Aprender’.
·         7.000 educadores han podido hacer maestrías gratis en las mejores universidades del país con el Programa de Beca para la Excelencia Docente.
·         En 2010, sólo 19 instituciones de educación superior contaban con acreditación de alta calidad. Actualmente, 52 instituciones de educación superior y 1.224 programas cuentan con este sello de calidad.
·         Colombia fue uno de los tres únicos países que mejoró en todas las áreas de las pruebas PISA de 2015, en comparación con el 2012: lectura (22 puntos más), ciencias (17 puntos más) y matemáticas (14 puntos más).
·         Se pasó a tener 24 niños en promedio por computador en 2010, a tan sólo 4 por computador en 2010. A través del programa ‘Computadores para Educar’, se entregaron computadores y tabletas a los colegios y bibliotecas públicas del país. Hemos entregado más de 2.750.000 equipos a instituciones educativas públicas del país.

Infraestructura
·         La meta es dejar construidas o contratadas 30.693 aulas. 23.672 ya están entregadas o en construcción y 1.719 más están en proceso de contratación. Los 5.302 restantes se están gestionando con recursos de regalías. 
·         Se han entregado más de 159 mil tabletas a los profesores que les sirve como herramienta pedagógica para desarrollar su trabajo en los colegios y poner en práctica lo aprendido, a través del Programa Computadores para Educar.
·         El Ministerio de Educación Nacional ha entregado más de 9 millones de libros de literatura en las bibliotecas escolares y 50 millones de textos escolares a los estudiantes en los colegios de todo el país.
·         1.484 bibliotecas públicas fueron dotadas con libros, tecnología y los bibliotecarios fueron capacitados.
·         El Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Educación han entregado más de 30 millones de libros a bibliotecas públicas, hogares del Bienestar Familiar, Centros de Desarrollo Infantil, casas de familias vulnerables y en instituciones de educación públicas.
Vivienda

Acceso
·         Se logró reducir el déficit de vivienda a menos de la mitad a través de diferentes subsidios, pasando de 12,5% en 2005 a 5,2% en el 2017.  En 2005, 12 de cada 100 familias no tenían vivienda o vivían en una casa en condiciones muy precarias, en 2017 ese indicador cambió a 5 de cada 100 familias.
·         Se ha iniciado la construcción de 1 millón 749 mil viviendas, beneficiando a 5,1 millones de personas. Más de un millón de ellas subsidiadas. Con estas últimas se beneficiaron 3,5 millones de personas.
·         El Gobierno de Juan Manuel Santos entregará un total de 273.499 viviendas gratis. Antes de terminar el 2018, el Ministerio de Vivienda habrá entregado 133.765 viviendas gratis, el Ministerio de Agricultura, 94.174 y el Fondo de Adaptación, 45.560.
·         Se han construido 197 proyectos de infraestructura social como colegios, centros de desarrollo infantil, parques, bibliotecas públicas, refuerzos de cuadrantes, CAI, estaciones de Policía, Centros de Integración Ciudadana, Centros de SALUD y Puntos Vive Digital, con una inversión de 981.795 millones de pesos aproximadamente, beneficiando a millones de personas.

Calidad
·         6.8 millones de personas han recibido, por primera vez, el servicio de agua potable y 7.4 millones el de alcantarillado. 
·         Entre el año 2010 y 2018, se ha aumentado el servicio de gas a 3.4 millones de familias y el servicio de electricidad a otras 201.206 mil familias en regiones más apartadas.
·         Se llevó internet de bajo costo a hogares de estratos 1 y 2. Se pasó de tener 730.000 hogares conectados a internet en 2011 a más de 2.700.000 hogares en 2018.

Aporte a la economía
·         La construcción se ha consolidado como uno de los sectores líderes de la economía, creciendo a una tasa promedio del 6,1% anual, con una participación del 45% por parte del sector edificador.
·         La construcción ha tenido un importante efecto jalonador sobre más de 30 sectores de la industria. De acuerdo con el DANE, este es el segundo subsector con mayores encadenamientos productivos directos. Estos efectos son especialmente fuertes en los sectores del cemento, el concreto, el ladrillo y la industria metalúrgica.
·         La construcción tiene un impacto significativo sobre el empleo. Al sumar todos los trabajadores de construcción y actividades inmobiliarias, alcanzamos una cifra de 3,3 millones de empleados, 1,4 millones de colombianos empleos directos, lo cual representa más del 14% del total de ocupados en el país.


Infraestructura

Capacidad Institucional
·         El Gobierno Nacional decidió liquidar el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y crear la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que renovó la capacidad del Estado para emprender grandes proyectos y depuró las prácticas de contratación.
·         Se superaron las grandes deficiencias que teníamos en materia de planeación y estructuración de proyectos: Las adiciones, prorrogas y sobrecostos se convirtieron en la excepción y no en la regla. También se eliminaron los anticipos a contratistas que tanto daño le hicieron a las finanzas del Estado y se introdujeron los pliegos tipo para evitar licitaciones amañadas.
·         La inversión pública en infraestructura de transporte se ha incrementado 7.5 veces en Los últimos 8 años, ayudando a reducir la tasa de desempleo en 1 %.

Avances
·         Colombia tendrá unas vías de cuarta generación, 5.000 kilómetros, casi la distancia de la vuelta Colombia y tour de Francia del 2017, que le cambiarán la cara al país.
·         Las regiones del país cuentan ya con 1.300 kilómetros adicionales de nuevas dobles calzadas, casi la distancia de Pasto y Santa Marta. Esto significa generación de miles de empleos, menores costos de transporte y más seguridad para los usuarios.
·         Se han intervenido en estos ocho años 40 mil kilómetros tanto en vías secundarias como terciarias, beneficiando al campesinado colombiano y acercando las cabeceras municipales a los centros de insumo.
·         Hoy se cuenta con 470 puentes y viaductos y 45 kilómetros de túneles. Las nuevas autopistas reducirán los tiempos de viaje en un 30% y los costos para el transportador en un 20%, lo que constituye un gran avance para la competitividad del país. Por ejemplo, un colombiano ahora gasta 30 minutos menos viajando de Bogotá a Villeta.
·         Los colombianos podemos contar con 91 aeropuertos que hoy están modernizados. El dorado se convirtió en el primer aeropuerto en carga de toda América Latina y el tercero en flujo de pasajeros.
·         Las zonas portuarias tuvieron inversiones por más de $4 billones. Hoy las terminales de Cartagena y Buenaventura son las más eficientes de Suramérica y están recibiendo varios de los buques de carga más grandes del mundo.

