Salud ... Hoy ... 2018

1. Regulación de precios, compras centralizadas de medicamentos y mayor competencia de biosimilares: ahorros de más de un billón de pesos al año.

2.  Cobertura universal, igualación de planes de beneficios entre regímenes y ampliación de los beneficios.

3.  Ley Estatutaria en salud, primera ley de un derecho fundamental social que, entre otras cosas, sienta las bases para una definición justa y sostenible de los beneficios.

4.  Mejoría de los indicadores de salud pública: mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición crónica y embarazo adolescente han disminuido sustancialmente.

5.  Incremento en coberturas de vacunación: no es coincidencia, por ejemplo, que ningún niño colombiano haya sido contagiado de sarampión.

6.  Avances en transparencia con la creación del aplicativo Mi Prescripción (Mipres) y en controles efectivos con la creación de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la habilitación técnica de las EPS (Decreto 682, 2018)

7.  Introducción del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y de las rutas de atención.

8.  Saneamiento de deudas y depuración de EPS que implicó liquidación de EPS inoperantes y cuestionadas: Caprecom, Saludcoop, Solsalud, Humanavivir, etc.

9.  Avances en la afiliación: menores de 25 años pueden ser beneficiarios de sus padres (estudiando o no), traslados entre EPS pueden hacerse automáticamente por Internet ( VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Mrj-OSVE4mA ) portabilidad y movilidad, etc.

10.  Reglamentación de la eutanasia: primer país de América Latina

11.  Reglamentación e implementación del uso de derivados del cannabis con fines medicinales y científicos.

12.  Defensa de los derechos de la mujer y de la interrupción voluntaria del embarazo.

13.  Mayores impuestos al tabaco y liderazgo en debate de impuestos a bebidas azucaradas.

14.  Liderazgo global en acceso a medicamentos (imatinib, etc.)

15.  Todas las entidades del sector dirigidas por expertos, sin compromisos partidistas o lealtades politiqueras.

RETOS: equilibrio financiero, aumento de confianza pública y descentralización (una reforma a las competencias territoriales y a los hospitales públicos es urgente). 
El anterior es el “balance telegráfico” que ha difundido, a escasas semanas o meses de entregar su Ministerio, Alejandro Gaviria, un reto que aceptó en agosto del 2012.

El Des_Equilibrio financiero: es la esencia del problema. Somos pocos los que pagamos, pero casi todos estamos afiliados. Eso hace que el estado NO gire a las EPS, las EPS NO giren a las IPS, las IPS a sus farmacias, clínicas, etcétera. Ese es eL reto: “los recursos de la salud NO están garantizados de la misma manera que lo están, por ejemplo, los recursos para las pensiones o el servicio de la deuda” a la par en muchos medicamentos “Los precios pagados por el fondo (estatal) fueron exorbitantes, los mayores del mundo en algunos casos. Las compañías farmacéuticas percibieron una oportunidad de negocios. Y la aprovecharon” ha insistido Gaviria

¿Falta? ¡claro que falta! ¿Avanzamos? ¡indudablemente! Hemos tenido el mejor ministro de salud en décadas: Marcado por una palabra HONESTO. Honesto además intelectualmente. Nada es blanco, ni negro, todo tiene tonalidades y colores. Es de inteligentes verlos: He aquí varios textos reflexivos: http://agaviria.blogspot.com.co/search?q=sistema+de+salud 

Por: Facebook.com/orlandoparragopinion twitter.com/orlandoparrag

http://eldiario.com.co/seccion/OPINION/salud-hoy1805.html 

El muchacho … y el susto.

El muchacho Duque ganó. Era previsible. Arrancó subido en los hombros de Uribe –como esos
niños que uno carga en las fiestas- luego fue creciendo y triunfó por el “Petro-susto”. Se sabía que
con Fajardo en 2ª vuelta la pela hubiera sido grande: el centro pocas veces se corre a la izquierda,
pero la izquierda se corre fácilmente hacia el centro, y así hubiera sucedido. En fin.

Lo que NO era previsible fueron los 8 millones de votos por Petro, el que mientras Duque sólo
logró sumar a los 73 votantes que ya tenía 27 en la 2ª vuelta, Petro poco más y se duplica pues a
los 60 que tenía en primera vuelta le agregó 40.

En Risaralda Petro pasó de 54 mil votos en primera a 137 mil en segunda. Es decir, si en primera
tenía 40 votos, a la segunda le sumó más del doble ¡60!. Mientras Duque sólo logró agregar a sus
68 originales, 32 más. Casi exactamente sucedió en Pereira: Petro arrancó con 30 mil y llegó a 75
mil ….En Dosquebradas, Petro ya No sumó 60, sino 63 más: ¡asombroso!. De todos modos, el
Petro-Susto de primera vuelta y de segunda ganó.

¿Cuánto pudo ser el Petro-Susto?. El CD ha logrado pasar de 2 a 2.5 millones de votos: esa es su
base real. En primera vuelta el Petro-Susto pudo haber generado 2.3 millones de votos más. Es
decir que, posiblemente, el 48% de los votos de primera fueron captados por el susto. Y ese
número creció en un 27% más en la 2ª vuelta. O sea que el miedo –que ha sido, es y será, la
estrategia de la (ultra) derecha, aquí y en cualquier parte del mundo- puede, fácilmente,
representar un sorprendente 75% de la votación ¡3 de cada 4 votos por el muchacho! ¡Una
excelente jugada!. Que además, si quiere, le da para decirle a su jefe, que sólo le debe 1 de cada 4
votos: aquí en Pereira ya sabemos los líos que tiene un gobernante con jefe (…). Veremos.

¿Se partió Colombia entre la “derecha” y la “izquierda”?. No. La mayor parte de quienes votaron
NO distinguen una ideología de la otra. Aquí un partido con posiciones conservadoras,
retrogradas, con ciertos prominentes miembros abiertamente fascistas (postura que, sólo por
expresarse, en algunos países, da cárcel), se bautiza “democrático”. Entonces NO es por ahí.

Lo que se partió fue que de los 18 votantes, 10 votaron por “el pasado”, por lo de siempre, por los
mismos en las mismas (hay 3 convencidos o les conviene seguir así… y, más o menos, unos 7 a
quienes les movieron el miedo… ), y 8 le apostamos a “lo nuevo”, (hay 3 que hace rato creemos
que debe haber renovación…y unos 5 que decidieron atreverse… ) Si se colocan en una cancha,
realmente, son 3 frente a 3, reforzados a un lado con 7 asustados, y al otro con 5 decididos… a
muchos el susto les pasará, siempre pasa, y además hay 18 por fuera, que casi nunca entran, y si
entran, casi siempre lo hacen al lado de los decididos ¡Hay Esperanza!.

