sábado, noviembre 29, 2014

Privados+Corrupción

Lunes 17 de Noviembre de 2014 - 02:01 AM
El que esté libre de culpa....
...que tire la primera piedra. Es lo que dice Jesús a quienes acusaban a la mujer adúltera, según nos dice el Evangelio de San Juan.
Este fue el fondo de la reflexión que puso valerosamente sobre el tapete, un distinguido empresario nuestro, en reciente reunión de dirigentes del sector privado, académico y periodístico, seriamente preocupado por lo que hoy se considera por muchos, como la verdadera y más grave epidemia que ha padecido la humanidad a través de todos los siglos: la corrupción.
Aquí y allá. En todas partes. En los apartados municipios y en las capitales. En el tercer mundo y en los países desarrollados. Se escapan muy pocos países de este flagelo, según análisis de organizaciones especializadas.
Y lo que de allí resultó, es que se impone un autoexamen de nuestra posición individual como empresarios y también como gremios, frente al problema. Porque lo que vemos y hacemos es utilizar el dedo acusador, señalando que el fenómeno existe siempre en el sector público o en instituciones donde es más frecuente y necesaria la contratación. Y parecemos olvidar algo tan elemental y lógico como que, para que exista la corrupción se necesitan dos: el que recibe y el que corrompe.
imagen de http://cavernadeltoposauro.blogspot.com/2011/10/gobierno-o-sector-privado.html
Y es allí donde los asistentes al mencionado diálogo queríamos llegar. A proponer valerosamente un autoexamen para, a partir de allí, generar un pacto firmado con el alma para atacar el fenómeno donde nace, que es en quien corrompe y no donde culmina, que es en el funcionario corrompido.
Porque, desde la perspectiva gremial tenemos que reconocer, con dolor y vergüenza, que los pliegos amañados, los presupuestos inflados, las exigencias extrañas con nombre propio, nacen en los escritorios de miembros de nuestras comunidades gremiales o de quienes, debiendo estar en ellas por derecho, no se vinculan a estas para no tener que mirar a la cara a colegas víctimas de sus arreglos.
Y viene entonces la pregunta crucial. ¿Y esto como se combate? ¿Qué debemos hacer para extirpar el cáncer? Pues educando, dicen los académicos, algo en lo que coincidimos todos, pero anotando tambièn, que es preciso hacer algo más. Y hacerlo ya. Porque la enfermedad avanza y está matando esta sociedad nuestra. Y surge entonces como un grito, como un alarido, el angustioso llamado al auto examen y a la imperiosa necesidad de establecer un compromiso con la sociedad y con nosotros mismos.
Por lo pronto, que quede esta reflexión y este llamado: ¿tengo yo derecho a reclamar pureza en la contratación pública, si he participado también en corromperla? ¡Puedo señalar a otro, solamente si estoy libre de culpa!
Fernando Agudelo Velasco
Presidente Ejecutivo
Publicada por: Comité Intergremial

en http://m.latarde.com/opinion/columnistas/142318-el-que-este-libre-de-culpa 

domingo, noviembre 16, 2014

#PostConflicto complejo

 | 2014/11/15 22:00 en http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-segun-harvard/409227-3 

Víctimas, según Harvard

La universidad analiza el desafío de Colombia frente a sus 6 millones de víctimas y lo compara con el de otros países.
 Kathryn Sikkink es una reconocida académica de Harvard experta en justicia transicional. Ella y su equipo fueron los encargados de la investigación.
Un año antes de que comenzara el proceso de paz con las Farc y los titulares de prensa se inundaran con detalles de lo que se discutía en La Habana, Colombia daba un paso no menos importante: reparar a las víctimas. Con la Ley 1448 de 2011, el gobierno le abrió la puerta a la reparación, dejando atrás décadas de olvido.  Desde entonces, la Unidad de Víctimas diseñó un programa que busca cambiarle la cara a quienes han sufrido de primera mano el dolor de la guerra. Un paso histórico, sin duda, pero un desafío gigantesco.

Antes de terminar el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, la unidad decidió medir sus resultados. Luego de un proceso de selección, escogió a la Universidad de Harvard para evaluar las verdaderas posibilidades del Estado colombiano de hacer que la Ley de Víctimas pase del dicho al hecho. El Carr Center for Human Rights del Harvard Kennedy School se encargó de hacer el estudio dividido en tres partes. La primera es un análisis comparativo del proceso de reparación colombiano con el de otros  países. La segunda evalúa la capacidad institucional de la Unidad de Víctimas y la última, quizá más decisiva, aborda los resultados. Es decir, las víctimas que ya han sido reparadas.

