viernes, abril 17, 2015
martes, abril 14, 2015
#Colombia #PreDesmovilizaciónFARC #PrePostAcuerdo #PrePostConflicto #Colombia2015
el vacío de poder y la falta de autoridad son las condiciones perfectas para que se instalen la ilegalidad y la violencia
En 2013, cuando estallaron violentos enfrenta-mientos por el paro agrario en Bogotá, Gloria Barreto se interpuso entre los manifestantes y la Policía. Su actitud ciudadana, pacífica, digna y respetuosa debería servir de ejemplo. Foto: Milton Díaz - El tiempo
NACIÓN | 2015/03/14 22:00
¿Dónde está la autoridad en Colombia?
Crisis en la Justicia, pasajeros que se toman aviones, linchamientos en las calles, irrespeto a la autoridad y otros actos son síntomas de un Estado cada vez más débil.
Estatuas de sal. En eso pareciera que se están convirtiendo los instrumentos contemplados en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la autoridad en Colombia. Porque hay normas en el papel, gobernantes con poder, funcionarios con decretos, policías con bolillo y jueces con atribuciones, pero en la vida cotidiana poco se sienten y la autoridad parece adormecida.
Ya no se trata de la célebre frase que tuvo origen en tiempos coloniales según la cual “la ley se obedece pero no se cumple”. El fenómeno es más grave y profundo, y mucho más tangible. A finales de la semana pasada un grupo de taxistas bloquearon la autopista Norte en Bogotá, sin que nadie pudiera hacer nada. Pasajeros desesperados por los incumplimientos o los retrasos se han tomado varios aviones sin que nadie reaccionara, en lo que en otro país sería considerado un delito grave debido a las estrictas regulaciones aeronáuticas. En un día cualquiera se puede ver en televisión un alto funcionario o un ‘hijo de papi’ –o un delincuente– que se considera por encima de la ley, o un linchamiento en el sur de Bogotá o en el mercado de Bazurto en Cartagena, o una joven de clase alta que insulta a un policía, o miles de personas que se cuelan a diario en TransMilenio, o peligrosos delincuentes que no pasan más de 24 horas en la cárcel. Estos hechos ocurren todos los días, y no pasa nada.
No son casos aislados. Según el Estudio Mundial de Valores, que se realiza en 100 países, el 70 por ciento de los colombianos no confía en los funcionarios públicos y un 80 por ciento cree que debería existir un mayor respeto por la autoridad. Y cuando no hay confianza ni credibilidad en las normas, no se acatan ni se obedecen. La Justicia tiene uno de los problemas más graves. El más reciente sondeo de Gallup reveló que 75 por ciento de los encuestados tienen una mala imagen de esta institución que, en cualquier país desarrollado, es la columna vertebral de la convivencia pacífica y el símbolo de un Estado de derecho que funciona.
Más allá del ‘Preteltgate’ y de los anteriores episodios de carruseles de pensiones o puertas giratorias, el tema más grave está en la justicia de a pie. Que la gente siente que no llega ni le resuelve sus problemas. O que se indigna al ver como el año pasado los jueces se fueron a paro tres meses y luego se tomaron un mes de vacaciones. El colapso fue tal que había que esposar a los detenidos en los parques, en las barras de los columpios y los rodaderos de los niños.
En la lentitud de la justicia juega un papel importante su precaria capacidad de acción. Hace unos días la Fiscalía reveló que la congestión del sistema judicial tenía represados más de 10.000 procesos pendientes de audiencia. Tan grave es la situación que, como explica el ministro de Justicia, Yesid Reyes, 42.000 personas están presas sin condena.
Pueden ser inocentes, y están a la espera de que simplemente estudien su caso y precisen su situación. Pero nadie define. La gravedad de la situación tiene casos emblemáticos de los que sí deberían estar tras las rejas: en Bogotá un hombre fue capturado 44 veces por robar y aun así no ha ido a la cárcel. La Policía calcula que en la capital el 70 por ciento de los capturados terminan en libertad por distintas razones.
Justicia por cuenta propia
En una situación así, no es raro que haya inocentes detenidos y culpables en libertad. Esta semana los noticieros de televisión revelaron un riguroso seguimiento que hizo la Policía durante más de tres meses a una banda que azotó el centro de Bogotá. Uno de los ladrones no duró ni 24 horas tras las rejas, el jefe de la pandilla tenía casa por cárcel y varios de sus cómplices ya tenían anotaciones por robo y tráfico de drogas. En la última encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, los ciudadanos creen que difícilmente pueden ser sancionados si van contra la ley.
Por ejemplo, en la misma encuesta, el 75 por ciento de los bogotanos cree que no será castigado si invade el espacio público, arroja basura, o daña un bien de la ciudad. Hace poco el diario El Tiempo alertaba de la invasión de cientos de miles de llantas en el espacio público de la capital, y recogía en el informe ‘Bogotá, la ciudad del ‘no se puede”, un sinnúmero de ilegalidades cotidianas como la invasión del espacio público, la contaminación visual, el robo de las tapas de alcantarillas y de celulares que ni las autoridades ni los capitalinos logran resolver.
Las burlas a la ley y a las normas, sin castigo ni repercusiones, tienen múltiples formas. Se estima que todos los días en TransMilenio se cuelan entre 24 y 70.000 personas, lo que representa 41.000 millones de pesos en pérdidas anuales sin que la Policía pueda hacer nada. En octubre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que en bancos extranjeros los colombianos le esconderían a la Dian unos 50.000 millones de dólares. También circula un video donde un agente de Policía le dice a un ciudadano que le reclama ayuda “¿qué quiere que haga?”. Y hace poco la Policía tuvo que anular 28.000 pruebas de ascensos de patrulleros, pues existían fuertes indicios de fraude.
La falta de una Justicia que actúe se traduce en una costumbre tan peligrosa como frecuente: la gente aplica venganza por cuenta propia. Hace apenas una semana, en el sur de Bogotá, una turba enardecida asesinó a golpes a Kevin Ospina, de apenas 16 años, acusado de robo. En las redes sociales pululan los videos de golpizas a supuestos ladrones de celulares, de palizas contra violadores, de gentíos atacando a piedra y palo casas de presuntos delincuentes.
El propio Antanas Mockus intervino hace unos días para proteger a un supuesto ladrón de celulares que la gente estaba a punto de linchar. El exalcalde le contó a SEMANA que “se oyeron gritos y vi que estaban golpeando a un joven. Una persona en particular le pegaba, decía que le habían matado a la hija en un atraco. Mi escolta rodeó al ladrón y se tiró al suelo para protegerlo. La Constitución prohíbe la justicia por mano propia. Hay que evitar aplaudir eso, tolerarlo, la actitud debe ser de rechazo total. La golpiza es un desahogo, pero va contra la Constitución, una sociedad democrática tiene que confiar en los jueces”.
En una sociedad organizada se necesita autoridad. Es decir, instituciones con capacidad efectiva para hacer cumplir las leyes y para castigar a quienes las violan. En una democracia con altos niveles de legitimidad –de confianza y acatamiento– los ciudadanos obedecen por tres razones: por convicción, por respeto o por miedo. Ninguna de las tres es fuerte en Colombia, y por eso la autoridad poco se ejerce y la credibilidad en las instituciones es frágil.
Mockus cree que “los ciudadanos no deberían obedecer la ley solo por el temor”, sino también porque simpatizan con ella. Sostiene que hay que lograr que la ley le hable al ciudadano desde adentro: “Un Estado de derecho viviendo en cada quién”. Pero quizá más grave que la relación del ciudadano con el Estado es la falta de confianza de los colombianos entre sí, un aspecto en el que Colombia tiene una de las cifras más bajas del planeta. Según la Encuesta Mundial de Valores solo un 4 por ciento de los colombianos piensan que se puede confiar en los demás, lo cual refleja una profunda crisis de capital social que sin lugar a duda afecta los índices de desarrollo.
La lentitud de la Justicia y el vacío de poder no son las únicas causas de la parálisis institucional que vive el país en varios campos. También hay ejemplos en los que el exceso de normas, requisitos o recursos se convierte en obstáculo para que los procesos avancen y la cultura santanderista no ayuda pues a los problemas no se les encuentran solución sino salidas jurídicas. A esto se le suma el mal uso de los mecanismos de participación de la Carta de 1991, como la tutela, las acciones populares, los cabildos abiertos, las consultas previas, que a pesar de su espíritu democrático, muchas veces se utilizan con otros fines y en ese camino el interés particular termina por subyugar al interés general.