Ahora lo que viene, es que el 26 de Agosto, de esos 18 (36), por lo menos 12 salgamos a votar
contra la corrupción… pues, eso si no sucede algo extraño: total ¡todos los corruptos ya se
juntaron a un lado! Y lo peor ¡los recibieron a todos! … ¡que susto!...

Facebook.com/orlandoparragopinion twitter.com/orlandoparrag

(http://www.eldiario.com.co//seccion/OPINION/el-muchacho-y-el-susto1806.html )

#Plebiscito sobre los acuerdos de #paz de #Colombia de 2016

La mentira del Plebiscito del 2016

1. 

Absolutamente TODAS las encuestas daban como ganador al SI 

2. lo cual alentó una terrible baja participación ... fue del 37.43 % ... 

3.  Y esto es lo más importante, un plebiscito se supone que es un mecanismo  LIMPIO para conocer el sentir de la población... y NO fue así, tal cual lo confesó el GERENTE DE LA CAMPAÑA DEL NO.

El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia

Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co

Martes, 4 de octubre de 2016

En total logró recaudar $1.300 millones de 30 personas naturales y 30 empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo  Bolívar, Grupo Uribe,  Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y Codiscos. 

Al igual que los optimistas que pensaban que los colombianos le iban a dar el aval a lo pactado entre el Gobierno y las Farc, el resultado en los comicios lo tomó por sorpresa y solo hasta las 5:30 p.m. del domingo supo que buscar que “gente saliera a votar verraca”,  funcionó. 

En entrevista con  AL, Vélez habló de los detalles de la campaña, de los puntos que se deben renegociar y de la revancha del Centro Democrático luego de salir perdedores en tres jornadas electorales anteriores: presidencia, alcaldías y Congreso.

¿Cuál fue su reacción con los resultados del domingo?

No nos imaginamos que ganaríamos. El país ha caído en un error que le ha quitado credibilidad a la política y es creer en encuestas. Esa diferencia tan abismal entre el sí y el no que arrojaban  las mediciones, me generaba problemas como gerente para conseguir dinero. De hecho, esas mismas encuestas le hicieron mucho daño al Gobierno que se llenó de optimismo y de triunfalismos .  Empezamos a notar un No avergonzante. Por ejemplo, los miembros de la junta de la Andi decían que iban a votar por el Sí pero realmente muchos iban por el No. 
La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca.
Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos con  un alcance de seis millones de personas.
Fue una campaña hecha con las uñas. En el partido del Centro Democrático y en  la corporación que creamos ‘La paz es de todos’ logramos  recaudar $1.300 millones, principalmente de 30 empresas y 30 personas naturales. Fue muy difícil conseguir respaldo y los bancos no estaban preparados. Sin embargo, el No fue la campaña más barata y efectiva en mucho tiempo. Su costo-beneficio es muy alto.
Organización Ardila Lülle,  
Fue lo mismo que hicieron los del Sí.
Es muy relativo porque hay  muchas de esas zonas influenciadas por la izquierda. Aunque el No ganó en una zona como lo es el oriente antioqueño.
Hemos presentado 68 objeciones, especialmente relacionados con la política de narcotráfico, elegibilidad y justicia.
Todavía no aspiro a la dirección, he pasado a la reserva del Centro Democrático preparándome para las próximas batallas.

La campaña del Sí fue basada en la esperanza de un nuevo país, ¿cuál fue el mensaje de ustedes?

¿Cómo fue la estrategia?

Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia  era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos.  En la Costa individualizamos  el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela.  Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda  por radio la noche del sábado centrada en víctimas.

¿Con cuánto dinero se hizo la campaña?

¿Cuál es el Top 5 de empresas que más aportaron?

Grupo Bolívar, 

Grupo Uribe, 

Codiscos, y 

Corbeta.

¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña?

¿Cómo percibió la victoria del Sí en zonas afectadas por el conflicto?

Se ha criticado que el Centro Democrático no tenía Plan B para una renegociación, ¿puntualmente cuáles son las propuestas?

Va a empezar una pelea dura para la dirección del Centro Democrático, ¿se ve en ese puesto?

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891

4. A pesar de que el resultado era entonces FALSO... por el nivel de MANIPULACIÓN, se hicieron ajustes en 56 de los 57 puntos centrales del acuerdo...  

Punto 1: Desarrollo Agrario Integral

1. Sostenibilidad de la RRI: Dada la envergadura de los compromisos, se extendió el plazo de la Reforma Rural Integral ‐que pretende reducir la pobreza rural en un 50%‐ de 10 a 15 años, en el que se tendrá que ir avanzando de manera progresiva, atendiendo al principio de sostenibilidad fiscal y estableciendo en todo caso que se hagan los máximos esfuerzos de cumplimiento en los próximos 5 años.
2. Fuentes del Fondo de Tierras: Se aclaró que las figuras de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y de la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación se aplicarán de conformidad con la Constitución Política y la ley vigente. El Acuerdo no reforma estas figuras.
3. Derecho a la propiedad privada: El Acuerdo reafirma que nada de lo pactado afecta el derecho constitucional a la propiedad privada. Se trata por el contrario de proteger los derechos de propiedad de todos, en particular de los pequeños agricultores, y así evitar nuevos conflictos sobre la tierra.
4. Víctimas como beneficiarios prioritarios: Se incluyen a las víctimas como beneficiarios prioritarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral en general. Para garantizar la transparencia en la selección de estos beneficiarios, habrá un registro único de beneficiarios a cargo de la institución competente, que será quien tome la decisión sobre los beneficiarios de acuerdo con un procedimiento expresamente definido por ley, con los correspondientes requisitos y criterios.
5. Regularización de los derechos de propiedad: Se acordó una misión de 3 expertos nombrados por el Gobierno para hacer, entre otros, propuestas sobre cómo regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe. Las propuestas de ajustes normativos deberán ser discutidas con los sectores interesados a fin de buscar el consenso más amplio posible antes de su discusión en el Congreso.
6. Modelo de desarrollo rural: Se acordó un principio que aclara que el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre la agricultura familiar y la o la agricultura comercial de escala; y que igualmente depende de la competitividad y de la promoción de la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos. Se trata de promover a la vez encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones de equidad, y apoyar y proteger la agricultura familiar y campesina.
7. Zonas de Reserva Campesina: Se precisó que los procesos de constitución de ZRC se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente. Es decir, las autoridades mantienen su discrecionalidad en la toma de decisiones sobre la creación de nuevas zonas.
8. Catastro: Se aclaró que el avalúo catastral se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley. El Acuerdo no modifica los criterios y procedimientos de ley para realizar el avalúo catastral. En todo caso el levantamiento de un nuevo catastro supone evidentemente un nuevo avalúo catastral.
9. Instancia de Alto Nivel: Se precisó que la instancia de Alto Nivel que se acordó para contribuir a resolver conflictos de uso del suelo es una instancia del Gobierno que establece unos lineamientos de uso del suelo a manera de planeación indicativa y no limita las competencias de las autoridades locales.
10. Participación en la RRI: Se reitera la importancia de la participación y el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Se añade que en ningún momento la participación ciudadana busca limitar las competencias de las autoridades locales. Se trata de que las comunidades se involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos y se fortalezca la confianza en las instituciones.