SEMANA conoció la primera parte del informe titulado Colombia´s Integral Reparations: Accomplishments and Challenges. Global and Comparative Benchmarking. Harvard hizo una evaluación comparativa del programa de reparación de la Unidad de Víctimas frente a 45 políticas de reparación en 31 países que vivieron procesos de justicia transicional entre 1970 y 2013. Con ayuda de un grupo experto en el tema, escogieron países que vivieron grandes violaciones a los derechos humanos, desarrollaron reparaciones administrativas, es decir, coordinadas por el Estado, formularon la reparación por iniciativa propia y pasaron por un proceso de transición entre autoritarismo y democracia. De esas 45 experiencias quedaron cinco que se ajustaban como referencia al caso colombiano: Guatemala, Indonesia, Perú, Sudáfrica y Marruecos. Al final, por la complejidad y completitud de sus reparaciones, y las pistas que podrían darle a la Ley de Víctimas quedaron los tres primeros.

El balance del informe es muy positivo, pero los retos a largo plazo son inmensos. El primer hallazgo es que el número de víctimas que Colombia pretende reparar es mucho más amplio que cualquier otro programa de reparación en la historia. La violencia ha dejado 6,9 millones de víctimas, equivalentes al 14 por ciento de la población y la cifra va en aumento. Ningún otro programa ha reparado más del 1 por ciento de su población, a excepción de Perú y Marruecos. Por eso no existe una referencia sobre lo que el país pretende hacer. El cálculo del 14 por ciento resultó de una decisión del Estado colombiano al incluir a las víctimas de desplazamiento forzoso, que suman casi 5,4 millones desde 1984. Si estas no se contaran, el tamaño sería de 2 por ciento, que en todo caso sigue siendo el doble de lo que otros países han reparado. 

En términos de escala es un paso histórico. Según el informe, lo único que se le acerca en tamaño es la reparación a los desplazados de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) en Europa. Al comparar los recursos invertidos en cambiarle la cara a un continente devastado, con el esfuerzo de un gobierno por saldar la deuda histórica del conflicto armado, es evidente que si Colombia cumple el propósito de la ley, se convertiría en el espejo mundial de las reparaciones de ahora en adelante. La gran pregunta es de dónde van a salir tantos recursos para reparar tanta gente.

Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Aunque la unidad ha reparado 426.000 víctimas en menos de cuatro años y es una cifra récord comparada a otros países, el 94 por ciento de los 6,9 millones sigue sin ser atendida. El informe reconoce que la unidad no podrá terminar la compensación antes de que se acabe la ley en 2021 y entonces se abre la puerta a dos caminos: extenderla o aumentar la velocidad, algo que implicaría reparar 450.000 víctimas por año, sin contar que la cifra es cada vez más grande.

Sin embargo, más allá del plazo, lo cierto es que saldar la deuda de la guerra no se reduce a la vigencia de una ley. Las heridas del conflicto armado son tan hondas, que trascienden la esfera de lo normativo.
Según el informe, parte del reto está en lograr que el esfuerzo por reparar a las víctimas se convierta en una política de Estado y no dependa de las voluntades de cada gobierno. Puede que Santos haya dado el primer empujón, pero hace falta un pacto social y un compromiso de los próximos mandatos para cumplir la ambiciosa tarea de reparar a tantos colombianos. “Ningún tipo de esfuerzo de la UV será suficiente sin el apoyo financiero y político del gobierno y de la sociedad en su conjunto” dice el documento.  Por eso es necesario integrar la política de reparación a la política macro económica del país y ajustar el presupuesto a la realidad.

Según el informe, el Plan de Atención y Reparación a Víctimas recibió una suma de 2.800 millones de dólares en 2011, cuando el número estimado de víctimas era de 4,5 millones. Hoy las víctimas han aumentado en 50 por ciento y el presupuesto sigue siendo el mismo.

Otro punto importante es que al decidir ponerle pocos límites al tiempo en el que las víctimas pueden registrarse para obtener beneficios se vuelve una reparación sin fin. El gobierno abrió una gran ventana hace dos años y en algún momento tendrá que cerrarla si quiere cumplir. “Como en muchas áreas de derechos humanos, los estados han progresado en el ámbito de los compromisos, pero tienen problemas trasladando esas promesas en resultados” advierte el texto.  A pesar de todo, Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima.



Las lecciones

Un gran aporte del estudio son las pistas que le dejan al país los casos de Guatemala, Perú e Indonesia. Guatemala vivió un intenso conflicto armado entre 1960 y 1996. El fuego cruzado entre el gobierno, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y las autodefensas civiles, dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, más de 1 millón de desplazados y 42.275 víctimas. El gobierno del presidente Alfonso Portillo creó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para ofrecer reparaciones individuales y colectivas bajo el mando de la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR). Hasta hoy 29.000 familias han sido reparadas, pero los problemas de aplicación no tardaron en llegar. El primer error es que “la normativa que regula el programa es de un rango tal que sus acciones son de gobierno y no de Estado.” Con el paso del tiempo, los recursos no son los mismos y el apoyo político tampoco. Como lo dice el informe “El PNR parece más interesado en recoger información que en prestarle atención a la dignidad de las víctimas.” Aunque en Guatemala la comisión de la verdad se organizó después de la guerra y Colombia está reparando sin que el conflicto haya terminado, es importante que el país no repita esos errores.