La débil legitimidad de las instituciones políticas ha creado un desorden y las funciones de cada una de ellas han sido poco a poco usurpadas por otras. La Corte Constitucional legisla. Los jueces eligen. Los medios juzgan. La Justicia se politiza y la política se judicializa. Y quizá la consecuencia más preocupante es que la política ha perdido capacidad para tomar las decisiones que le son propias, y estas han sido asumidas por la Justicia, con los tiempos de los jueces.
Para saber quién es el alcalde de Bogotá ya no solo hay que preguntar el resultado de las elecciones sino cuál es la decisión de un juez o de un tribunal. A la candidata conservadora a la Presidencia, Marta Lucía Ramírez, la terminó validando el Consejo Electoral y no la convención de su partido. Y se ha vuelto costumbre que la oposición esgrima más demandas penales y disciplinarias que debates con argumentos. El debate público parece sentirse más cómodo en los tribunales que en el Congreso, con lo cual la política ha perdido margen de maniobra y los gobernantes han perdido poder.
Un retrato triste
La falta de autoridad no se soluciona con un llamado al autoritarismo, ni a la arbitrariedad, sino todo lo contrario, con una presencia más activa del Estado. Lo que falta no es represión sino una vigencia plena del Estado de derecho. Que las instituciones funcionen. Que un policía pueda capturar a un delincuente. Que un juez lo pueda mandar a la cárcel. Que la cárcel lo pueda recibir. Que un invasor pueda ser desalojado. Que una protesta no cierre el paso en una vía, rural o urbana, ni paralice la prestación de servicios esenciales como ha ocurrido en los últimos años. Y que una carretera se pueda construir sin interminables demoras causadas por una mala interpretación de las consultas previas o las licencias ambientales.
Es tal la confusión, que muchas veces el interés de una persona, o de un grupo termina por bloquear la vigencia plena de los derechos colectivos. Además del histórico retraso en infraestructura, quizá el caso más palpable de este limbo ha sido el del turismo, donde prácticamente todos los grandes proyectos turísticos y ecoturísticos de los últimos 20 años se han paralizado. Unos con razón y otros porque es tal la cantidad de intereses, mafias o artilugios que terminan ahuyentando a los inversionistas.
Es utópico pretender que el Estado colombiano haga presencia en cada centímetro de su territorio, sobre todo en las regiones más apartadas. Pero sí preocupa que en las principales ciudades del país como Medellín y Cali, donde hay pie de fuerza y presupuesto, existan barrios donde las pandillas y los actores armados trazan fronteras invisibles y donde cruzarlas se paga con la muerte. Un retrato triste donde muchos niños y jóvenes son asesinados, o no pueden ir a estudiar por miedo, y que solo refleja una falta de autoridad del Estado.
Uno de los episodios que más han conmovido al país en los últimos años fue el asesinato a sangre fría de los cuatros niños en el Caquetá. Una tragedia que se habría evitado si las autoridades hubieran actuado ante las insistentes denuncias de la humilde familia que golpeó varias puertas y puso la denuncia ante la Fiscalía. Pero no pasó nada. No hay que ver este atroz capítulo de la Colombia rural como un episodio aislado sino como la punta del iceberg de lo que serán los complejos desafíos del posconflicto, sobre todo en las tensiones violentas que se están generando en torno a la tierra. Y ahí es fundamental que el Estado actúe y ayude a resolver estas tensiones pues de otra manera lo harán los violentos o los ilegales. No es fortuito que desde 2008 han sido asesinados 64 reclamantes de tierras, según la Fundación Forjando Futuros, y en algunos predios, ni la sentencia de un juez ha servido para que los despojadores abandonen las tierras.
En momentos en que Colombia quiere pasar la página de su conflicto armado, cuando es esencial construir confianza para lograr la reconciliación, quizá el ingrediente más importante es el de fortalecer las instituciones y la legitimidad y eficacia del Estado. Porque las experiencias de posconflicto en Centroamérica han demostrado que el vacío de poder y la falta de autoridad son las condiciones perfectas para que se instalen la ilegalidad y la violencia. El excomandante del FMLN y reconocido analista Joaquín Villalobos en un reciente documento, y la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas muestran que en esos espacios que el Estado es incapaz de controlar se instala el germen que perpetúa la violencia. Así lo ha vivido Colombia en los últimos años, al pasar de la desmovilización del paramilitarismo al surgimiento de poderosas bandas criminales como los Urabeños.
Paradójicamente, Colombia puede mostrar al mundo una institucionalidad democrática que ha sobrevivido a las más duras crisis y que, en el fondo, es una de las más estables de América Latina. Esa capacidad de resiliencia ofrece la esperanza de que en esta coyuntura histórica, los colombianos logren consolidar de nuevo su deteriorado tejido social, de cara a los grandes desafíos que les esperan
Ya no se trata de la célebre frase que tuvo origen en tiempos coloniales según la cual “la ley se obedece pero no se cumple”. El fenómeno es más grave y profundo, y mucho más tangible. A finales de la semana pasada un grupo de taxistas bloquearon la autopista Norte en Bogotá, sin que nadie pudiera hacer nada. Pasajeros desesperados por los incumplimientos o los retrasos se han tomado varios aviones sin que nadie reaccionara, en lo que en otro país sería considerado un delito grave debido a las estrictas regulaciones aeronáuticas. En un día cualquiera se puede ver en televisión un alto funcionario o un ‘hijo de papi’ –o un delincuente– que se considera por encima de la ley, o un linchamiento en el sur de Bogotá o en el mercado de Bazurto en Cartagena, o una joven de clase alta que insulta a un policía, o miles de personas que se cuelan a diario en TransMilenio, o peligrosos delincuentes que no pasan más de 24 horas en la cárcel. Estos hechos ocurren todos los días, y no pasa nada.
No son casos aislados. Según el Estudio Mundial de Valores, que se realiza en 100 países, el 70 por ciento de los colombianos no confía en los funcionarios públicos y un 80 por ciento cree que debería existir un mayor respeto por la autoridad. Y cuando no hay confianza ni credibilidad en las normas, no se acatan ni se obedecen. La Justicia tiene uno de los problemas más graves. El más reciente sondeo de Gallup reveló que 75 por ciento de los encuestados tienen una mala imagen de esta institución que, en cualquier país desarrollado, es la columna vertebral de la convivencia pacífica y el símbolo de un Estado de derecho que funciona.
Más allá del ‘Preteltgate’ y de los anteriores episodios de carruseles de pensiones o puertas giratorias, el tema más grave está en la justicia de a pie. Que la gente siente que no llega ni le resuelve sus problemas. O que se indigna al ver como el año pasado los jueces se fueron a paro tres meses y luego se tomaron un mes de vacaciones. El colapso fue tal que había que esposar a los detenidos en los parques, en las barras de los columpios y los rodaderos de los niños.
En la lentitud de la justicia juega un papel importante su precaria capacidad de acción. Hace unos días la Fiscalía reveló que la congestión del sistema judicial tenía represados más de 10.000 procesos pendientes de audiencia. Tan grave es la situación que, como explica el ministro de Justicia, Yesid Reyes, 42.000 personas están presas sin condena.
Pueden ser inocentes, y están a la espera de que simplemente estudien su caso y precisen su situación. Pero nadie define. La gravedad de la situación tiene casos emblemáticos de los que sí deberían estar tras las rejas: en Bogotá un hombre fue capturado 44 veces por robar y aun así no ha ido a la cárcel. La Policía calcula que en la capital el 70 por ciento de los capturados terminan en libertad por distintas razones.
Justicia por cuenta propia
En una situación así, no es raro que haya inocentes detenidos y culpables en libertad. Esta semana los noticieros de televisión revelaron un riguroso seguimiento que hizo la Policía durante más de tres meses a una banda que azotó el centro de Bogotá. Uno de los ladrones no duró ni 24 horas tras las rejas, el jefe de la pandilla tenía casa por cárcel y varios de sus cómplices ya tenían anotaciones por robo y tráfico de drogas. En la última encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, los ciudadanos creen que difícilmente pueden ser sancionados si van contra la ley.
Por ejemplo, en la misma encuesta, el 75 por ciento de los bogotanos cree que no será castigado si invade el espacio público, arroja basura, o daña un bien de la ciudad. Hace poco el diario El Tiempo alertaba de la invasión de cientos de miles de llantas en el espacio público de la capital, y recogía en el informe ‘Bogotá, la ciudad del ‘no se puede”, un sinnúmero de ilegalidades cotidianas como la invasión del espacio público, la contaminación visual, el robo de las tapas de alcantarillas y de celulares que ni las autoridades ni los capitalinos logran resolver.