Punto 2: Participación Política

1. Estatuto de Oposición: Se añade que el desarrollo en una comisión de un Estatuto de Oposición se dará en cumplimiento de la obligación constitucional consagrada en el artículo 112.
2. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: Se promoverá el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas para que puedan participar en las Circunscripciones Transitorias. Se excluye de la participación en estas Circunscripciones al partido que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, puesto que tendrá representación en el Congreso. Y se promoverán mecanismos de control y veeduría de las elecciones en estas circunscripciones por parte de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, y de los partidos y movimientos políticos.
3. Garantías para la movilización y la protesta pacífica: Se precisa que se trata de garantías para la protesta pacífica. Se añade que la protesta pacífica debe ser tratada con pleno respeto a los derechos humanos, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado; y que a la vez se deben garantizar los derechos de los demás ciudadanos. Son garantías para todos.
4. Medidas para promover el acceso al sistema político: Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos, se exigirá un determinado número de afiliados para el reconocimiento de la personería jurídica. Se añade que en el sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, solo quienes superen el umbral del Senado tendrán los derechos actualmente existentes para financiación, acceso a medios y a inscripción de candidatos (avales). Se promueve así el pluralismo y se evita “la operación avispa”.
5. Sobre la reforma del régimen y de la organización electoral: Se acordó que la misión de expertos, que serán seleccionados por el mecanismo acordado que ya está en marcha, adelantará un amplio y efectivo proceso de participación con todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas para obtener el más amplio consenso posible en la producción del informe de recomendaciones para la reforma del sistema electoral. Sobre la base de esas recomendaciones, el gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.

Punto 3: Fin del conflicto

1. Sobre reincorporación política: Se redujo la financiación que se había acordado para el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la legalidad del 10% del Fondo de partidos al promedio que reciben los partidos políticos con personería jurídica, para hacerla más equitativa. Y se redujo el apoyo para la divulgación y difusión de la plataforma política y para el Centro de Pensamiento de ese partido de una suma equivalente al 10% del fondo de partidos al 7%, por cuatro años.
2. Sobre la institucionalidad para la reincorporación: Se incorporó de manera explícita en el texto del Acuerdo que la implementación de las medidas para la reincorporación de las FARC a la vida civil se hará a partir de la institucionalidad existente para estos propósitos, sin afectar la oferta institucional prevista para la reparación integral de las víctimas. La cooperativa ECOMÜN se articulará con estas instituciones.
3. Sobre casos excepcionales en materia de salud: Como una medida humanitaria, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional, en el marco del CNR para que, excepcionalmente, se traten casos de enfermedades graves y para la rehabilitación de lesiones de quienes ingresan al proceso de reincorporación, sin perjuicio de otras medidas en materia de salud.
4. Sobre las condiciones para mantener los beneficios para la reincorporación: Se acordó que el acceso a las medidas de reincorporación supone el cumplimiento de los compromisos de los miembros de las FARC con el Acuerdo y sus metas.
5. Sobre las milicias de las FARC: Se aclaró explícitamente en el acápite sobre “Acreditación y Tránsito a la Legalidad” que los listados que las FARC entreguen de sus miembros deben incluir a las milicias, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes que estarán a cargo del Gobierno. En cualquier caso, las FARC deben entregar al Gobierno un listado con la totalidad de sus miembros, como estaba acordado.
6. Sobre las obligaciones de los ex comandantes: Se acordó que los ex comandantes guerrilleros tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC‐EP a la vida civil de forma integral.
7. Sobre la Comisión de Garantías de Seguridad: Se acordó que el nuevo partido político de las FARC no será miembro de la Comisión, como estableció el anterior Acuerdo, puesto que la Comisión no se ocupa de los avances en su seguridad, sino del diseño de políticas para combatir a las organizaciones criminales. En todo caso la Comisión podrá invitar cuando lo considere a representantes de los partidos y movimientos políticos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
8. Sobre la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales: Se acordó, entre otros, que la Unidad funcionará en estrecha coordinación con las demás unidades de la Fiscalía General de la Nación (de la que es parte), que su director ejercerá durante un período de 4 años (y no de 6) y que será nombrado por el Fiscal General de una terna que presentará el Comité de Selección de la JEP. Sus investigaciones se harán de acuerdo con los tipos penales existentes.
9. Sobre el Cuerpo de Seguridad y Protección: Se acordó que se deberá verificar la idoneidad sicológica de las personas de las FARC en proceso de reincorporación que harán parte del Cuerpo de Seguridad y Protección que se encargará de la protección de los directivos del nuevo partido de las FARC; y deberán contar con la debida capacitación. El Cuerpo de Seguridad dependerá de una Subdirección de la Unidad Nacional de Protección.
10. Sobre medidas inmateriales de protección: Se precisó que el concepto de medidas inmateriales de protección hace referencia a aquellas medidas que tienen como propósito la protección a través de la prevención y la no estigmatización.

Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

1. Sobre el enfoque de la política de lucha contra las drogas: Se aclaró que el tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico se dará en el marco de un enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga.
2. Sobre medidas efectivas para la erradicación de los cultivos: Se deja claro que de no ser posible la sustitución voluntaria, el Gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión.
3. Sobre el alcance de las medidas de sustitución: las medidas de sustitución deben beneficiar a toda la comunidad que habitan en los territorios afectados por cultivos de uso ilícito y no solo a los cultivadores.
4. Sobre el tratamiento penal diferencial para cultivadores: La posibilidad de no ser perseguido penalmente por cultivar se reduce de dos a un año y queda condicionada su aplicación a la no resiembra.
5. Sobre la formalización de la propiedad de cultivadores: Se añadió que el acceso al título de propiedad, en el caso de cultivadores de cultivos de uso ilícito, está condicionado a que el predio está libre de cultivos de uso ilícito y a la no resiembra.