En el caso de Perú, el que más se parece a Colombia en su compleja manera de abordar la reparación, también hay grandes lecciones. El conflicto allá duró 20 años, dejó 69.280 muertos o desaparecidos y 430.000 desplazados, la mayoría indígenas quechuas. Entre 2001 y 2003, la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) oyó el testimonio de 24.000 víctimas y encontró que Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Estado eran los grandes responsables del baño de sangre. Un año después, se creo la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), para organizar una política de reparación. A finales de 2013, el resultado fue histórico: 1946 comunidades y 37,138 víctimas fueron reparadas. Sin embargo, solo el 6,5 por ciento sintió que el proyecto respondió a sus necesidades. Como en Guatemala, la reparación también ha tenido problemas al ser aplicada, tanto así que hasta el presidente Alejandro Toledo ofreció una disculpa, pues según el informe “el programa no ha seguido una lógica de acción coherente y sus avances se deben a intereses iniciales del gobierno de turno.”

Indonesia es otro ejemplo relevante aunque poco parecido. Su política de reparación se centró enreintegrar a los insurgentes del Movimiento Aceh Libre, que dominaba la región del mismo nombre, al norte del país. Rica en recursos naturales, Aceh fue saqueada bajo la dictadura de Suharto, que duró más de 30 años hasta 1998. La caída del dictador marcó el comienzo de una ruptura entre los habitantes de Aceh y el gobierno. En 2004 la región fue devastada por un tsunami que desplazó a más de 500,000 personas. Varias organizaciones internacionales unieron sus fuerzas para ayudar y el programa de reparación canalizó 1.400 millones de dólares para atender a las víctimas. Al final, el 96 por ciento se sintió satisfecho con el programa, pero los lazos entre las personas de ese territorio y el gobierno siguen siendo muy débiles. De ahí se rescatan dos lecciones: hay que crear un tejido social con todos los sectores del país para que se sientan comprometidos con el trabajo de la Unidad de Víctimas y hay que apuntarle a programas de reparación colectiva y no solo individual, si se tiene en cuenta que cada mes hay entre 100.000 y 150.000 nuevas víctimas en el país.

Para Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas “si por alguna razón Santos no logra la paz, la Ley de Víctimas sería su mayor legado”. Queda claro en esta investigación que Colombia va en la dirección correcta. Tiene un marco legal serio, voluntad política y una institucionalidad para enfrentar el problema. Pero falta la otra mitad: cuantiosos recursos, política de Estado y apropiación de toda la sociedad para abrazar a las víctimas en su nueva vida. Porque mucho más que reconciliarse con una guerrilla minoritaria, es necesario que la reconciliación incluya a todos los colombianos, a las víctimas y a un Estado que por muchos años se olvidó de sus historias.

sábado, noviembre 01, 2014

La eterna historia de la izquierda...democrática...y de la dogmática y mesiánica ...en Colombia ¿sin remedio?

CLARA LÓPEZ OBREGÓN 
Presidenta Polo Democrático Alternativo


El texto de la comunicación dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático es el siguiente:


Nos encontramos reunidos en el Comité Ejecutivo Nacional después de un largo receso dictado por la necesidad de mantener la unidad del Partido ante la agria polémica desatada por las decisiones de la segunda vuelta presidencial y para lo cual los sectores involucrados, de común de acuerdo, aceptamos los buenos oficios del Dr. Carlos Gaviria Díaz, a quién debo reiterar el reconocimiento del Partido, por servir como siempre a la causa de la unidad, que hoy nos permite sentarnos a deliberar como copartidarios, con diferencias, pero en respeto y reconocimiento mutuo. A los demás sectores, no partícipes en la discrepancia, también hago llegar nuestros agradecimientos por su comprensión y sus aportes constructivos en este debate.


Desde un comienzo, planteamos la necesidad de que conjuntamente, todos los sectores, suscribiéramos una declaración reconociendo que teníamos diferencias y comprometiéndonos a discutirlas en un ambiente de deliberación serena, encaminado a reducir distancias y a darle tranquilidad al partido respecto de nuestro compromiso de mantener y fortalecer la unidad. Desafortunadamente, esta propuesta de los compromisarios Jaime Dussán, Tarsicio Mora, Carlos Romero y Julio Cesar Mancera no fue aceptada por nuestra contraparte en las conversaciones mediadas por el Dr. Gaviria, representada por los compañeros Gustavo Triana, Wilson Borja y Lilia Avella. A pesar de haberla convenido en las últimas reuniones sostenidas directamente con Gustavo Triana y el Dr. Carlos Gaviria, no fue posible concretar dicha declaración.