Las burlas a la ley y a las normas, sin castigo ni repercusiones, tienen múltiples formas. Se estima que todos los días en TransMilenio se cuelan entre 24 y 70.000 personas, lo que representa 41.000 millones de pesos en pérdidas anuales sin que la Policía pueda hacer nada. En octubre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que en bancos extranjeros los colombianos le esconderían a la Dian unos 50.000 millones de dólares. También circula un video donde un agente de Policía le dice a un ciudadano que le reclama ayuda “¿qué quiere que haga?”. Y hace poco la Policía tuvo que anular 28.000 pruebas de ascensos de patrulleros, pues existían fuertes indicios de fraude.
La falta de una Justicia que actúe se traduce en una costumbre tan peligrosa como frecuente: la gente aplica venganza por cuenta propia. Hace apenas una semana, en el sur de Bogotá, una turba enardecida asesinó a golpes a Kevin Ospina, de apenas 16 años, acusado de robo. En las redes sociales pululan los videos de golpizas a supuestos ladrones de celulares, de palizas contra violadores, de gentíos atacando a piedra y palo casas de presuntos delincuentes.
El propio Antanas Mockus intervino hace unos días para proteger a un supuesto ladrón de celulares que la gente estaba a punto de linchar. El exalcalde le contó a SEMANA que “se oyeron gritos y vi que estaban golpeando a un joven. Una persona en particular le pegaba, decía que le habían matado a la hija en un atraco. Mi escolta rodeó al ladrón y se tiró al suelo para protegerlo. La Constitución prohíbe la justicia por mano propia. Hay que evitar aplaudir eso, tolerarlo, la actitud debe ser de rechazo total. La golpiza es un desahogo, pero va contra la Constitución, una sociedad democrática tiene que confiar en los jueces”.
En una sociedad organizada se necesita autoridad. Es decir, instituciones con capacidad efectiva para hacer cumplir las leyes y para castigar a quienes las violan. En una democracia con altos niveles de legitimidad –de confianza y acatamiento– los ciudadanos obedecen por tres razones: por convicción, por respeto o por miedo. Ninguna de las tres es fuerte en Colombia, y por eso la autoridad poco se ejerce y la credibilidad en las instituciones es frágil.
Mockus cree que “los ciudadanos no deberían obedecer la ley solo por el temor”, sino también porque simpatizan con ella. Sostiene que hay que lograr que la ley le hable al ciudadano desde adentro: “Un Estado de derecho viviendo en cada quién”. Pero quizá más grave que la relación del ciudadano con el Estado es la falta de confianza de los colombianos entre sí, un aspecto en el que Colombia tiene una de las cifras más bajas del planeta. Según la Encuesta Mundial de Valores solo un 4 por ciento de los colombianos piensan que se puede confiar en los demás, lo cual refleja una profunda crisis de capital social que sin lugar a duda afecta los índices de desarrollo.
La lentitud de la Justicia y el vacío de poder no son las únicas causas de la parálisis institucional que vive el país en varios campos. También hay ejemplos en los que el exceso de normas, requisitos o recursos se convierte en obstáculo para que los procesos avancen y la cultura santanderista no ayuda pues a los problemas no se les encuentran solución sino salidas jurídicas. A esto se le suma el mal uso de los mecanismos de participación de la Carta de 1991, como la tutela, las acciones populares, los cabildos abiertos, las consultas previas, que a pesar de su espíritu democrático, muchas veces se utilizan con otros fines y en ese camino el interés particular termina por subyugar al interés general.
La débil legitimidad de las instituciones políticas ha creado un desorden y las funciones de cada una de ellas han sido poco a poco usurpadas por otras. La Corte Constitucional legisla. Los jueces eligen. Los medios juzgan. La Justicia se politiza y la política se judicializa. Y quizá la consecuencia más preocupante es que la política ha perdido capacidad para tomar las decisiones que le son propias, y estas han sido asumidas por la Justicia, con los tiempos de los jueces.
Para saber quién es el alcalde de Bogotá ya no solo hay que preguntar el resultado de las elecciones sino cuál es la decisión de un juez o de un tribunal. A la candidata conservadora a la Presidencia, Marta Lucía Ramírez, la terminó validando el Consejo Electoral y no la convención de su partido. Y se ha vuelto costumbre que la oposición esgrima más demandas penales y disciplinarias que debates con argumentos. El debate público parece sentirse más cómodo en los tribunales que en el Congreso, con lo cual la política ha perdido margen de maniobra y los gobernantes han perdido poder.
Un retrato triste
La falta de autoridad no se soluciona con un llamado al autoritarismo, ni a la arbitrariedad, sino todo lo contrario, con una presencia más activa del Estado. Lo que falta no es represión sino una vigencia plena del Estado de derecho. Que las instituciones funcionen. Que un policía pueda capturar a un delincuente. Que un juez lo pueda mandar a la cárcel. Que la cárcel lo pueda recibir. Que un invasor pueda ser desalojado. Que una protesta no cierre el paso en una vía, rural o urbana, ni paralice la prestación de servicios esenciales como ha ocurrido en los últimos años. Y que una carretera se pueda construir sin interminables demoras causadas por una mala interpretación de las consultas previas o las licencias ambientales.
Es tal la confusión, que muchas veces el interés de una persona, o de un grupo termina por bloquear la vigencia plena de los derechos colectivos. Además del histórico retraso en infraestructura, quizá el caso más palpable de este limbo ha sido el del turismo, donde prácticamente todos los grandes proyectos turísticos y ecoturísticos de los últimos 20 años se han paralizado. Unos con razón y otros porque es tal la cantidad de intereses, mafias o artilugios que terminan ahuyentando a los inversionistas.
Es utópico pretender que el Estado colombiano haga presencia en cada centímetro de su territorio, sobre todo en las regiones más apartadas. Pero sí preocupa que en las principales ciudades del país como Medellín y Cali, donde hay pie de fuerza y presupuesto, existan barrios donde las pandillas y los actores armados trazan fronteras invisibles y donde cruzarlas se paga con la muerte. Un retrato triste donde muchos niños y jóvenes son asesinados, o no pueden ir a estudiar por miedo, y que solo refleja una falta de autoridad del Estado.
Uno de los episodios que más han conmovido al país en los últimos años fue el asesinato a sangre fría de los cuatros niños en el Caquetá. Una tragedia que se habría evitado si las autoridades hubieran actuado ante las insistentes denuncias de la humilde familia que golpeó varias puertas y puso la denuncia ante la Fiscalía. Pero no pasó nada. No hay que ver este atroz capítulo de la Colombia rural como un episodio aislado sino como la punta del iceberg de lo que serán los complejos desafíos del posconflicto, sobre todo en las tensiones violentas que se están generando en torno a la tierra. Y ahí es fundamental que el Estado actúe y ayude a resolver estas tensiones pues de otra manera lo harán los violentos o los ilegales. No es fortuito que desde 2008 han sido asesinados 64 reclamantes de tierras, según la Fundación Forjando Futuros, y en algunos predios, ni la sentencia de un juez ha servido para que los despojadores abandonen las tierras.
En momentos en que Colombia quiere pasar la página de su conflicto armado, cuando es esencial construir confianza para lograr la reconciliación, quizá el ingrediente más importante es el de fortalecer las instituciones y la legitimidad y eficacia del Estado. Porque las experiencias de posconflicto en Centroamérica han demostrado que el vacío de poder y la falta de autoridad son las condiciones perfectas para que se instalen la ilegalidad y la violencia. El excomandante del FMLN y reconocido analista Joaquín Villalobos en un reciente documento, y la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas muestran que en esos espacios que el Estado es incapaz de controlar se instala el germen que perpetúa la violencia. Así lo ha vivido Colombia en los últimos años, al pasar de la desmovilización del paramilitarismo al surgimiento de poderosas bandas criminales como los Urabeños.
Paradójicamente, Colombia puede mostrar al mundo una institucionalidad democrática que ha sobrevivido a las más duras crisis y que, en el fondo, es una de las más estables de América Latina. Esa capacidad de resiliencia ofrece la esperanza de que en esta coyuntura histórica, los colombianos logren consolidar de nuevo su deteriorado tejido social, de cara a los grandes desafíos que les esperan
Nota del blogero: .(qué habrá sucedido en el 2025...veremos)
sábado, abril 04, 2015
miércoles, abril 01, 2015
#Futboll #Balonpie
Y cuenta Eduardo Galeano, escritor:
"En el fútbol, como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos. Hace cinco mil años, los malabaristas chinos bailaban la pelota con los pies. La valla estaba al centro y los jugadores evitaban, sin usar las manos, que la pelota tocara el suelo. De dinastía en dinastía continuó la costumbre, como se ve en algunos relieves de monumentos anteriores a Cristo y también en algunos grabados posteriores, que muestran a los chinos de la dinastía Ming jugando con una pelota que parece de Adidas.