Medio Ambiente

Institucionalidad
·         En el 2011, se separa el sector de ambiente y de vivienda y se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del decreto 3570 de septiembre de 2011.
·         Se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 2012 que buscaba que el conjunto de entidades nacionales del orden público, privado y comunitario trabajaran de manera articulada para administrar la gestión del riesgo y así proteger a la población en todo el territorio nacional.
·         Se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en 2011, encargada de que los proyectos, obras o actividades cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país.
·         Se creó el Fondo de Adaptación inicialmente para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. En 2015 se le atribuyó al Fondo la facultad de ejecutar proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña.

Protección
·         Más de la quinta parte del país son áreas protegidas. Colombia pasó de 13,7 millones  de hectáreas de áreas protegidas en 2010 a 43 millones en 2018. Además, se protegieron 12.7 millones de hectáreas marinas, esto equivale al 13.7% del territorio marino costero protegido.
·         “fábricas de agua”. A hoy, se han delimitado 30 de 37 páramos con más de 2.000.000 de hectáreas, que benefician a más de 30 millones de habitantes de Colombia al garantizarles el suministro de agua. Al finalizar este Gobierno se habrán delimitado en su totalidad los 37 páramos del país.
·         Para proteger y contribuir al cuidado del agua, se han designado 10 humedales como de importancia internacional RAMSAR. A 2010, el país contaba con 5 humedales de esta categoría. Al finalizar este Gobierno, contaremos con un total de 12 humedales RAMSAR.
·         En 2013, se amplió el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que actualmente cuenta con 2.763.398 hectáreas. Esta es el área protegida con mayor extensión del país y es fundamental para la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad del país. ​Al finalizar este Gobierno, con la nueva ampliación de este Parque, se dejará en 4.200.000 hectáreas.

Cambio Climático
·         21 departamentos ya tienen planes de cambio climático en formulación o implementación y 6 sectores cuentan con planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
·         Ya se presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Cambio Climático, se formularon la Política y el Conpes y se creó la campaña para la adaptación y mitigación de esta problemática.

Construcción de paz

Seguridad
·         En tiempo récord se desarmó la guerrilla más antigua del continente, la dejación de armas se cumplió en 9 meses.çSe han salvado más de 3.000 vidas desde que se pactó el cese al fuego bilateral y se firmó el Acuerdo de Paz.
·         Hay presencia de 345 mil miembros de la Fuerza Pública en 652 municipios priorizados.
·         Se fortaleció el pie de fuerza policial mediante la incorporación de 25.000 nuevos policías.
·         Para la protección a los líderes sociales, el Gobierno creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se instaló el Puesto de Mando Unificado, se creó un grupo élite de la Policía Nacional y se firmó el decreto para crear la figura de protección colectiva a comunidades.
·         Se están erradicando y sustituyendo los cultivos ilícitos: 89.090 hectáreas han sido erradicadas forzosa y voluntariamente entre 2017 y 2018.
·         228 de los 673 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonal. En la actualidad se adelantan operaciones de limpieza y desminado en 224 municipios en más de 20 departamentos.

Proyectos y Nuevas Oportunidades Para El Desarrollo
·         Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) - A finales del mes de agosto, se obtendrán 6 Planes de Acción para la Transformación Regional de los 16 planteados. 6 planes finalizarían en septiembre y el resto en octubre.
·         Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) - A través de la PIC, con la participación de las comunidades se está desarrollando más de 1.800 proyectos en 52 municipios para mejorar la calidad de vida con obras como la construcción de puestos de SALUD, parques infantiles, puentes colgantes, dotación de escuelas, entre otros.
·         Vías Terciarias para la Paz - Plan 50/51 - Mediante el Plan 50/51, a la fecha se han suscrito 50 convenios con los municipios para el mejoramiento de 2.309 km de vías terciarias con una inversión de $50.650 millones de pesos. De los 2.309 km, ya han sido intervenidos 1.708 km. Con esta estrategia se están generando 3.000 empleos.
·         Se está haciendo realidad el sueño de los campesinos de tener tierra. En solo 23 meses de trabajo, se ha logrado legalizar y formalizar 1.572.955 de hectáreas beneficiando a más de 42 mil familias y se han adjudicado 34.000 terrenos baldíos a familias campesinas pobres.
·         Incentivos a la inversión Privada en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac). Se eligieron 344 municipios en los cuales se busca promover la inversión y el empleo mediante un Régimen Especial de Tributación durante 10 años. A la fecha, 407 empresas han sido creadas en sectores como el de agricultura, alimentos, materias primas agropecuarias y transporte de carga.

Reconciliación y la Convivencia
·         Le estamos regresando la tierra a sus dueños. Se han restituido 300.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 38.307 personas.
·         Con la política de Restitución de Tierras se redujo el proceso de 15 años a un periodo entre 8 y 12 meses. 8.000 miembros de la Fuerza Pública apoyan el proceso.
·         Con La Ley de Víctimas se han atendido y asistido cerca de 7 millones de víctimas. De las cuales 1.9 millones han sido beneficiadas de programas de generación de ingresos y 450.000 han recibido apoyo psicosocial.
·         A corte al 31 de mayo, el Gobierno ha otorgado indemnización a 827 mil víctimas por más de 5.2 billones de pesos.  
·         Se inició la ruta de reincorporación de las Farc a la vida civil. Se realizó un censo socioeconómico, educativo y de SALUD a 10.015 excombatientes y 12.972 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
·         Las elecciones a Congreso y presidenciales de 2018 fueron las elecciones más pacíficas de los últimos 60 años.
·         Comparado con 2014, aumentó 5% la participación en las elecciones para el Congreso y 13% para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Lucha contra la pobreza