Punto 5. Víctimas – Jurisdicción Especial para la Paz

1. Sobre los bienes de las FARC y la reparación de sus víctimas: Las FARC entregarán un inventario de todos sus bienes y activos a representantes del Gobierno Nacional y darán información sobre los mismos. Las FARC procederán a la reparación material de las víctimas con estos bienes y activos, en el marco de las medidas de reparación integral.
2. Sobre el proceso especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas: En tanto entre en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se acordó poner en marcha un proceso especial de recolección de información entre el Gobierno Nacional, las FARC y las organizaciones de víctimas, incluyendo entre otras a la Mesa de Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, FEVCOL, PAÍS LIBRE, ASFADDES, ECIAF, Fundación Víctimas Visibles, MOVICE, Fundación Nydia Erika Bautista y con la coordinación permanente del CICR, con el fin de continuar de manera más ágil la búsqueda y la recopilación de información de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, sobre las cuales no se tenga información sobre su paradero. El Gobierno Nacional y las FARC reiteran su compromiso de continuar aportando al CICR la información de la que dispongan y de facilitar la ejecución de estas medidas humanitarias.

Jurisdicción Especial para la Paz: Duración

Sobre los tiempos de la JEP: Se establecieron tiempos para la JEP: 2 años (prorrogables hasta por 1 año más para un máximo de 3 años) para la presentación de informes ante la Sala de reconocimiento; 10 años para presentar resoluciones de la Sala y la Unidad de Acusación e Investigación antes el Tribunal (es decir, para acusar); y 5 años adicionales para concluir toda la actividad de la JEP, con la posibilidad de una prórroga de ser necesario.

Jurisdicción Especial para la Paz: Legislación aplicable

Sobre la legislación penal aplicable y el principio de favorabilidad: Se acordó que la JEP se basará en el Código Penal colombiano, que será complementado con las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional Penal. Se incluyó expresamente la aplicación del principio de favorabilidad en todas las actuaciones de la JEP.

Sobre las normas procesales aplicables: Se incluyeron los principios que deben regir las normas procesales de la JEP, tales como el debido proceso, el principio de imparcialidad, la debida publicidad, la doble instancia, el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, precisando que se trata de un sistema adversarial. Si bien los magistrados elaborarán las normas procesales, estas deberán tramitarse en el Congreso para incorporarse en el ordenamiento jurídico.

Jurisdicción Especial para la Paz: Valoración de los informes de organizaciones no gubernamentales:

Sobre los informes de organizaciones no gubernamentales: Se aclaró que los informes que envíen a la JEP organizaciones de víctimas y de derechos humanos no constituyen acusaciones; son insumos para la Sala de Reconocimiento y Verdad y deberán surtir el proceso de valoración y contrastación contemplado en el literal h del numeral 48 de las JAP.

Jurisdicción Especial para la Paz: Articulación con la rama judicial

1. Sobre los conflictos de competencia de la JEP con otras jurisdicciones: Para precisar la articulación de la JEP con otras jurisdicciones, se acordó que los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP se resolverán en una sala incidental conformada por 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y 3 magistrados de la JEP. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, y en caso de empate, lo resolverá el Presidente de la JEP.
2. Sobre la revisión de sentencias de la justicia ordinaria: Se acordaron las causales para que proceda por parte de la JEP la revisión de casos y sentencias de la jurisdicción ordinaria por conductas cometidas en razón del conflicto, a petición del condenado: por variación de la calificación jurídica, por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad, o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena. La revisión de las sentencias por parte de la JEP no tendrá nunca como consecuencia la exigencia de responsabilidad a los jueces que las hubieran proferido. La Corte Suprema de Justicia revisará sus propias sentencias, salvo en el caso de quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de combatiente según el DIH.
3. Sobre la acción de tutela: La acción de tutela contra las acciones u omisiones de la JEP procederá cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa de sus fallos. La petición deberá ser presentada ante el Tribunal. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La segunda por la Sección de Apelaciones. El fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional de conformidad con las siguientes reglas: la decisión será adoptada por una sala conformada por dos magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los cuatro magistrados votan en favor de la selección. Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. La sentencia será remitida al Tribunal para la Paz para que adopte la decisión que corresponda, respetando el derecho amparado.
4. Sobre la Colaboración con la Fiscalía General de la Nación: La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP podrá solicitar la colaboración que entienda necesaria a la Fiscalía General de la Nación, así como establecer acuerdos de cooperación con ésta.
5. Sobre la relación de la JEP con el Consejo de Estado: El Consejo de Estado mantiene sus competencias en materia de reparación.
6. Sobre la nacionalidad de los magistrados: Todos los magistrados de la JEP deberán ser colombianos, de acuerdo con los requisitos establecidos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado de Colombia en el caso de los magistrados. No habrá magistrados extranjeros. La participación de extranjeros se limita a la figura de amicus curiae –es decir, opiniones que aportan terceros ajenos a un proceso sobre algún punto de derecho– y sólo en caso de que lo solicite la persona sometida a la JEP.
7. Sobre el régimen disciplinario y penal de los magistrados de la JEP: Los magistrados estarán sometidos al régimen disciplinario previsto en las leyes colombianas para jueces y magistrados. La adopción, aplicación y verificación de las medidas disciplinarias será realizada por una comisión integrada por un magistrado de cada sala y cada Sección del Tribunal. Los magistrados estarán sometidos al régimen penal previsto por las leyes colombianas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Jurisdicción Especial para la Paz: Conexidad

1. Sobre la conexidad del delito político con conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícito y con financiación: Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia de las Cortes.
2. Se entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se haya derivado enriquecimiento personal de los rebeldes, ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio. La Sala de Amnistía e Indulto determinará la conexidad con el delito político caso a caso.
3. Sobre el compromiso de proveer información sobre cultivos ilícitos y narcotráfico: En el Punto 4 se estableció que todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la JEP, se comprometen a aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Jurisdicción Especial para la Paz: participación de las víctimas

Sobre participación de las víctimas en las audiencias de la JEP: Se añade a los otros espacios de participación de las víctimas, la posibilidad de que la Sección Primera del Tribunal acuerde que el juicio contradictorio se efectúe en Audiencia Pública en presencia de las organizaciones de víctimas.