Se sabe que en tiempos antiguos los egipcios y los japoneses se divertían pateando la pelota. En el mármol de una tumba griega de cinco siglos antes de Cristo, aparece un hombre peloteando con la rodilla. Dicen que el emperador Julio Cesar era bastante bueno con las dos piernas, y que Nerón no embocaba una: en todo caso, no hay duda de que los romanos jugaban algo bastante parecido al fútbol mientras Jesús y sus apóstoles morían crucificados.
En los pies de los legionarios romanos, llegó la novedad a las islas británicas. Siglos después, en 1314, el rey Eduardo II estampó su sello en una cédula que condenaba este juego plebeyo y alborotador, "estas escaramuzas alrededor de pelotas de gran tamaño, de las que resultan muchos males que Dios no permita".
El fútbol, que ya se llamaba así, dejaba un tendal de víctimas. Se disputaba en montoneras, y no había límite de jugadores, ni de tiempo, ni de nada. Un pueblo entero pateaba la pelota contra otro pueblo, empujándola a patadas y a puñetazos hacia la meta, que por entonces era una lejana rueda de molino. Los partidos se extendían a lo largo de varias leguas durante varios días, a costa de varías vidas. Los reyes prohibían estos lances sangrientos: en 1.349, Eduardo III incluyó al fútbol entre los juegos "estúpidos y de ninguna utilidad», y hay edictos contra el fútbol firmados por Enrique IV en 1410 y Enrique VI en 1547. Cuanto más lo prohibían, más se jugaba.
En Florencia, el fútbol se llamaba calcio, como se llama todavía en toda Italia. Leonardo da Vinci era hincha fervoroso y Maquiavelo jugador practicante. Participaban equipos de 27 hombres, distribuidos en tres líneas, que podían usar manos y pies para golpear la pelota y para despanzurrar adversarios. Una multitud acudía a los partidos que se celebraban en las plazas más amplias y sobre las aguas congeladas del Arno. Lejos de Florencia, en los jardines del Vaticano, los papas Clemente VII, León IX y Urbano VIII solían arremangarse las vestiduras para jugar al calcio.
En México y América Central, la pelota de caucho era el sol de una ceremonia sagrada desde unos mil quinientos años antes de Cristo; pero no se sabe desde cuándo se juega el fútbol en muchos lugares de América. Según los indios de la selva amazónica de Bolivia, tiene orígenes remotos la tradición que los lleva a correr tras una bola de goma maciza, para meterla entre dos palos sin hacer uso de las manos. En el siglo XVIII, un sacerdote español describió así, desde las misiones jesuitas del Alto Paraná, una antigua costumbre de los guaraníes: «No lanzan la pelota con la mano, como nosotros, sino con la parte superior del pie descalzo». Entre los indios de México y América Central la pelota se golpeaba generalmente con la cadera o con el antebrazo, aunque las pinturas de Teotihuacán y de Chichén-Itzá revelan que en ciertos juegos se pateaba la pelota con el pie y con la rodilla. Un mural de hace más de mil años muestra a un abuelo de Hugo Sánchez jugando de zurda en Tepantitla.
Cuando el juego concluía, la pelota culminaba su viaje: el sol llegaba al amanecer después de atravesar la región de la muerte. Entonces, para que el sol saliera, corría la sangre. Según algunos entendidos, los aztecas tenían la costumbre de sacrificar a los vencedores.
Antes de cortarles la cabeza, les pintaban el cuerpo en franjas rojas. Los elegidos de los dioses daban su sangre en ofrenda, para que la tierra fuera fértil y generoso el cielo."
texto de
Una Antropóloga En la Lunalunes, marzo 23, 2015
#empresariado #antioquia #elites
EMPRESARIADO ANTIOQUEÑO Y SOCIEDAD 1940-2004
TRANSFORMACION E INFLUENCIA DE LAS ELITES PATRONALES DE ANTIOQUIA SOBRE
LAS POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES COLOMBIANAS A PARTIR DE 1940
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
TESIS DE DOCTORADO
SOCIOLOGIA POLITICA
Sustentada públicamente el 2 de junio de 2009
por
Nicanor RESTREPO
sábado, marzo 21, 2015
Diez lecciones para el posconflicto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Reconciliación Colombia recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país.
Por María Mercedes Abad Olaya
Especial para Reconciliación Colombia
17 de marzo de 2015
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, constituida así en 1997 tras el recrudecimiento del conflicto armado que vivía el país, llegó a contar con 1.300 integrantes, de once veredas en dos departamentos.
Después de una serie de desplazamientos forzados en la zona, un grupo de familias organizadas, del corregimiento de San José de Apartadó entre el Urabá antioqueño y el Urabá cordobés, se declararon en neutralidad con un mensaje claro frente al uso de las armas por parte de los grupos armados, fueran estos legales o ilegales: “somos población civil, no participamos de la guerra, pedimos respeto por nuestra vida”.
En medio de la confrontación armada, los señalamientos y los asesinatos de cerca de 300 de sus pobladores durante 18 años la Comunidad de San José de Apartadó se ha mantenido organizada alrededor de principios y estrategias de resistencia que les permitieron conservar sus tierras, mantener la unidad y la organización comunitaria, con lo que deja importantes lecciones para el país ahora que se ensaya en el llamado posconflicto.
El pasado 13 de marzo, Jesús Emilio Tuberquía, representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, visitó la Universidad de Los Andes y conversó con los estudiantes y el público sobre la experiencia de esta comunidad, y sus prácticas políticas, sociales y económicas, invitado por estudiantes que lideran el grupo de Rodeemos el Diálogo y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de Los Andes.
Reconciliación Colombia estuvo allí y recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país, en la que incluso participaron oficiales de altísimo perfil, como el condenado Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. Aquí diez de estos aspectos que el país puede entrar a revisar ahora que está hablando de tiempos del posconflicto:
En su origen, el 23 de marzo de 1997, la comunidad emitió una Declaración en la que se declaró “Comunidad de Paz” en neutralidad frente a todos los grupos armados, incluyendo la Fuerza Pública, pidiéndoles no entrar en su territorio. Todo miembro de la comunidad se compromete a no portar armas y a no participar ni colaborar de ninguna forma con los grupos armados, incluyendo no convivir con ellos, no darles información ni suministrarles alimentos.
La comunidad cuenta con un Consejo Interno, y coordinadores de cada una de las 11 veredas que hacen parte de la Comunidad de Paz. Todos los miembros se reúnen en Asamblea y allí toman las decisiones importantes para su comunidad. Además, tienen grupos de trabajo y comités de salud, educación y otros temas.
La comunidad diseñó de manera participativa un Reglamento conocido por todos. Este Reglamento está basado en principios como la solidaridad, el respeto a la vida, la opción por la legalidad, y el valor de lo comunitario sobre lo individual. Nadie puede portar armas, consumir alcohol dentro de la comunidad, ni sembrar o consumir cultivos ilícitos. Todos tienen, por reglamento, que participar en trabajo comunitario un día por semana.
Quién no cumple el reglamento de la Comunidad asume las consecuencias que son definidas por el Consejo Interno o por la Asamblea. Según sea el caso, las sanciones van desde un día de trabajo gratuito en el campo o pintar la escuela hasta la expulsión de la Comunidad.
La comunidad había definido previamente qué personas estaban dispuestas a quedarse y qué personas se desplazaban, en caso de una confrontación armada, para no dejar las tierras abandonadas. Además, Gestión ante la institucionalidad pública para garantizar la propiedad de las tierras, y adquisición de tierras sin dueño para consolidar el territorio y evitar la entrada de empresas de minería o monocultivos, y proteger el medio ambiente.
Se construyó de manera participativa un proyecto de vida comunitario al que todos los integrantes de la comunidad la apuestan y que incluye: alternativas productivas autosostenibles, proyecto educativo ajustado a la comunidad, sistema de salud a partir de saberes y costumbres, entre otros.
Desde antes de la llegada de grupos armados, los campesinos de San José de Apartadó vivían de cultivar cacao. Cuando se constituyen como Comunidad de Paz, deciden diseñar estrategias que les permitan garantizar alimentación para todos, respetando el medio ambiente. Todas sus prácticas agrícolas están documentadas.
Eligen continuar sembrando cacao orgánico, sin químicos no aditivos y además siembran banano, fríjol y frutales. Exploraron los mercados internacionales y actualmente exportan el cacao a Alemania e Inglaterra. Sus productos se venden en 800 tiendas, ubicadas en 50 países. Además, tienen un Fondo Comunitario para comercializar en Colombia y regular los precios; este fondo se gasta en necesidades de toda la Comunidad, y su uso es decidido por prioridades de toda la asamblea.