LA POLÉMICA


Debo empezar por señalar que esta polémica viene incubándose en el Polo de tiempo atrás y que solamente ahora hace erupción, agravada por ingredientes subjetivos de nuestra cultura patriarcal que seguimos luchando por superar. Tenemos declaraciones firmadas que encubren debates aplazados  en varios temas, entre los cuales señalaría como prioritarios (i)  la actitud del Polo frente al proceso de Paz, (ii) la política de alianzas y (iii) la forma de hacer oposición en cada coyuntura. A los problemas sustanciales debo adicionar la dificultad que presenta la  cultura dogmática entre nosotros que se traduce en un estilo ofensivo en la discusión interna que hace difícil la deliberación democrática.


PROCESO DE PAZ


Subyacente al calificativo de que el voto por Juan Manuel Santos  que lideramos varios integrantes de este Ejecutivo fue un error histórico,[1] considero que se encuentra la discusión, aplazada tantas veces desde el mes de abril de 2012, sobre cómo debe manifestar el Polo su apoyo al proceso de Paz de La Habana. En esa oportunidad, convinimos un texto de declaración en el que apoyamos todas las iniciativas de paz, pero no marchamos por haber sido invitado el Presidente Santos a participar en la movilización que resultó masiva. Retrospectivamente, pienso que nos equivocamos. Nuestra oposición a Santos primó sobre la necesidad de fortalecer el apoyo al proceso de paz. Claro que ahí también estaba el ingrediente de nuestras divergencias y fracturas con otros sectores de la izquierda que tampoco hemos superado. La realidad es que hoy todavía no tenemos un consenso real sobre cómo participar en la Paz. Ese debate debemos darlo, con respeto por las distintas posiciones, buscando campo común e identificando las divergencias para manejarlas de la mejor manera y en democracia.


LA POLÍTICA DE ALIANZAS


Un segundo tema en que tenemos discrepancias es sobre la manera como debemos cumplir el mandato de nuestro ideario de unidad de “avanzar en el proceso de unidad de las fuerzas de izquierda de nuestro país”. El III Congreso ordenó al Partido conformar una amplia convergencia democrática para afrontar el debate electoral de 2014, tema que sigue vigente para laselecciones del año entrante.


Los compañeros del MOIR interpretaron que la Convergencia Nacional aprobada por el III Congreso se refería a una amplia confluencia de sectores sociales, incluidos los empresarios nacionales, quienes ellos privilegiaban para la fórmula vicepresidencial del Polo Democrático Alternativo. Acepté que hicieran la experiencia de invitar a algunos candidatos para esa posición.  Conociendo de cerca el anticomunismo que se vive en esos sectores, tuve siempre el convencimiento de que la oferta sería agradecida pero rechazada discretamente como efectivamente sucedió. Aurelio Suárez viajó a Cali a convencer a Emilio Sardi, un dirigente empresarial conservador, enemigo del TLC, Vicepresidente de la Empresa Tecnoquímicos, quien después me manifestó que se sentía muy honrado pero que no estaba en condiciones políticas de aceptar. Hoy les pregunto, ¿habríamos logrado los dos millones de votos de la primera vuelta con una fórmula vicepresidencial del empresariado nacional?


Pienso que no. Siempre privilegié y seguiré privilegiando la fórmula de la izquierda. En el proceso hubo varios otros ofrecimientos a distintas personalidades de las que di cuenta a este Ejecutivo, pero ninguna aceptó. Finalmente, después de las elecciones parlamentarias, llegamos a un acuerdo con Aída Avella  que se votó en este Ejecutivo. En conversaciones previas a la sesión en la que se tomó la decisión, los sectores hoy enfrentados convinimos zanjar nuestras diferencias mediante el voto y así se hizo. Con todo, el senador Robledo afirmó que no compartiría tribuna con Aída Avella, lo que sólo corrigió en el último momento, al hacerse presente en el evento de cierre de campaña en Bogotá.


Tenemos dos visiones distintas sobre el tema de las alianzas. Debemos dar el debate y resolverlo democráticamente porque todos los días surgen interrogantes sobre cómo actuar y nos puede estar dejando el tren. Un tema es el del Frente Amplio en materia política que se está conformando. En varias misivas me acusan de participar en él sin permiso del CEN. Efectivamente fui invitada pero no he aceptado participar hasta tanto no tomemos las decisiones colectivas del caso.


Con todo, hemos conversado con casi todos los sectores de la izquierda y también con dirigentes progresistas del Partido Liberal. En las discusiones surge la inquietud de ¿Cómo vamos a afrontar la amenaza de la ultraderecha? Zuluaga  ganó en 622 municipios del país. La pregunta es: ¿Vamos a hacer alianzas para detener el avance de esa  ultraderecha opuesta al proceso de paz que se deberá ejecutar en los territorios? Esa decisión no da espera y participaré en ella defendiendo la más amplia convergencia a partir de la unidad de la izquierda pero yendo más allá de ella, en función de la paz, de la democracia y de la ruta hacia los cambios que hagan que una y otra sean sostenibles.