Focalización
·         Aunque aún queda mucho por hacer, el país ha avanzado en mejorar la calidad de vida de los colombianos, reducir la desigualdad y ofrecer más oportunidades. Por este camino se ha logrado que millones de personas hoy cuenten con mejores condiciones en materia de SALUD, vivienda, empleo, educación y situación de la infancia y juventud. Desde 2010, 4,7 millones de colombianos han salido de la pobreza monetaria, 5,4 millones de la pobreza multidimensional y 2.8 millones de la pobreza extrema (Gran Encuesta del DANE para 2017).
·         2.5 millones de familias han recibido asistencia monetaria y apoyo en educación y SALUD para sus hijos. La Ley 1532 de 2012 garantiza la continuidad de Familias en Acción.
·         431.000 jóvenes de familias con bajos ingresos han recibido apoyo para realizar estudios técnicos, tecnológicos y profesionales a través del Programa Jóvenes en Acción que fue creado en este Gobierno.
·         5.600 cogestores han visitado 1.048.000 hogares para llevarles la oferta social del Estado y ayudarlos a superar los problemas que los mantenían en la pobreza.
·         1 millón de personas han sido apoyadas a través de iniciativas de emprendimiento, empleabilidad, intervenciones rurales integrales y seguridad alimentaria.
·         Se triplicó la ayuda a los adultos mayores a través del programa ‘Colombia Mayor’. Pasamos de atender 437 mil adultos en 2010 a 1 millón 523 mil adultos mayores en condición de vulnerabilidad a tener una vejez digna, haciendo presencia en 1.102 municipios.
·         Se creó el Programa de Ahorro Voluntario para la Vejez que cuenta con más de un millón de vinculados, para que los colombianos tengan un ingreso digno durante la tercera edad.
·         Se cumplió la meta definida en 2010 y se triplicó la cobertura con relación a los que había en 2010, pasando de atender 566.000 mil niños, entre 0 y 5 años, a 1.330.000 niños. La nueva meta es llegar a 1.350.000 niños al final de este Gobierno.

Acceso a servicios básicos
·         Desde 2010 se ha duplicado el acceso a servicios de agua y saneamiento básico. Hoy, 6,8 millones de colombianos cuentan, por primera vez, con agua potable en sus hogares y 7,4 millones cuentan servicio de alcantarillado.
·         Entre el año 2010 y 2018, se le llevó el servicio de gas a 3.4 millones de familias y el servicio de electricidad a otras 201.206 mil familias que antes no lo tenían.
·         Se llevó internet de bajo costo a hogares de estratos uno y dos. Se pasó de tener 730.000 hogares conectados a internet en 2011 a más de 2.700.000 hogares en 2018.

Oportunidades
·         La creación del servicio público de empleo y normas como Ley del Primer Empleo facilitaron el acceso de más colombianos a empleo de calidad.
·         La tasa de desempleo se ha mantenido en un dígito desde 2013. El Servicio Público de Empleo ayudó a 1.8 millones de colombianos a encontrar empleo.
·         68 de cada 100 aprendices del SENA han podido vincularse al empleo formal.
·         Más de 55 mil jóvenes encontraron su primer trabajo en una ocupación relacionada con su campo de estudio. Se superó la meta de 40 mil jóvenes con empleo. 
·         Se ampliaron los derechos de los trabajadores de servicio doméstico. Ahora reciben la prima que reciben los demás trabajadores.

Derecho a la SALUD
·         Ahora todos los colombianos tienen los mismos beneficios en SALUD y se puso freno al abuso en los precios de los medicamentos.
·         En 7 años, se logró que todos los colombianos estuvieran cubiertos por el sistema de SALUD, con acceso a tratamientos para todas las enfermedades. El Plan Obligatorio de SALUD unificó los beneficios del régimen subsidiado y contributivo para todos los colombianos, sin importar su capacidad de pago.
·         Este Gobierno puso freno al abuso en los precios de los medicamentos. Se ha regulado el precio de casi 1.000 medicamentos, y ha sido el primer país que declara de interés público un medicamento contra el cáncer.
·         Se puso en marcha el Modelo Integral de Atención en SALUD, para que las personas que viven en el campo y en zonas alejadas tengan los mismos servicios de quienes viven en las ciudades.
·         Colombia tiene uno de los programas de vacunación más completos de América Latina: 21 vacunas protegen contra 26 enfermedades, con las que hemos atendido a más de 4.5 millones de niños.
·         La Estrategia Prevención del Embarazo en la Adolescencia ha atendido 19.921 niños, niñas y adolescentes en 24 departamentos y 190 municipios del país.
·         Gracias a este esfuerzo, la disminución del embarazo adolescente fue alrededor de 2 puntos porcentuales, pasando del 19,5% en el 2010 al 17,4 % en el 2015. Son más las adolescentes que tendrán la oportunidad de poder continuar con sus estudios y contar con más oportunidades para darle un mejor futuro a su familia.

Economía

·         La economía colombiana ha logrado seguir avanzando a pesar de coyunturas económicas muy difíciles: una caída incontrolable de los precios del petróleo y de los minerales redujo drásticamente los ingresos del país; los fenómenos climáticos exigieron gastos imprevistos y afectaron nuestra producción agrícola e industrial. Además, las crisis que vivieron las grandes potencias del mundo y nuestros principales socios comerciales redujeron nuestras exportaciones.
·         Estos choques externos exigieron un manejo austero de la economía, respetando la regla fiscal, pero al mismo tiempo incentivar el crecimiento de las empresas, el campo y la generación de empleo, combatir la pobreza, además de crear políticas que atrajeran turistas e inversionistas extranjeros.
·         Los frutos de estas decisiones son visibles: Entre 2010 y 2017, la economía de Colombia creció a una mayor velocidad que la de América Latina y el Caribe. Además, el sistema financiero permaneció sólido. Las tasas de interés han venido reduciéndose, lo cual ha permitido que los colombianos puedan comprar casa y carro a menores costos. Se logró incentivar la generación de 3.5 millones de empleos, la mayoría formales, mientras 5.4 millones de personas salieron de la pobreza.
·         El país cambió. Hoy se cuenta con mejores aeropuertos, carreteras, puertos, túneles y puentes; llegaron empresas que sólo se veían en países desarrollados, y los productos locales empezaron a llegar a países de los cinco continentes.
·         Afuera también se mejoró la imagen de Colombia, 52 países adicionales ya no piden visa a los colombianos y se asumió un rol protagónico en el mundo: se lideró la Alianza del Pacífico para facilitar el comercio con los países vecinos, se logró entrar a la OCDE, donde Colombia comparte asiento con los mejores para ser mejores, intercambiar buenas prácticas y diseñar políticas públicas más eficaces. Ser parte de la OCDE se convirtió en la mejor carta de presentación ante el mundo.

Agricultura

Desarrollo del campo
·         Este Gobierno emprendió el reto de transformar el agro colombiano con voluntad política, aumento de presupuesto, ajustes normativos e institucionales y programas que hoy cimientan una dinámica positiva para el sector.
·         Se logró sembrar más de 2 millones de nuevas hectáreas entre 2010 y 2017, lo que generó seis millones de toneladas de alimentos adicionales.
·         En los últimos 8 de años se han titulado 3.7 millones de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas.
·         508.000 mil familias campesinas han ejecutado 8.817 proyectos productivos en todo el territorio nacional, con una inversión de 2.6 billones de pesos.
·         Desde septiembre 2016 a Abril 30 de 2018, se han formalizado 1.572.955 hectáreas beneficiando a más de 42 mil familias.
·         En 2010 apenas llegábamos a 490 millones de consumidores en mercados vecinos con acceso preferencial. Ahora tenemos más de 1.500 millones de potenciales consumidores. Hay 23 países a los que nunca habían llegado productos colombianos donde ahora hacemos presencia.