La comunidad se dio a la tarea de diseñar su propio proyecto educativo para enseñarles a sus niños, los valores que rigen sus prácticas: el valor de lo colectivo sobre lo individual, el respeto por el medio ambiente, la solución pacífica de los conflictos y, sobre todo, el valor de trabajar la tierra y el orgullo de ser campesinos. Esto incluye prácticas de reconstrucción de la memoria colectiva.
Además, cuentan con sus propios medios de comunicación, a través de los cuáles difunden su historia y vivencias y hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas.
Los primeros años, el Consejo Interno fue el encargado de mantener la interlocución con la institucionalidad pública local, regional y nacional. Después de la masacre de 7 miembros por parte de los paramilitares en el 2005 en conjunto con la Brigada 17, la comunidad decidió romper sus relaciones con el Estado. Cinco militares han sido condenados por su participación en esta masacre.
También han contado con el apoyo de muchas organizaciones de sociedad civil, centros de pensamiento, y universidades en Colombia. Para ellos, ha sido muy importante participar de redes sociales y mantener comunicación con otras iniciativas de paz del país. Por eso hacen parte de la Red de Comunidades por la Paz desde la Base, y la Universidad Campesina, a través de las cuales se relacionan con cerca de 40 experiencias regionales de paz del país.
Esto les ha permitido visibilizar su apuesta colectiva e impulsar su proyecto integral comunitario. Además, han sido asesorados para llevar su caso a las Cortes internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han emitido resoluciones ordenando al Estado Colombiano tomar medidas para asegurar la protección adecuada de esta comunidad, medidas que fueron ratificadas por la Corte Constitucional colombiana.
Por María Mercedes Abad Olaya
Especial para Reconciliación Colombia
17 de marzo de 2015
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, constituida así en 1997 tras el recrudecimiento del conflicto armado que vivía el país, llegó a contar con 1.300 integrantes, de once veredas en dos departamentos.
Después de una serie de desplazamientos forzados en la zona, un grupo de familias organizadas, del corregimiento de San José de Apartadó entre el Urabá antioqueño y el Urabá cordobés, se declararon en neutralidad con un mensaje claro frente al uso de las armas por parte de los grupos armados, fueran estos legales o ilegales: “somos población civil, no participamos de la guerra, pedimos respeto por nuestra vida”.
En medio de la confrontación armada, los señalamientos y los asesinatos de cerca de 300 de sus pobladores durante 18 años la Comunidad de San José de Apartadó se ha mantenido organizada alrededor de principios y estrategias de resistencia que les permitieron conservar sus tierras, mantener la unidad y la organización comunitaria, con lo que deja importantes lecciones para el país ahora que se ensaya en el llamado posconflicto.
El pasado 13 de marzo, Jesús Emilio Tuberquía, representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, visitó la Universidad de Los Andes y conversó con los estudiantes y el público sobre la experiencia de esta comunidad, y sus prácticas políticas, sociales y económicas, invitado por estudiantes que lideran el grupo de Rodeemos el Diálogo y el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de Los Andes.
Reconciliación Colombia estuvo allí y recogió algunos elementos que le permitieron a esta comunidad sobrevivir ante la embestida violenta que armados protagonizaron en esta parte del país, en la que incluso participaron oficiales de altísimo perfil, como el condenado Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército. Aquí diez de estos aspectos que el país puede entrar a revisar ahora que está hablando de tiempos del posconflicto:
- Defensa de la vida y no participación en la confrontación armada:
En su origen, el 23 de marzo de 1997, la comunidad emitió una Declaración en la que se declaró “Comunidad de Paz” en neutralidad frente a todos los grupos armados, incluyendo la Fuerza Pública, pidiéndoles no entrar en su territorio. Todo miembro de la comunidad se compromete a no portar armas y a no participar ni colaborar de ninguna forma con los grupos armados, incluyendo no convivir con ellos, no darles información ni suministrarles alimentos.
- Sistema organizativo basado en la participación y la representación:
La comunidad cuenta con un Consejo Interno, y coordinadores de cada una de las 11 veredas que hacen parte de la Comunidad de Paz. Todos los miembros se reúnen en Asamblea y allí toman las decisiones importantes para su comunidad. Además, tienen grupos de trabajo y comités de salud, educación y otros temas.
- Regulación de la vida comunitaria en medio de la guerra:
La comunidad diseñó de manera participativa un Reglamento conocido por todos. Este Reglamento está basado en principios como la solidaridad, el respeto a la vida, la opción por la legalidad, y el valor de lo comunitario sobre lo individual. Nadie puede portar armas, consumir alcohol dentro de la comunidad, ni sembrar o consumir cultivos ilícitos. Todos tienen, por reglamento, que participar en trabajo comunitario un día por semana.
- Un concepto propio de justicia:
Quién no cumple el reglamento de la Comunidad asume las consecuencias que son definidas por el Consejo Interno o por la Asamblea. Según sea el caso, las sanciones van desde un día de trabajo gratuito en el campo o pintar la escuela hasta la expulsión de la Comunidad.
- Estrategia para conservar las tierras en medio del conflicto:
La comunidad había definido previamente qué personas estaban dispuestas a quedarse y qué personas se desplazaban, en caso de una confrontación armada, para no dejar las tierras abandonadas. Además, Gestión ante la institucionalidad pública para garantizar la propiedad de las tierras, y adquisición de tierras sin dueño para consolidar el territorio y evitar la entrada de empresas de minería o monocultivos, y proteger el medio ambiente.
- Construcción colectiva de un Proyecto de Vida Integral acorde con las necesidades y realidades de la comunidad:
Se construyó de manera participativa un proyecto de vida comunitario al que todos los integrantes de la comunidad la apuestan y que incluye: alternativas productivas autosostenibles, proyecto educativo ajustado a la comunidad, sistema de salud a partir de saberes y costumbres, entre otros.
- Fortalecimiento económico para la soberanía alimentaria:
Desde antes de la llegada de grupos armados, los campesinos de San José de Apartadó vivían de cultivar cacao. Cuando se constituyen como Comunidad de Paz, deciden diseñar estrategias que les permitan garantizar alimentación para todos, respetando el medio ambiente. Todas sus prácticas agrícolas están documentadas.
Eligen continuar sembrando cacao orgánico, sin químicos no aditivos y además siembran banano, fríjol y frutales. Exploraron los mercados internacionales y actualmente exportan el cacao a Alemania e Inglaterra. Sus productos se venden en 800 tiendas, ubicadas en 50 países. Además, tienen un Fondo Comunitario para comercializar en Colombia y regular los precios; este fondo se gasta en necesidades de toda la Comunidad, y su uso es decidido por prioridades de toda la asamblea.
- Educación para la Convivencia Pacífica:
La comunidad se dio a la tarea de diseñar su propio proyecto educativo para enseñarles a sus niños, los valores que rigen sus prácticas: el valor de lo colectivo sobre lo individual, el respeto por el medio ambiente, la solución pacífica de los conflictos y, sobre todo, el valor de trabajar la tierra y el orgullo de ser campesinos. Esto incluye prácticas de reconstrucción de la memoria colectiva.
Además, cuentan con sus propios medios de comunicación, a través de los cuáles difunden su historia y vivencias y hacen un recuento de las violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas.
- Relacionamiento con institucionalidad pública y sociedad civil:
Los primeros años, el Consejo Interno fue el encargado de mantener la interlocución con la institucionalidad pública local, regional y nacional. Después de la masacre de 7 miembros por parte de los paramilitares en el 2005 en conjunto con la Brigada 17, la comunidad decidió romper sus relaciones con el Estado. Cinco militares han sido condenados por su participación en esta masacre.
También han contado con el apoyo de muchas organizaciones de sociedad civil, centros de pensamiento, y universidades en Colombia. Para ellos, ha sido muy importante participar de redes sociales y mantener comunicación con otras iniciativas de paz del país. Por eso hacen parte de la Red de Comunidades por la Paz desde la Base, y la Universidad Campesina, a través de las cuales se relacionan con cerca de 40 experiencias regionales de paz del país.