Jurisdicción Especial para la Paz: Agentes del Estado y Terceros Civiles

1. Sobre Agentes del Estado y presunción de legalidad: Se precisó que es agente del Estado toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o administrativas tanto a nivel central como departamental y municipal. El Acuerdo no limita el concepto de agentes del Estado a los miembros de la Fuerza Pública, quienes en todo caso, como afirma el Acuerdo, actúan en el marco de una presunción de legalidad.
2. Sobre la competencia de la JEP frente a terceros civiles: Se acordó que la JEP tiene jurisdicción no sólo sobre las conductas de financiación o colaboración de terceros civiles con grupos paramilitares, sino con cualquier otro actor del conflicto, cuando estas conductas no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de crímenes no amnistiables.

Por otra parte, con el fin de resolver la situación jurídica de terceros civiles que no hayan tenido una participación activa o determinante en estos crímenes y de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se abrió la posibilidad de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas defina la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP. Una vez verificada la situación jurídica, la Sala adoptará las resoluciones necesarias, entre otras la renuncia a la acción penal u otro tipo de terminación anticipada al proceso, siempre que contribuyan de manera eficaz a las medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en particular la contribución al esclarecimiento de la verdad en el marco del Sistema. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada.

Jurisdicción Especial para la Paz: Sanciones y Verificación

1. Sobre las sanciones propias del Sistema: Se añadieron los criterios que los magistrados deben aplicar para las sanciones propias de la JEP (sin alterar las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias, que implican penas privativas, es decir cárcel). Incluyen, entre otros, fijar de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados para cumplir las sanciones propias, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización; fijar los horarios de cumplimento de las sanciones restaurativas; y determinar el lugar de residencia de la persona que ejecutará la sanción acordada, durante el período de su ejecución.
2. Sobre la verificación y el monitoreo de las sanciones y la autorización de desplazamientos: El mecanismo internacional de verificación del cumplimiento de las sanciones será un componente de la Misión Política de verificación de las Naciones Unidas, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Los desplazamientos de los sancionados para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el mecanismo, el cual también otorgará las autorizaciones para los desplazamientos que no estén relacionados con el cumplimiento de la sanción.
3. Sobre el tiempo en las Zonas Veredales: El periodo de permanencia en las ZVTN será considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción, siempre que durante ese tiempo hubieran realizado trabajos u obras, o actividades con contenido reparador. Los trabajos u obras o actividades con contenido reparador que se realicen después por personas a disposición de la JEP, también serán consideradas como tiempo de cumplimiento, siempre y cuando dichos trabajos, obras o actividades se realicen en una ubicación territorial perfectamente definida y verificable.

Punto 6: Implementación

Principios de la Implementación:

1. Integración territorial e inclusión social: las medidas que se adopten en la del Acuerdo deben promover la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de éstas en el país, así como la inclusión de las diferentes poblaciones y comunidades, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.
2. Fortalecimiento y articulación institucional: para construir una paz estable y duradera y en general para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos en democracia, se requiere fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio. Las políticas públicas que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios.
3. Enfoque de derechos: La implementación de todos los punto del Acuerdo debe contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna.
4. Enfoque de género: En el Acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres, independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. En todo el texto del Acuerdo se han hecho las revisiones pertinentes en el texto del Acuerdo para asegurar que corresponda a este principio.
5. Respeto a libertad de cultos: Implica el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad, culto, creencia, confesión sin discriminación o estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo Final se promoverá la participación activa de las las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y las organizaciones del sector religioso en la construcción de la Paz. Así mismo, se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado. En el texto del Acuerdo se hacen las modificaciones correspondientes para garantizar este principio.
6. Respeto a la igualdad y no discriminación: Se respetará la igualdad y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a los diferentes planes y programas contemplados en el Acuerdo, sin discriminación alguna. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón.
7. Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”: La implementación de los planes y programas acordados debe tener en cuenta las iniciativas y procesos de desarrollo y reconocer los esfuerzos de la sociedad en la construcción de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” y profundizar la democracia, erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier otra actuación que degrade los demás principios. La implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno.
8. Eficacia, eficiencia e idoneidad: Para lo cual se optimizarán tiempos y recursos asociados a la implementación mediante mecanismos especiales y de gestión pública eficiente, reducción de trámites y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos. Se garantizará que los servidores públicos responsables del Gobierno Nacional en la implementación de los planes y programas sean idóneos y cumplan con las calidades técnicas y meritocráticas pertinentes.
9. Priorización: La implementación del Acuerdo es un proceso continuo y urgente que parte de la definición de los planes y programas que se requieren de manera más inmediata, de acuerdo con un cronograma de implementación que tenga en cuenta las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles.
10. Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: Con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción.
11. Principios democráticos: En la interpretación e implementación del Acuerdo y de las normas que lo incorporen al ordenamiento jurídico se respetará el carácter unitario del Estado Social de Derecho, el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos y la primacía de los derechos inalienables de la persona, así como los diferentes esfuerzos y procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales.

Sostenibilidad de las finanzas públicas:

1. Sostenibilidad de las finanzas públicas y priorización; se debe respetar la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la obligación constitucional de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo anterior además en consonancia con un principio de priorización y de realismo en la implementación, para lo cual se establecerá un plan con un cronograma de prioridades, sus fuentes de recursos y las instituciones responsables, que tenga en cuenta de manera gradual pero sostenible, las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles.
2. Recursos de regalías: serán una fuente más de cofinanciación y se respetarán los procedimientos vigentes en el trámite de los proyectos territoriales cofinanciados con regalías.

Comisión de Seguimiento

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación: Se aclaró que la Comisión no es una comisión de implementación conjunta con las FARC, sino una comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación. Se ajustaron sus funciones para que no se entienda que limita las competencias del Gobierno Nacional y de otros órganos del Estado.

Mecanismo de Verificación Internacional:

Mecanismo de verificación internacional: se eliminó el grupo de países –Cuba, Noruega, Venezuela y Chile– de la verificación internacional. Esta función estará a cargo exclusivamente de dos notables, con el apoyo de una nueva Secretaría Técnica, que tendrá acceso a la información de todas las organizaciones que contribuyen al acompañamiento internacional.

Pedagogía y Difusión:

1. Emisoras para la convivencia y la reconciliación: En lugar de 31 emisoras otorgadas a ECOMÚN, se establecerán 20 emisoras de interés público clase “C” en las zonas más afectadas por el conflicto que serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia ‐ RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos del Acuerdo e informar sobre los avances de la implementación del mismo. El comité conjunto de comunicaciones definirá los contenidos.
2. Posteriormente, RTVC administrará estas emisoras por cuatro años más, en los que la programación se asignará bajo los principios que rigen la radio de interés público, así: un tercio para las organizaciones de víctimas en esos territorios, un tercio para ECOMÚN y un tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC podrá prorrogar las licencias de interés público hasta por cuatro años más.
3. Espacio en televisión institucional: con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz, el Comité de Comunicaciones Conjunto en coordinación con RTVC y la Autoridad Nacional de Televisión ‐ ANTV, contará durante dos años en el Canal Institucional con un espacio de hora y media semanal para hacer pedagogía de los acuerdos e informar sobre los avances de la implementación.