Oportunidades
·         Los lugares más apartados recibieron educación, SALUD y vivienda por primera vez. Hoy la historia es otra: 1.6 millones de colombianos lograron superar la pobreza en las zonas rurales.
·         En este Gobierno se generaron 290.000 empleos en el sector agropecuario. En 2016, la tasa de desempleo rural fue la más baja de los últimos 16 años.
·         Más de 3.700 aulas escolares fueron terminadas en zonas rurales.
·         Mientras en 2015 teníamos registrados 44.236 estudiantes matriculados en sedes rurales en grados transición a once en el sector oficial, al año 2017 los estudiantes ascendieron a 190.346, lo que significa un aumento de 330,30% en tan solo dos años.
·         Pusimos en marcha el Modelo Integral de Atención en SALUD, para que las personas que viven en el campo y en zonas alejadas tengan los mismos servicios de quienes viven en las ciudades.


el enlace fue publicado en
 https://lasillavacia.com/no-siento-que-duque-pueda-poner-en-peligro-mi-legado-santos-66994 

domingo, febrero 18, 2018

El sueño americano: inalcanzable para algunos estadounidenses


(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Sueño Americano.

Francisco ThoumiEl “sueño americano” implica ascender en una sociedad que considera la pobreza como fruto de la negligencia individual y exige la presencia permanente de una ‘clase inferior’- como decir los actuales “indocumentados”- ¿Cuáles son las causas – y los efectos- de esta visión del mundo?                

Francisco E. Thoumi*

El comienzo

La versión más común de la historia de Estados Unidos explica el éxito de ese país como resultado de una inmigración de europeos que pudieron construir una sociedad liberada de las estructuras sociales atávicas que prevalecían en Europa. En la sociedad europea estratificada y controlada por la religión, las monarquías y las aristocracias que no permitían la movilidad social, mientras que en Norteamérica las oportunidades para los inmigrantes eran enormes.
Allí las sociedades indígenas eran tecnológicamente atrasadas y el territorio era extraordinariamente rico en recursos naturales, lo que permitió que, una vez desplazados o eliminados los indígenas, los colonos pudieran tener acceso a esos recursos. En ese entorno, quienes tuvieran disciplina y trabajaran manualmente con esfuerzo podrían obtener un nivel de ingreso mucho mayor que el que hubieran logrado en Europa.
Esto sin duda era un don de Dios que los hacía sentir bendecidos. La ética protestante confirmaba esos sentimientos, y reforzó el valor de la disciplina, la importancia de la familia, el ahorro y la acumulación de riqueza como demostración de haber sido escogidos por Dios.
Así, esa sociedad que no creía en la igualdad de los seres humanos permitió la introducción de la esclavitud y formas de servidumbre temporal como la servidumbre por contrato como formas de obtener mano de obra barata. La esclavitud se concentró en las regiones agrícolas sureñas con grandes plantaciones, pero también fue aceptada en otras regiones. La cultura validaba diferencias muy grandes en los derechos y libertades de los habitantes.
La ilustración y el desarrollo de la educación provocaron contradicciones profundas entre la realidad vivida y las teorías que se estaban generalizando entre la élite con  acceso a la educación moderna. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que a pesar de que el acta de independencia preveía la igualdad de los hombres, muchos de sus signatarios eran dueños de esclavos.

El sueño americano

Bandera de Estados Unidos.
Bandera de Estados Unidos.  
Foto: Nydia M. Velázquez
Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”
Esta famosa declaración refleja certeramente el ethos o el ‘chip mental’ del estadounidense:
  • Primero, reconoce una igualdad intrínseca entre los humanos en cuanto a su derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero no a las oportunidades que la sociedad debe ofrecerles para alcanzar esas metas. 
  • Segundo, se acepta implícitamente que estas oportunidades están determinadas por la posición social de la familia, la inteligencia, disciplina, esfuerzo y otras destrezas personales. 
  • Tercero, presenta la felicidad como el ideal que debe lograrse en la vida.
La Constitución estadounidense es consistente con esa visión de la vida y del mundo y por eso no garantiza derechos positivos a la educación, alimentación, vivienda, salud, voto, transporte, etc., los cuales quedan al albedrio de cada uno de los 50 Estados.
Grupos importantes de la sociedad consideran que la pobreza es resultado de la negligencia de los pobres y de su deseo de vivir del erario.
La “carta de derechos” (las primeras diez enmiendas a la Constitución) garantiza libertades, a las que llama derechos. Todas estas enmiendas protegen a la ciudadanía de la injerencia del Gobierno Federal en la vida de los ciudadanos y tienen que ver con la libertad de religión y de expresión, el derecho a la privacidad y a tener armas, la protección de la propiedad, los juicios imparciales, etc. La “carta de derechos” establece límites a lo que el Estado puede hacer, pero no lo obliga a satisfacer las necesidades físicas o económicas de la ciudadanía.
El sueño americano es la voluntad de tener éxito en ese entorno. Para muchos inmigrantes blancos que llegaron entre 1880 y 1920 ese sueño era sencillo: lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos, servicios de salud y transporte.
Para muchos afroamericanos el sueño a partir del final de la guerra civil (1861-1865) era no ser segregados y discriminados. El crecimiento del sector industrial facilitó esos sueños proporcionando empleos que permitían que el padre de familia recibiera un salario suficiente para mantener a su esposa e hijos. Además, el desarrollo tecnológico aumentó la productividad y creó la expectativa de que cada generación debería tener un mayor nivel de ingreso y de consumo que la de sus padres.