Ante las maledicencias que no faltan entre nosotros, quiero afirmar que nunca he hecho alianzas con paramilitares o parapolíticos, que nunca las he contemplado ni las contemplaré. Sin falsa modestia, según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de entonces, doctor Mauro Solarte Portilla, el proceso de la parapolítica que condenado ya a 5 docenas de parlamentarios, se debió a la denuncia que instauré y que indicó el camino para acumular en solo proceso todas las investigaciones en curso.[2]

EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN

He afirmado en prácticamente todas las entrevistas, declaraciones y discursos pronunciados después de la primera vuelta presidencial que nuestro partido se mantiene en la oposición. He publicado un libro, La izquierda democrática actúa, donde se recopilan los principales documentos que permiten constatar los planteamientos de los distintos actores y desde luego, los míos.  No tenían que esperar a que mi nombre no apareciera en el gabinete del Presidente Santos para conocer mi actitud, tantas veces reiterada. [3]


El ejercicio de la oposición no es un fin en sí mismo, sino un medio para afianzar la alternativa que enarbola el programa que defendemos, forjar una nueva mayoría y llegar a ser Gobierno. Por ello, la oposición debe responder en cada coyuntura, a las condiciones concretas cambiantes que se presenten. Somos un Partido en oposición y no de oposición permanente. Si algo mostró el debate electoral es que podemos ser Gobierno y debemos prepararnos para ello desde la oposición. Por ello he afirmado en distintos foros y espacios de libre examen que debemos hacer una oposición propositiva e inteligente, con interlocución política abierta, sobre la mesa, con el Gobierno y con los distintos actores de la vida nacional.


OPOSICIÓN PROPOSITIVA


En primer lugar me referiré a por qué abogo por una oposición propositiva haciéndole la pregunta a quienes tomaron ofensa con esta caracterización y la consideraron hasta antiestatutaria, ¿Qué tiene de incompatible el ejercicio de la oposición con la formulación de propuestas? Lo hicimos  Aída y yo con buen resultado en la campaña presidencial, donde quedó claro que somos Alternativa, que tenemos legítima y plausible vocación de llegar a  gobernar.


OPOSICIÓN INTELIGENTE


Más controvertido al interior del Partido resultó el concepto de la oposición inteligente, que lo debe ser siempre pero particularmente ahora que abordamos una coyuntura diferente a la que estábamos acostumbrados cuando orgullosamente repetíamos que éramos el único partido en la oposición. En esta nueva etapa, coexisten dos oposiciones diametralmente opuestas entre sí.


Además de la oposición de izquierda, donde nos ubicamos nosotros, ha surgido y con mucha fuerza electoral, una oposición de derecha que calificaría de extrema y en algunas de sus actuaciones, hasta de no institucional, como lo es proceso de desestabilización que promueven en los cuarteles. Nos corresponde actuar con cuidado porque, como en el resto del continente, avanza una restauración conservadora de la extrema derecha frente a los gobiernos de corte progresista y de izquierda y, paradójicamente aquí también,  pero ante un gobierno de derecha.


Dicha derecha radical asume lo que en mi ponencia ante el Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) denominé la Estrategia del Camaleón,[4] que consiste en adoptar el lenguaje y las formas de resistencia civil de la izquierda y de los sectores sociales, pero no en función liberadora sino de sometimiento y engaño. Ahora resultan los uribistas amigos de la movilización social que persiguieron desde el Gobierno, enemigos de los TLC que negociaron, opositores de la privatización de ISAGEN que entregaron en un primer tramo junto con el 10% de ECOPETROL al sector privado. También manifiestan ser perseguidos por el Gobierno para justificar el asilo político en otros países, no para defender sus vidas como pasó con nosotros, sino para evadir a la justicia. En el nuevo contexto nacional, debemos aprender a diferenciarnos, no solo del Gobierno al que adversamos, sino también de la otra oposición.


Debemos analizar esa afirmación, que elimina todo matiz, según la cual “Santos y Uribe son iguales” o como lo expresara en entrevista con María Isabel Rueda el senador Robledo: “Nuestras distancias con el uribismo son casi iguales a las que tenemos con el santismo. Los consideramos parte de la derecha colombiana.”[5] Desde mi óptica, la frase bien podría invertirse.  Equiparar  la derecha de Santos con la extrema derecha radical, no institucional, de Uribe puede llevar a errores de apreciación con consecuencias negativas en la acción.


Sobre este particular también debemos debatir y deliberar con tranquilidad y sin epítetos injustos. Calificar a quienes no suscriben ese pensamiento de “santistas” o a los que lo defienden de “uribistas” no nos va a permitir el debate de fondo que nos está haciendo falta. Quiero reiterar que respeto las posiciones del senador Robledo y las de los demás miembros de este Ejecutivo. Solo exijo reciprocidad en el respeto para el debate.


OPOSICIÓN CON INTERLOCUCIÓN


Ya  en sesión del miércoles 11 de agosto de 2010, con presencia del Ministro del Interior de entonces, Germán Vargas Lleras, habíamos concretado la necesidad de establecer una interlocución institucional Gobierno-Oposición sobre los denominados “temas de Estado” que incumben no solamente al Gobierno sino a la totalidad del cuerpo político que el Estado encarna y debe comprender en una sociedad pluralista.