Artículo transitorio constitucional:

1. Artículo transitorio constitucional: El nuevo Acuerdo no contempla la inclusión del Acuerdo al bloque de constitucionalidad, ni la inclusión del acuerdo en la Constitución. Se acordó el trámite de un artículo transitorio constitucional que tendrá vigencia durante tres períodos presidenciales para asegurar que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas de DIH o a derechos fundamentales sean parámetro de interpretación solo de las normas y las leyes de implementación del Acuerdo Final. Igualmente, se establece la obligación de todas las autoridades públicas de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo, asegurando que sus actuaciones guarden coherencia con lo acordado.
2. Acuerdo Especial: El Acuerdo Final será firmado y depositado como Acuerdo Especial, en concordancia con la opinión del CICR sobre acuerdos de paz, únicamente para efectos de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en el marco del DIH, y no para introducir el Acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano.

Publicado en Noticias Centro Nacional de Memoria Histórica

5. Sólo la historia -y la voluntad de nuestra nación, especialmente de nuestro pueblo- dirá si fue o no un error, nunca haber convocado un segundo plebiscito sobre estos ajustes... 

hoy, 3 de septiembre del 2018, pienso que fue un desastre el manejo de la confianzuda, avasalladora y hasta irrespetuosa campaña del SI... 

pero fue peor, mucho peor, jamás haberse atrevido a citar un 2o plebiscito pues dejó la sensación de que nuestro pueblo (y nuestra nación) había dicho NO ... 

cuando quienes VIVIAMOS en ésta época teníamos las certezas de que una nueva votación hubiera sentado el SI. 

Sr Presidente, ¿cuál VERDAD?

-publicada recién ganó las elecciones presidenciales Duque-

“Germán Guzmán Campos, aquel "Monseñor" quien liderara en los 60's, al lado de Orlando Fals Borda y de Eduardo Umaña Luna, la Comisión de la Verdad de esa época; publicó en 1968, uno de los tomos del informe de la comisión, denominado "La Violencia en Colombia" "parte descriptiva", en el aparte "Tanatomania", describe -en detalle- la barbarie a la que asistimos (¿asistimos?), en aquellos años.

Un breve resumen serían Las Torturas: escalera; Cuartito; tubo; Vaso de Agua; tramojo; trote; compañía; Polo. Las consignas: "Picar para tamal", "Bocachiquiar", "No dejar ni la semilla"; Los Cortes "franela", "Corbata", "mica", "francés", "oreja", sumado a otras modalidades: el descuartizamiento, la antropofagia –para los enemigos-, el empalamiento, "arrojar gentes (vivas) de aviones militares" –especialmente en los Llanos- , el despeñamiento –arrojar personas vivas a abismos-, los crímenes sexuales, la violación simultánea, la piromanía, los genocidios (El Líbano: 1.500/4.000 asesinados –sí, entre mil quinientos y cuatro mil -, Ceilán 150, Belalcazar (Cauca) 112, El Turpial 96, Cabrera 95 asesinados, entre algunas, en diferentes fechas entre 1949 y 1959, pero efectuadas en pocas horas o días cada una) ( págs. 80 y 325-339). (…todavía no habían inventado las Motosierras…) 

En esos años, se da el decreto 0328 de Noviembre 28 de 1958, que si bien desde diversos campos fue censurado, ordenó la suspensión de las acciones, procesos y sentencias penales a personas vinculadas a lo acaecido, pues fue ampliamente abalado por los directorios liberal y –especialmente- Conservador. Ese, tal vez, desde mi punto de vista, fue el peor error histórico del siglo XX. Tal vez es "el momento en que se jodió Colombia" […]

Las guerras, son terrible, espeluznante, humanamente "normales"…ello parece lo entendió la humanidad desde finales de los 40's del pasado siglo cuando decidió que había que crear un Derecho Internacional Humanitario […] Entonces se necesita la verdad, pero no se necesita la verdad para entender una acción armada entre actores armados los cuales terminan hiriéndose o matándose en un combate –relativamente- equilibrado. No, porque eso es la guerra y cualquier guerrero(a) o militar sabe que está expuesto a esa muerte. La verdad que se necesita es toda la verdad asociada bien a cuando el rival ha quedado indefenso: desarmado o herido y especialmente la verdad que se necesita es la asociada al atentado o al crimen contra los civiles: es decir a aquellos que no poseen armas desde el comienzo hasta el final de la situación. ¿Por qué esa es la verdad que se necesita?. PORQUE ES LA QUE LA DIGNIDAD HUMANA UNIVERSAL DEL SIGLO XX Y XXI IMPONE.

Hoy, no se puede volver a cometer el error que cometimos hace 50 años y que generó los hijos del monstruo de la impunidad que nos ha arrasado –agigantado por los dineros del narcotráfico- estas décadas […] necesitamos saber quiénes fueron los actores materiales y ESPECIALMENTE LOS INTELECTUALES de la barbarie. […] ella es el camino a una sanación nacional. Ahhh…y "leyes de punto final", sí, es posible: igual, como en Argentina, en unos años tendrán que rendir cuentas. Además una cosa es la verdad, y otra cosa es la justicia, y otra la reparación: Arranquemos con lo más dignificante: ¡la verdad!”. (Bogotá, 27 de Noviembre del 2006)

Versión completa en http://ciberplural.blogspot.com/2006/11/sr-presidente-cul-verdad-german-guzman.html

Por Facebook.com/orlandoparragopinion twitter.com/orlandoparrag 

Sin miedo.

Juan Carlos Escocet es un Venezolano más rico que Ardila Lulle o los Santo Domingo: ocupa el puesto 480º entre las personas más ricas del mundo. Es el dueño del banco Banesco. Si, ese señor es el más rico de Venezuela, donde gobierna el castro-chavismo ¿es rara la cosa? Si allá,  según algunos, ya a todos los expropiaron etcétera, entonces ¿cómo hace ese señor para tener tal riqueza?…y hay otros, el Sr Mendoza dueño de Polar;  el Sr Cisneros de varios canales; etc.   