Consumismo y desigualdad

Inmigrantes a principios del siglo XX.
Inmigrantes a principios del siglo XX. 
Foto: Archives
La generación que padeció la depresión de los años 30 fue muy frugal en su gasto, pero la depresión demostró la necesidad de que el Gobierno Federal creciera y promoviera políticas que mantuvieran el gasto total en la economía.
Las generaciones siguientes han vivido un gran aumento del ingreso, una gran innovación y cambio tecnológico que aumentaron las necesidades de consumo de la gente. Estos factores generaron un imaginario que justifica el consumismo como un deber social cuasi patriótico para mantener el gasto y evitar depresiones económicas y que identifica la felicidad con la capacidad de consumir.
Esto ha hecho que el sueño americano que en principio era tener lo suficiente para vivir tranquilo y seguro, se haya convertido en un sueño de ascender en la escala de una sociedad que valora el ascenso y reconoce que las diferencias en el ingreso y la riqueza son permanentes o se pueden agravar.
De aquí que sueño americano signifique “estar arriba en una sociedad desigual”,  y no “estar satisfecho en una sociedad igualitaria”. Esto explica por qué alguien como Donald Trump es admirado, especialmente por personas blancas con poca educación, para quienes él es un ejemplo que despierta esperanza y que se debe imitar.
Por lo tanto, el sueño americano ha implicado la exclusión de otros. El carácter estadounidense ha sobrevalorado el éxito económico, y ha validado la inferioridad de algunos grupos sociales como:
  • los descendientes de los esclavos
  • los indígenas cuya ciudadanía fue negada hasta junio de 1924
  • los chicanos mestizos y descendientes de españoles que habían habitado los territorios conquistados en la guerra México-Americana (1846-1948)
  • los chinos (amarillos) que fueron traídos a la costa oeste para construir el ferrocarril que unió las dos costas y cuya inmigración fue prohibida posteriormente por el Acta de Exclusión China de 1882.
Además, el núcleo anglosajón asociado con los colonos protestantes discriminó a los blancos judíos y católicos. La gran inmigración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy selectiva y dio prioridad a los blancos europeos considerados étnicamente superiores.
Aunque la legislación de derechos civiles de los años 60 fue un gran empeño por disminuir las desigualdades, los esfuerzos del Gobierno Federal han tenido que enfrentar una realidad: grupos importantes de la sociedad consideran que la pobreza es resultado de la negligencia de los pobres y de su deseo de vivir del erario, y no han permitido que se establezca un sistema de seguridad social que garantice un nivel mínimo de ingreso a cada ciudadano.
De hecho, la sociedad estadounidense siempre ha tenido una clase de habitantes inferiores o ‘de segunda’, que garantice los servicios necesarios para que el resto compita por el sueño americano.
Los esclavos y luego los afroamericanos libres y otras etnias “inferiores” han jugado ese papel. En décadas recientes algunos grupos han sido incorporados a los beneficiarios del sueño americano: una proporción importante de los afroamericanos y de algunos inmigrantes especialmente: asiáticos, latinoamericanos y europeos con vocación empresarial, y/o con altos niveles de educación.
Pero el caldero social estadounidense no ha logrado mezclar a todos sus componentes para producir una crema en la que todos sus componentes se diluyan y a la gente no se la juzgue “por el color de su piel sino por el contenido de su carácter” como soñaba Martin Luther King Jr. Por el contrario, se ha cocinado un sancocho cuyos componentes permanecen separados e identificables.
El mito consumista del sueño americano ha reforzado la necesidad de una clase inferior. Por ejemplo, las grandes expectativas generadas por el aumento en el número y tipos de bienes y servicios “necesarios” ha requerido que para tener una vida “decente” en los hogares de parejas de clase media ambos trabajen y que el trabajo de casa lo haga un miembro de la clase inferior.
La necesidad de tener alimentos vegetales buenos y baratos se satisface con empleados agrícolas de esa misma clase. Lo cierto es que los inmigrantes indocumentados, que en las últimas décadas han proporcionado una parte importante de esos servicios, han jugado un papel de apoyo clave al sueño americano de los demás.

¿Sueño americano para los americanos?

Sin embargo la globalización, la apertura económica y la desindustrialización de algunas regiones han impulsado cambios que han frustrado a grupos importantes que aspiraban o creían haber logrado el sueño americano.
Para estos grupos, principalmente blancos con poca educación, su sueño americano y la expectativa de lograrlo se han evaporado. Esto a su vez ha provocado un temor en muchos otros que se sienten inseguros en sus empleos y temen perder estatus económico. Para todos estos, los inmigrantes son un chivo expiatorio ideal, ampliamente explotado por Trump.
El sueño americano significa “estar arriba en una sociedad desigual” y no “estar satisfecho en una sociedad igualitaria”.
En los últimos años Estados Unidos ha padecido una epidemia de muertes por sobredosis y de adicción a los opiáceos. No es una coincidencia que en los grupos blancos empobrecidos por la desindustrialización la prevalencia de la adicción y las sobredosis sea mucho más alta que en los grupos afroamericanos e hispanos pobres. 
La pérdida de estatus social acompañada por la perdida de ingreso y la incapacidad de recuperarse ha sido devastadora para ellos. Para un blanco con poca educación que haya vivido en un entorno que legitima la segregación étnica y racial es devastador aceptar que su condición es semejante a la de un afroamericano o a la de un hispano.
Infortunadamente, el sistema político no está diseñado para buscar los factores que hacen que la sociedad estadounidense sea vulnerable a los males sociales que padece. Por lo tanto, las políticas simplistas como las guerras contra la pobreza, las drogas, la obesidad y el sobrepeso, no resuelven ni resolverán esos problemas sociales.
* Cofundador de Razón Pública.
en https://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/10771-el-sue%C3%B1o-americano-inalcanzable-para-algunos-estadounidenses.html 

"El país está diseñado para robar": Gilberto Tobón Sanín, Abogado (juli...

#Colombia #PostConflicto inclusión política garantiza que no se repita la violencia



La inclusión política garantiza que no se repita la violencia

Esto fue lo que realmente cambió en la renegociación de los acuerdos de paz con las Farc. 
 
14 de enero 2018 , 08:15 a.m.
El mes pasado, los hombres y mujeres del nuevo partido político de las Farc inscribieron sus nombres como candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que un día íbamos a ver a las Farc cambiando sus fusiles por la oportunidad de participar en política? Si algo marca el fin de la guerra, es eso.
Sin embargo, sigue la controversia. Este es un buen momento para reflexionar sobre la participación en política de las Farc, y también sobre las conversaciones con el No luego del plebiscito, que encontraron su límite en este mismo punto, en la relación entre democracia y paz.
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Sobre la paz y la democracia habría muchas cosas que decir. La enorme dificultad, por ejemplo, de lograr una visión compartida entre los poderes públicos de una paz incluyente, como quedó en evidencia tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional. O el hecho igualmente cierto de que, en democracia, necesariamente habrá diferencias entre esos poderes: las Farc tienen que aceptar que esos son los límites y las reglas de juego.

Demos primero un paso atrás y comencemos por un hecho probado: las estadísticas demuestran que la vieja teoría de la ‘paz democrática’ (las democracias no se van a la guerra con otras democracias) es cierta. Y que lo mismo ocurre en el interior de los países, como debería ser si entendemos la democracia como un sistema de prevención y regulación pacífica de conflictos: cuanto más consolidada esté la democracia, menor será la probabilidad de que ocurra un conflicto armado (y viceversa). 