- Apoyo de la Comunidad Internacional y visibilidad de la situación de derechos humanos:
Esto les ha permitido visibilizar su apuesta colectiva e impulsar su proyecto integral comunitario. Además, han sido asesorados para llevar su caso a las Cortes internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han emitido resoluciones ordenando al Estado Colombiano tomar medidas para asegurar la protección adecuada de esta comunidad, medidas que fueron ratificadas por la Corte Constitucional colombiana.
acuerdos y desacuerdos de las visiones históricas del CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Reconciliación Colombia recoge las coincidencias y las grandes diferencias de las visiones expuestas por siete de los 12 comisionados encargados de contarle al país qué fue lo que nos pasó y por qué la violencia nos desbordó.
18 de marzo de 2015
Foto: Foros Semana.
Siete de los 12 comisionados encargados de estudiar los orígenes, desarrollo y consecuencias del conflicto colombiano tuvieron cinco minutos para exponerle al público del auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana la tesis construida con ocasión a la delegación que la Mesa de La Habana les hizo.
Era, literalmente, una puesta en escena, donde los reflectores seguían los gestos, las expresiones corporales y los pasos del expositor que, tímidamente, se acercaba al centro del escenario cuando la conductora del foro ‘Conflicto colombiano: ¿cómo empezó todo?’ le cedía el uso de la palabra con el ademán de que le iba a contabilizar el tiempo.
Y tal cual como actores teatrales (más una actriz), los comisionados hicieron uso de la palabra eficiente e intencionalmente siguiendo su propio libreto para convencer al público de que su tesis tenía acervo histórico. Alguno de ellos (Renán Vega Cantor), comentó que lo suyo no era ni un acto de memoria, ni una versión, sino un aparte de la historia colombiana constatable en documentos públicos y privados que abarcan incluso archivos de la agencia estadounidense CÍA.
La iniciativa Reconciliación Colombia asistió a esta exposición magistral con el interés de hallar los puntos de encuentro y de desencuentro de estas visiones presentadas al país el 10 de febrero pasado cada uno por separado y recogidas en dos ponencias distintas, que tampoco lograron unidad de los comisionados frente a estos dos documentos finales.
Aceptaron la invitación de Foros Semana los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas Jairo Estrada, Jorge Giraldo, Sergio de Zubiría, Gustavo Duncan, Francisco Gutiérrez, Renán Vega Cantor y María Emma Wills.
Así que aquí nos arriesgamos a escribir lo que apreciamos de los cinco minutos concedidos a cada expositor para un total de 35 minutos:
Los cinco puntos de acuerdo
1. La multicausalidad del conflicto, con un trasfondo agrario en un país que nunca se ha comprometido con una reforma agraria real y seria, lo que también ha derivado en un profundo desprecio cultural al campo y al campesino. La tesis expuesta por Sergio de Zubiría, profesor del departamento de filosofía de la Universidad de los Andes, señala, además, que ese esquema de la propiedad sobre la tierra limitó el proceso de modernización colombiano a tal punto que asfixió cualquier intento de reformas mediante una reacción violenta incluso, y, por qué no, principalmente, del Estado.
2. La guerra en Colombia es un problema de la democracia, bien sea por déficit o por superávit, pues frente a esta última afirmación Francisco Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras, comenta que ese pincelazo (¿o brochazo?) de profunda democracia con la que se han revestido a las instituciones nacionales y locales ha impedido enfrentar el problema de fondo, como sí podría hacerse cuando hay una abierta dictadura. Frente al déficit, María Emma Wills, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica, comenta que hay una incapacidad “de la sociedad” de aceptar la incertidumbre política de que el otro puede ganar el franca lid; de que el otro puede tener razón; de que puede haber una voz distinta a la de mi sector.
3. El ataque a las fuerzas alternativas existentes por vías legales (usando a la Fuerza Pública para defender intereses privados, incluido el statu quo) y por las vías ilegales (consolidando alianzas perversas de élites locales con extensión a las élites nacionales) y en las que se activan estructuras ilegales mafiosas o no. Esto se junta, o se explica, por el miedo al pueblo o “el miedo a la plebe y a sus manifestaciones”, dijo De Zuburía.
4. Los orígenes del conflicto armado pueden remontarse lejanamente incluso a los años de 1920 cuando se dieron los primeros intentos de reformas sociales que fueron violentamente reprimidos. En esto coincidieron varios de los expositores. Por ejemplo, Renán Vega Cantor, historiador y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, menciona aquí la explotación bananera, cuyos reclamos de los trabajadores terminaron en la matanza recreada por Gabriel García Márquez. Y Jairo Estrada, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, menciona que las élites consideraron subversión armada los reclamos sociales que se dieron entre los años 20 y 50 del siglo XX; luego los que se dieron entre los años 60 y 80 del mismo siglo; y, por último, ahí sí subversión, la que se conoce de los 90 hacia acá.
5. En esta guerra hemos perdido todos, por no decir fracasado todos: la clase dominante, la clase dirigente (que no son lo mismo), el Estado nación; el Estado central; el Estado local; los partidos políticos (con gran ausencia de representatividad de los intereses populares); la Fuerza Pública (que aunque es Estado, es necesario separarla para hacer énfasis en esta). Ha perdido también la sociedad porque la violencia ha permeado la vida cotidiana, se expresa en racismo (como la propuesta de dividir al Cauca en dos); en clasismo (como darles becas a los pilos para despreciarlos en las aulas de clase); en empobrecimiento del espíritu (como considerar que una cosa es la ética y otra el derecho).
Los cinco puntos de desacuerdo
1. La tesis de que el sistema capitalista colombiano intrínsecamente es violento y esa razón es la que desató y mantiene el conflicto armado hasta nuestros días. Solo el profesor Jairo Estrada defiende abiertamente esta tesis. Explica que esta ‘vocación’ socioeconómica necesita recurrir a la violencia para perpetuarse y para repeler el reformismo que planteen los excluidos y marginados, los que son una gran masa, pues el capitalismo, por naturaleza, concentra el poder económico y político.
2. La tesis de que hay terrorismo de Estado. María Emma Wills considera que esta expresión no puede considerarse porque excluye los esfuerzos estatales por diseñar políticas democráticas y reformistas y porque rotula en un ciento por ciento a todos los funcionarios, de todos los niveles y órdenes, de todas las ramas, en todos los tiempos, y los mete en la bolsa de quienes recurren a prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Vega Cantor es de la tesis de que lo que se busca en señalar tendencias por lo que acoge completamente esta tesis, y Francisco Gutiérrez, afirma que se quiere resaltar características que explican el conflicto, sin desconocer que el Estado ha adelantado el diseño de políticas referidas por Willis.
¿Por qué en Colombia la conflictividad social sí pasó a mayores (violencia)? El profesor Francisco Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras, sostiene que la expresión armada tomó forma en Colombia porque el Estado en Colombia ha apelado a la respuesta homicida contrainsurgente de forma recurrente. Varios expositores comentaron lo que le podría dar una explicación a esta situación, guardadas las proporciones, y es que el poder político y económico se hizo (¿se tomó?) al Estado y los portavoces de aquellos son quienes lo representan, principal e históricamente.
3. El conflicto actual está ligado principalmente al desarrollo del narcotráfico del país y data de la década de los 80, es decir 35 años atrás, cuando los carteles de la droga pusieron en ‘jaque’ la institucionalidad de dos formas: enfrentamiento violento al Estado por parte del cartel de Medellín y cooptación del Estado, hasta infiltrar las finanzas de la figura presidencial, por parte del cartel de Cali. Es la tesis de Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, quien explica que esta encrucijada institucional, que la debilitó fuertemente, fue bien aprovechada por las Farc para potencializarse como actor político a través de un ejército con prácticas criminales.
4. La exclusión no es causa de violencia, sostiene Gustavo Duncan, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Por tanto, las Farc no son producto necesariamente de esta. De hecho, la gran masa de hombres de las Farc no son tanto comunistas, como cocaleros. Están ahí, engrosando la tropa subversiva, porque la guerrilla regula las actividades donde ellos viven y donde el Estado ha cedido o delegado su papel.
5. Injerencia directa y definitiva de Estados Unidos en Colombia. Para el profesor Renán Vega Cantor, historiador y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, el DAS, por ejemplo, es fruto director de esta política estadounidense de etiquetar al contrario como enemigo interno y usar las estructuras del Estado para perseguirlo y eliminarlo, lo que, a su juicio, se mantiene desde “el robo de Panamá en 1903”, pasando por la explotación violenta del banano y del petróleo, hasta hoy.
18 de marzo de 2015
Foto: Foros Semana.
Siete de los 12 comisionados encargados de estudiar los orígenes, desarrollo y consecuencias del conflicto colombiano tuvieron cinco minutos para exponerle al público del auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana la tesis construida con ocasión a la delegación que la Mesa de La Habana les hizo.