También existe una interlocución gremial y de las organizaciones sociales pero ella no se opone a la interlocución política que ponga al servicio de los sectores populares nuestro compromiso y capacidad de acción. Unos organizan nuevos gremios para interlocutar directamente sin el Partido, lo cual no objeto. Yo planteo la necesidad de interlocutar a nombre del Partido, en función de su programa y el apoyo a los sectores que representa políticamente.


EL VOTO POR LA PAZ


Por la polémica que hemos vivido, debo referirme al voto por Juan Manuel Santos que no fue una decisión fácil ni tomada a la ligera. Los compañeros del MOIR me emplazaron para que reuniéramos al Ejecutivo a discutir la postura del Partido en la segunda vuelta, antes que se celebrara  la primera. Yo me resistí porque las decisiones se toman sobre hechos y no con base en suposiciones. Los resultados de las votaciones sorprendieron a más de uno. No solamente se presentó la victoria de la ultraderecha con una ventaja cercana al medio de millón de votos, sino el ascenso de la izquierda que la víspera apenas había superado el umbral obteniendo el 3,7% del total de la votación en las elecciones al Senado. La alianza Polo UP obtuvo  un importante 15,2% de los votos. Nuestra postura en la segunda vuelta resultaba entonces definitoria. Dos millones de votos pesan en la votación o en la abstención


Y votamos por unanimidad una declaración que diáfanamente autorizó el voto por cualquiera de las opciones posibles, sin excluir, incluso,  el voto por Zuluaga.


Con posterioridad, vi a colegas del MOIR en los medios de comunicación señalando que el CEN había dado la posibilidad de votar en consciencia por el voto  en blanco, pero no por Juan Manuel Santos, lo cual no se ajustaba a la verdad de lo aprobado. Las razones de mi voto por la paz interior pero también exterior,  las expuse a profundidad en este Ejecutivo el día 29 de mayo, cuando propuse dejar en libertad para que pudiéramos votar por la paz y las relaciones internacionales de buena vecindad, ambas en peligro por la posición guerrerista del candidato Zuluaga o en blanco como planteaban el MOIR y otros sectores, incluso del Polo Social.


Por mi parte y así  lo manifesté con el mayor respeto ante un encuentro multitudinario de polistas reunido en el salón Rojo del Hotel Tequendama el 8 de junio, “Uno no puede ganar las elecciones con un voto vergonzante. Uno no puede ganar las elecciones siendo remilgoso, porque nuestro voto por la paz es digno y es necesario.”[6] Tan necesario que les pregunto hoy qué habría pasado, si se repite el resultado de la primera vuelta en la segunda y ganan Oscar Iván Zuluaga y su mentor Álvaro Uribe Vélez. Para no usar mis propios pronósticos, suscribo los de Carlos Gaviria en una entrevista con Cecilia Orozco, en la que dio a conocer su voto en la segunda vuelta “por Juan Manuel Santos  con todas las reticencias posibles”:


“Considero peor el triunfo del Centro Democrático –movimiento fuertemente derechista que pretende ocultar su idiosincrasia tras un rótulo ingenuo-, porque promete revivir un periodo aciago en el que se sustituyó el derecho por el capricho o por el interés del gobernante, se trató de terroristas a los opositores o a los simples discrepantes, se irrespetó a los jueces y se atentó contra su independencia de manera rayana en lo delictivo, se sobornó a congresistas para lograr la perpetuación del caudillo en el poder, se destruyó de facto el Estado de derecho y se hizo del Estado social un rey de burlas, todo para mantener, consolidar y profundizar un estatus inicuo que prevalece en el país y que el uribismo considera plausible.” (Carlos Gaviria en entrevista a Cecilia Orozco. El Espectador).[7]


Pero esa cita sería incompleta si no refiero su posición frente a Juan Manuel Santos que también suscribo: “Para muchos puede ser candoroso lo que voy a decirle. Pero creo que Santos, como presidente, no ha llegado ni llegará a esos extremos horrendos que conllevó como subalterno. En un predicamento como éste, me parece irresponsable soslayar los matices. Mi ideología no es la de Santos, pero los obstáculos para su realización o para su simple expresión no son tan vitandos como los que se pueden encontrar en un gobierno de derecha extrema y autoritarismo despótico como fue el de Uribe, y de cuyos resultados se precia Zuluaga.”[8]


EL ESTILO ANTIESTATUTARIO


Para terminar, no quiero soslayar el rechazo de varios dirigentes del Partido al contenido del comercial con que apoyé la campaña de Santos. Seguramente podría haber sido más cuidadoso. Mis detractores vieron en él, la entrega de las banderas del Polo mientras que yo pensé estar dándole vigencia a nuestra concepción de la paz que no se satisface solamente con el silencio de los fusiles sino que se manifiesta en más educación, salud, desarrollo en el campo y calidad de vida. Qué lástima que en vez de haber convertido el comercial en un Florero de Llorente, los agraviados hubiesen utilizado los mecanismos estatutarios de la discusión interna  para expresar sus glosas y buscar corregir la situación. No. La descalificación de la Presidenta fue lo que primó en sus declaraciones públicas, avisos pagos, volantes distribuidos en cantidades que habría agradecido por lo masivas y contundentes, en la campaña de la primera vuelta.