Las estadísticas también demuestran que la ‘paz democrática’ opera igualmente a la hora de salir de un conflicto armado interno. Mientras más incluyente sea un acuerdo de paz y mientras más participen en el proceso democrático quienes antes estaban en armas, más posibilidades tiene la paz de ser “estable y duradera”. 

Estas son las cifras, según un estudio de Charles Call de 25 conflictos internos que terminaron en los últimos 30 años. De ese universo, los países que adoptaron medidas de inclusión política de los excombatientes (15) lograron que la paz echara raíz, con excepción de dos. Por el contrario, todos los que no las adoptaron (los diez restantes) y optaron por la exclusión cayeron en un nuevo ciclo de violencia. 

Concluye Call: “Medidas de inclusión para los antiguos enemigos son el camino más seguro a la no repetición; medidas de exclusión son el camino a un nuevo conflicto armado”. 

La moraleja es sencilla: la principal garantía de no repetición se llama inclusión política.
Las bases de la controversia
Si eso es así, ¿por qué tanta controversia, cuando aquí ya habíamos aprendido esa lección? Parte de la explicación está en que las Farc dejaron muchas más víctimas, sembraron un resentimiento mucho más hondo y han sido hasta ahora incapaces –con dos o tres excepciones notables, como Bojayá y Cali– de bajar la cabeza y pedirles perdón a sus víctimas y a la sociedad en su conjunto por el enorme daño que causaron. Por el contrario, siguen cometiendo el gravísimo error de dejar sueltas a sus voces más ásperas, dedicadas como están a la burla y la provocación.

Pero esa no es toda la explicación. Es bien sabido que en las democracias con conflictos internos (las que los estudios llaman democracias ‘conflictuadas’), el uso de los términos ‘conflicto’ y ‘paz’, lejos de ser objeto de un consenso, es parte del juego político, por no decir objeto de una evidente instrumentalización. 

Colombia, claramente, no es la excepción, sino más bien el ejemplo más acabado. En contra de toda evidencia, de al menos dos décadas de combates y operaciones militares de gran escala –conducidas todas bajo el derecho de la guerra–, de la pérdida año tras año de la vida de cientos de nuestros soldados y policías, de grandes bombardeos en nuestro propio territorio y, sobre todo, de la victimización masiva de la población, el expresidente Álvaro Uribe y su partido insisten en que en Colombia no ha habido un conflicto armado (“en los escritorios de Bogotá podrán decir lo que quieran, pero nosotros estamos en guerra”, decía un comandante del Ejército que pasó su vida militar en las selvas de La Macarena). 

Y si no se reconoce el problema (el conflicto armado), mucho menos la solución (una negociación de paz que permita que quienes estaban en armas transiten a la política). A menos que se tuerza el significado de ‘paz’ para entender simplemente un sometimiento a la justicia en condiciones favorables, que fue lo que ocurrió con los paramilitares. Eso no lo ha aceptado ninguna guerrilla en ninguna parte: si deja las armas, es para participar en política. Por eso, negar la participación es negar la posibilidad de una negociación.
El plebiscito nos partió en dos
Pasemos a la renegociación después del plebiscito. En La Habana logramos mucho más de lo esperado –renegociamos con las Farc casi todos los puntos que interesaban al No–; sin embargo, los representantes del No rechazaron el nuevo acuerdo. 

En la última reunión nos quedó claro que habían cedido a la tentación de convertir el resultado del plebiscito en capital político –prácticamente todos eran o resultaron ser precandidatos presidenciales– y que no iba a haber consenso. Pero también, que la posición del expresidente Uribe de negar la participación cerraba todas las puertas. 

Preguntémonos primero: ¿qué esperaban los opositores del Acuerdo de un triunfo del No? El punto es que nunca entendieron el plebiscito como un instrumento con un resultado binario, un todo o nada como el ‘brexit’ (“nos salimos o nos quedamos”).
Reconocer el resultado, introducir modificaciones al Acuerdo y mantener el cese del fuego. Las Farc, con gran lucidez, aceptaron.
El expresidente Uribe, por ejemplo, dijo en los meses anteriores a la votación: “Si gana el No, pedimos que no se rompa la mesa, que no se rompa el diálogo, que se reoriente el diálogo”. Tres días después del triunfo del No dijo nuevamente: “Presidente, usted como jefe de Estado acepta introducir modificaciones, las lidera, nos puede escuchar a nosotros, nos dice qué nos puede aceptar y entonces lidera eso”. Y eso fue lo que hizo el presidente Santos. 

Primero, aceptar como corresponde la derrota del Sí la misma noche del plebiscito. Segundo, enviarnos inmediatamente a Humberto de la Calle y a mí a La Habana a convencer a las Farc de que había que hacer tres cosas: reconocer el resultado, introducir modificaciones al Acuerdo y mantener el cese del fuego. Las Farc, con gran lucidez, aceptaron.

Y tercero, iniciar un diálogo con todos los sectores. El hecho es que más de la mitad de los colombianos votó por el No, así la diferencia fuera mínima (el 0,3 por ciento) y la participación, baja (el 18 % del electorado decidió el resultado). El Gobierno tenía la obligación de oír las preocupaciones de los representantes del No y hacer modificaciones al Acuerdo, buscando “el mayor consenso posible”. Esa era la respuesta democrática al resultado del plebiscito.

El Presidente se reunió personalmente con los dos expresidentes promotores del No, con los pastores evangélicos, con la Iglesia, con el exprocurador, con las víctimas, con gobernadores, con alcaldes, con los pueblos étnicos, con el sector privado, con líderes estudiantiles. 

En paralelo, miembros del Gobierno recogimos durante varias semanas las propuestas del No, en un proceso que desembocó en una mesa formal en el Ministerio del Interior. En una semana construimos con los representantes del No una matriz con 60 puntos. 