Era, literalmente, una puesta en escena, donde los reflectores seguían los gestos, las expresiones corporales y los pasos del expositor que, tímidamente, se acercaba al centro del escenario cuando la conductora del foro ‘Conflicto colombiano: ¿cómo empezó todo?’ le cedía el uso de la palabra con el ademán de que le iba a contabilizar el tiempo.
Y tal cual como actores teatrales (más una actriz), los comisionados hicieron uso de la palabra eficiente e intencionalmente siguiendo su propio libreto para convencer al público de que su tesis tenía acervo histórico. Alguno de ellos (Renán Vega Cantor), comentó que lo suyo no era ni un acto de memoria, ni una versión, sino un aparte de la historia colombiana constatable en documentos públicos y privados que abarcan incluso archivos de la agencia estadounidense CÍA.
La iniciativa Reconciliación Colombia asistió a esta exposición magistral con el interés de hallar los puntos de encuentro y de desencuentro de estas visiones presentadas al país el 10 de febrero pasado cada uno por separado y recogidas en dos ponencias distintas, que tampoco lograron unidad de los comisionados frente a estos dos documentos finales.
Aceptaron la invitación de Foros Semana los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas Jairo Estrada, Jorge Giraldo, Sergio de Zubiría, Gustavo Duncan, Francisco Gutiérrez, Renán Vega Cantor y María Emma Wills.
Así que aquí nos arriesgamos a escribir lo que apreciamos de los cinco minutos concedidos a cada expositor para un total de 35 minutos:
Los cinco puntos de acuerdo
1. La multicausalidad del conflicto, con un trasfondo agrario en un país que nunca se ha comprometido con una reforma agraria real y seria, lo que también ha derivado en un profundo desprecio cultural al campo y al campesino. La tesis expuesta por Sergio de Zubiría, profesor del departamento de filosofía de la Universidad de los Andes, señala, además, que ese esquema de la propiedad sobre la tierra limitó el proceso de modernización colombiano a tal punto que asfixió cualquier intento de reformas mediante una reacción violenta incluso, y, por qué no, principalmente, del Estado.
2. La guerra en Colombia es un problema de la democracia, bien sea por déficit o por superávit, pues frente a esta última afirmación Francisco Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras, comenta que ese pincelazo (¿o brochazo?) de profunda democracia con la que se han revestido a las instituciones nacionales y locales ha impedido enfrentar el problema de fondo, como sí podría hacerse cuando hay una abierta dictadura. Frente al déficit, María Emma Wills, asesora de la dirección del Centro de Memoria Histórica, comenta que hay una incapacidad “de la sociedad” de aceptar la incertidumbre política de que el otro puede ganar el franca lid; de que el otro puede tener razón; de que puede haber una voz distinta a la de mi sector.
3. El ataque a las fuerzas alternativas existentes por vías legales (usando a la Fuerza Pública para defender intereses privados, incluido el statu quo) y por las vías ilegales (consolidando alianzas perversas de élites locales con extensión a las élites nacionales) y en las que se activan estructuras ilegales mafiosas o no. Esto se junta, o se explica, por el miedo al pueblo o “el miedo a la plebe y a sus manifestaciones”, dijo De Zuburía.
4. Los orígenes del conflicto armado pueden remontarse lejanamente incluso a los años de 1920 cuando se dieron los primeros intentos de reformas sociales que fueron violentamente reprimidos. En esto coincidieron varios de los expositores. Por ejemplo, Renán Vega Cantor, historiador y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, menciona aquí la explotación bananera, cuyos reclamos de los trabajadores terminaron en la matanza recreada por Gabriel García Márquez. Y Jairo Estrada, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, menciona que las élites consideraron subversión armada los reclamos sociales que se dieron entre los años 20 y 50 del siglo XX; luego los que se dieron entre los años 60 y 80 del mismo siglo; y, por último, ahí sí subversión, la que se conoce de los 90 hacia acá.
5. En esta guerra hemos perdido todos, por no decir fracasado todos: la clase dominante, la clase dirigente (que no son lo mismo), el Estado nación; el Estado central; el Estado local; los partidos políticos (con gran ausencia de representatividad de los intereses populares); la Fuerza Pública (que aunque es Estado, es necesario separarla para hacer énfasis en esta). Ha perdido también la sociedad porque la violencia ha permeado la vida cotidiana, se expresa en racismo (como la propuesta de dividir al Cauca en dos); en clasismo (como darles becas a los pilos para despreciarlos en las aulas de clase); en empobrecimiento del espíritu (como considerar que una cosa es la ética y otra el derecho).
Los cinco puntos de desacuerdo
1. La tesis de que el sistema capitalista colombiano intrínsecamente es violento y esa razón es la que desató y mantiene el conflicto armado hasta nuestros días. Solo el profesor Jairo Estrada defiende abiertamente esta tesis. Explica que esta ‘vocación’ socioeconómica necesita recurrir a la violencia para perpetuarse y para repeler el reformismo que planteen los excluidos y marginados, los que son una gran masa, pues el capitalismo, por naturaleza, concentra el poder económico y político.
2. La tesis de que hay terrorismo de Estado. María Emma Wills considera que esta expresión no puede considerarse porque excluye los esfuerzos estatales por diseñar políticas democráticas y reformistas y porque rotula en un ciento por ciento a todos los funcionarios, de todos los niveles y órdenes, de todas las ramas, en todos los tiempos, y los mete en la bolsa de quienes recurren a prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Vega Cantor es de la tesis de que lo que se busca en señalar tendencias por lo que acoge completamente esta tesis, y Francisco Gutiérrez, afirma que se quiere resaltar características que explican el conflicto, sin desconocer que el Estado ha adelantado el diseño de políticas referidas por Willis.
¿Por qué en Colombia la conflictividad social sí pasó a mayores (violencia)? El profesor Francisco Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras, sostiene que la expresión armada tomó forma en Colombia porque el Estado en Colombia ha apelado a la respuesta homicida contrainsurgente de forma recurrente. Varios expositores comentaron lo que le podría dar una explicación a esta situación, guardadas las proporciones, y es que el poder político y económico se hizo (¿se tomó?) al Estado y los portavoces de aquellos son quienes lo representan, principal e históricamente.
3. El conflicto actual está ligado principalmente al desarrollo del narcotráfico del país y data de la década de los 80, es decir 35 años atrás, cuando los carteles de la droga pusieron en ‘jaque’ la institucionalidad de dos formas: enfrentamiento violento al Estado por parte del cartel de Medellín y cooptación del Estado, hasta infiltrar las finanzas de la figura presidencial, por parte del cartel de Cali. Es la tesis de Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, quien explica que esta encrucijada institucional, que la debilitó fuertemente, fue bien aprovechada por las Farc para potencializarse como actor político a través de un ejército con prácticas criminales.
4. La exclusión no es causa de violencia, sostiene Gustavo Duncan, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Por tanto, las Farc no son producto necesariamente de esta. De hecho, la gran masa de hombres de las Farc no son tanto comunistas, como cocaleros. Están ahí, engrosando la tropa subversiva, porque la guerrilla regula las actividades donde ellos viven y donde el Estado ha cedido o delegado su papel.
5. Injerencia directa y definitiva de Estados Unidos en Colombia. Para el profesor Renán Vega Cantor, historiador y profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, el DAS, por ejemplo, es fruto director de esta política estadounidense de etiquetar al contrario como enemigo interno y usar las estructuras del Estado para perseguirlo y eliminarlo, lo que, a su juicio, se mantiene desde “el robo de Panamá en 1903”, pasando por la explotación violenta del banano y del petróleo, hasta hoy.
martes, marzo 17, 2015
MUJERES REVOLUCIONARIAS // MUJERES QUE NO SALEN EN LOS LIBROS DE HISTORIA
de: http://elrobotpescador.com/2015/03/10/10-mujeres-revolucionarias-que-no-salen-en-los-libros-de-historia/
10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE NO SALEN EN LOS LIBROS DE HISTORIA
Todos hemos oído hablar de revolucionarios como el Che Guevara, pero la historia a menudo tiende a pasar por alto las contribuciones de los mujeres revolucionarias que han sacrificado sus vidas y han dedicado sus energías en intentar cambiar el mundo.Muchas mujeres han participado en revoluciones a lo largo de la historia y muchas de ellas han jugado un papel crucial.Pueden haber actuado desde diferentes puntos del espectro político; algunas de ellas armadas con armas y otras armadas tan solo con una pluma, pero todas ellas comprometidas a fondo con aquello en lo que creían.Aquí van diez de estas mujeres que no acostumbran a salir en los libros de historia y que obviamente, solo son una pequeña muestra de las mujeres revolucionarias que ha tenido la historia hasta nuestros días…
NADEZHDA KRUPSKAYAMucha gente conoce a Nadezhda Krupskaya, simplemente como la esposa de Vladimir Lenin; pero lo cierto es que Nadezhda fue mucho más que una “esposa”: fue una revolucionaria bolchevique y una política por propio derecho.Estuvo involucrado en gran variedad de actividades políticas, llegando a servir como Viceministra de Educación de la Unión Soviética a partir de 1929 hasta su muerte en 1939, realizando variadas actividades educativas.Antes de la revolución, fue secretaria del grupo Iskra, gestionando la correspondencia de todo el continente europeo, mucha de la cual tuvo que ser decodificada.Después de la revolución, dedicó su vida a mejorar las oportunidades de educación para los trabajadores y campesinos, centrándose en la construcción de bibliotecas al alcance de todos.