Debo recordar que cuando salíamos a leer el comunicado a la prensa la noche de la decisión del voto en consciencia, el senador Robledo me paró en la escalera y me retó a pelear. Por lo que yo percibo, primero vino la decisión de  pelear y después la justificación de la misma en el comercial que es un asunto que se habría podido tramitar sin traumatismos. Hoy repito lo que le respondí en esa ocasión que muchos aquí presentes me escucharon afirmar: ¿Cuál pelea? Peleará solo porque yo no voy a pelear.[9] Por lo visto tampoco recibió las rosas amarillas que le envié desde el Tequendama en gesto conciliatorio, después de leer su aviso en El Tiempo.


Haber llevado la descalificación a los medios de comunicación ha tenido graves efectos, no el menor de ellos, el que haga carrera en el Polo que un dirigente o una tendencia, o una alianza entre tendencias  pueda, sin fórmula de juicio, sin debido proceso, sin derecho a réplica,  juzgar y condenar a otra dirigente, a otros sectores del partido, porque no comparten la apreciación política en la coyuntura. No. Eso es antidemocrático,  falta a las mínimas garantías de respeto por la diferencia, ¡que la hay! Y niega de facto el derecho a disentir y a la libre expresión de las ideas consagrada, no solo en los estatutos del Polo, sino en la Constitución Política.


¿De dónde acá, la discrepancia se erige en “error histórico”, en “incumplimiento de los estatutos”, en “extralimitación de la directriz del Ejecutivo” que aquí aprobamos todos por unanimidad? Senador Robledo: fue aquí, después de cinco horas de discusión álgida y profunda entre varias posturas, que adoptamos una determinación mediante voto unánime, incluido el suyo, para que después venga a decir que el CEN me hizo un favor, tal niña mimada, de permitirme votar a conciencia como lo manifestó en entrevista al EL TIEMPO.[10] Entienda senador Robledo, que este partido necesita muchos liderazgos, de hombres y también de mujeres. No basta con uno solo, necesitamos cientos, ojalá fueran miles.


EL IV CONGRESO DEL POLO


Las diferencias y discrepancias no son pocas ni superficiales. Debemos debatir con respeto, franqueza y ánimo unitario y constructivo. La citación al IV Congreso no es solamente un mandato legal y estatutario, sino una necesidad para el Partido. El CNE ha fijado el 30 de noviembre para las consultas y decisiones internas de los partidos y movimientos políticos. Me uno a la propuesta de varios en este Ejecutivo de citar a nuestro IV Congreso con la elección de delegados y delegadas el próximo 30 de noviembre.


[1] J.E. Robledo en entrevista con María Isabel Rueda. El Tiempo, Julio 21 de 2014.  Adalberto Ospino (suplente A. López CEN) y otros. Comunicación al CEN. Oct. 10 de 2014.


[2] El Espectador, Sábado, Nov. 25 de 2006. Entrevista al Magistrado Mauro Solarte Portilla,  Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “Las investigaciones contra parlamentarios acusados de paramilitarismo estaban dispersas en distintos despachos y cada uno de los magistrados estaba impulsando la averiguación. Es a partir de la denuncia que formula Clara López cuando se empieza a encontrar el verdadero filón probatorio y donde la Corte detecta un vínculo común en todas esas investigaciones. Eso hizo cambiar el manejo, se unificó todo y ya no hay cada magistrado con cada averiguación, sino que la Sala Penal responde conjuntamente.”


[3] Clara López. La izquierda democrática actúa. Ediciones Aurora. Bogotá. 2014. Reafirmación de decisión del PDA de mantenerse en la oposición en los siguientes pronunciamientos públicos de Clara López Obregón, Presidenta del PDA: 1) Entrevista de Yamid Amat, El Tiempo, 1º de junio 2014. P. 56; 2)  Declaración Clara López: mi voto es por Colombia en Paz, Junio 4 de 2014. p. 28; 3) Discurso en Parque Laureles de Bosa con presencia dirigentes populares sur de Bogotá y Presidente JM Santos, Junio 5 de 2014;  4) Discurso Hotel del Parque con presencia de dirigentes polistas y el Presidente JM Santos. Junio 8 de 2014. P. 105; 5) Discurso Hotel Tequendama ante 1500 dirigentes polistas de Bogotá, Junio 8 de 2014. P. 113; Entrevista de Edulfo Peña, El Tiempo, 14 de junio de 2014. P.76;  6) Declaración de Clara López y Aída Avella. Cumplimos, ganó la paz con el aporte de la izquierda democrática. Junio 15 de 2014.P. 42.