Jorge Paulo Lemann es Brasileño, y como él hay 42 ubicados entre los 1000 más ricos del mundo.  ¿Pero cómo así si es que allá gobernó la tenebrosa izquierda esa por 7 años con Lula y luego con la exguerrillera Dilma Rousseff por 5, o sea 12? ¿Pero no pues que todo lo acaban? ¿Lo destruyen? ¿Y entonces estos cuarenta y dos brasileños cómo hacen para ser tan ricos?  Ahh y por cierto Lula encarcelado, y Dilma destituida: tampoco se entiende: ¿No que las izquierdas destruyen las instituciones y las vuelven dictaduras?...

En Chile, el país con el más alto índice de desarrollo humano en América Latina, también ha gobernado una presunta exguerrillera, la Bachelet, y en lo que llevan de democracia después de la dictadura de extrema derecha, la horripilante izquierda ha gobernado 5 de cada 6 años. Y allá también hay MUY ricos. La señora Fontbona está en la lista de los más ricos del planeta. Y de hecho el actual presidente –de Derecha- es de los más ricos del país.

Entonces vamos descubriendo que la tal izquierda ha gobernado alguna vez en casi todos los países de américa latina y actualmente los presidentes de Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, y Uruguay, son de izquierda… y esos países ahí van ¿o se los llevó el diablo? Ecuador, gobernado hace 11 por la izquierda ¿acaso deja de sorprendernos por su avance en esos años? ¿Y el caudillo Correa acaso NO perdió el poder y lo debió ceder? Pues eso para no hablar de Europa, donde la izquierda es poderosa hace décadas, de hecho, hoy gobiernan 6 países, ¿y?  ahí están los ricos y generalmente hay una gran clase media: que es la base de la democracia.

Ninguno de esos países es más injusto en la distribución de la riqueza que Colombia –salvo uno- ¿cuál habrá sido la diferencia? ¿habrá sido que han tenido de vez en cuando gobiernos de izquierda? ¿Será que llegó la hora de darle la oportunidad a la izquierda de gobernarnos?. Igual ya lo han hecho en municipios, gobernaciones, en Bogotá, donde algo debieron hacer bien para obtener más de un millón de votos y quedar de segundos detrás de mi candidato Fajardo…

Tengo mis distancias con Petro (y con la Robledo). No me gustan los caudillos. Ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Ni los que fingen no serlo, ni los que aceptan que lo son, ni los que tienen títeres y si dejan de ser sus títeres los vuelven sus enemigos.

Empero, es la hora de saber qué hubiera pasado si nos hubiera gobernado Rafael Uribe, Gaitán, Rojas Pinilla, Gerardo Molina, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Navarro, Carlos Gaviria, Lucho Garzón: ya es hora de que Colombia, ¡SIN MIEDO! y como el resto de tooooodos sus vecinos, elija, de vez en cuando, gobiernos de “izquierda”. ¿Tendríamos un país más justo, más incluyente, más equilibrado, con más clase media, con ricos, muy ricos, pero mejor?.  Necesitamos saberlo: Votaré por el señor Petro

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(http://www.eldiario.com.co/seccion/OPINION/sin-miedo1806.html )

RAZONES PARA VOTAR …POR …

-Inadmisible. que a pesar del desastre económico que ha significado para las mayorías en el mundo entero, haya quien siga diciendo que la solución para “el desarrollo” es simplemente que haya menos impuestos para los más ricos. ¿para “el desarrollo” de quiénes?

-Está demostrado que ningún cargo del ejecutivo, ni alcaldes, ni gobernadores, ni mucho menos la presidencia, está hecho para que, tal vez, buenos concejales, diputados o congresistas vayan a aprender: !Nunca más se puede votar por aquellos que no han administrado ni un parqueadero en su vida! Pero, tampoco votar por “la experiencia”: La experiencia de la politiquería, el clientelismo, la corrupción.

-Ni votar por quien ve en Santos el demonio. Pero olvida todos los demonios que lo antecedieron. ¿Algún presidente colombiano ha sido santo? ¿O en el mundo? Todo presidente es un ser humano lleno de carnitas y huesitos, de errores y aciertos.

-Imposible votar por quien pretenda reducir los escasos espacios de participación ciudadana, como las consultas previas.

-Absurdo que a estas alturas haya quien crea que sólo puede haber parejas de dos sexos.

-Increíble que, tras todas las pruebas médicas, haya defensores del uso del glifosato. ¿Dejarían que las fincas de ellos -con sus familias adentro- fueran fumigadas con ese veneno?

-Difícil creerle a  quien  aún defiende –de soslayo- la dependencia petrolera, el “fracking”.

Entiendo la ira, el dolor, la molestia, el resentimiento de muchos, pero creo que están cayendo en un maquiavélico juego para hacer crecer un candidato que también genera MIEDO, PÁNICO, TERROR y por ende es más derrotable en segunda vuelta. Derrotable por quienes, precisamente, generan esa ira, ese dolor, esa molestia, ese resentimiento… ¡Ojo al juego!

Me gustaría que De La Calle tuviera oportunidad: sería excelente. Invito a votar para que:

*La educación sea, de verdad, verdad, prioridad; se priorice la ciencia y la tecnología;

*Por fin la mitad del gabinete sea compuesto por MUJERES;

*Todos podamos aportar a una pensión para la vejez, especialmente los campesinos;

*Más colombianos tengan tierras y éstas sean más productivas.

A votar por el fortalecimiento del SENA, del servicio público de empleo.

A votar EN CONTRA:

*De los extremos, de la izquierda, de la derecha; de los populismos; de la polarización fanática

*De la mermelada, de la repartija permanente de puestos y contratos para los congresistas …

Le invito a que en ese cubículo donde nadie lo puede ver ¡SEA LIBRE! y vote éste domingo por quien ha sido el mejor alcalde, el mejor gobernador, el más honesto, el más serio, el mejor candidato que tenemos, con el que, con absoluta certeza, en segunda vuelta, SI ganaríamos todos: ganaría Colombia entera –hasta los extremos- ¡lo invito a votar por “el profe” Sergio Fajardo!

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http://eldiario.com.co/seccion/OPINION/razones-para-votar-por-1805.html

NIÑO MUERE DE HAMBRE

¿Sabe usted dónde quedan Las Brisas, Tokio, El Martillo, El Cofre? Son barrios que quedan aquí, a minutos de la Plaza de Bolívar. ¿Ha ido alguna vez a Pueblo Rico? ¿Mistrató? ¿Santa Cecilia? ¿San Antonio del Chami? Son municipios, corregimientos, aquí en Risaralda, a horas de la Plaza de Bolívar. ¿Sabe qué es la Loma de Citabara?  ¿Gito Dokabú? ¿Unificado Chami? ¿Nunca los había oído mencionar? Son resguardos indígenas ubicados en esos municipios: los resguardos donde hace años… ¡años!  se reportan niños indígenas muertos de HAMBRE Cuando usted está mal alimentado y se muere de cualquier enfermedad, la causa real de su muerte es HAMBRE.