Las reuniones fueron intensas. Sin negar las diferencias, estuvieron marcadas con sorprendente frecuencia por expresiones del No como “hay coincidencias”, “han sido acogidos los argumentos del No”. Ambos sabíamos que el No debía verse reflejado  en el Acuerdo, pero que, como dijo el mismo expresidente Uribe, "es imposible tener un acuerdo que satisfaga a todo el mundo". 
Lo que cambió en la renegociación
Al regreso a La Habana, todo era tensión. Nadie podía creer que estuviéramos sentados otra vez. Finalmente, después de dos semanas de reunirnos día y noche logramos acuerdos en 58 de los 60 puntos de la matriz (que es pública: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/noviembre/Juzgue-usted-estos-fueron-los-cambios-ajustes-y-precisiones-del-NO-incorporados-en-el-Nuevo-Acuerdo-de-paz.aspx ).  [TAMBIEN AQUI, NOTA DEL BLOGGER: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/los-cambios-en-el-acuerdo-de-paz ] [la versión final del acuerdo se puede descargar aca: https://drive.google.com/open?id=1v9YRUCmhQZaPUYqNYs-B-9NAOsFVENke ] [aportes del Bloguer] 

¿Qué cambió? Unas modificaciones las podemos llamar ‘aclaraciones’. La desconfianza obligaba a reiterar que lo acordado estaba sujeto a la Constitución y a la ley. 

En la Reforma Rural Integral, por ejemplo, acordamos que las fuentes del fondo de tierras “se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes”; que nada de lo acordado en la Reforma Rural Integral “debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”; que los procesos de constitución de las zonas de reserva campesina “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente” y que el avalúo catastral “se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley”.

En materia de participación política se precisó, por ejemplo, que el nuevo partido de las Farc no podrá inscribir candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (lo que estaba implícito en el texto anterior) y que las garantías a la protesta se referían a la protesta pacífica. 

En el punto de drogas, que cuando no sea posible la sustitución “el Gobierno (…) no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos ilícitos”.

Y en el punto de fin del conflicto, que las Farc tenían la obligación de incluir a las milicias en los listados que entregaran al Gobierno para su acreditación. 

Estos cambios respondían a lecturas equivocadas o malintencionadas del Acuerdo, que habían servido de caballitos de batalla durante el plebiscito: que el Gobierno había acordado nuevas formas de expropiación de tierras, que estaba en riesgo la propiedad privada, que se había negociado la aspersión en La Habana, que las milicias habían quedado por fuera, etc. 

Otros cambios, más difíciles, tocaron intereses directos de las Farc. Por ejemplo: se redujo significativamente la suma que recibiría anualmente su partido; se condicionaron los beneficios de la reincorporación al compromiso con el cumplimiento de los acuerdos (todos los miembros de las Farc, incluyendo al secretariado, firmaron individualmente un acta de compromiso de no retomar las armas y cumplir con el Acuerdo, antes de ser acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP); se eliminó su derecho a participar en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y las 31 emisoras que se les habían asignado pasaron a ser 20, ahora bajo el control de la RTVC, que deberá dividir su programación entre organizaciones de víctimas, comunidades y Ecomún (cooperativa de las Farc).

También se fortaleció la participación de las víctimas, priorizándolas en la Reforma Rural, y en las Circunscripciones Transitorias, apoyando sus organizaciones y garantizando su acceso al Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y se hicieron los ajustes necesarios para precisar el enfoque de género en todo el Acuerdo y garantizar la libertad de culto en la implementación.
Siete ‘premios de montaña’
El Gobierno no aceptó por supuesto cualquier modificación que proponía el No. Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana insistió sin sonrojarse en que se eliminara la progresividad: “Estamos en desacuerdo con el principio de progresividad en el impuesto predial”. La progresividad está desde hace 25 años en la ley y es parte de todo concepto moderno del impuesto predial. No íbamos a regresar a los años 70 por vía del acuerdo de paz.

Pero la inmensa mayoría de las preocupaciones del No encontraron una respuesta adecuada en la renegociación, incluyendo la mayoría de los temas más difíciles, que llamamos ‘los premios de montaña’. Son fundamentalmente siete.

Primero, el ingreso del Acuerdo a la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad. Los principales representantes del No dijeron: “En mi caso particular lo que más me preocupaba era su incorporación al bloque”; o “lo que me parece grave del Acuerdo es elevar el acuerdo a rango constitucional”. 

Es cierto que el Acuerdo contenía un procedimiento excesivamente complejo para su incorporación jurídica y que el texto se refería a su ingreso “en sentido estricto” al bloque de constitucionalidad. 

En respuesta acordamos la eliminación de la referencia al bloque. En su lugar serán parámetros de interpretación del Acuerdo “los contenidos (…) que correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) o derechos fundamentales”. Es decir, las obligaciones que ya estaban en la Constitución, con lo que el Acuerdo claramente no se incorporaba a ella. El reciente fallo de la Corte Constitucional nos dio la razón: el Acuerdo “no entra al bloque de constitucionalidad, y en consecuencia no se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano”. 

Segundo, la relación de la JEP con la Rama Judicial. El Acuerdo “ancló” la JEP en la rama en materia de conflictos de competencia, causales para la revisión de sentencias, colaboración con la Fiscalía y revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional. La Corte en su fallo aclaró que las reglas para las tutelas serán las ordinarias establecidas en la Constitución y la ley. Y en cuanto a los terceros civiles, la Corte determinó que su comparecencia ante la JEP en adelante es voluntaria.
se acordó que las Farc debían entregar un inventario de sus bienes y activos, cosa que ya ocurrió
Tercero, la conexidad del delito político con conductas relacionadas con la cadena del narcotráfico. El Acuerdo estableció que se seguirá la jurisprudencia de nuestras cortes; que la Sala de Amnistía determinará la conexidad caso por caso; que de las conductas ilícitas no se puede haber derivado un enriquecimiento personal, y que quienes comparezcan ante la JEP y hayan tenido relación con la cadena del narcotráfico tendrán la obligación de “aportar (…) los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades”. 

Cuarto, los bienes de las Farc. Como es bien sabido, se acordó que las Farc debían entregar un inventario de sus bienes y activos, cosa que ya ocurrió, y que con esos bienes y activos se debe proceder a la reparación material de las víctimas.

Quinto, la sostenibilidad fiscal del Acuerdo. Se amplió el tiempo de implementación de la Reforma Rural Integral de 10 a 15 años. Y ante la insistencia del No de que se garantizara la regla fiscal, acordamos que la implementación se hará “en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas”, lo que evidentemente incluye la regla, como reconocieron en ese momento los representantes del No. “Es un parte de tranquilidad”, dijeron. 

Los dos últimos ‘premios’, sanciones e inhabilidades, eran imposibles de escalar en los términos propuestos por el No, por la sencilla razón de que su marco de referencia ya no era una negociación de paz, sino un sometimiento a la justicia. 