[4] Ver el texto completo en www.polodemocratico.net en la sección “Insumos para el debate”.


[5] Entrevista de Jorge Robledo con María Isabel Rueda. El Tiempo. 21 de julio de 2014.


[6] Intervención CLO libro


[7] Entrevista a Carlos Gaviria de Cecilia Orozco. El Espectador, Junio 8 de 2014.en Clara López. La izquierda democrática actúa. P. 69


[8] Ibid. P. 69.


[9] Acepté la recomendación del Dr. Carlos Gaviria de contestar la entrevista del senador Robledo con María Isabel Rueda, aun cuando me sentí gravemente agraviada como mujer y como dirigente del PDA.


[10] Entrevista de JE Robledo con María Isabel Rueda.



Bogotá, 16 de octubre de 2014.
en http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7550:posicion-de-clara-lopez-obregon-ante-el-comite-ejecutivo-nacional-del-pda-sobre-situacion-interna-del-partido-y-coyuntura-politica-colombiana&catid=46:insumos-para-el-debate&Itemid=240

lunes, octubre 27, 2014

lectura obligatoria en el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra

Rudolf Hommes
 en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guerras-reciclables/14743580?hootPostID=f5e346adbc0e43c1f61cb55bfafad6c0

Rudolf Hommes

Guerras reciclables

La crónica de un Estado débil que delega en criminales una función pública que le corresponde exclusivamente.
Acabo de leer el libro de María Teresa Ronderos sobre la historia del paramilitarismo en Colombia (Guerras recicladas, Aguilar, Bogotá, 2014) que ya ha sido objeto de elogiosas reseñas y cuyo prólogo, escrito por el destacado analista político James A. Robinson, merece mención especial por ser una descarnada y muy crítica descripción de la realidad política colombiana.
Los comentarios que se han hecho sobre el libro se han referido más al pasado, porque María Teresa ha revivido la historia del paramilitarismo en Colombia desde el nacimiento de las autodefensas en Puerto Boyacá, en 1979, hasta la desmovilización parcial que se llevó a cabo en el gobierno de Álvaro Uribe. La mayor importancia del libro, sin embargo, es que advierte que lo que sucedió puede estar a punto de volver a ocurrir. Y dice por qué.
La mayoría de los hechos fueron conocidos por la opinión pública oportunamente, pero la obra va uniendo estos acontecimientos con un hilo conductor que hace casi imposible cerrar el libro y establece claramente cuál fue la secuencia histórica del desarrollo de ese infortunado fenómeno, que fue posible por las condiciones especiales de modelo de Estado y régimen político vigentes, y que fue degenerando a medida que adquiría poder.
Inicialmente fue una reacción más o menos autónoma y espontánea de propietarios acosados por la guerrilla en el Magdalena Medio (aunque con el aval y apoyo de los militares) que se convirtió en una organización nacional financiada por el narcotráfico, asistida por miembros de alto nivel de la Fuerza Pública y apoyada por políticos regionales y nacionales y empresarios. Es la crónica de un Estado débil que delega en criminales una función pública que le corresponde exclusivamente.
El libro claramente afirma que los paramilitares “ocuparon el campo libre que les dejaba un Estado frágil, cuyas instituciones no funcionaban ni para proteger a la gente, ni para resolverles sus problemas. Políticos locales, cuyo poder dependía del clientelismo y la corrupción, fueron fácilmente comprables o eliminables si no les colaboraban; oficiales de la Fuerza Pública, apegados a la ideología de la Guerra Fría (...), también eran vulnerables a la corrupción, y los políticos nacionales, apoyados en estos dos para gobernar, tenían una capacidad limitada para establecer un Estado legítimo (…) y una voluntad mucho menor para defender lo público”. “Esa lógica de –los votos primero– de la política nuestra (…), como algo independiente de los objetivos del Estado y sin importar si los contradicen, ha caracterizado la política colombiana”.
Por eso están en el Congreso familiares de los que purgan penas por ‘parapolítica’. Se trata de una historia espeluznante que contiene una advertencia: el modelo de Estado que ha prevalecido tradicionalmente en Colombia, la manera de hacer política y la doctrina y estrategia militar han permanecido inalterados. Estamos condenados a revivir esta experiencia. De hecho, ya lo estamos haciendo en los mismos territorios donde ahora operan bandas criminales. Son “guerras reciclables”.
Ojalá lean este libro el Ministro de Defensa y los altos mandos y sea lectura obligatoria en el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Quizás se pregunten los oficiales, a medida que leen la historia del desarrollo del paramilitarismo, cómo fue posible que el gobierno colombiano y los militares pudieron cometer este error, y cuestionen si tiene alguna lógica haber dejado el nudo de Paramillo y la costa de Urabá bajo el control de Carlos Castaño y el ‘Alemán’; o por qué no han percibido al narcotráfico y al paramilitarismo como una amenaza a la seguridad nacional.
Rudolf Hommes