CONSTANCE MARKIEVICZConstanza Markievicz (née Gore-Booth) fue una condesa anglo-irlandesa, política del Sinn Féin y del Fianna Fáil, nacionalista revolucionaria, sufragista y socialista.Participó en muchas actividades y acciones independentistas irlandesas, entre ellas el Alzamiento de Pascua de 1916, en la que ella desempeñó un papel de liderazgo.Durante el levantamiento, llegó a herir a un francotirador británico antes de ser forzada a rendirse y entregarse.Después de eso, fue la única mujer entre 70 que condenada a confinamiento en solitario. Fue condenada a muerte, pero fue perdonada debido a su género.Curiosamente, el consejo que la enjuició afirmó que ella había suplicado por su vida, diciendo que: “No soy más que una mujer, no se puede disparar a una mujer”, cuando en realidad, los registros de la corte demuestran que ella lo que dijo fue: “Me gustaría que tuvierais la decendia de pegarme un tiro”.Constanza fue una de las primeras mujeres del mundo que consiguió un cargo gubernamental , pues fue Ministra de Trabajo de la República de Irlanda, entre 1919 y 1922, y fue también la primera mujer elegida para la Cámara de los Comunes británica en diciembre de 1918, una Posición que ella rechazó debido a la política abstencionista del Sinn Féin.
PETRA HERRERADurante la Revolución Mexicana, las mujeres soldado entraron en combate junto a los hombres, a pesar de que a menudo sufrieron abusos.Uno de los casos más célebres fue el de Petra Herrera, que se disfrazó de hombre y se alistó en el ejército bajo el nombre de “Pedro Herrera”.Como Pedro, se ganó una reputación demostrando un liderazgo ejemplar, así como volando puentes y fue capaz de revelar su género con el paso del tiempo.Participó en la segunda batalla de Torreón el 30 de mayo 1914, junto con otras 400 mujeres.Desafortunadamente, Pancho Villa no se mostró dispuesto a dar crédito militar a una mujer y no la promovió como General.En respuesta, Petra dejó las fuerzas de Villa y formó su propia brigada formada enteramente por mujeres.
NWANYERUWANwanyeruwa, una mujer Igbo de Nigeria, desató una guerra corta, que a menudo se ha considerado como el primer gran reto a la autoridad británica en África Occidental durante el período colonial.El 18 de noviembre de 1929, una discusión entre Nwanyeruwa y un hombre encargado del censo llamado Mark Emereuwa estalló después de que él le ordenó que “contara sus cabras, sus ovejas y su gente”.Ella comprendió que esto significaba que sería gravada con impuestos (tradicionalmente, a las mujeres no se les aplicaban impuestos) y discutió la situación con otras mujeres; empezaron las protestas, que llevaron al estallido de la Guerra de las Mujeres, que comenzó al cabo de dos meses.Alrededor de 25.000 mujeres de toda la región participaron, protestando tanto contra los cambios fiscales como contra los poderes ilimitados de las autoridades encargadas de aplicarlos.Al final, la posición de las mujeres consiguieron un éxito notable: provocaron que los británicos renunciaran a sus planes fiscales iniciales y forzaron la renuncia de muchos agentes de la autoridad que habían abusado de su poder.
LAKSHMI SEHGALLakshmi Sahgal, coloquialmente conocida como “Capitán Lakshmi”, fue una revolucionaria del movimiento de independencia de la India, una oficial del Ejército Nacional Indio, y más tarde, la Ministra de Asuntos de la Mujer en el gobierno de Azad Hind.En los años 40, comandó el regimiento Rani de Jhansi, un regimiento formado íntegramente por mujeres que pretendía derrocar al Raj británico en la India colonial.El regimiento fue uno de los pocos regimientos de combate formado íntegramente por mujeres durante la Segunda Guerra Mundial y llevaba el nombre en honor a otra famoso revolucionaria femenina de la historia de la India, Rani Lakshmibai, quien fue una de las figuras principales de la rebelión de la India de 1857.
SOPHIE SCHOLLLa revolucionaria alemana Sophie Scholl fue uno de los miembros fundadores de un grupo de resistencia anti-nazi de carácter pacífico llamado “La Rosa Blanca”, que abogó por la resistencia activa ante el régimen de Hitler a través de folletos anónimos y campañas de graffitis.En febrero de 1943, ella y otros miembros fueron arrestados por repartir folletos en la Universidad de Munich y fueron condenados a muerte en la guillotina.Copias del panfleto, retitulado “El Manifiesto de los estudiantes de Munich”, fueron sacadas de contrabando del país y las fuerzas aliadas arrojaron millones de copias sobre Alemania posteriormente durante aquel mismo año.
BLANCA CANALESBlanca Canales fue una nacionalista puertorriqueña que ayudó a organizar las “Hijas de la Libertad”, la rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico.Canales fue una de las pocas mujeres de la historia capaz de haber liderado una rebelión contra los Estados Unidos, conocida como la sublevación de Jayuya.En 1948, fue introducido un proyecto de ley severamente restrictiva conocida como Ley 53 o Ley Mordaza, que convertía en crimen el imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material que pretendiera paralizar o destruir el gobierno insular.En respuesta, los nacionalistas puertoriqueños iniciaron la planificación de una revolución armada.El 30 de octubre de 1950, Blanca y otros tomaron las armas que había almacenados en su casa y se dirigieron a la ciudad de Jayuya, apoderándose de la comisaría de policía, quemando la oficina de correos, cortando los cables de teléfono y izando la bandera de Puerto Rico en desafío a la Ley Mordaza.Como resultado de ello, el presidente de Estados Unidos declaró la ley marcial y ordenó al Ejército y a la Fuerza Aérea que atacaran la ciudad.Los nacionalistas aguantaron durante un tiempo, pero fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua tras 3 días de resistencia. Gran parte de Jayuya fue destruida, y el incidente fue deliberadamente ignorado por los medios de comunicación de Estados Unidos; no solo eso, el presidente de Estados Unidos, se atrevió a calificar lo acontecido como “un incidente entre puertorriqueños”.
CELIA SÁNCHEZLa mayoría de gente conoce a Fidel Castro y al Che Guevara, pero muchas menos personas han oído hablar de Celia Sánchez, la mujer que estuvo en el corazón de la Revolución Cubana y que incluso se ha rumoreado que fue una de las principales tomadoras de decisiones.Tras el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, Celia se unió a la lucha contra el gobierno de Batista. Fue fundadora del Movimiento 26 de julio, líder de escuadrones de combate a lo largo de la revolución, organizó las redes de campesinos colaboradores que apoyaron la lucha armada, controló grupos encargados de la intendencia e incluso preparó la llegada a la isla del Granma, el barco que transportó a los 82 luchadores de México a Cuba con el fin de derrocar a Batista.Tras la revolución, Celia estuvo al lado de Castro hasta su muerte en 1980.
KATHLEEN NEAL CLEAVERKathleen Cleaver Neal fue miembro del Partido Pantera Negra (popularmente conocido como Panteras Negras) y la primera mujer miembro del órgano de decisión de esta organización política afroamericana.Ella misma sirvió como portavoz y secretaria de prensa y organizó la campaña nacional para liberar al ministro de defensa del partido, Huey Newton, que había sido encarcelado.Ella y otras mujeres, como Angela Davis, llegaron a representar hasta 2/3 del Partido en determinados momentos, a pesar de la imagen comúnmente aceptada de que el BPP era una organización abrumadoramente masculina.
ASMAA MAHFOUZAsmaa Mahfouz es una revolucionaria actual a la cual se achaca el haber desatado la revuelta de 2011 en Egipto a través de un videoblog, donde animaba a otros a unirse a ella en señal de protesta en la plaza Tahrir.Es considerada uno de los líderes de la revolución egipcia y es un destacado miembro de la Coalición de la Juventud de la Revolución de Egipto.
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