Comencemos por las sanciones. “No vamos a ser la primera guerrilla del planeta que firme un acuerdo de paz para irse a la cárcel”, decían las Farc en La Habana. La verdad es que eso no ha ocurrido en ninguna parte. Ni siquiera los paramilitares, que eran todo menos una fuerza insurgente, lo hicieron. El Gobierno de entonces les puso sobre la mesa la llamada ley de alternatividad penal, que no incluía ninguna privación. Y cuando ya no tenían marcha atrás, el Congreso les cambió las condiciones y les impuso cárcel de hasta ocho años. Ahí no hubo negociación ni acuerdo alguno (los paramilitares nunca firmaron que iban a la cárcel), sino un sometimiento forzado por las circunstancias. 

Sin embargo, el Acuerdo con las Farc logra más en materia de justicia que cualquier otro firmado con una guerrilla. Las Farc aceptan que hay unos delitos tan graves que no son amnistiables, aceptan responder por esos delitos ante un tribunal y aceptan pagar unas sanciones que tendrán la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, y un componente de restricción efectiva de la libertad. 

En la renegociación se precisó el régimen de las sanciones. Los magistrados de la JEP deberán fijar los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales. Y un sistema de verificación en el terreno, que se le encargó a Naciones Unidas, deberá corroborar el cumplimiento del régimen impuesto por el juez.

Del cumplimiento de ese régimen y de la contribución efectiva a los diferentes componentes del sistema en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición depende que el sancionado pueda “mantener cualquier tratamiento especial de justicia”, como dicen el Acuerdo y el acto legislativo. No solo en el caso de las Farc, sino de todos los que acudan a la JEP. 

En su reciente fallo, la Corte reafirmó que “el incumplimiento (…) a cualquiera de las condiciones del mencionado sistema o cualquiera de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial de Paz tendrá como efecto (…) la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso”.
Las inhabilidades. De todos los puntos de la matriz, fue el único que las Farc rechazaron de tajo
Por último, las inhabilidades. De todos los puntos de la matriz, fue el único que las Farc rechazaron de tajo, fundamentalmente por dos razones. 

Primero, de nuevo, ninguna guerrilla entra a una negociación de paz para saltar a un precipicio y desaparecer, sino para transformarse en una fuerza política legal. Así ha ocurrido en todas las negociaciones con una guerrilla, en El Salvador, en Mozambique, en Guatemala, en Timor Oriental, en Nepal y, por supuesto, también en Colombia. 

Recuerdo que en las discusiones le dije al expresidente Uribe: “Muéstrenos, expresidente, un ejemplo de una guerrilla que haya firmado la paz y no haya ido a la política. No lo hay, porque esa es la justificación para dejar las armas y dar el paso a la legalidad”. 

Segundo, la transición ordenada a la paz requiere que los comandantes participen en política. En La Habana nos decían: “¿Cómo quieren que nosotros hagamos una transición a la vida civil si nos dejan por fuera del sistema y descabezan a la organización? ¿Qué va a pensar la guerrillerada si ve que sus líderes desaparecen del escenario?”. 

A esto hay que añadir un problema práctico: nadie sabe en cuánto tiempo la JEP va a dictar sus primeras sentencias. Si hace un trabajo medianamente serio, se tomará varios años. Insistir entonces en que los antiguos comandantes de las Farc primero tienen que recibir y pagar su condena antes de participar en política es lo mismo que decir que no pueden participar (la mayoría de los principales comandantes están por los 60 años), además de condenar el proceso de paz a una interinidad insostenible. Un riesgo enorme: por no ponerle atención a la situación de los mandos en la desmovilización paramilitar terminamos con las ‘bacrim’ (que fueron organizadas por esos mandos).
Hora de romper el círculo vicioso
En todo caso, la participación de quienes estaban en armas necesariamente tendrá que ir de la mano de una respuesta adecuada a las víctimas. 

La Corte aplicó a la participación el mismo régimen de condicionalidades que al tratamiento penal especial, y a la vez abrió el camino para garantizar el equilibrio entre la justicia y la sostenibilidad de la paz: “Se podrán adoptar las medidas que hagan compatible el cumplimiento de tales funciones (reparadoras, restaurativas y retributivas) de las sanciones, en particular de la restricción efectiva de la libertad, con las actividades económicas, sociales y políticas propias del proceso de reincorporación a la vida civil”. Es una solución razonable. 

Además, el proceso no busca simplemente la transición de las Farc de las armas a la política, sino motivar un cambio de costumbres. No ha habido en América Latina una democracia más violenta que la nuestra. 

Recordemos las cifras del Centro de Memoria Histórica: en los últimos 30 años fueron asesinados 175 alcaldes, 543 concejales, 28 diputados y 16 congresistas. Mucha de la responsabilidad de tanta barbarie es sin duda de las Farc, pero de ninguna manera toda. Ahí entran también los paramilitares y sobre todo los políticos que usaron a los unos y a los otros para hacerse con el poder local, como en Sucre y en Caquetá. 

El quiebre histórico que significa el fin del conflicto debe servir para poner en marcha un proceso de reconciliación política que saque la violencia de nuestras costumbres y que promueva el respeto y la tolerancia entre quienes se comprometen a jugar por las reglas del juego democrático. Para eso sirven los procesos de paz, para pasar la página de la violencia y establecer un nuevo consenso.

Comencemos entonces por reconocer que las Farc cumplieron con el desarme y que es el momento de apostarle a la inclusión. 

Los candidatos presidenciales deberían hacer un acuerdo solemne de respetar y proteger el proceso de reincorporación política de las Farc: no puede haber un solo acto de violencia en contra de sus candidatos ni de nadie más que participe en el proceso electoral. 

Pero la inclusión va más allá. El Acuerdo contiene los instrumentos –Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Circunscripciones Transitorias, etc.– para desatar lógicas de integración territorial que llenen de contenido la palabra ‘democracia’ en Magüí, en Nariño; en El Tarra, en Norte de Santander, y en tantas regiones de nuestra geografía que escasamente por televisión participan de la vida nacional.

Eso requiere, por supuesto, inversiones y dedicación. Pero también un acto colectivo de imaginación. 

Mientras nuestra identidad se construya sobre el rechazo del otro y la gasolina de la política sea “el ‘clivage’ (escisión) amigo-enemigo, carente de contenido a largo plazo” –como diagnostica brillantemente en una entrevista reciente Daniel Pécaut–, difícilmente vamos a poder construir una visión compartida que motive la solidaridad y oriente las transformaciones necesarias para la construcción de la paz.

SERGIO JARAMILLO*
Especial para EL TIEMPO 
* Excomisionado de Paz y embajador en Bruselas
en http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-inclusion-politica-de-las-farc-garantiza-que-no-se-repita-la-violencia-en-colombia-170726