Pero como ni sabemos dónde viven, sólo nos “horrorizamos” cada dos o tres años por las noticias y luego “allá” siguen muriendo… ¿Si colocamos sus pequeños ataúdes en la plaza de Bolívar o de la Gobernación, año tras años, muerto tras muerto, reaccionamos? 

Tan sólo en Pueblo Rico (sin contar Mistrató) en el 2014 fallecieron más de 12 niños indígenas; en el 2015 más de 9, de los que son reportados: ¿Cuántos fallecen y NO se reportan?.  Y si se rastrea hacia atrás, la situación NO cambia, llevamos años en las mismas. Algo falla permanentemente en la forma en que atendemos a los niños indígenas, internados con sus familias en las selvas y bosques de esos municipios. 

¿O sólo valen los niños blancos de Pereira? ¿Los mestizos de las cabeceras urbanas o corregimentales? ¿Las madres embarazadas, las lactantes, los bebés, los niños, indígenas NO valen? ¿Estamos en la Colombia de los abuelos cuando los indígenas eran considerados poco más que animales?... ¿Usted qué SIENTE?

Y NO nos vengan con el cuento de la autonomía indígena. Si alguien está por encima de cualquier leguleyada son nuestros niños: mas, si ahora hay que agregarles suicidios

¿Qué hacer? Lo primero es lo que parece permear casi toda acción del estado, peor aún, si como dice un candidato presidencial, son pocos los ojos los que ven qué se hace en esas periferias alejadas de los centros, qué se hace en esas selvas y bosques con los recursos que les llegan. Lo primero es que la Procuraduría General, la Contraloría General, inicien un proceso de revisión de cuentas pagadas y de construcción de mecanismos que garanticen que la inversión hacia las madres, y niños indígenas ¡LLEGUE!...  porque los hechos, NO las palabras, muestran que NO.

Lo segundo, de manera puntual, invertir en las instalaciones físicas de las instituciones educativas rurales más apartadas: aquellas a las que sólo se puede llegar CAMINANDO cuatro o más horas; control estricto sobre los operadores encargados de entregar los alimentos; capacitar al personal encargado de recibir los alimentos: ¡sólo se recibe en buen estado! ; facilidades a los cuidadores para informar las irregularidades; etcétera

Y lo tercero es que la Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría pasen de las actas de compromiso, de conciliación a las acciones jurídicas y disciplinarias que aboquen a la institucionalidad responsable, tanto indígena como mestiza, a responder: ¡NI UN NIÑO INDÍGENA MÁS MUERTO DE HAMBRE EN RISARALDA!

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(http://www.eldiario.com.co/seccion/OPINION/ni-o-muere-de-hambre-1805.html )

CONFLICTOS Y PROTESTAS (1)

“¿Qué sigue? ¿Que marchen por los andenes para no estorbar el tráfico? ¿Que lo hagan en silencio? ¿Qué más podemos pedirles que hagan para que sean realmente invisibles, para que no nos molesten? ¿Qué más podemos exigir para poder regresar a nuestros lugares de confort y de esa forma proceder a ignorarlos de una vez por todas? Como ya NO podemos acusarlos de guerrilleros, ¿qué mecanismo vamos a empezar a usar para desaparecer la protesta? ” escribe la decana de Ciencias Sociales de la Tadeo en la última revista cultural colombiana.

Se titula “Nuestra aversión a la protesta social” y comienza con: “Este es un país al que le cuesta mucho entender las protestas y, en general, los agravios y reivindicaciones de los grupos de personas menos favorecidas (o más jodidas, para decirlo con claridad). Es así de simple. No me vayan a salir con que eso pasa en todas partes del mundo porque, si bien es una cuestión de grados, este país en esa materia es mucho más conservador que varios de nuestros vecinos cercanos y lejanos. No nos gusta ver ni sentir a la gente protestando, nos incomoda y, en algunos casos, hasta nos produce aversión. La explicación más simple de esta actitud tiene que ver, oh sorpresa, con la persistencia de nuestro conflicto armado. Por décadas, la clase política de este país se dedicó a deslegitimar la protesta social asociándola con la subversión armada. No hay un solo paro en nuestro pasado reciente que no hubiese sido acusado de estar infiltrado…” y sigue en https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/sandra-borda-sobre-la-protesta-social-en-colombia/64316  

Insisto: el postconflicto requiere una renovación en la cultura organizacional de nuestra querida policía: pues deben prevenir activamente, tener cordones de seguridad, aprender de sus pares de otros países, etcétera. La solución nunca será decir “des-autorizo”...de hecho casi ninguna manifestación o protesta pide “autorización”... ¿Qué tal que por protestas de un puñado de estudiantes, lanzando arengas - justificadas algunas- bloqueando vías (http://ow.ly/gLxE30jCsh4    ), etcétera, entonces empezáramos a cerrar los espacios democráticos? ¿Cerramos Bogotá que tiene protestas todas las semanas, a veces diarias?... Si fuera por protestas, entonces, por ejemplo, las sesiones del poderoso G8 jamás podrían darse, pues son manifestaciones más complicadas (Fotos: http://ow.ly/rCGk30jCifZ  ) a pesar de reunirse en países más justos y democráticos.

Progresamos lentamente: Hemos desmovilizado miles de guerrilleros. Ha llegado el momento de “cambiar el chip” y asumir que las protestas son absolutamente normales ¿por qué? Primero porque los conflictos siguen siendo de la esencia humana y segundo porque el fin del conflicto armado (lo que queda es delincuencia asociada al narcotráfico) en ningún caso significa el fin de las irresolutas necesidades económicas, sociales, culturales, de expresión, etcétera. El reto ahora es superar el fanatismo en los conflictos (políticos) en los que se sigue viendo al contrario como “enemigo”: APRENDER A VALORAR LA DIFERENCIA. Ojalá los líderes den ejemplo.

Concluyo (la 1) igual que lo hace la doctora (en Ciencias Políticas) Borda. "Entonces, estimado ciudadano: lamentamos las molestias ocasionadas, pero al mismo tiempo esperamos que pueda aprender a vivir con ellas” : Bienvenidos a  Colombia, al eje cafetero, a la Pereira del post conflicto armado, que será, la del conflicto social …permanente. La “tal paz esa” es la cultura que construiremos entre todos, para aprender a resolver, de manera pacífica, los normales conflictos humanos

Por 

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En: http://www.eldiario.com.co/seccion/OPINION/conflictos-y-protestas-1-1804.html